DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, ES INCONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 1016/2006. MARÍA DEL CARMEN RAZO CARRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en los puntos tercero, fracción II, en relación con el cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó, entre otros, la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa, y si bien tal cuestión subsiste en la revisión, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por existir precedentes aplicables que permiten su solución.
SEGUNDO. Los recursos de revisión se interpusieron en tiempo, como lo determinó el Tribunal Colegiado que previno en el considerando segundo de la resolución respectiva.
TERCERO. La promovente tiene legitimación para interponer el presente recurso de revisión, en su calidad de representante legal de la quejosa, la que fue reconocida por el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en el acuerdo admisorio de la demanda de garantías del diez de febrero del año dos mil cinco (foja 50).
Del mismo modo, el citado juzgador reconoció la legitimación del subprocurador Fiscal de Amparos, por ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público en representación del presidente de la República, como se desprende de la foja 111 del cuaderno de amparo.
CUARTO. Debe quedar firme por falta de impugnación el resolutivo primero de la sentencia recurrida, en donde el juzgador federal sobreseyó en el juicio por no haber sido combatido por la parte a quien perjudica.
Es fundatoria de lo anterior, la tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/91, visible a foja 60, Tomo VII, marzo de 1991, Octava Época, sustentada por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta Segunda Sala comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."
QUINTO. La parte quejosa recurrente, expresó como único agravio:
La resolución que se impugna transgrede los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, porque contrario a lo afirmado por el Juez de Distrito la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación no fue legalmente promulgada, en virtud de que dicha ley es omisa en cuanto a su motivación y fundamentación en su sentido formal.
Ello en atención a que el artículo 16 constitucional es muy claro al referir que todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado para que legalmente pueda causar molestia al gobernado. Al respecto, la jurisprudencia tradicional ha manifestado que la fundamentación de un acto legislativo se satisface cuando el Congreso de la Unión actúa dentro de los límites que la Constitución Federal establece y la motivación cuando las leyes que aquél emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.
El decreto reclamado no precisa ni la motivación ni la fundamentación constitucional que otorga al titular del Ejecutivo Federal las atribuciones que limitan su esfera de competencia, pues debe recordarse que el presidente de la República fue facultado por el Poder Legislativo para gravar las operaciones de comercio exterior por ello, es importante que el gobernado conozca el texto constitucional que lo faculta para el uso de tal atribución.
La ley combatida no es parte de otra norma por lo que debe contener la debida motivación como lo es el hecho de hacia quién va dirigida, pues no son únicamente los habitantes del territorio nacional quienes deben cumplir con esa ley, sino todo aquel que importe o exporte debe pagar los aranceles publicados en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, situación que la hoy recurrente precisó en su escrito de demanda, por ello, con fundamento en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo en vigor se solicita la suplencia de la queja ya que el amparo y protección de la Justicia de la Unión se solicitó por considerar inconstitucional la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
Por su parte, la autoridad recurrente, en síntesis, expresó los siguientes agravios:
Primer agravio:
Violación a lo dispuesto por los artículos 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, por indebida interpretación y análisis de lo dispuesto por el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, toda vez que en el considerando noveno el Juez de Distrito determinó que dicha disposición resulta ser contraria a la garantía de proporcionalidad, consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, contrariamente a lo expresado en la sentencia que se recurre, de la lectura de la fracción I del citado artículo, se desprende que se debe pagar el derecho de trámite aduanero por las operaciones aduaneras, por lo que éste es el objeto del tributo.
Agrega que las consideraciones del Juez de Distrito, con base en las cuales otorgó el amparo, resultan ser erróneas, ya que parte de una indebida interpretación del principio de proporcionalidad que rige en materia de derechos fiscales, pues como lo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación, la proporcionalidad en materia de derechos opera de una manera peculiar, pues si bien le resultan aplicables los principios derivados del artículo 31, fracción IV, constitucional, para cumplir con ellos debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio y darse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, de modo que en la determinación de las normas que establezcan derechos debe tenerse en cuenta esencialmente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio.
