CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.
AMPARO EN REVISIÓN 1216/2001. MARÍA ELENA RUIZ VILLAGRÁN DE MUÑOZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios expuestos son esencialmente fundados.
En efecto, de los autos del juicio de garantías en que se pronunció la resolución recurrida, los que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil, dictada por la Magistrada integrante de la Décima Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, María del Socorro Vega Zepeda, en el toca número 1489/2000, a través de la cual fue confirmado el auto de veinte de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que se tuvo por presentado a Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por conducto de sus apoderados, demandando en la vía especial hipotecaria, entre otros, a la quejosa, las prestaciones indicadas en el escrito ahí proveído y determinándose que se admitía dicha demanda a trámite en la vía y forma propuesta y se ordenaba la expedición, fijación y registro de la cédula hipotecaria correspondiente formándose, asimismo, la sección de ejecución.
Ahora bien, el Juez de Distrito en el fallo recurrido sobreseyó en el juicio al considerar que el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación y, por lo mismo, concluyó que se actualizaba en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.
Contrariamente a la estimación dada por el Juez Federal, este órgano colegiado considera que la expedición y registro de la cédula hipotecaria que se ordena realizar en el auto inicial de un juicio hipotecario y la formación de la sección de ejecución son actos de ejecución irreparable, porque afectan sus posesiones y sus derechos de manera inmediata, lo que aun en el supuesto de que lleguen a obtener sentencia favorable ya no es resarcible y tales providencias decretadas en contra de la parte demandada en el auto admisorio de un juicio hipotecario son actos que afectan directamente sus posesiones, propiedades y derechos, por lo que la determinación de sobreseer en el juicio de garantías transgrede, por falta de aplicación, el artículo 114, fracción IV, y genera la aplicación incorrecta del precepto 73, fracción XVIII, del propio ordenamiento legal.
Ciertamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en su jurisprudencia 24/1992, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.
Conforme a lo anterior, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que sólo afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal, puesto que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable.
En el caso específico, el acto reclamado trata sobre la resolución que en el recurso de apelación confirma el auto que admitió la demanda en un juicio especial hipotecario, lo que, como se ha venido sosteniendo, constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación, en virtud de que al confirmarse el acuerdo de radicación mencionado, no sólo tiene como efecto llamar a la parte demandada para que comparezca al juicio y plantee las defensas que estime pertinentes, sino también ocasiona el que se expida la cédula hipotecaria, con la consiguiente sujeción del inmueble al juicio deducido a través de su fijación; la notificación a las autoridades y al público para que no se practique en la finca ningún embargo, toma de posesión o diligencia precautoria o cualesquier otra que entorpezca el curso del juicio o viole los derechos adquiridos por la parte actora, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, que produce el efecto de secuestro judicial.
De ahí, que es evidente que al fijarse una cédula hipotecaria pierde el propietario la posesión sobre la finca, sea porque haya aceptado la responsabilidad de depositario, en cuyo caso no posee a nombre propio, sino de quien obtenga en el juicio hipotecario, o bien, en el caso de que el demandado no quiera aceptar tal responsabilidad, debe entregar, desde luego, la tenencia material de la finca al actor o al depositario que éste nombre.
Por ende, la resolución de segunda instancia que confirma el auto que admite la demanda en un juicio especial hipotecario y, en esa tesitura, el mandamiento contenido, relativo a la expedición, fijación y registro de la cédula hipotecaria, con las precisadas consecuencias, sí afecta de modo cierto e inmediato derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, que lo son todos los derechos inherentes al bien inmueble del deudor sujeto al juicio, sin que dicha afectación sea susceptible de ser reparada por el hecho de obtener una sentencia favorable, ya que en el supuesto de que se cancelara la cédula hipotecaria y, en su caso, se devolviera la finca al demandado, no podría restituírsele de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el efecto del secuestro judicial, dado que tal afectación en el disfrute de la garantía durante ese tiempo queda irreparablemente consumada.
