COMPRAVENTA CELEBRADA EN CONTRATO PRIVADO. CUANDO TIENE FECHA CIERTA FACULTA AL ADQUIRENTE PARA DEFENDER SU PROPIEDAD ANTE ACREEDORES QUE DEDUZCAN DERECHOS PERSONALES CONTRA EL ENAJENANTE Y EMBARGUEN EL BIEN VENDIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. ES DE FECHA CIERTA SI SE RATIFICA ANTE FEDATARIO PÚBLICO O FUNCIONARIO AUTORIZADO, AUNQUE NO SE HAYA CELEBRADO ANTE ÉSTE.
AMPARO EN REVISIÓN 220/2005. MARÍA GUADALUPE VELASCO JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son en parte inatendibles, en otra inoperantes y en una más sustancialmente fundados los agravios transcritos, aunque suplidos estos últimos en sus deficiencias, conforme al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Es posible advertir de la lectura de los agravios expresados en el presente recurso de revisión, concretamente de una parte de los contenidos en el ordinal uno, los cuales quedaron transcritos en el considerando segundo de esta ejecutoria, que en ellos la revisionista propone argumentos enderezados a controvertir directamente el acto reclamado en el juicio de amparo, ya que aduce, en resumen, lo siguiente: que la Juez de Distrito en la resolución recurrida concluyó que la quejosa tiene el carácter de causahabiente de los demandados en el juicio natural y no de tercera extraña, por lo cual, las autoridades responsables no estaban obligadas a emplazarla al proceso judicial; al respecto, la revisionista considera que aun en el supuesto de que su calidad de tercera extraña no esté acreditada, lo cierto es que en la demanda de garantías señaló graves violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución, y que el acto reclamado a la autoridad ejecutora, lo es la falta de emplazamiento, ya que las diligencias correspondientes no fueron realizadas conforme a derecho, pues la actuaria responsable en la diligencia de veintiséis de noviembre de dos mil, asentó lo siguiente: que se constituyó en compañía del actor en el domicilio ubicado en Privada "E" de la Trece Norte, número once mil cuatrocientos siete, Fraccionamiento Real de Guadalupe, en busca de los demandados; dijo haber tocado la puerta, y que quien atendió al llamado del domicilio, fue una persona de nombre Angélica Tejada; que esta persona afirmó que en ese domicilio vivían los demandados y que ella era una amistad de dichos enjuiciados, que vivía en el mismo domicilio; que al no encontrarlos físicamente dejó citatorio de espera para el veintisiete de noviembre de dos mil. Luego, que al día siguiente entendió la diligencia con la misma persona, quien nuevamente dijo ser amiga de los demandados y que vivía en ese mismo domicilio; además, que la actuaria hizo constar que notificó el auto de veinticuatro de abril de dos mil, y que esta persona sí firmaba, haciendo constar que lo hacía en la foja veintisiete y no así en esa diligencia por creerlo necesario. Ante estos hechos, afirma la recurrente, resulta infundado y violatorio de las garantías individuales de seguridad jurídica y debido proceso, la determinación de la a quo federal en el sentido de que las autoridades responsables no tenían la obligación de emplazar a la quejosa -recurrente-, ya que la actuaria debe cerciorarse si en el domicilio a emplazar viven o no los demandados, pues la ahora revisionista estima que si ella hubiera recibido la notificación dirigida a los demandados, la misma pudo responder como poseedora y en ese momento defendido sus derechos e intereses sobre el inmueble, además de hacer llegar la demanda a los directamente señalados como enjuiciados. Asimismo, que la determinación de la Juez Federal es violatoria de garantías, pues la inconforme nunca recibió algo, ya que la actuaria responsable actuó dolosamente en contubernio con la parte actora para que no pudiera defender legalmente sus derechos sobre el inmueble.
Los agravios acabados de reseñar resultan inatendibles -salvo el aserto en que se atribuye a la Juez de Distrito violación de garantías individuales y que se examinará enseguida-, toda vez que de su análisis se arriba a la conclusión de que en ellos principalmente se está controvirtiendo la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento, lo cual está en función de uno de los que constituyeron los actos reclamados en el juicio de amparo, pero no así se rebate la sentencia pronunciada por la juzgadora federal que se pretende impugnar mediante el presente recurso de revisión, la cual se sustentó en la improcedencia de la acción constitucional de amparo y consecuente sobreseimiento, toda vez que se actualizaba la causal consistente en que el acto reclamado no era el último dentro del procedimiento de ejecución, prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por tanto, con ese proceder adoptado por la revisionista, está dejando a un lado la controversia que debió suscitar en este recurso respecto de las razones torales en que sustentó la Juez de Distrito la determinación de sobreseer en el amparo.