Pero que tal correspondencia entre el costo del servicio del Estado y la determinación del derecho, no debe entenderse como en derecho privado de forma que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, lo cual permite concluir que el derecho a cubrir por parte del particular tratándose de un servicio del Estado no es el precio que pudiera pagar respecto de una empresa privada, cuyo precio del servicio se determina con base en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues los derechos que se pagan por los servicios que presta el Estado atienden a diversos elementos, que en su conjunto tiene a su cargo el propio Estado y que tienen por finalidad garantizar la óptima prestación de los mismos; así, la cuota establecida en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, al atender a los principios de proporcionalidad y equidad a una correlación exacta entre el servicio y el monto de la cuota, ya que éste se encuentra determinado en función del valor que tengan los bienes que al efecto esté importando el contribuyente, lo cual será directamente proporcional a las posibilidades económicas y sociales del mismo.
Segundo agravio:
Alega la autoridad recurrente que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, en virtud de que se concede el amparo para los efectos de que "devuelva a la quejosa la cantidad enterada como acto de aplicación del precepto declarado inconstitucional y que en el futuro, en tanto subsista el juicio de inconstitucionalidad del precepto materia de la concesión del amparo, la autoridad respectiva habrá de abstenerse de aplicar cualquier acto de ejecución con apoyo en la legislación e hipótesis que en esta vía se declara inconstitucional, pues lo contrario implicaría la violación de la protección federal concedida al peticionario de garantías", siendo que el trámite aduanero es un mecanismo complejo, en el cual no sólo interviene el Estado en sus funciones de derecho público, sino también particulares, que cuentan con una concesión para prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y otros relacionados con el despacho aduanero.
Pues conforme al artículo 16 de la Ley Aduanera, la cantidad que se refleja en el renglón de DTA (derecho de trámite aduanero) de los pedimentos de importación y exportación, no corresponde exclusivamente al derecho de trámite aduanero, porque un 92% se destina al entero de otro tipo de contraprestaciones, como lo son: los servicios de procesamiento electrónico de datos y/o de servicios de apoyo y control del despacho aduanero, además del correspondiente pago del impuesto al valor agregado. Por tanto, no se puede devolver la cantidad total respecto del pago realizado con motivo del pedimento, ya que sólo el 8% de la cantidad erogada corresponde al derecho que establece el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos y el restante a los servicios establecidos en el citado artículo 16.
SEXTO. Por cuestión de método se examinarán en primer lugar los agravios de la parte quejosa recurrente.
Tales argumentos resultan inoperantes porque en términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, en tal virtud y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la misma ley, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida, por no formar parte de la litis.
Así es, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la quejosa adujo que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación: "Es omisa en cuanto al sujeto, objeto, o la base para calcular el monto de los impuestos, siendo que al no estar establecidos estos elementos en la misma ley, se violenta el principio de legalidad tributaria, de proporcionalidad y equidad, y de seguridad jurídica, previsto (sic) en los numerales 14, 16 y 31 constitucionales. En efecto, la ley de referencia sólo consta de dos artículos, los cuales son omisos a dichos elementos esenciales, sólo hacen referencia a la tarifa aplicable. ..." (texto visible a foja 20 del juicio de amparo).
Para dar contestación a lo anterior, en la sentencia recurrida el Juez de Distrito examinó la ley impugnada bajo los lineamientos del principio de legalidad tributaria, concluyendo que:
"En suma y en lo que toca al apartado que nos ocupa, es evidente que los elementos del tributo impugnado se encuentran previstos en la legislación aplicable, que en el caso es la Ley Aduanera, la cual de manera expresa refiere a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación como el instrumento en el cual se encontrará la tarifa de dicho impuesto, lo que se corrobora de la simple lectura del artículo 1o. de dicha Ley de los Impuestos (sic) de Importación y Exportación ... Lo que denota que dicha tarifa no da pauta a que la autoridad administrativa actúe de manera discrecional o arbitraria, ya que el citado elemento del tributo se encuentra establecido en el marco legal aplicable al caso." (texto visible a fojas 224 y 224 vuelta del juicio de amparo).