De esta manera, si el embargo practicado en un juicio afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del propietario del respectivo bien, en tanto le priva de la facultad de disponer plenamente de los derechos embargados, esto es, del derecho de enajenarlos (arrendarlos, venderlos, darlos en comodato, prenda o garantía, etcétera), además de constituirse el depósito, se le impide el uso y disfrute de los bienes secuestrados, durante todo el tiempo que dure ese juicio, lo cual no será susceptible de repararse, puesto que aun cuando el afectado obtenga sentencia favorable y se levante el embargo, no se le restituirá de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo, aplicado analógicamente tal principio al caso de que se ocupa, es inconcuso que la expedición, fijación y registro de la cédula hipotecaria decretadas en el auto admisorio de demanda, trae consigo una afectación de manera irremediable a los derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales, razón por la cual, no es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia correspondiente durante el procedimiento especial hipotecario, para poder combatir la actuación relativa durante el juicio de amparo indirecto.
Es menester dejar establecido que el criterio de que el amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, no se contrapone al sustentado en la presente ejecutoria, ello en virtud de que como se advierte, en la hipótesis concreta, no se trata de cualquier admisión de demanda, sino de una en un juicio especial hipotecario en la que se ordena la expedición, fijación e inscripción de la cédula hipotecaria que, analógicamente, trae consigo la irreparabilidad a la afectación de un derecho sustantivo como lo sería el embargo.
Es aplicable al caso la tesis I.6o.C.221 C, sustentada por este tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1381, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, ADMISIÓN DE, EN UN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS Y CONTRA LA RESOLUCIÓN EN APELACIÓN QUE LA CONFIRMA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.-El acto reclamado que trata sobre la resolución que tiene por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que admite la demanda en un juicio especial hipotecario, constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación contra el cual procede el amparo indirecto, en virtud de que al confirmarse prácticamente el acuerdo de radicación mencionado, no sólo tiene como efecto llamar a la parte demandada para que comparezca a la controversia y plantee las defensas que estime pertinentes, sino que también ocasiona, el que se expida una cédula hipotecaria, con la consiguiente sujeción del inmueble a la contienda deducida, a través de su fijación e, inclusive, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, que produce el efecto de secuestro judicial. De ahí que es evidente que al fijarse dicha cédula hipotecaria, el propietario pierde la posesión de la finca, sea porque acepte la responsabilidad de depositario, en cuyo caso no posee a nombre propio, sino de quien obtenga en el juicio, o bien en el caso de que el demandado no acepte, debe entregar desde luego la tenencia material al actor o al depositario que éste nombre. Por ende, la interlocutoria que resuelve la apelación declarándola improcedente o infundada, en su caso, confirma el auto que admite la demanda en el juicio especial hipotecario y en esa tesitura el mandamiento relativo a la expedición, fijación y registro de la cédula hipotecaria correspondiente, con las precisadas consecuencias, sí afecta de modo cierto e inmediato derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, que lo son todos los derechos inherentes al bien inmueble del deudor sujeto a juicio, sin que la afectación sea susceptible de ser reparada por el hecho de obtener una sentencia favorable, ya que en el supuesto de que se cancelara la cédula y en su caso, se devolviera el bien a la parte reo, no podría restituírsele del daño de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el efecto del secuestro judicial, dado que la privación en el disfrute de la garantía durante ese tiempo, queda irreparablemente consumada.".
Por tanto, al no configurarse la causal de improcedencia alegada por el Juez a quo es procedente realizar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, dada la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, los cuales hizo consistir de manera textual en lo siguiente:
"Único concepto de violación. El segundo considerando y primer resolutivo de la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2000, violan en perjuicio de los quejosos las garantías de audiencia y legalidad consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada la inexacta aplicación e interpretación de los artículos 47, 81 y 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La resolución que constituye el acto reclamado, viola en perjuicio del quejoso los principios de claridad, precisión y congruencia a que se refieren el artículo 81, en relación con el artículo 47, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que la responsable no se percata que el estudio de la personalidad es de oficio, lo hagan o no valer las partes y que constituye un presupuesto procesal indispensable para la admisión de la demanda, por lo que si la misma no se acreditaba o se tenían dudas sobre su acreditamiento, el Juez no tenía por qué haber admitido la demanda.-En este orden de ideas, y tomando en consideración que la personalidad debe estudiarse de oficio y que la misma constituye un presupuesto procesal, es evidente que la consideración de la responsable en lo que toca al aspecto de la personalidad es ilegal y, por ende, violatoria de las garantías a que hago alusión, ya que señala equivocadamente que los argumentos que vierte el apelante en el sentido de que los otorgantes del poder no tienen facultades para delegar el mismo, ello será objeto de estudio en la audiencia previa y de conciliación por parte de la Juez del conocimiento, al hacer la depuración del juicio resolviendo las excepciones de previo y especial pronunciamiento planteadas, como lo determina el artículo 72-A del Código de Procedimientos Civiles, ya que el estudio de falta de personalidad corresponde hacerla a la Juez del conocimiento ... En efecto, la consideración de la responsable viola flagrantemente lo dispuesto por los preceptos que se citan, puesto que está indicando que la personalidad debe estudiarse hasta la audiencia previa, sin tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 47 del ordenamiento procesal, que obliga al juzgador a estudiarla de oficio, la hagan o no valer las partes, ya que aceptar el razonamiento de la responsable, sería como aceptar que aun cuando el actor careciere de personalidad, se percate o no el Juez, debe admitirse su demanda y sólo se estudiará dicha personalidad en el caso de que el demandado oponga la falta de ésta como excepción, puesto que es en la audiencia previa, en donde se realiza el estudio de las excepciones procesales, como lo es la de falta de personalidad.-Como vemos, el razonamiento de la responsable es erróneo y, por ende, ilegal, puesto que la personalidad no sólo debe estudiarse en la audiencia previa, sino que la misma debe analizarse antes de que se admita cualquier libelo inicial, por ser aquélla un presupuesto procesal indispensable para que pueda iniciarse y desenvolverse válidamente un proceso; en consecuencia, suponiendo sin conceder que los actores tuviesen personalidad, el considerando de la responsable no es apegado a derecho y por ese solo hecho deberá revocarse la sentencia que se combate y otorgarse el amparo y protección que se demanda.-Aunado a lo anterior, la responsable trata de fundar su razonamiento en el artículo 72-A del ordenamiento procesal que se cita; sin embargo, el precepto en el que se funda no existe, puesto que el artículo 72 no tiene incisos y el mismo se refiere a los incidentes frívolos e improcedentes, por lo que el considerando a que hacemos alusión, además de incongruente y no apegado a derecho, no se encuentra debidamente fundado, lo que constituye violación directa al artículo 16 constitucional.-En esa virtud y toda vez que la responsable equivocadamente considera que la personalidad sólo puede estudiarse en la audiencia previa y no antes, sin considerar que la misma es un presupuesto procesal necesario para la admisión de una demanda de cualquier tipo, a manera de ilustración para la misma, expongo lo siguiente: La responsable señala en su segundo considerando que lo manifestado por la parte apelante es infundado e inoperante, razón por la cual y de ninguna manera le origina un agravio, al ahora quejoso, de difícil reparación, no son extremos que puedan ser impugnados en vía de agravios en contra del auto que admite la demanda, ya que éstos son materia de la sentencia definitiva, pasando por alto que el Juez natural tiene la obligación, a efecto de estar en posibilidad de obsequiar auto admisorio, de analizar y verificar que se reúnan todos y cada uno de los presupuestos procesales, sin los cuales no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso, esto es, el a quo y el ad quem (al no percatarse de dicha situación) violaron en perjuicio del ahora quejoso los preceptos en cita, toda vez que dictó auto admisorio sin que en el caso concreto se reunieran dichos presupuestos, a saber: A) Una pretensión lícita, la cual no se actualiza en la especie, toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende a simple vista que las prestaciones reclamadas a la suscrita son muy superiores a las que supuestamente tiene derecho la actora, por lo que en todo caso debió prevenirla el a quo a efecto de que aclarara las prestaciones reclamadas de acuerdo con lo sustentado por los documentos que exhibía.-B) Una demanda regular, es decir, que reúna los requisitos legales, la cual es obvio que no los reúne, toda vez que se presentan como documentos base de la misma, documentos que señalan cifras que se alejan totalmente de la realidad y que amparan intereses exorbitantes.-C) Capacidad de las partes y personalidad, aspecto que conforme al artículo 47 del ordenamiento procesal el a quo tenía la obligación de analizarlos de oficio, tanto la personalidad y el documento público que exhibió, sin necesidad de que las partes lo hicieran valer, pero como se desprende de autos, el Juez natural y posteriormente la responsable pasaron por alto todos y cada uno de los defectos que contiene el poder con el que supuestamente se acreditó la personalidad de la promovente del escrito inicial, hechos valer en vía de agravio.