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Modo: Corpus Pro

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. TIENEN COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS EN REVISIÓN CONTRA LEYES FEDERALES CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA, AUNQUE NO ESPECÍFICAMENTE SOBRE EL PRECEPTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 154/2001. · Registro digital (IUS): 17344
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA GUADALUPE ELOINA JIMÉNEZ ESPINOZA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, , Pág. 697.

AMPARO EN REVISIÓN 154/2001. MARÍA GUADALUPE ELOINA JIMÉNEZ ESPINOZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República; 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 37, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 47/2000, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de agosto de dos mil, y del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el mismo órgano oficial el veintinueve de junio de dos mil uno, en atención a que se trata de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por una Juez de Distrito que pertenece a este circuito, en la que se reclamó el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos y los artículos transitorios que modifican las cuotas establecidas en este precepto, a partir del año dos mil uno, y en torno a aquel precepto existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así es, en los considerandos tercero, cuarto y quinto del acuerdo citado en último término, se dijo, de manera respectiva, lo siguiente:

"TERCERO. Que por decreto de nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mismo año, se reformó, entre otros, el artículo 94 de la Constitución, en cuyo párrafo séptimo se otorgó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como para remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho, aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. CUARTO. Que en la exposición de motivos del proyecto de decreto aludido en el considerando anterior se reafirmó el propósito de las reformas constitucionales mencionadas en el considerando primero de este acuerdo, de que la Suprema Corte tuviera, con mayor plenitud, el carácter de Tribunal Constitucional. En efecto, en diversas partes de ese documento se manifestó que, con el objeto de fortalecer a la Suprema Corte en su carácter de Tribunal Constitucional, se sometía a la consideración del Poder Reformador de la Constitución la modificación del párrafo sexto del artículo 94 (que pasó a ser séptimo) a fin de ampliar la facultad con que contaba el Pleno para expedir acuerdos generales y, con base en ello, aunque la Suprema Corte continuaría, en principio, conociendo de todos los recursos de revisión que se promovieran en contra de sentencias de los Jueces de Distrito en que se hubiera analizado la constitucionalidad de normas generales, la propia Corte podría dejar de conocer de los casos en los que no fuera necesaria la fijación de criterios trascendentes al orden jurídico nacional; y que era imprescindible permitirle -como sucede en otras naciones- concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de los asuntos de mayor importancia y trascendencia. QUINTO. Que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos de la honorable Cámara de Senadores, en el que se propuso la aprobación de la iniciativa a que se ha hecho referencia, se recalcaron las anteriores motivaciones, expresándose sobre el particular que la iniciativa se encauzaba en el espíritu de la reforma de mil novecientos noventa y cuatro y, en consecuencia, nuevamente buscaba dar a la justicia en México la fortaleza y eficiencia que el país reclama; que entre las reformas que se proponía aprobar destacaba la de otorgar a la Suprema Corte la facultad de expedir acuerdos generales a fin de que algunos de los asuntos que son de su competencia pudieran ser resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; que la propuesta se basaba en la consideración de que era necesario permitirle dedicar sus energías a resoluciones que contribuyeran de modo significativo a mejorar nuestros sistemas de impartición de justicia, y que la impresionante cantidad de resoluciones que debía de tomar impedía que éstas fueran oportunas; sobre todo aquellas cuya importancia y trascendencia ameritaran la intervención del Máximo Órgano Jurisdiccional del país."

Asimismo, en los puntos tercero, fracción II y quinto, fracción I, inciso D), del referido acuerdo, se expresó:

"TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución: ... II. Los amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional, o por alguna otra causa; o bien, cuando encontrándose radicados en alguna de las Salas, lo solicite motivadamente un Ministro."

"QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: ... D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia."

Por tanto, es claro que conforme a la reforma al artículo 94 constitucional, de nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, se buscó fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, para lo cual se ampliaron sus facultades a fin de que, mediante acuerdos generales, dejara de conocer de los casos en los que no fuera necesaria la fijación de criterios trascendentes al orden jurídico nacional, para permitirle concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de asuntos de mayor importancia y trascendencia. Potestad de la cual hizo uso al expedir el Acuerdo General Número 5/2001, en el que, entre otros puntos, decidió conservar, para su resolución, los amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales no existiera precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional; asimismo, dejar a la jurisdicción de los Tribunales Colegiados de Circuito los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre jurisprudencia del Pleno o de las Salas, entre otros supuestos.