Dicho de otra manera, la calificativa conferida a los agravios en estudio obedece a que la recurrente está proponiendo cuestiones que ven al fondo del juicio de amparo, en lugar de controvertir el sobreseimiento declarado en el fallo impugnado pues, en tales circunstancias, es inconcuso que la revisionista se aparta de rebatir frontalmente las consideraciones jurídicas en que se sustentó la causal de improcedencia que condujo al sobreseimiento, no obstante que el artículo 88 de la Ley de Amparo impone a la recurrente la obligación de expresar los agravios que le cause la sentencia impugnada.
Es aplicable al caso la jurisprudencia compilada con el número 568, emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, consultable en la página 378, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO. Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa."
Asimismo es aplicable, por analogía, la jurisprudencia VI.2o. J/83, emanada de este Tribunal Colegiado antes de especializarse en materia civil, visible en la página 267, Tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "AGRAVIOS EN REVISIÓN. SON INATENDIBLES CUANDO SE REFIEREN A LA CUESTIÓN DE FONDO, SI SE IMPUGNA EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO. Cuando en la revisión se impugna la resolución mediante la cual el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, considerando que existe una notoria causal de improcedencia, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que demuestren la ilegalidad de tal resolución, poniendo de manifiesto que los fundamentos y consideraciones del a quo son inexactas, precisando las disposiciones legales infringidas por la resolución recurrida; por tanto, si los agravios se limitan a proponer argumentos relacionados con el fondo de la controversia, dichos agravios deben calificarse de inatendibles, pues precisamente la improcedencia constituye un impedimento legal para analizar la cuestión de fondo."
También es aplicable al caso, la jurisprudencia compilada con el número 591 del otrora Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la cual comparte este tribunal, consultable en la página 393, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido."
Ahora bien, en cuanto a la aseveración en el sentido de que la determinación de la a quo federal vulnera garantías individuales, debe decirse que resulta inoperante; esto es así, en virtud de que el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que transgredan garantías individuales, lo es el juicio de amparo; de manera que, en casos como el presente, no puede legalmente estudiarse lo relativo a una supuesta afectación de los derechos fundamentales en la sentencia recurrida, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación de la Juez Federal que conoció del juicio de amparo; de ahí la inoperancia.
Las anteriores consideraciones se sustentan en la jurisprudencia 2/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por lo demás, como antes se precisó, los agravios resultan sustancialmente fundados, aunque suplidos en sus deficiencias, conforme al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Sobre este último tema, debe tenerse presente que la Juez de Distrito, como también este Tribunal Colegiado, tienen el deber de suplir la queja deficiente cuando se señala como acto reclamado en el amparo la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, al tenor de las consideraciones sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 149/2000, visible en la página 22, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón."
Es inconcuso que la impugnación en el amparo de la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, entraña la exigencia de tutela jurisdiccional, vía la acción de amparo, del derecho fundamental de audiencia, y que son casos análogos aquellos en que se plantea la vulneración de dicha garantía individual porque el quejoso fue parte pero no se le emplazó, o bien, fue ilegal el llamamiento al juicio, a aquel en que el inconforme pide amparo por ser totalmente ajeno a la relación jurídico-procesal y aun así, se afectan bienes o derechos en el proceso judicial correspondiente; aunado a que es práctica común en el foro que en ambos casos se plantee en el amparo la falta de emplazamiento a juicio; por lo anterior, debe aplicarse por igualdad de razón la suplencia de la queja en los casos antes identificados, ya sea que quien acude al amparo sea totalmente ajeno a la relación jurídico procesal, o bien, fue señalado formalmente como parte, aunque no llamado a juicio o no en forma legal.
Dicho lo anterior, para el análisis de los motivos de inconformidad que la revisionista propone, es necesario precisar los actos reclamados y el contenido de la acción constitucional, a través del análisis integral de la demanda de garantías, con lo cual, a su vez, se pondrá de manifiesto que éste es un asunto en el que procede la suplencia de la queja deficiente, al tenor de la jurisprudencia antes identificada por sus datos y transcrita.
En el resultando primero de esta ejecutoria, quedó establecido que la entonces quejosa y ahora recurrente en el libelo de demanda de amparo señaló como actos reclamados a las autoridades responsables, los siguientes:
Del Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad, en su carácter de autoridad ordenadora: el auto por el que ordenó convocar postores para el remate en primera almoneda del inmueble marcado con el número once mil cuatrocientos siete de la Privada "E" de la Calle Trece Norte del Conjunto Habitacional Condominal Real de Guadalupe, de esta ciudad, dentro del expediente 449/2000, del índice de dicho órgano judicial.
De la diligenciaria adscrita a dicho órgano judicial, como autoridad ejecutora, la falta de emplazamiento y la notificación por edictos del aludido auto por el que se ordenó convocar postores.
