Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 154/2001. · Registro digital (IUS): 7557
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA GUADALUPE ELOINA JIMÉNEZ ESPINOZA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, , Pág. 1167.

AMPARO EN REVISIÓN 154/2001. MARÍA GUADALUPE ELOINA JIMÉNEZ ESPINOZA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son esencialmente fundados los anteriores agravios.

Tiene razón la parte quejosa al decir que las reformas a la Ley Federal de Derechos que reclamó en el juicio de amparo le causan perjuicio desde su entrada en vigor, al establecer los incrementos por los derechos de uso y aprovechamiento de aguas nacionales a partir del mes de enero del dos mil uno, de tal manera que tienen el carácter de autoaplicativas, sin que fuera necesario que acreditara que se solicitó a la autoridad la prestación de algún servicio que la ubicara dentro de las hipótesis legales reclamadas, ya que en primer lugar tuvo que perforar un pozo en el inmueble de su propiedad, instalar los elementos mecánicos necesarios para extraer el agua y, una vez hecho esto, obtener el título de concesión para explotar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo, ya que mediante este documento es que puede llevar a cabo la explotación del pozo de su propiedad, por lo que por supuesto no existe ninguna contraprestación por parte del Estado y el título de concesión a su nombre es el documento idóneo para justificar el uso y aprovechamiento de aguas nacionales.

A su demanda de garantías la promovente del amparo anexó copia certificada del título de concesión 04PUE105334/18EPGE98 para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de cuatro mil metros cúbicos anuales, de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Asimismo, agregó copia fotostática certificada de la declaración de pago en materia de aguas nacionales efectuada a su nombre el quince de enero del dos mil uno a través de Bital, por el periodo de octubre a diciembre del dos mil, en que está citada como actividad preponderante la de baños públicos, en el domicilio de Portal Guerrero número 9, San Pedro Cholula, Puebla, con número de título 04PUE105334/18EPGE98, en la que se expresó que no cuenta con dispositivo de medición; que se extrajo un volumen de mil metros cúbicos de aguas nacionales; que se utilizó la cuota de aplicación 0 00767, con un importe de $7.67 y se pagó por concepto de derechos la suma de ocho pesos.

Ahora bien, los preceptos reclamados dicen a la letra:

"Artículo 1o. ... Las cuotas de los derechos se actualizarán en los meses de enero y julio con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. ..."

"Transitorios. ... Artículo segundo. Durante el año de 2001, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones: I. Para los efectos del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, las cuotas de los derechos se incrementarán: a) En los meses de enero y julio de 2001 se incrementarán en los términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos. b) Las cuotas de los derechos a que se refiere el capítulo I, sección primera y el capítulo II, del título I de la Ley Federal de Derechos, se incrementarán a partir del 1o. de enero de 2001, con el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2000 entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 1999. Las cuotas señaladas en este inciso no se incrementarán en los meses de enero, abril, julio y octubre de 2001, conforme a lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción. ..."

Por su parte, los artículos 222 y 223 de la Ley Federal de Derechos, que establecen quiénes son los obligados al pago de los derechos reclamados, así como las cuotas y categorías de usuarios de aguas nacionales, que a su vez fue reformado por los preceptos que se atacan de inconstitucionales, establecen lo siguiente:

"Artículo 222. Están obligadas al pago del derecho sobre agua, las personas físicas y las morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso, otorgados por el Gobierno Federal, de acuerdo con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción de conformidad a la división territorial contenida en el artículo 231 de esta ley."

"Artículo 223. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este capítulo, se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las siguientes cuotas:

"A. Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, por cada metro cúbico:

Ver tabla 1

"Las empresas públicas y privadas que tengan asignación o concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales y suministren volúmenes de agua para consumo doméstico a centros o núcleos de población, cubrirán el derecho respecto de los volúmenes de agua suministrada, con las cuotas establecidas en el apartado B, fracción I, de este artículo, para tales efectos, deberán contar con medidor que contabilice exclusivamente el volumen de agua que proporcionen para el citado uso.

"B. Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, se pagará el derecho sobre agua por cada mil metros cúbicos, destinadas a:

"...