En la especie se reclamaron los artículos 1o. y segundo transitorio, fracción I, incisos a) y b) de la Ley Federal de Derechos, en vigor a partir de dos mil uno, en tanto que actualizan las cuotas previstas en el artículo 223 de la citada ley y se establece un trato inequitativo a los baños públicos en relación con otras categorías de contribuyentes, como los balnearios.

Por tanto, debe también tenerse como reclamado este último precepto, en tanto que se impugnan los numerales que actualizan los derechos establecidos en el mismo y son los que la quejosa está obligada a liquidar, conforme a su reforma, a partir del año dos mil uno.

Sobre ese tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia, como enseguida se verá.

Luego, dado que en el caso existe jurisprudencia del Pleno de ese Alto Tribunal que declara inconstitucional el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, por no respetar el principio de equidad tributaria, al otorgar un trato desfavorable a los baños públicos, en relación con los balnearios y centros recreativos, y que en el amparo en revisión se reclaman los artículos transitorios que actualizan los derechos previstos en ese precepto, sin purgar ese vicio de inconstitucionalidad, como quedará evidenciado al resolver el fondo del asunto, es evidente que éste resulta ser de la competencia del Tribunal Colegiado.

Lo anterior es así, no obstante que los preceptos reclamados, que a su vez modifican los derechos establecidos en el artículo 223 de que se habla, hayan entrado en vigor a partir del año en curso, en tanto que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se refiere a la Ley Federal de Derechos en vigor a partir de mil novecientos noventa y tres, pues el inciso D), fracción I, del punto quinto del Acuerdo Plenario 5/2001 en cita, señala que los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los amparos en revisión en los que sobre el tema debatido, no dice precepto reclamado, haya jurisprudencia de ese Alto Tribunal, lo que se corrobora todavía más en su interpretación si se toma en cuenta que en los considerandos tercero, cuarto y quinto, y punto tercero, fracción II, del mismo acuerdo, en síntesis se dijo que se pretende fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, ampliando sus facultades para remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito aquellos asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, entre otros, porque ella conservaría el conocimiento de aquellos en los que fuera necesario fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, lo que evidentemente no se daría si a final de cuentas ese Alto Tribunal declarara inconstitucionales los preceptos reclamados con base en las mismas razones y argumentos que tuvo para hacerlo por lo que respecta a la ley vigente en mil novecientos noventa y tres.

SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto dentro de los diez días que para tal efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución combatida se notificó a la quejosa el veinte de abril de dos mil uno (foja 126), y el recurso de mérito se presentó ante la Juez de Distrito el día dos de mayo del mismo año, esto es, al sexto día, ya que deben descontarse para el cómputo respectivo los días primero de mayo, por haber sido inhábil, así como veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril de dos mil uno, por haber sido sábados y domingos y, por tanto, inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los numerales 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. La resolución recurrida es del siguiente contenido: "PRIMERO. Esta autoridad es competente para resolver el presente juicio en términos de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 36 y 114 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la expedición y promulgación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil, que entró en vigor el uno de enero de dos mil uno, concretamente los artículos 1o. y transitorio segundo, fracción I, incisos a) y b), actos que se impugnan del Congreso de la Unión y presidente de la República; en virtud de que la certeza de tales actos se corrobora con el proceso y formación legislativa del ordenamiento legal impugnado, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 983, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: ‘LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.’. TERCERO. No son ciertos los actos que se reclaman, del presidente de la República, el consistente en la publicación; del director general de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en México, Distrito Federal, gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua y subgerente de la Administración del Agua, ambos con residencia en esta ciudad, consistentes en la ejecución del decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil, que entró en vigor el uno de enero de dos mil uno, concretamente los artículos 1o. y transitorio segundo, fracción I, incisos a) y b), pues así lo expresaron estas autoridades en su informe justificado y como tal negativa la quejosa no la desvirtuó con prueba en contrario, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. En apoyo de lo anterior se invoca la tesis de jurisprudencia número 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro señala: ‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.’. CUARTO. Procede sobreseer en este juicio de garantías, respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 1o. y transitorio segundo, fracción I, incisos a) y b), del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de dos mil, que impugna del Congreso de la Unión y presidente de la República, en razón de advertirse la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, por ser de orden público, la aleguen o no las partes, de conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la ley invocada y jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’. En efecto, de la demanda de garantías se desprende que la inconstitucionalidad del acto que el quejoso impugna de las mencionadas autoridades responsables, lo combate por un acto concreto de aplicación, no por su sola entrada en vigor. Es decir, que los artículos 1o. y transitorio segundo, fracción I, incisos a) y b) referidos, la quejosa los impugna en su carácter de heteroaplicativos, no como autoaplicativos. Cabe verificar la naturaleza de las normas impugnadas, teniendo como apoyo los criterios visibles, respectivamente, en el tomo de Precedentes del Pleno que no han integrado jurisprudencia 1969-1985, página 607, y en el anexo al Informe anual de mil novecientos noventa y seis, páginas ciento treinta y cinco y ciento treinta y seis, que a continuación se transcriben: ‘LEYES. IMPUGNACIÓN POR SU SOLA EXPEDICIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la sola expedición, promulgación y publicación de una ley, no basta que sea considerada como inconstitucional por la parte quejosa, sino que debe sujetarse tal impugnación a que se trate de leyes autoaplicativas, como lo señala la tesis de jurisprudencia que con el número 72 aparece publicada en la página 178 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1975, y dicho carácter autoaplicativo no queda a criterio del quejoso, sino que el juzgador debe atender al texto mismo de la ley impugnada, para ver si tiene o no el carácter de autoaplicativa.’ y ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.’. A la luz de lo antes precisado, es necesario determinar si las normas combatidas tienen el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas. Tales normas señalan: Ley Federal de Derechos: ‘Artículo 1o. ... Las cuotas de los derechos se actualizarán en los meses de enero y julio con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.’. ‘Transitorios. Artículo segundo. Durante el año de 2001, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones: I. Para los efectos del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, las cuotas de los derechos se incrementarán: a) En los meses de enero y julio de 2001 se incrementarán en los términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos. b) Las cuotas de los derechos a que se refiere el capítulo I, sección primera y el capítulo II, del título I de la Ley Federal de Derechos, se incrementarán a partir del 1o. de enero de 2001, con el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2000 entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 1999. Las cuotas señaladas en este inciso no se incrementarán en los meses de enero, abril, julio y octubre de 2001, conforme a lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción.’