Asimismo, se advierte que la inconforme y ahora recurrente señaló en los conceptos de violación -aquí ponderados sólo para mayor precisión de los actos reclamados, es decir, para desentrañar lo que se reclama, pero sin efectuar su estudio- como motivo de la impugnación de los actos reclamados en el amparo, que en el referido juicio se le pretende privar de la posesión y propiedad de un inmueble, sin haber sido oída ni vencida.
Dicho de otra manera, la ahora revisionista en la demanda de amparo en lo fundamental reclamó a las autoridades señaladas como responsables la privación del derecho de posesión y propiedad sobre un inmueble, dentro de un procedimiento en el que no es parte y, por ende, no ha sido oída y vencida. Asimismo, la acción de amparo se funda en que la inconforme adquirió el dominio del inmueble, en virtud del contrato de compraventa de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que celebró con María Teresa Margarita Báez González y José Peregrina González. Y la impugnación del proveído que convoca postores, se entiende que no es autónoma, sino que se hace depender de la reclamación de que los actos de autoridad vulneran el derecho de la quejosa a que no sea privada de sus posesiones o derechos, sin que previamente se le haya dado audiencia, puesto que más bien centra sus asertos en ello y no en controvertir, en sí mismo, el auto en que se ordenó convocar postores.
Pues bien, cabe adelantar que en el presente asunto ciertamente le asiste a la ahora revisionista, para efectos del amparo, el carácter de tercera extraña en relación con el juicio natural, como lo aduce en los agravios en estudio, sin que opere la causahabiencia dentro del proceso judicial del que emanan los actos reclamados en el juicio de garantías, lo cual se demostrará a continuación.
Queda claro que la quejosa y ahora revisionista no fue parte en el juicio natural, pues éste se siguió por Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín, por conducto de su apoderado Manuel Agustín Cabrera Torres, quien promovió en la vía ordinaria mercantil el cumplimiento del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, de nueve de febrero de mil novecientos noventa y tres, así como del convenio modificatorio de adeudo, de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco, también el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito contraído mediante los aludidos instrumentos, y derivado de los mismos, el pago de diversas cantidades por concepto de capital e intereses ordinarios y moratorios, en contra de María Teresa Margarita Báez González y José Peregrina González, proceso judicial que quedó radicado en el expediente número 449/2000, del índice del Juzgado Décimo de lo Civil de esta ciudad.
La entonces inconforme y ahora revisionista exhibió adjunto a la demanda de amparo, el contrato de compraventa celebrado por María Teresa Margarita Báez González y José Peregrina González -demandados en el juicio natural-, como vendedores, y la quejosa y recurrente María Guadalupe Velasco Jiménez, en su carácter de compradora, respecto de la casa habitación unifamiliar, construida sobre el lote marcado con el número siete, perteneciente al régimen de propiedad y condominio designado como módulo veintidós de la sección uno del Conjunto Habitacional Condominal Real de Guadalupe I y II, a la que se asignó el número oficial once mil cuatrocientos siete de la Privada "E" de la Calle Trece Norte del Fraccionamiento Real de Guadalupe I y II, de esta ciudad. Este instrumento contractual fue ratificado en su contenido y firmas por las partes, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el notario público número uno, del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla.
Dentro de las actuaciones del juicio de primera instancia que obran en autos del juicio de garantías, constan las siguientes actuaciones:
Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil, ante la Oficialía Común de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín, por conducto de su apoderado Manuel Agustín Cabrera Torres, promovió demanda en la vía ordinaria mercantil, en contra de María Teresa Margarita Báez González y José Peregrina González, exigiendo el cumplimiento del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria de nueve de febrero de mil novecientos noventa y tres, y del convenio modificatorio de adeudo celebrado el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco, así como el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito, y la satisfacción de diversas cantidades por concepto de capital, intereses ordinarios y moratorios, y el pago de gastos y costas.
Por auto de veinticuatro de abril del mismo año, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuestas, la que quedó radicada con el número de expediente 449/2000, del índice del Juzgado Décimo de lo Civil de esta ciudad.
Previas las diligencias de emplazamiento respectivas, y a petición de la parte actora, por auto de veintidós de enero de dos mil uno, se declaró perdido el derecho de los enjuiciados a dar contestación a la demanda, ya que no lo hicieron dentro del término que se les había concedido.
Por proveído de doce de marzo de dos mil uno, se ordenó abrir el juicio a prueba, dentro del cual la parte actora ofreció y le fueron admitidas la siguientes: Las confesionales, a cargo de los demandados; las documentales públicas, consistentes en todas las actuaciones del juicio y en la escritura número doce mil setenta y seis, otorgada ante la fe del notario público número dos del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, relativa al contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria; las documentales privadas, consistentes en el convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito y en el estado de cuenta del crédito en litigio; y la presuncional legal y humana.