En ese orden, cuando la recurrente en sus agravios se limita a mencionar que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación no fue legalmente promulgada, en virtud de que no se precisa en el decreto correspondiente el precepto que otorga facultades al titular del Ejecutivo Federal para gravar las operaciones de comercio exterior, no combate las consideraciones que sustentan en esta parte la sentencia combatida, sino que formula razones distintas a las expuestas en la demanda de garantías constituyendo aspectos novedosos que, evidentemente, no forman parte de la litis en el recurso de revisión.
Del mismo modo, los argumentos en donde la recurrente expone que contrario a lo expuesto por el Juez a quo la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación no forma parte de otra norma, es inoperante porque se trata de una afirmación gratuita sin exponer mayor razonamiento que demuestre la ilegalidad de la sentencia recurrida, sin que se advierta queja deficiente por suplir en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
Sirven de apoyo a todo lo anterior, las tesis que a continuación se citan:
Tesis de jurisprudencia 1a./J. 150/2005, sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 52, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que esta Segunda Sala comparte, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN."
Tesis de jurisprudencia 1a./J. 121/2005, visible en la página 143, Tomo XXII, septiembre de 2005, también sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, Novena Época, publicada en el mismo órgano de difusión oficial, aplicada por analogía en cuanto a la racionalidad que la sustenta, que también este órgano jurisdiccional comparte, de rubro: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD."
Tesis de jurisprudencia 3a./J. 30 13/89, visible a foja 277, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, sustentada por la anterior Tercera Sala de este Máximo Tribunal, cuyo criterio igualmente se comparte por esta Segunda Sala, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS."
Por otra parte, los argumentos que expone la autoridad recurrente en su primer agravio son infundados, los cuales giran en torno a demostrar la constitucionalidad de la fracción I del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos vigente en el año dos mil cinco, con motivo de que el Juez de Distrito aclaró en su sentencia que tal numeral fue el efectivamente impugnado por la quejosa y no el vigente en mil novecientos noventa y uno, sin que tal pronunciamiento hubiera sido combatido por la parte a quien puede afectar.
Dichos argumentos sustancialmente sostiene que la citada disposición normativa es constitucional porque siendo el objeto del tributo las operaciones aduaneras, el costo del servicio que presta el Estado por el derecho de trámite aduanero, debe ser en relación con el valor del objeto o cosa importada y no sujetarse nada más al costo aproximado del servicio prestado.
El citado artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, establece:
"Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, conforme a las siguientes tasas o cuotas:
"I. Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los casos distintos a los señalados en las siguientes fracciones o cuando se trate de mercancías exentas conforme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación o a los Tratados Internacionales."
Al respecto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar el amparo en revisión 665/2006, Baby World, S.A. de C.V., por unanimidad de 4 votos, bajo la ponencia del señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, aplicable al caso por tratarse del precepto ahora reclamado, destacó lo infundado de los anteriores agravios, textualmente así:
"... la disposición normativa en comento impone el pago por concepto de derecho de trámite aduanero, en todas aquellas operaciones que se efectúen utilizando un pedimento o el documento correspondiente en los términos de la Ley Aduanera y, de manera concreta, una cuota del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los casos distintos a los señalados en las fracciones II, III, IV y V, o cuando se trate de mercancías exentas conforme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación o a los Tratados Internacionales.
"Sobre este aspecto, conviene tener en consideración que el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, en sesión correspondiente al quince de noviembre de dos mil cinco, al resolver el amparo en revisión número 968/2005, sostuvo que en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación y del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de forma proporcional y equitativa en que disponga la ley, siendo que el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación define los ingresos tributarios considerados como contribuciones, entre ellos, los derechos; así, para analizar la proporcionalidad y equidad de la disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso.