"IV. Balnearios y centros recreativos:

Ver tabla 2

En razón de lo anterior, es evidente que los preceptos reclamados, con excepción del inciso b) de la fracción I del artículo segundo transitorio, tienen el carácter de autoaplicativos para todas aquellas personas que se encuentren dentro de la hipótesis de causación, es decir, por tratarse de una ley que establece el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como lo es la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, basta que se acredite que se cuenta con el título de concesión correspondiente y que se efectúe el pago de este tipo de derechos o que se tiene la obligación de hacerlo por su explotación, para que la norma por su sola entrada en vigor, afecte a los intereses jurídicos del usuario, ya que se está en presencia de un acto de permisión del Estado por el cual los particulares llevan a cabo tales usos privativos o aprovechamientos, por lo que al demostrar que se cuenta con el título que evidencia esa circunstancia, no se necesita de ninguna condición adicional para justificar la individualización de la ley que establece o incrementa el pago de los derechos por esa actividad; de tal manera que para este tipo de personas, como la quejosa, las obligaciones de hacer que impone la norma surgen en forma automática, nacen con ella misma, sin que se requiera, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación.

Hipótesis distinta sucede tratándose de las leyes que establecen el pago de los derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, en los que sí es necesario demostrar el acto de aplicación de la norma para estar en aptitud de impugnarla, ya que hasta que se recibe la contraprestación del servicio por parte del Estado es que se causa la afectación a los intereses jurídicos y se estará en aptitud de impugnar la norma, si es que se estima inconstitucional, porque en esta hipótesis las obligaciones de hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor sino que se requiere, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, es decir, se trata de una disposición heteroaplicativa.

Tal es el caso de las cuotas previstas en el capítulo I (Secretaría de Gobernación), sección primera (Servicios migratorios) y el capítulo II (De la Secretaría de Relaciones Exteriores) del título I (De los derechos por la prestación de servicios) de la Ley Federal de Derechos, cuyo incremento de cuotas está prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo segundo transitorio del decreto reclamado, que por su sola entrada en vigor ninguna afectación causa a los intereses jurídicos de la quejosa por referirse a la prestación de servicios que ella no demuestra ni alega que haya utilizado, por lo que por esta norma sí se está en el caso de sobreseer conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción VI del numeral 73, ambos de la Ley de Amparo.

Es aplicable la jurisprudencia 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible dentro de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco, que dice:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

También cobran aplicación, en la especie, las siguientes tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, tesis P. XXXVIII/96, página cuatrocientos setenta y tres, que señala:

"VIDEOGRAMAS, DERECHOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN DE. EL ARTÍCULO 19 ‘E’, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ES HETEROAPLICATIVO. El precepto y fracción mencionados, grava con un derecho el otorgamiento de la autorización para reproducción de videogramas, previa solicitud de la misma; esta circunstancia permite apreciar que la disposición referida es de carácter heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no es susceptible de deparar perjuicio alguno, pues no establece de modo imperativo e inmediato la obligación de hacer o dejar de hacer, debido a que el pago del derecho aludido sólo opera en el caso de que el gobernado solicite la autorización para la reproducción de videogramas, es decir, el acto que condiciona la actualización del supuesto normativo es a cargo del particular (con motivo de la solicitud de autorización para la reproducción de videogramas), y no por imperativo legal ineludible e inmediato."

Y la sustentada por la Segunda Sala del mismo órgano jurisdiccional, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, tesis 2a./J. 4/98, página doscientos, que dice:

"SANIDAD AGROPECUARIA. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS Y FITOSANITARIOS, QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 86-A, 86-B, 86-C, 86-D Y 86-E DE LA RESPECTIVA LEY, SON HETEROAPLICATIVOS. Los preceptos citados prevén las diversas cuotas por concepto de derechos por la expedición, duplicado o renovación de dichos certificados zoosanitarios y fitosanitarios; por la certificación de empresas o establecimientos que realicen actividades en materia de plaguicidas agrícolas o pecuarios y por su renovación anual; por la prestación de servicios técnicos; por la aprobación para el funcionamiento de empresas y organismos que se indican y por la expedición de los documentos que contengan los requisitos técnicos fitosanitarios y zoosanitarios en materia de sanidad agropecuaria. Esos preceptos tienen naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que la sujeción de los gobernados a esas normas no surge en forma automática con su sola entrada en vigor, en tanto que no son de aplicación incondicionada, sino que se requiere de un acto para que adquieran individualización (consistente en la solicitud del particular para la expedición, duplicado o renovación de esos certificados), que genere perjuicio a la parte quejosa, por lo que, de no acreditarse la existencia del acto, se debe sobreseer en el juicio."