-Asimismo, señalo en líneas anteriores que la responsable violó en mi perjuicio los principios de claridad, precisión y congruencia, puesto que supuestamente analiza lo expresado por la suscrita en relación a los defectos de la demanda, a lo exorbitante de las prestaciones, pero no decide sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, esto es, es omisa, con relación a que el poder otorgado a los supuestos representantes de la actora, no fue otorgado en forma mancomunada.-Igualmente, no hace un razonamiento lógico-jurídico en relación a que el poder no contiene la autorización a que se refiere el artículo 4o., fracción XII, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; siendo omisa también en lo que toca a lo manifestado por el quejoso en cuanto a los intereses supuestamente devengados.-De lo anterior se desprende que, suponiendo sin conceder que lo manifestado en vía de agravio fuere inoperante o infundado, la responsable tenía la obligación de haberlos valorado todos y cada uno, haciendo un razonamiento específico respecto de cada uno, señalando las razones por las que considera eran infundados e inoperantes, al no hacerlo así violó en perjuicio del ahora quejoso los principios señalados y los preceptos en cita.-Por tanto, si la responsable omitió analizar los agravios ocasionados al suscrito al momento de dictar auto admisorio, causan perjuicio al quejoso, toda vez que no consideran lo argumentado dentro de los agravios, de los cuales se desprenden razones suficientes para haber declarado procedente y fundado el recurso de apelación interpuesto, ya que la Juez Civil inferior violó la norma civil al momento de admitir la demanda a trámite, sobre lo cual, los Magistrados responsables consintieron y permitieron dicha violación en perjuicio del promovente; en consecuencia, solicito que los agravios expresados en el recurso de apelación hecho valer, se tengan aquí por íntegramente reproducidos como si se insertaren a la letra en obvio de repeticiones innecesarias."
En la resolución que constituye el acto reclamado, la Sala responsable sustancialmente sostuvo que el auto impugnado se encontraba apegado a derecho, en razón de que la actora exhibió con su escrito de demanda el primer testimonio de la escritura pública que contiene el contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, otorgada por los demandados para garantizar las obligaciones asumidas, con lo que se cumplía con los requisitos que exige el artículo 95, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, ya que con él justificaba la vía intentada en términos de lo dispuesto por los artículos 469 y 470 de dicho código; que el auto apelado no le causaba perjuicio, ya que sería en la definitiva en donde se analizará y valorará la procedencia de la acción y no en el auto admisorio porque no se puede prejuzgar sobre la situación planteada; que el análisis de las sumas adeudadas es una cuestión de fondo valorable en la sentencia definitiva; que el Juez sí analiza el testimonio notarial exhibido por los apoderados de la actora y consideró que sí tenían personalidad por lo que admitió la demanda, y en cuanto a si tenían facultades para delegarlo ello sería objeto de estudio en la audiencia previa de conciliación y depuración del procedimiento, como lo determina el artículo 72 del código procesal, dado que tal estudio correspondía al Juez; que para la procedencia de la vía hipotecaria sólo requería la exhibición del documento previsto en el artículo 468 del código procesal en cita, por lo que el certificado contable se valorará en la definitiva, no en el auto de inicio y, finalmente, que si el documento base de la acción estaba o no afectado de nulidad absoluta, eso sería materia de pronunciamiento en la definitiva, así como lo relativo a la obligación de pagar intereses por parte de los obligados solidarios.
Son infundados por una parte e inoperantes por otra, los conceptos de violación expuestos.
Por cuestión de método se analiza, en primer término, la cuestión de carácter formal relativa a la infracción al principio de congruencia el cual resulta infundado.
En efecto, el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal establece: "El Juez examinará de oficio la personalidad de las partes y el interesado podrá corregir cualquier deficiencia al respecto hasta la audiencia a que hace mención el artículo 272-A de esta ley. Contra el auto en que el Juez desconozca la personalidad negándose a dar curso a la demanda procederá el recurso de queja.". Del texto anterior se advierte claramente que el legislador previó la oportunidad para las partes de acreditar su personalidad hasta la audiencia previa y de conciliación, por lo que el examen preliminar que se hizo del documento relativo no prejuzga ni genera situaciones definitivas en relación con la personalidad, ya que será hasta la celebración de la audiencia de referencia, en la que el juzgador estudiará en detalle tal circunstancia, por lo que no existe infracción alguna a la ley procesal.