"Así, una vez analizada la disposición impugnada, concluyó en los términos siguientes:
"‘Como puede advertirse, la norma controvertida impone a los contribuyentes el deber de pagar el derecho de trámite aduanero por aquellas operaciones que se efectúen utilizando un pedimento en términos de lo dispuesto en la Ley Aduanera, de conformidad con la cuota establecida para tal efecto, que es del orden del 8 al millar, sobre el valor que tengan las mercancías de que se trate, para los efectos del impuesto general de importación. Lo anterior evidencia que el legislador estableció el pago de un derecho adoptando como base una cuota que se aplica sobre el valor que tengan los bienes o mercancías objeto del pedimento, pero considerado para los efectos de distinto tributo, como lo es el impuesto general de importación, situación que es contraria a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque para el cálculo del derecho en cuestión no se atiende al tipo de servicio prestado ni su costo, sino a elementos totalmente ajenos a éste, lo que produce que por un mismo servicio -trámite aduanero por medio de pedimento o documento aduanero- los contribuyentes de este derecho paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del valor que tengan las mercancías o bienes que se importen, ya que tratándose de derechos por servicios no puede atenderse a aspectos que reflejan capacidad económica del gobernado, pues su naturaleza jurídica es distinta de los impuestos. ...’
"En tales condiciones, al existir pronunciamiento de este Alto Tribunal sobre la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente en dos mil cinco, porque la mencionada referencia del valor de las mercancías o bienes no es un elemento adicional para establecer el monto de la cuota respectiva, sino en realidad ajeno a ella, al no relacionarse con aspectos cuantitativos del ingreso tributario de mérito, lo que resulta violatorio de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque para su cálculo no se atiende al tipo de servicio prestado ni su costo, sino a elementos totalmente ajenos a éste, como es el valor de los bienes importados objeto del pedimento, lo que ocasiona que el monto de la cuota impuesta no guarde relación directa con el costo del servicio; razonamientos que al ser compartidos por esta Segunda Sala, lo que procede es declarar infundados los argumentos expuestos por la autoridad recurrente y confirmar la sentencia recurrida, sobre este aspecto."
Por otra parte, el segundo agravio señalado por la autoridad responsable también resulta infundado.
En efecto, en él refiere que la sentencia dictada por la Juez del conocimiento es violatoria de los artículos 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, porque conforme al artículo 16 de la Ley Aduanera, la cantidad que se refleja en el renglón de DTA (derecho de trámite aduanero) de los pedimentos de importación y exportación, no corresponde exclusivamente al derecho de trámite aduanero en atención a que un 92% se destina al entero de otro tipo de contraprestaciones, como lo son: servicios de procesamiento electrónico de datos y/o de servicios de apoyo y control del despacho aduanero, además del correspondiente pago del impuesto al valor agregado; por tanto, no se puede devolver la cantidad total respecto del pago realizado con motivo del pedimento, ya que sólo el 8% de la cantidad erogada corresponde al derecho que establece el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos.
Es infundado dicho agravio, pues el Juez de Distrito en cuanto a los efectos de la sentencia de amparo expresamente dispuso que "devuelva a la quejosa la cantidad enterada como acto de aplicación del precepto declarado inconstitucional y que en el futuro, en tanto subsista el juicio de inconstitucionalidad del precepto materia de la concesión del amparo, la autoridad respectiva habrá de abstenerse de aplicar cualquier acto de ejecución con apoyo en la legislación e hipótesis que en esta vía se declara inconstitucional, pues de lo contrario implicaría la violación de la protección federal concedida al peticionario de garantías." (texto visible a foja 246 del juicio de amparo).
