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Modo: Corpus Pro

POSESIÓN. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLA UNA LICENCIA MUNICIPAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 695/2001. · Registro digital (IUS): 17215
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA ESTHER MALDONADO AGUILAR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 1291.

AMPARO EN REVISIÓN 695/2001. MARÍA ESTHER MALDONADO AGUILAR.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios expuestos por la recurrente resultan infundados.

Reviste la característica apuntada aquel en el cual la disconforme arguye, que no se actualizó la causal de improcedencia que invocó el Juez de Distrito, toda vez que éste no valoró correctamente las pruebas aportadas con el fin de justificar que la quejosa, hoy recurrente, tiene la posesión del inmueble que se le pretende desposeer.

Es así, toda vez que del estudio de las constancias que se remitieron a este tribunal para la sustanciación de este recurso, las cuales merecen pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte, en lo que interesa, que la quejosa, aquí recurrente, ostentándose como tercera extraña al juicio de donde deviene el acto reclamado promovió amparo indirecto en el cual señaló como actos reclamados (entre otros) la inminente desposesión de la finca marcada con el número 601 de la calle Puerto Chamela, Sector Libertad, mismo que tiene en posesión desde hace más de diez años, en calidad de inquilina.

Así las cosas, la quejosa, para demostrar su interés jurídico en el juicio constitucional, ofreció como pruebas:

a) Copia certificada de la licencia municipal número 137771, expedida por la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Guadalajara, a nombre de Maldonado Aguilar María Esther; b) Recibos oficiales 067092 y 2368884, el primero de ellos, relativo a la multa derivada del acta de infracción número 2000/88691, y el segundo de los mencionados referente al pago de licencia del año de mil novecientos noventa y nueve, ambos a nombre de la quejosa, con domicilio en Puerto Chamela 601; c) Solicitud de licencia y anuncios, con número de folio 67650, realizada por la disconforme; y, d) Testimonial a cargo de los señores Rubén Martínez Pacheco y Mario Alberto Montes Medina.

Probanzas que valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 198, 202 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2o., son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la agraviada, toda vez que, como acertadamente lo resolvió el Juez de Distrito, con las pruebas documentales referidas, únicamente se justifica que se realizaron diversos pagos por concepto de una licencia municipal y de una multa por infracción; además, que la solicitud de licencia y anuncios fue llenada con datos proporcionados por la interesada y sin que la misma contenga algún sello de autoridad competente; de lo que se colige que dichas probanzas por sí solas son insuficientes para demostrar la posesión que alega tener la quejosa, hoy recurrente, pues éstas no se encuentran vinculadas con ningún otro medio de prueba.

Es aplicable al caso, por las razones que lo integran, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado consultable en la página 256 del Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice:

"-Tuvo razón el Juez Federal al considerar insuficiente para justificar la posesión, la licencia municipal para la explotación de un giro comercial, a nombre del quejoso, en el inmueble que señala en la demanda de garantías, pues aunque a manera de agravios el recurrente se formule las interrogantes que refiere (entre otras, que quién si no el poseedor es el interesado en obtener la clase de documento que se comenta), ello no puede acarrear la consecuencia de la comprobación de la posesión. El documento aludido únicamente puede demostrar, como bien lo dijo el juzgador, el pago de los derechos correspondientes por el otorgamiento de la licencia, pues pudiera suceder, por ejemplo, que alguien (que obviamente es el verdadero poseedor) explote cierto negocio y esté pagando los mencionados derechos a nombre del anterior propietario del giro."

Ahora bien, respecto a la prueba testimonial a cargo de los señores Rubén Martínez Pacheco y Mario Alberto Montes Medina, ésta sí fue correctamente valorada por el Juez Federal, pues de lo manifestado por los atestes, no se puede precisar que la recurrente ostente la posesión material del inmueble que pretende desposeérsele, al existir contradicción en las declaraciones de los testigos, al responder la pregunta marcada con el número tres, que dice: "Diga el testigo si sabe qué persona se encuentra en posesión", a lo cual el primero respondió: "Supongo que María Esther Maldonado Aguilar", el segundo dijo: "La maneja el señor Martín Villalobos y la renta la señora María Esther".

Así las cosas, de dichos testimonios se evidencia que los deponentes no tienen la certeza de que la recurrente posea materialmente el inmueble materia de la litis constitucional, por lo que tal prueba resulta ineficaz para acreditar dicha circunstancia, máxime que no puede reforzarse con las documentales que exhibió, ya que éstas, por sí solas, no son suficientes para justificar la posesión legal mencionada.

