PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA.
AMPARO EN REVISIÓN 64/2001. MARÍA LILIANA AMEZCUA ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados en parte e inoperantes en lo demás, los agravios antes transcritos.
En contra de lo alegado por la recurrente, debe decirse que el Juez de Distrito a quo procedió en forma correcta al sobreseer el juicio de garantías que dio origen al presente recurso, en virtud de que el acto reclamado consistente en la resolución de seis de noviembre de dos mil, dictada dentro del toca de apelación número 1648/2000, que desechó el recurso de apelación que hizo valer contra el auto de nueve de marzo de ese año, que admitió a trámite el juicio ordinario mercantil y reconoció la personalidad del actor tramitado en el expediente 243/2000, efectivamente no tiene la naturaleza de un acto de imposible reparación, pues la simple admisión de demanda en un juicio es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que el afectado obtenga sentencia favorable, y así, puede no producir ningún efecto o perjuicio al interesado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia J/175, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, visible en la página mil ciento ochenta y siete, Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE.-El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso.".
En efecto, como bien lo consideró el Juez de Distrito a quo y en contra de lo alegado por la recurrente, debe decirse que resoluciones como la reclamada no revisten el carácter de actos de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República por medio de sus garantías individuales como son la libertad, propiedad o posesión, entre otros, es decir, dichas resoluciones sólo tienen consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que obtenga sentencia favorable a sus pretensiones, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que favorezcan las pretensiones de la parte quejosa. En consecuencia, el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo. Para así estimarlo, debe destacarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 133/89, entre las sustentadas por la Tercera y Cuarta Salas de ese Máximo Tribunal, visible en las páginas cuatrocientos uno a la cuatrocientos cuarenta y nueve, de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava Época, Tomo I, Pleno, ha definido lo que debe entenderse como acto de imposible reparación, sustentando el criterio de que en términos de los artículos 107, fracción III, de la Constitución General y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; que, por lo tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso.
Por otra parte, debe decirse que el artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo.". A su vez, el artículo 158 del mismo ordenamiento legal, establece en lo conducente que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.
En el caso, la resolución reclamada encuadra en el supuesto previsto por la fracción IX del citado artículo 159 de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 158 del mismo ordenamiento legal, debe reclamarse en el juicio de amparo directo que llegara a intentarse contra la sentencia definitiva, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo; por lo tanto, es incuestionable la improcedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, pues se surte la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 159, fracción IX, de la citada ley reglamentaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 41 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y ocho, Octava Época, Tomo IV, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO DIRECTO. CUÁNDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES.-Si la violación al procedimiento se encuentra en alguna de las fracciones I a X del artículo 159 de la Ley de Amparo, o si se trata de un caso análogo a los que en ellas se contemplan en los términos de la fracción XI del propio precepto, la correcta interpretación de dicho artículo debe hacerse a la luz del artículo 107 constitucional y en relación con el artículo 158 de su ley reglamentaria ya mencionada. En efecto, hay que tener presente que la regla general para la procedencia del amparo directo tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento consiste en que las mismas son impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por eso, cuando en una demanda de garantías se reclama una violación procesal, los Tribunales Colegiados deben examinar si se cumplen los requisitos previstos en la regla general apuntada. Y si se cumplen tales requisitos, el amparo directo debe considerarse procedente para hacer valer dicha violación procesal. Ahora bien, el artículo 159 de la Ley de Amparo hace una enumeración ejemplificativa, de diversos casos en los que se considera que se violan las leyes del procedimiento ya que se afectan las defensas del quejoso. Por tanto, por lo que dispone la fracción XI del artículo 159, como por el texto y el sentido del artículo 107 constitucional y del artículo 158 de la propia Ley de Amparo, no puede interpretarse limitativamente el referido artículo 159, sosteniendo que sólo en esos casos se dan los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que se refiere a las violaciones procesales, sino que debe concluirse que en todos aquellos casos semejantes, por su gravedad y por sus consecuencias a los allí mencionados, procede hacer valer el amparo directo para combatir la violación, con la finalidad de que siempre se cumpla la regla general, lo que debe calificarse por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en su caso, atendiendo a las actuaciones procesales y a sus efectos, según aparezcan en autos.".