En esas condiciones, esta Segunda Sala ya se pronunció al resolver el citado amparo en revisión 665/2006 disponiendo que para tal efecto deben aplicarse los argumentos que sustentó el Tribunal Pleno al resolver el también mencionado amparo en revisión 968/2005, que en la parte conducente, establece lo siguiente:
"Finalmente, procede el estudio del agravio, en donde la autoridad recurrente aduce que el Juez de Distrito no fija correctamente los efectos de la sentencia protectora relativos a la devolución de la cantidad enterada por derechos de trámite aduanero, porque no tiene en cuenta que el concepto ‘DTA’ del pedimento, corresponde al pago de diferentes rubros, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Aduanera y con la regla 1.3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005.-Es infundado dicho agravio, pues el Juez de Distrito a quo expresamente dispuso que: ‘... la protección constitucional otorgada implica que se devuelva la cantidad que la quejosa acreditó pagar en concepto del derecho por el trámite aduanero previsto en el artículo reclamado, respecto del pedimento de importación número 05 30 3866 5000271, del veintiocho de enero del año dos mil cinco, ... (sic)’; es decir, ordenó que le sea devuelta a la quejosa la suma que, por concepto de derechos, haya cubierto con apoyo en la reclamada disposición, mas no las cantidades que fueron pagadas en la aduana, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Aduanera, que prevé: ‘Artículo 16. La secretaría podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero; así como para las demás operaciones que la propia secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa. Los particulares que deseen obtener la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con los siguientes requisitos: I. Tener cinco años de experiencia, prestando los servicios que se vayan a autorizar.-II. Tener un capital social pagado de por lo menos $1'341,406.00.-III. Cumplir con los requisitos de procedimiento que la secretaría establezca en la convocatoria que para estos efectos publique en el Diario Oficial de la Federación.-La propia secretaría podrá autorizar a los particulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías.-La secretaría determinará las cantidades que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presten estos servicios. Este pago, incluyendo el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación, se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos y no podrá ser superior a los mencionados derechos, salvo en el caso de las contraprestaciones que se paguen con motivo del segundo reconocimiento. El acreditamiento a que se refiere este párrafo en ningún caso dará lugar a un saldo a favor acreditable contra otras operaciones, ni a devolución.-Los derechos y las contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior se enterarán conjuntamente ante las oficinas autorizadas. La secretaría determinará mediante reglas el por ciento que del total corresponde a los derechos, a los particulares y el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación.’.-De la disposición transcrita se desprende lo siguiente: 1. El primero y segundo párrafos establecen la potestad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar a todos los particulares de prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios que se relacionan con el trámite de despacho aduanero.-2. En su párrafo tercero se establece que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará las cantidades que deberán cubrir los importadores al recibir los servicios de procesamiento electrónico.-3. El pago que se hace al particular autorizado se integra por las sumas relativas al monto de la contraprestación y al impuesto al valor agregado generado por el referido servicio y trasladado al importador.-4. Los derechos de trámite aduanero deberán enterarse, de forma conjunta, con las anteriores contraprestaciones.-5. Los pagos realizados por los servicios de procesamiento electrónico se acreditarán contra el monto de los derechos de trámite aduanero a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos.-De los anteriores puntos se colige, en primer término, que la contraprestación que se paga con motivo de dichos servicios no es propiamente un derecho, no obstante que se prevea que el pago por el servicio de procesamiento electrónico se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos. Lo anterior, en razón de que la citada contraprestación no posee ninguna de las características propias del derecho previsto en el artículo 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que nuevamente conviene transcribir: ‘Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: ... IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado ...’.-En ese tenor, si bien el monto equivalente al pago por la contraprestación de los servicios de procesamiento electrónico se disminuye del monto total del derecho sobre trámite aduanero que corresponde en términos de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos, en verdad no es propiamente un acreditamiento, ya que el particular está obligado al pago total de la cantidad que corresponda por concepto de derecho, en el entendido de que, de dicho pago total, una parte se entiende destinada al pago por la prestación de servicios, otra parte al impuesto al valor agregado trasladado con motivo de dicha prestación de servicios, y sólo la diferencia será percibida por el fisco por concepto de derechos de trámite aduanero, que son precisamente las cantidades que ordenó devolver el Juez de Distrito, no así el total de sumas que integran el pago por la contraprestación de los servicios de procesamiento electrónico, así como el impuesto al valor agregado causado por esta actividad.-Ello, en virtud de que los ingresos que se reciben por esta actividad y el impuesto al valor agregado correspondiente, se insiste, no son de índole tributario (impuestos, derechos, etc.), ni tampoco no tributario (precios públicos, aprovechamientos), ya que el dinero que se obtiene se destina a un fideicomiso que se distribuye entre los autorizados las gananc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19682-02e84a12/derecho-de-tramite-aduanero-el-articulo-49-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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