AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DESAHOGAR LOS PERIODOS DE PRUEBAS Y ALEGATOS.
AMPARO EN REVISIÓN 215/2001. MARCELA MARTÍNEZ ESPINO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Resulta innecesario el estudio de los agravios formulados por la recurrente debido a que en el caso se advierte que al celebrarse la audiencia constitucional, la Juez de Distrito incurrió en una violación a las normas fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo que da motivo a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento.
En efecto, la audiencia constitucional fue celebrada en los términos del acta que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Puebla, Puebla, siendo las diez horas con diez minutos del día once de mayo de dos mil uno, estando en audiencia pública la licenciada María Concepción Alonso Flores, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, actuando con la secretaria que autoriza y da fe, se procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de garantías número 418/2001, sin la asistencia de las partes. La Juez declara abierta la presente audiencia constitucional y procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran: Escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con un escrito de la quejosa Marcela Martínez Espino presentado en esta misma fecha. La Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes justificados de referencia y tómense en consideración al momento de resolver este asunto; asimismo, agréguese el escrito de la quejosa Marcela Martínez Espino y en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, respecto del diferimiento de la presente audiencia constitucional, ya que si bien manifiesta la impetrante de garantías que la autoridad responsable Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, no le ha expedido copia debidamente certificada de la información que le solicitó mediante escrito recibido en dicha dependencia el nueve de mayo del año en que se actúa; lo cierto es que el contenido del mencionado escrito no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 152 de la Ley de Amparo, ya que el mismo refiere que los funcionarios y autoridades tienen obligación de expedir copias o documentos que le soliciten, mas no al caso en que se pida un informe a las autoridades respecto de un acto en particular, ya que para tal efecto, se le solicitan sus informes justificados a las autoridades responsables y corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia del acto reclamado con pruebas que en contrario desvirtúen la negativa de las responsables, mas no así como una confesión provocada, ya que se estaría en presencia de una prueba de posiciones la cual no es admisible en materia de amparo, tal y como lo prevé el artículo 150 del ordenamiento legal invocado; amén de que dicha petición la realizó dos días antes de la audiencia, cuando que del último informe tuvo conocimiento el veintisiete de abril del presente año. No habiendo ofrecido pruebas, ni formulado alegatos, ni pedimento del agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la Juez declaró concluida la presente audiencia y procede a dictar la resolución correspondiente.-Doy fe.".
Ahora bien, el artículo 155, primer párrafo, de la Ley de Amparo establece que: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.".
Así pues, de la lectura de ese numeral se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo consta de tres etapas, a saber, la de pruebas, la de alegatos y la de sentencia y, en el caso, la audiencia constitucional tuvo verificativo sin que se abriera tanto el periodo de pruebas como el de alegatos que exige el numeral en comento, y no obstante dicha omisión, el a quo pronunció el fallo que se revisa, razón por la que se actualiza una violación procesal en términos de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil novecientos cincuenta y ocho del Tomo CXXI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO, VIOLACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA.-Apareciendo del acta relativa que la audiencia constitucional en el amparo, para resolver el fondo del asunto, se llevó a cabo sin que se procediera, en su orden, a recibir las pruebas y alegatos, en la forma establecida por el artículo 155 de la Ley de Amparo, y que, omitiéndose tales exigencias, el Juez de Distrito procedió a dictar el fallo recurrido, existe evidentemente violación del orden procesal establecido por la ley, prevista por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, en los términos de dicho precepto, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de que se subsane la deficiencia señalada."
No pasa inadvertido que la Juez de Distrito declaró abierta la audiencia constitucional sin la comparecencia personal de alguna de las partes, y el secretario certificó que no se habían ofrecido pruebas ni formulado alegatos ni pedimento alguno del agente del Ministerio Público Federal adscrito; sin embargo, ello no exime la apertura de los periodos a que se refiere el artículo 155 de la Ley de Amparo, dado que este precepto no hace distinción alguna de la manera en que se debe celebrar cuando suceden estas hipótesis, sino que es claro en cuanto a que dicha audiencia consta de los periodos de pruebas y alegatos, cuya apertura debe de realizarse asistan o no las partes, exista aspecto pendiente de proveer o el agente del Ministerio Público Federal adscrito formule o no pedimento.