Por otro lado, debe decirse que el sobreseimiento del juicio de garantías de mérito se fundó en razones de improcedencia de la acción constitucional, por lo que el Juez de Distrito a quo no tenía que estudiar el fondo de la cuestión planteada, por ser propio de la sentencia definitiva; así que dicho Juez estuvo legalmente facultado para examinar la existencia de causales de improcedencia por tratarse de una cuestión de orden público. Además, resultan inoperantes las afirmaciones de la recurrente en el sentido de que la razón por la que promovió amparo indirecto contra la resolución de la Sala responsable, fue porque no se le dio la oportunidad de expresar los agravios que se le causaban con la admisión de la demanda instaurada en su contra; porque es de explorado derecho que la expresión de agravios constituye la materia del recurso de alzada, y una formalidad esencial para su sustanciación, por lo que resulta procedente que dicha Sala dicte un acuerdo en el que se le requiera la expresión de esos agravios; y porque el Juez natural no estudió debidamente las cuestiones procesales, toda vez que se trata de simples afirmaciones generales, abstractas y sin conclusión, que no controvierten las consideraciones y fundamentos de la sentencia recurrida. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números VI.2o. J/323, 568, 599 y 601 de este propio tribunal, visibles en las páginas ochenta y siete, trescientos setenta y ocho, trescientos noventa y ocho y trescientos noventa y nueve; la primera en la Gaceta Número Ochenta, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, y las restantes en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que respectivamente dicen: "IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."; "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa."; "AGRAVIOS INSUFICIENTES.-Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."; y, "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.-No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado.".
Asimismo, debe decirse que el hecho de que la recurrente invoque jurisprudencias y preceptos constitucionales y legales que estima infringidos, es insuficiente para demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, pues para ello es necesario exponer argumentos jurídicos concretos que demuestren el por qué los mismos se infringen en la mencionada sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o. J/44, de este cuerpo colegiado, visible en la página seiscientos sesenta y cuatro, Tomo V, Segunda Parte-2, enero a junio de mil novecientos noventa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AGRAVIOS, NO LO SON LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS.-Las simples manifestaciones vagas e imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; sino que es necesario precisar qué razonamientos del a quo estima incorrectos, en qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia.".
Independientemente de lo anterior, debe decirse que, como correctamente lo consideró el Juez de Distrito a quo, si bien el Juez de origen, al admitir la demanda natural, se pronunció respecto de la personalidad del actor, ahora tercero perjudicado, con lo que podría surgir la procedencia del amparo interpuesto, pues es de explorado derecho que las cuestiones de esa índole deben ser materia de su estudio en amparo indirecto; sin embargo, esa situación se da una vez que se hayan hecho valer los medios idóneos para atacar la falta de personalidad alegada, como pueden ser en el caso, la excepción de falta de personalidad que al contestar la demanda debe hacer el demandado, o en su caso el incidente de falta de personalidad, medios idóneos en los que se estudiaría tal cuestión, y ya en contra de esa resolución cabría el recurso respectivo, para así agotar el principio de definitividad y, posteriormente, el amparo indirecto, mas de ninguna forma, como en el caso se hizo, a través del recurso de apelación interpuesto en contra del auto admisorio de la demanda del juicio natural, en el que se hizo pronunciamiento, para ese efecto, de la personalidad del actor, recurso de apelación que cabe sólo en contra de actos que causen un gravamen irreparable, como lo sería la orden de embargo, por lo que si en la especie a la quejosa le depara agravio que el Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad reconozca personalidad al actor en ese juicio, debió atacarlo a través de los medios idóneos, y no a través del recurso de apelación, pues de admitir tal situación se llegaría al absurdo de dejar al arbitrio de las partes la decisión de elegir la interposición de los recursos legales, soslayando a la ley, lo que desde ningún punto de vista jurídico sería legal.
Asimismo, como bien lo estimó el Juez Federal a quo, en caso de que el demandado hubiera omitido oponer la falta de personalidad al contestar la demanda, o que en la actualidad fuera extemporáneo el incidente de falta de personalidad que en su caso interpusiera, no se le deja en estado de indefensión, pues como acertadamente lo consideró la responsable, la personalidad, por ser un presupuesto procesal, debe ser estudiada de oficio por el juzgador al dictar la sentencia respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de este órgano colegiado, visible en la página doscientos treinta y cuatro, Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "-La personalidad de los litigantes es un presupuesto procesal, esto es, un requisito sin el cual no puede iniciarse ni sustanciarse válidamente el juicio, toda vez que no sería jurídico resolver una controversia en la que las partes o alguna de ellas, no estuviera legalmente representada; de ahí que la falta de impugnación oportuna de la personalidad de un litigante de ninguna manera puede motivar una representación que no existe; de lo que se sigue, que la personalidad de las partes debe ser analizada, aun de oficio, por el juzgador en cualquier estado del juicio, y sólo debe omitir la reiteración del examen de la personalidad, en caso de haber sido resuelto antes de manera expresa, a través de los medios de impugnación legalmente procedentes, o cuando en primera instancia el demandado no haya comparecido y en los agravios de la alzada combata la personalidad.".
Finalmente, conviene dejar precisado que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales, lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie, no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte de la sentencia recurrida, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 12/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas quinientos siete y quinientos ocho del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo.".
Las consideraciones que preceden conducen a confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por María Liliana Amezcua Álvarez, respecto del acto que reclama de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el cual quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7204-9b8477f9/personalidad-examen-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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