Una vez llevados a cabo los trámites conducentes, se dictó sentencia definitiva el veintiuno de noviembre de dos mil uno, en la que se determinó que estaban probados los hechos de la acción y consecuentemente se declaró el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito y se condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas, con excepción de la reclamación de una parte del capital exigido en términos de la cláusula décima octava del contrato de apertura de crédito y décima del convenio modificatorio.
El fallo causó ejecutoria por auto de tres de enero de dos mil dos.
Previamente sustanciado y resuelto el incidente de liquidación de sentencia, mediante diligencias de cuatro y cinco de junio de dos mil tres, se llevó a cabo el embargo en ejecución del fallo ejecutoriado, el cual se trabó sobre la casa marcada con el número once mil cuatrocientos siete de la Privada "E" de la Calle Trece Norte del Conjunto Habitacional Condominal Real de Guadalupe I y II de esta ciudad.
Por auto de veintiséis de octubre de dos mil cuatro, se ordenó en remate convocar postores para la primera almoneda sobre el inmueble embargado.
Entonces está acreditado en inicio, para efectos del amparo, que el inmueble adquirido por la quejosa y ahora revisionista fue embargado dentro del juicio ordinario mercantil, sin que ésta hubiera sido parte en dicho proceso judicial, en el que se dictó sentencia definitiva y ésta causó ejecutoria.
Por tanto, la ahora revisionista efectivamente es una tercera extraña en relación con el juicio ordinario mercantil en el que se llevaron a cabo los actos reclamados en el amparo.
Lo anterior es así, puesto que es tercero extraño en el amparo, quien en un procedimiento civil o mercantil es afectado en sus bienes o derechos por actos o resoluciones de autoridad, sin que sea parte en dicho procedimiento, por no haber ejercido alguna acción o ejercerse en su contra, ni haber intervenido en el proceso judicial y, por ende, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, como es el caso.
Es aplicable, al respecto, la jurisprudencia P./J. 7/98, emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente."
No obsta para considerarlo así, la existencia del acto jurídico celebrado entre los vendedores María Teresa Margarita Báez González y José Peregrina González -demandados en el juicio natural-, y la compradora María Guadalupe Velasco Jiménez, pues si bien ésta adquirió los derechos de propiedad sobre el inmueble que a la postre se embargó en el juicio ordinario mercantil, en las condiciones o situación jurídica en que éste se encontraba, es decir, con el gravamen de hipoteca que sobre él pesa, lo cierto es que no opera la causahabiencia para efectos procesales en función del mencionado proceso judicial del que provienen los actos reclamados, toda vez que en éste se exige el cumplimiento de un derecho personal o de crédito, pero no así el derecho real de hipoteca, como se explicará enseguida.
Causahabiente es la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. En tanto que, junto a las partes en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, a éstos con el de causantes. Así, el causahabiente es la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante.
Cabe citar, al respecto, la tesis II.1o.C.T.38 C, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 356, Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAUSAHABIENCIA. CUÁNDO SE ACTUALIZA. La causahabiencia no es otra cosa más que la sustitución del titular de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante del comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta es causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario es causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien inmueble es materia de un contrato traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior propietario en la relación contractual que rige la posesión derivada. Esto es, que la mera sustitución del propietario de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha transmitido la posesión derivada."
La figura jurídica de la causahabiencia puede apreciarse desde la perspectiva de la repercusión o los efectos que produce dentro del procedimiento judicial en que se dirima la controversia suscitada en relación con el acto jurídico en virtud del cual el causahabiente se sustituyó o subrogó, por cualquier título, en el bien o derecho en litigio.
Esta situación es la que importa al juicio de amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño y en contra de un acto de privación de bienes o derechos sin audiencia, pues la existencia o no de la causahabiencia dentro del proceso natural, en casos como éste, es toral y determinante para la ponderación de la procedencia del amparo y en su momento, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/2002-SS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado), determinó que la causahabiencia no es por sí misma causa de sobreseimiento, toda vez que dicha figura jurídica no está prevista como causal de improcedencia, y que quien se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que tiene el carácter de causahabiente, su situación en el amparo es idéntica a la que tendría su causante, ya que sólo se subrogó en el ejercicio de los derechos correspondientes, por lo que las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, toda vez que queda sujeto a la misma situación jurídica; en consecuencia, si el amparo que promoviera el causante en carácter de tercero extraño al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia debe resolverse en cuanto al fondo, lo mismo acontece respecto al causahabiente.
La sinopsis del fallo en comentario corresponde a la jurisprudencia 34/2003, visible en la página 189, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19023-fe54499c/compraventa-celebrada-en-contrato-privado-cuando-tiene-fecha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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