. Del texto de estas disposiciones se desprende que para el año dos mil uno, en materia de derechos y para los efectos del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, se incrementarán las cuotas en los meses de enero y julio de dos mil uno, en los términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos; y las cuotas de los derechos a que se refiere el capítulo I, sección primera y el capítulo II del título I de la Ley Federal de Derechos, se incrementarán a partir del primero de enero de dos mil uno, con el factor que resulte entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Tales incrementos, por sí solos, no producen agravio al quejoso, toda vez que no contienen en sí mismos un principio de ejecución que se actualice en el momento en que entraron en vigor, sino que requieren de la realización del acto de autoridad necesario para que la ley adquiera individualización y que sitúe al particular dentro de la hipótesis legal, lo que en el caso se traduciría en que el quejoso solicitara el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que tiene concesionados y cuyas cuotas se incrementaron. Cabe señalar que en tratándose de derechos, debe atenderse a su naturaleza específica ya que, generalmente, la actualización del pago de un derecho requiere de la existencia de una contraprestación por parte del Estado a quienes soliciten el servicio. Para reforzar las ideas anteriores, en cuanto a la naturaleza heteroaplicativa de las disposiciones reclamadas, cabe hacer mención, brevemente, de las particularidades que distinguen a las normas que establecen un derecho y un impuesto, para afectos (sic) de la procedencia del juicio de amparo. Mientras las normas que establecen impuestos pueden tener cualquiera de los dos caracteres, autoaplicativos o heteroaplicativos, los derechos generalmente son de naturaleza heteroaplicativa. En efecto, tratándose de los derechos debe atenderse a su naturaleza específica ya que, por regla general, la actualización de la obligación de su pago requiere de la existencia de una prestación a cargo del Estado, a favor de las personas que soliciten o hagan uso del servicio respectivo. En otras palabras, los derechos se distinguen de los impuestos debido, fundamentalmente, a que los primeros se causan por el beneficio individualizado que reciben los gobernados por los servicios públicos que les presta el Estado, o por el uso o goce de bienes de dominio público de la nación, y los segundos se generan por la realización de las situaciones de hecho o jurídicas previstas en las leyes impositivas que los establezcan. De lo anterior resulta evidente que las normas que establecen la obligación del pago de derechos, son generalmente heteroaplicativas, ya que por su sola entrada en vigor no causan perjuicio ni modifican alguna situación jurídica existente, como acontece con los incrementos de las cuotas en materia de derechos que refieren los artículos 1o. y transitorio segundo, fracción I, incisos a) y b), atacados de inconstitucionales, debido a que necesitan de un acto concreto de aplicación para poder ser impugnadas en el juicio de amparo. Ese acto puede consistir en la solicitud del servicio, en el pago correspondiente e, incluso, por la sola circunstancia de recibir ese servicio, pues desde ese momento ya existe un crédito a favor del Estado y correlativamente la obligación del contribuyente de cubrirlo. Es decir, para estar en posibilidad de controvertir dichas disposiciones es necesario que el particular acredite que los supuestos en ellas contenidas se actualicen, o sea, que ha ingresado en la esfera de sus obligaciones la de cubrir el pago por el uso o goce de los bienes del dominio público o por la prestación otorgada por el Estado, surgiendo en ese momento su oportunidad de ocurrir al juicio constitucional. Entonces, si como se ha dicho, los derechos tienen como base la prestación de un servicio a cargo del Estado, en su carácter de persona de derecho público, o el uso o aprovechamiento de un bien del dominio público, es evidente que el pago de ese derecho únicamente procede cuando se actualiza la prestación o el uso aludidos, en este caso, cuando se demuestra que se ha recibido la prestación del servicio solicitado. Se cita en apoyo de lo anterior, en lo aplicable, la jurisprudencia visible en la página 130, Tomo I, enero a junio de 1988, Primera Parte-1, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos texto y rubro dicen: ‘AGUAS NACIONALES. LOS TRIBUTOS QUE SE CAUSAN POR SU USO O APROVECHAMIENTO, TIENEN EL CARÁCTER DE DERECHOS. Las contribuciones establecidas en los artículos 226 y 227 de la Ley Federal de Derechos por concepto de uso o explotación de aguas nacionales tiene el carácter de derechos, ya que este tipo de contribución no solamente se presenta cuando el Estado preste un servicio al particular a cambio de una contraprestación en dinero, criterio ya superado por la legislación vigente, pues, por una parte, no puede hablarse de equivalencia estricta entre el monto del derecho y el beneficio obtenido, y por la otra, esta clase de contribuciones comprende también aquellos casos en que se usan o aprovechan los bienes del dominio público de la nación (como lo son las aguas referidas), en términos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción III, del Código Fiscal de la Federación.’. En la especie, la quejosa no acreditó haber solicitado de ninguna autoridad la prestación de algún servicio que la ubique dentro de las hipótesis que señalan los artículos 1o. y transitorio segundo, fracción I, incisos a) y b), que impugna de inconstitucionales, que lleve a establecer que tales normas le causan un perjuicio desde el inicio de su vigencia. No es óbice para lo anterior que la ahora quejosa haya exhibido como prueba de su parte la copia certificada del título de concesión número 04PUE105334/I8EPGE98, de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, expedido por el gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua, a favor de Jiménez Espinoza Eloina, para explotar, usar y aprovechar aguas nacionales y permiso para constancia, obras necesarias para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales y para descargar aguas residuales; la declaración de pago en materia de aguas residuales y la declaración de pago en materia de aguas nacionales ante la Comisión Nacional del Agua, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de dos mil, pues con ellos demuestra que tiene concesión para usar y aprovechar aguas nacionales y que presentó sus declaraciones de pago de los derechos de ese servicio, pero con esto no acredita la aplicación mediante el cobro de los incrementos de las cuotas previstas en las normas impugnadas de inconstitucionales. Así las cosas, como los artículos 1o. y transitorio segundo, fracción I, incisos a) y b), del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, que la quejosa impugna de inconstitucionales, por su sola vigencia no le causan perjuicio a la misma, sino que necesita un acto de autoridad posterior que le aplique dicha norma para que se origine el perjuicio; en consecuencia, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en este juicio de garantías, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la ley invocada.".