Máxime que, según se ve del escrito inicial de demanda, la parte quejosa acompañó al mismo (fojas 14 y 15 del cuaderno de amparo indirecto) copia certificada de la factura No. 25801 que ampara el vehículo de su propiedad, y un permiso por tiempo indeterminado para circular sin placas, de dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, expedido por el entonces titular de la Dirección de Tránsito en esta entidad.
Finalmente, cabe señalar que aun cuando dichas pruebas no ameritan desahogo especial, es necesaria la apertura del periodo relativo dentro de la audiencia constitucional, conforme a la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página ochenta y dos del tomo 6, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"PRUEBAS DOCUMENTALES. SU NO ‘RELACIÓN Y RECEPCIÓN’ POR EL JUEZ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CONSTITUYE UNA OMISIÓN QUE CAUSA INDEFENSIÓN Y DA BASE A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-Tratándose de las pruebas documentales, si bien es cierto que por su naturaleza éstas se desahogan automáticamente sin necesidad de mayores trámites (a diferencia, p. ej., de la testimonial), no lo es menos que el requisito de su ‘relación y recepción’ en el momento de la audiencia constitucional constituye, para las partes, un índice o síntoma objetivo elemental de que, efectivamente, el juzgador ha tomado en consideración al formular su fallo dichos elementos de prueba, y de que, en todo caso, el sentido de su resolución deberá de ser congruente con las circunstancias de hecho jurídicamente demostradas con tales evidencias; garantías procesales ambas que vienen a consumar la fundamental de audiencia. Por el contrario, el hecho de la omisión por el Juez de tal requisito aparentemente formalista y vacuo (relación y recepción de las pruebas documentales), constituye, desde luego, una deficiencia que puede, válidamente, al menos dar base a la duda o incertidumbre, por parte de los afectados con una resolución judicial adversa, de si efectivamente el Juez tomó o no en consideración en sus razonamientos los elementos de prueba documental por ellos ofrecidos, puesto que dicho juzgador ni siquiera ha citado o enumerado tales elementos, poniéndolos en situación jurídico-procesal de ser analizados por él al emitir el fallo, a través de una ‘relación y recepción’ de los mismos en el momento de la audiencia constitucional. En tales condiciones, resulta evidente que con la deficiencia en cuestión el Juez de Distrito incurre en una omisión que deja sin defensa a la parte oferente de las pruebas documentales correspondientes y da base para ordenar la reposición del procedimiento respectivo, en los términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo."
Asimismo, cobra aplicabilidad la tesis que este órgano jurisdiccional sustentó al resolver en sesiones del veintinueve de marzo, diecinueve de abril y veintiuno de junio de dos mil uno, los amparos en revisión 72/2001, interpuesto por la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, 66/2001, promovido por Guillermina Guerrero Andrade, y 181/2001, interpuesto por el oficial mayor del Congreso del Estado de Puebla y el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, y que es del siguiente contenido:
"-Del artículo 155 de la Ley de Amparo se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo indirecto consta de tres etapas, a saber: 1) La de pruebas; 2) La de alegatos; y 3) La de sentencia. Ahora bien, el desahogo de esas tres etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos que exige el numeral en comento, y no obstante dicha omisión, el a quo pronuncia el fallo respectivo, se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, aun en el supuesto de que no hubiera comparecido de manera personal alguna de las partes ni existan promociones o pedimento del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepción al respecto."
Así las cosas, lo procedente es ordenar a la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla que reponga el procedimiento para que celebre en debida forma la audiencia constitucional, en términos del artículo 155 de la Ley de Amparo.
Por lo expuesto, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se ordena a la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla reponer el procedimiento en el juicio de amparo número 418/2001, promovido por Marcela Martínez Espino, para los efectos precisados en la parte final del último considerando.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, oportunamente archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Manuel Rojas Fonseca, Víctor Antonio Pescador Cano y el secretario en funciones de Magistrado Jorge Arturo Gamboa de la Peña, siendo relator el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7335-bc3b5368/audiencia-constitucional-es-obligacion-del-juez-de-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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