No es obstáculo a lo anterior, lo resuelto por este Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 22/2001, interpuesto por Luz María de Lezama Calero, en sesión de diecisiete de mayo del dos mil uno, en el que se confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, aunque por distinto motivo al invocado por él, debido a que ahí se consideró, por este órgano, que la parte quejosa no acreditó estar dentro de los supuestos del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos vigente a partir del año dos mil, porque no probó que ésta afectara sus intereses jurídicos, ya que no exhibió el título de concesión respectivo ni tampoco que contaba con medidor que contabilizara el volumen del agua que dejó de consumir, pues únicamente presentó licencia de funcionamiento de baños públicos y haberse dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además de que también, de oficio, se estimó procedente otra diversa causal de improcedencia consistente en que se reclamaron las citadas disposiciones como heteroaplicativas y no se acreditó la existencia de la aplicación del citado dispositivo en su perjuicio.

En consecuencia, al ser esencialmente fundados los agravios de la recurrente lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito únicamente por lo que se refiere al artículo primero y artículo segundo transitorio, fracción I, inciso a), del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre del dos mil, y analizar las diversas causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, en el entendido de que el estudio que se efectúe de las mismas, será únicamente por lo que respecta a las normas por las que se ha decidido levantar el sobreseimiento decretado por la a quo.

En el informe justificado rendido a nombre del presidente de la República se dice que la quejosa carece de interés jurídico, porque no existe acto concreto de aplicación en su perjuicio, lo cual es infundado porque, como ya se vio, las normas antes citadas se reclaman como autoaplicativas no como heteroaplicativas, de tal manera que no era necesario justificar la existencia del acto de aplicación en su perjuicio.

Esa misma autoridad aduce que las normas reclamadas no son autoaplicativas, lo que también resulta infundado por las razones antes expuestas.

Agrega la responsable de que se habla, que la ley impugnada no afecta los intereses jurídicos debido a que de las manifestaciones de la demandante se advierte que van encaminadas a demostrar el perjuicio económico que se le causa en su patrimonio, no así una afectación a sus intereses jurídicos, pues no precisa cuál es el vicio concreto de inconstitucionalidad que se le causa.

Es igualmente infundada la citada causal de improcedencia, debido a que como quedará de manifiesto con la transcripción de los conceptos de violación respectivos, la promovente del amparo sí aduce violación específica a sus garantías individuales, fundamentalmente por conculcación al principio de equidad tributaria, por lo que es inexacto que no se hayan hecho valer argumentos de afectación a intereses jurídicos.

En representación del presidente de la República, se agrega que se debe sobreseer en el juicio, porque la quejosa no hace valer verdaderos conceptos de violación.

Esta misma causal también la hace valer el director general de la Comisión Nacional del Agua.

Son infundados los anteriores argumentos.

Contrariamente a lo expresado por las recurrentes, la quejosa sí expresó verdaderos conceptos de violación en contra de las normas reclamadas, máxime que, como lo reconoce una de las autoridades en comento, actualmente ya no se exige la expresión de razonamientos lógico-jurídicos a manera de silogismo, sino que basta expresar la causa de pedir, el agravio causado y los motivos por los que se causan tales agravios, lo que quedará de manifiesto con la transcripción de los mismos que más adelante se efectuará.

Por último, en cuanto a este tema, también se aduce que la demanda de amparo es extemporánea, toda vez que la ubicación de los baños públicos dentro del apartado A se efectuó en reforma de mil novecientos noventa y dos, vigente a partir de mil novecientos noventa y tres, por lo que desde esa fecha debió haberse impugnado tal decisión.