CUARTO. La quejosa aduce como agravios, los siguientes: "El a quo en su fallo recurrido, considerando cuarto, estimó sobreseer el juicio en cuestión, considerando que: ‘En efecto, de la demanda de garantías se desprende que la inconstitucionalidad del acto que el quejoso impugna de las mencionadas autoridades responsables, lo combate por un acto concreto de aplicación, no por su sola entrada en vigor.’. Dicha apreciación es incorrecta, en virtud de que el a quo no analizó completa ni correctamente la demanda de amparo, de donde se desprende que las reformas impugnadas de inconstitucionales se combaten desde su aprobación y promulgación, habiéndose demandado como responsables al Congreso de la Unión y al presidente de la República. Si bien es cierto que posteriormente se señalaron como responsables al titular de la Comisión del Agua y dependencias secundarias, fue por actos que se consideraron inminentes y derivados de la ejecución de las reformas impugnadas de inconstitucionales. Las reformas impugnadas de inconstitucionales, por su sola aprobación por parte del Congreso y promulgación por el Ejecutivo Federal le causan agravio a la parte quejosa al establecerse incrementos en los derechos por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales a partir del mes de enero del año dos mil uno, teniendo el carácter de autoaplicativas ya que las obligaciones derivadas de dichas reformas nacen con las mismas, independientemente de que no se actualice condición alguna. Por tanto, la tesis de jurisprudencia número setenta y dos a que se refiere el a quo se aplica incorrectamente al quejoso y con un criterio erróneo. Segundo. El a quo en el considerando cuarto de su fallo recurrido, para justificar que la ley que se combate es heteroaplicativa, sostiene: ‘Cabe señalar que en tratándose de derechos debe atenderse a su naturaleza específica, ya que generalmente la actualización del pago de un derecho requiere de la existencia de una contraprestación por parte del Estado a quienes soliciten el servicio.’. Por supuesto que el a quo no conoce la naturaleza jurídica de los derechos que se pagan por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales que son diversos a cualquier otro que establezcan las leyes fiscales de la materia, tal y como lo precisaré a continuación: La quejosa, en primer lugar, tuvo que perforar un pozo en el bien inmueble de su propiedad; instalar los elementos mecánicos necesarios para extraer el agua contenida en el pozo; una vez hecho esto, obtuvo la concesión correspondiente por parte de la Comisión Nacional del Agua, en donde se le estableció el límite del uso de aguas nacionales. Por supuesto que no existe una contraprestación en el Estado ni éste le proporciona a la quejosa el agua necesaria para su uso y aprovechamiento, razón por la cual, la naturaleza de estos derechos es diversa. Tercero. Finalmente el a quo, para justificar nuevamente su sobreseimiento, determinó: ‘En la especie, la quejosa no acreditó haber solicitado de ninguna autoridad la prestación de algún servicio que la ubique dentro de las hipótesis que señalan los artículos 1o. y transitorio segundo, fracción I, incisos a) y b), que impugna de inconstitucionales, que lleve a establecer que tales normas le causan un perjuicio desde el inicio de su vigencia.’. Descarta las documentales públicas que fueron ofrecidas como prueba, sin conocer su verdadera naturaleza jurídica. El título de concesión a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17344-1e21b5c7/tribunales-colegiados-de-circuito-tienen-competencia-para-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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