Por consiguiente, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme ha establecido que el interés jurídico, en este caso, la posesión que la disconforme alega tener respecto del inmueble materia de la litis, debe probarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, es inconcuso que al no justificarse plenamente en el sumario constitucional, que la quejosa tiene la posesión del inmueble que reclama, no es posible sostener la existencia de un derecho a su favor y, por ende, carece de interés jurídico para promover el juicio de garantías, en razón de que no demostró que los actos reclamados le afecten en su interés legal, lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 73, fracción V, de la ley de la materia.

Por último, tampoco le asiste la razón a la disconforme cuando alega que no era necesario que demostrara la causa generadora de la posesión, en razón de que este requisito sólo se exige en los juicios de conflictos de posesión y no en el juicio constitucional.

Es así, pues de conformidad con el artículo 840 del actual Código Civil del Estado de Jalisco, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, el cual necesariamente debe tener una causa u origen, según se advierte de lo dispuesto por el numeral 841 del cuerpo de leyes antes invocado, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño, pero si el poder de posesión sólo faculta al uso y disfrute del bien, estamos hablando de la posesión derivada que, entre otras, se encuentra el arrendamiento; ahora bien, para acreditar cualquiera de las posesiones, tanto de dueño como la derivada, se requiere justificar una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos, ya sea de la propiedad o aquellos característicos de la posesión derivada como anteriormente se dijo, el uso y disfrute, por lo que resulta inconcuso que con la sola tenencia material de un bien se compruebe la posesión legal y, como en el caso, la hoy recurrente sólo manifestó en su escrito de la demanda de garantías que celebró un contrato verbal de arrendamiento con la señora María Guadalupe Pérez López, desde hace aproximadamente diez años, contrato (causa generadora de la posesión) que no quedó justificado en autos; además, que la tercero perjudicada citada en líneas anteriores, en un escrito que presentó el cinco de abril de la presente anualidad, manifestó que jamás había celebrado contrato alguno con la ahora recurrente; por lo que, de esta manera no se comprobó la posesión en la calidad que dice tener la quejosa, hoy recurrente, provocando que no haya demostrado su interés jurídico, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con el ordinal 4o., ambos de la Ley de Amparo.

Cobra aplicación al caso, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, visible en la página 193 del Tomo VII, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y uno, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"POSESIÓN, CONCEPTO DE. SUSCEPTIBLE DE TUTELA CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-El derecho positivo mexicano se acoge a la teoría objetiva o teoría de Ihering, consistente en que el derecho sustantivo es un interés jurídicamente protegido; de manera que la posesión prevista por los artículos 833 y 834 del Código Civil para el Estado de Jalisco, implica que el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa comprende los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, total o parcialmente, como son disfrutar, usar y disponer. Así, para que tal poder de hecho constituya lo que jurídicamente se conoce como posesión, debe necesariamente tener una causa, un origen, causa posesionis que por su naturaleza jurídica sea capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho, el derecho de ejercer cualquiera de las facultades que implica (dando así origen a la posesión originaria) o cualesquiera de ellas excepto la de enajenar o gravar la cosa (surgiendo así la posesión derivada) posesiones ambas que se encuentran tuteladas por la Carta Magna; contrariamente a lo que sucede con la simple tenencia material u ocupación no legitimada por alguna causa, que jurídicamente sea apta para otorgar al poseedor alguno o todos los derechos que emanan de la posesión, razón por la cual la simple tenencia material u ocupación no están salvaguardadas por la Constitución Federal; por ello, para que el poder de hecho que alguien se arrogue sobre un bien sea susceptible de la tutela constitucional, requiere que se acredite la causa que le dio origen y que ésta, además, se encuentre amparada por la ley."

En esas condiciones, ante lo infundado de los agravios examinados y dado que en la especie no se advierte la existencia de alguna violación manifiesta de la ley que coloque en estado de indefensión a la quejosa, que obligara a suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia impugnada.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo número 144/2001-II, promovido por María Esther Maldonado Aguilar, contra los actos y las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Rodolfo Moreno Ballinas, Gerardo Domínguez y Gustavo Alcaraz Núñez.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17215-17afe902/posesion-es-insuficiente-para-demostrarla-una-licencia-municipal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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