Es infundado el anterior argumento, toda vez que en el juicio de amparo que se revisa, se reclamaron las reformas legales precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria que entraron en vigor a partir del primero de enero del año en curso, en relación con las cuotas establecidas en el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, de tal manera que si las mismas se reclamaron como autoaplicativas, la demanda presentada el ocho de febrero del dos mil uno en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla es oportuna, por tratarse del vigésimo séptimo día hábil de vigencia de tales normas, en términos de lo establecido por los artículos 22, fracción I y 23 de la Ley de Amparo.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada dentro de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, página diez, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo."

Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables ni advertirse, de oficio, la existencia de alguna otra, lo procedente es analizar el fondo del asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la citada ley, únicamente por lo que se refiere al artículo primero y artículo segundo transitorio, fracción I, inciso a), del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre del dos mil.

SÉPTIMO. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dicen textualmente: "Primero. Las reformas a la Ley Federal de Derechos que reclamo, aprobadas por el H. Congreso de la Unión y promulgadas y publicadas por el presidente de la República el día 31 de diciembre del año 2000 y que entraron en vigor el día primero de enero del año dos mil uno y en específico el artículo segundo transitorio, fracción I, incisos a) y b), en donde incrementan cuotas para el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, no superan nuevamente el vicio de inconstitucionalidad que ha fijado muy claramente en jurisprudencia nuestro más Alto Tribunal de la nación, pues como puede apreciarse de los diversos artículos transitorios de las reformas, en un principio se dan incrementos a las cuotas; empero, en los transitorios, fracciones VII, VIII y IX, se otorgan beneficios a diversas actividades empresariales, mas nunca se señala a los baños públicos que por supuesto participamos en el desarrollo y desenvolvimiento de la actividad económica y social del pueblo mexicano. El Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado cuando se refiere a la palabra reformar, dice que significa: ‘volver a formar, rehacer, reparar, restaurar, restablecer, arreglar, corregir, poner en orden, quitar, disminuir o rebajar en el número o cantidad, enmendarse, arreglar, corregirse.’; el término jurídico reformar significa sustituir o reestructurar un precepto de la ley sin quitarle su esencia o espíritu legislativo. Las reformas impugnadas y artículo transitorio, nuevamente vuelven a ser omisivos en regular las cuotas a que están sujetos los baños públicos por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, pero eso sí las incrementa; el legislador federal no tomó en cuenta nuevamente la jurisprudencia pronunciada por nuestro más Alto Tribunal de la nación en el año 1995, por lo que implícitamente se incrementan las cuotas de baños conforme las ya previstas en el artículo 223, apartado A. Es importante señalar que la inconstitucional reclasificación que se les dio a los baños públicos en el apartado A del artículo 223, en el artículo XI (sic) de disposiciones de vigencia anual, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1992, sólo tuvo vigencia durante tres años, y que en el año 1996 dichas reformas fueron omisas y que esto sigue sucediendo, inclusive, en las que se impugna su inconstitucionalidad, que entraron en vigor el día primero de enero de dos mil uno. Por todo ello me inconformo con las citadas reformas, sin que se me pueda aplicar lo previsto en las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo en vigor. Segundo. El artículo 1o. constitucional nos dice textualmente: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. ...’. Este precepto reconoce el principio aristotélico de aplicar la ley igual a los iguales y desigual a los desiguales. Las reformas impugnadas de inconstitucionales al incrementar las cuotas por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, sigue reconociendo el vicio de inconstitucionalidad que regula la ley en su artículo 223, apartados A y B, en donde por supuesto no se regula expresamente la actividad (sic) los baños públicos a los particulares, en virtud de que el Estado es insuficiente para prestar este servicio y que es indispensable para el ser humano en su higiene personal y su desarrollo físico e inclusive mental. Como lo ha establecido en jurisprudencia firme la Suprema Corte de Justicia, los iguales, en todo caso, los baños públicos, son los balnearios y centros recreativos que se encuentran regulados por el apartado B en sus diversas zonas de disponibilidad. Los balnearios y