Es inoperante el relativo a que la responsable omitió pronunciarse en relación con todos los agravios expuestos por la parte recurrente, en virtud de que la quejosa no especifica cuál motivo de agravio omitió analizar la responsable. Sustenta esta conclusión la tesis de este órgano colegiado publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, septiembre de 1992, página 227, con el texto siguiente: "AGRAVIOS. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO, DEBE PRECISARSE CUÁLES NO FUERON ANALIZADOS.-No se puede considerar como concepto de violación la simple aseveración del quejoso en la que afirma que no le fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado.".
En cuanto a la cita del artículo 72 A del código procesal en cita, es indiscutible que se trata de un error mecanográfico por el que se omitió el número "2", siendo lo correcto el artículo "272-A", dicho error es irrelevante, ya que no impide conocer el argumento de la responsable en relación con el momento en que se debe realizar el estudio de la personalidad, esto es, la audiencia previa y de conciliación, como acertadamente lo señala, por lo que dada la irrelevancia de tal error no resulta procedente la concesión del amparo, máxime que en materia civil, que presupone la existencia de un proceso legal, basta con que se den razonamientos que involucren las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa.
Se invocan en apoyo de lo anterior, las tesis consultables en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, septiembre de 1994, página 392: "PRECEPTOS LEGALES. CITA ERRÓNEA EN LA SENTENCIA. CUÁNDO NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO.-La referencia equivocada que la autoridad hace de un precepto legal al pronunciar el fallo correspondiente no da lugar a la concesión del amparo, cuando de los términos en que fue dictada la sentencia se advierte que sólo se trata de un verdadero error por haber señalado un artículo, en lugar de otro específicamente aplicable.", así como la visible en el Tomo XIV, julio de 1994, página 811, de rubro: "SENTENCIA. ERROR AL CITAR LOS ARTÍCULOS EN LA.-Si el Juez se refiere en su sentencia a diversos artículos, de los cuales dos resultaban inaplicables al negocio resuelto, esto no implica que se esté excediendo de la litis propuesta, sino sólo que existió un error en la cita de dichos preceptos, sin que sea esto suficiente para conceder el amparo solicitado, pues esto sólo sería para el único efecto de suprimir tales disposiciones, lo cual, obraría contra la economía procesal.".
Igualmente se invoca la tesis plenaria P. CXVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 143, con el rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.-La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.".
Lo mismo puede afirmarse en cuanto a los restantes presupuestos procesales, ya que precisamente será en la audiencia de depuración del procedimiento en la que el Juez determinará el acreditamiento o no de éstos, en términos de lo dispuesto por el invocado artículo 272-A, el que para mayor claridad se transcribe: "Una vez contestada la demanda, y en su caso, la reconvención el Juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de conciliación dentro de los diez (sic) siguientes, dando vista a la parte que corresponda con las excepciones que se hubieren opuesto en su contra, por el término de tres días. En los juicios de divorcio necesario en que se invoquen como causales únicamente las fracciones XI, XVII o XVIII del artículo 267 del Código Civil, la audiencia previa y de conciliación se fijará dentro de los cinco días siguientes a la contestación de la demanda y, en su caso, de la reconvención.-Si una de las partes no concurre sin causa justificada, el Juez la sancionará con una multa hasta por los montos establecidos en la fracción II del artículo 62 de este código. Si dejaren de concurrir ambas partes sin justificación, el juzgador las sancionará de igual manera. En ambos casos el Juez procederá a examinar las cuestiones relativas a la depuración del juicio.-Si asistieran las dos partes, el Juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y luego se procederá a procurar la conciliación que estará a cargo del conciliador adscrito al juzgado. El conciliador preparará y propondrá a las partes, alternativas de solución al litigio. Si los interesados llegan a un convenio, el Juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.-En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el Juez, que dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, examinará, en su caso, las excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento.".
En tal virtud, el Juez para admitir la demanda sólo estaba obligado a comprobar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que en ella se especificó: la clase de prestación que se exija del demandado y el título, o causa de la acción (artículo 2o.); que se acompañó el documento con que se acredita la personalidad del litigante o el carácter con el que el litigante se presente en juicio, los documentos en que el actor funde su acción; copias simples o fotostáticas, siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7340-7cf34b35/conceptos-de-violacion-son-inoperantes-cuando-en-ellos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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