centros consumen más agua de la que se puede consumir en un baño público y aun así la ley regula en una situación más favorable. En consecuencia, las reformas a la Ley Federal de Derechos y por lo que se refiere a los incrementos en cuotas, no cumplen con la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o., además de que son omisas, pues no regulan la actividad de los baños, vicios imputables al Congreso de la Unión y al presidente de la República. Como lo ha dicho atinada (sic) nuestro más Alto Tribunal de la nación en su jurisprudencia del año 1995, no se ha superado el vicio de inconstitucionalidad que ostenta la Ley Federal de Derechos en materia de agua, al emitir diversas reformas a la citada legislación federal. Tercero. Las reformas impugnadas de inconstitucionalidad están en contra del principio de equidad tributaria estatuido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en virtud de que los baños públicos satisfacen necesidades de higiene, que por limitaciones de abasto y socioeconómicas, parte de la población no puede satisfacer en sus hogares, en tanto que los balnearios y centros recreativos están destinados para el esparcimiento y práctica del deporte, razón por la cual al incrementarse cuotas por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, sin subsanar esa desigualdad, violan nuevamente la garantía de equidad tributaria que ha sido debidamente precisada en la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal de la nación. Este criterio jurisprudencial fue citado y aplicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1164/93 promovido por Teresa Lara Mejía; 1163/93 promovido por Baños Niágara, S.A. de C.V.; 1202/93 promovido por María Loaiza Armas; 1140/93 promovido por Domingo Tzompatzi Rodríguez; 1149/93 promovido por Hermelinda Carmona Cruz; 1254/93 promovido por María Esther R. Sánchez Altamirano, fallados el 17 de octubre de 1995 por mayoría de diez votos contra uno, con excepción del primero que se falló por nueve votos contra uno. Como podrá apreciarse de las reformas a la Ley Federal de Derechos y artículos transitorios, y en específico de la que se reclama de inconstitucional, no logró superarse el problema que padece el artículo 223 en sus apartados A y B de la Ley Federal de Derechos en materia de agua, pues con los incrementos se siguen estableciendo cuotas más altas para la actividad de baños públicos que para los balnearios y centros recreativos, pese a que las tres actividades tienen como elemento común el uso abundante del agua, pero la primera no se justifica que se coloque en situación más desfavorable, siendo que responde a una necesidad de mayor importancia como lo es la higiene del individuo y respecto a los otros dos contribuyentes sus actividades responden a necesidades que pueden ser sustituibles. Cuarto. Los artículos 14 y 16 constitucionales contemplan las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de que gozamos los mexicanos. Las reformas impugnadas de inconstitucionales y sobre en todo lo que se refiere a las cuotas, no cumplen con lo preceptuado con las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por nuestra Constitución, ya que sin ninguna fundamentación ni motivación y desconociendo la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal de la nación, se están incrementando el pago de cuotas por uso y aprovechamiento de aguas nacionales y se le sigue ubicando e (sic) a mi negociación en forma desfavorable dentro del apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos en materia de agua, situación desfavorable mara (sic) mi negociación, sin superarse el vicio de origen que tiene el precepto legal comentado. Quinto. Los actos que se reclaman a las autoridades ejecutoras, titular de la Comisión Nacional del Agua, gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua y subgerente de Administración del Agua, mediante los cuales se me pretende aplicar los incrementos a las cuotas por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales son inconstitucionales, por derivarse de una reforma inconstitucional. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 812, que dice al rubro: ‘REGLAMENTO DERIVADO DE UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL. Un acto de aplicación de un reglamento declarado inconstitucional por sentencia firme, tiene que adolecer del mismo vicio de inconstitucionalidad del ordenamiento aplicado.’ (jurisprudencia y tesis sobresalientes 1966-1970). Sexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en uno de sus últimos criterios pronunciado en el amparo en revisión 1237/97, promovido por Luz del Carmen María Jiménez Santos y siendo ponente el Ministro Juventino V. Castro y Castro, llegó a la conclusión de que el legislador concedió un trato favorable para ciertas categorías de contribuyentes en ra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7557-2a4d0fb9/derechos-por-el-uso-o-aprovechamiento-de-bienes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.