ALCOHOL ETÍLICO. ACUERDO PARA EVITAR SU INGESTA Y PREVENIR EL ALCOHOLISMO. EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL QUE LO ESTABLECIÓ COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE SALUD HUMANA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JULIO DE 2004, LO HIZO CON APEGO A SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. ALCOHOL ETÍLICO. EL ACUERDO PARA EVITAR SU INGESTA Y PREVENIR EL ALCOHOLISMO EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JULIO DE 2004, NO INVADE LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 1631/2005. MARÍA DEL CARMEN VIOLETA ROMERO VALENCIA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, del Acuerdo General 5/2001 emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se interpretó la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las facultades del Consejo de Salubridad General, esto es, referente a la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. No son materia de análisis en el presente asunto los agravios vertidos por el secretario de Salud, pues fueron abordados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en el toca 156/2005, donde sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. ...
"En las relatadas condiciones, al no actualizarse la causal de sobreseimiento invocada por la autoridad recurrente, procede por una parte, dejar firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el considerando segundo de la sentencia recurrida, por la otra, sobreseer en el juicio de garantías por lo que se refiere a los actos reclamados al Consejo Nacional de Salud y Consejo Nacional contra las Adicciones, en términos del considerando sexto de esta ejecutoria; y, finalmente, con el fin de evitar sentencias contradictorias, sin hacer pronunciamiento alguno respecto de la parte en que se concedió a la quejosa el amparo solicitado, como ya se adelantó, deben remitirse los autos del toca que nos ocupa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de que resuelva lo que proceda. ..."
Por otro lado, los agravios formulados por el Consejo de Salubridad General, en lo que al tema de interpretación del artículo 73, fracción XVI, constitucional se refiere, fueron los siguientes:
"Segundo. Se manifiesta que la sentencia que se recurre dejó de aplicar debidamente el artículo 77, fracciones I, II y III, en relación a la también debida aplicación del artículo 80 de la Ley de Amparo.
"Efectivamente el a quo sostiene de manera inexacta en el considerando quinto de la resolución combatidas, que de conformidad con el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Consejo de Salubridad General es una comisión de carácter intersecretarial fundamentada en la Constitución, lo cual queda desvirtuado con el contenido del artículo tercero del reglamento interior del consejo recurrente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2001, precepto en el que consta que como parte de los vocales integrantes se encuentran entes no secretariales, como lo son el director general del Instituto Politécnico Nacional, el representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C., el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, A.C., el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros más representantes no intersecretariales, lo cual revela que el a quo omitió llevar a cabo la fijación clara y precisa del acto reclamado, por lo que al no establecerse debidamente la naturaleza jurídica del Consejo de Salubridad General, es evidente que el subsecuente análisis sustentado por el Juez de Distrito de referencia en la sentencia que se recurre resulta infundado.
"En ese sentido en el mencionado considerando, el a quo si bien reconoce que esta recurrente tiene la atribución o facultad de dictar ‘medidas aplicables a las campañas contra el alcoholismo y venta de sustancias que envenenen o degeneren al individuo’, también es verdad que de manera infundada sostiene que al emitir el acto reclamado en el presente juicio, estas responsables no cuentan con facultades constitucionales para la determinación de las medidas en cuestión.
"Lo expuesto por el Juez se desvirtúa de la lectura de los siguientes preceptos legales, mismos que el a quo omite indebidamente analizar, y de los cuales con claridad se desprenden las facultades de esta recurrente para dictar las medidas contenidas en los acuerdos de los meses de julio y octubre ambos de 2004, consistentes en los artículos 73, fracción XVI, base primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción XIX, 4o, fracción II y 17, fracción I, de la Ley General de Salud y 5o., fracciones IV y XV, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, que expresan: (se transcriben).
"Luego entonces, si en los términos de los preceptos transcritos el Consejo de Salubridad General cuenta con facultades suficientes para emitir acuerdos y disposiciones de observancia general contra el alcoholismo y con ese fin, emitió el acuerdo reclamado, por tanto, es claro que contrariamente a lo sostenido por el a quo, esta recurrente cuenta con competencia constitucional suficiente para establecer de manera obligatoria las medidas cuestionadas, por lo que esa H. Superioridad debe revocar el fallo impugnado y, en su lugar, reconocer la constitucionalidad del acto reclamado.
"Tercero. La sentencia que se recurre también resulta violatoria de lo dispuesto en el artículo 77, fracciones I, II y III, en relación a la también debida aplicación del artículo 80 de la Ley de Amparo, lo anterior es así, en virtud de que el a quo sostiene en el considerando quinto lo siguiente:
"‘... Empero, de la lectura del acuerdo que constituye el acto reclamado en este sumario constitucional no se advierte que se implemente ninguna medida que pueda tener como consecuencia directa la finalidad prevista por el Constituyente y que, como se dijo, es la única que justifica y legitima la actuación legislativa del Consejo de Salubridad General. ...’
"El a quo igualmente, continúa manifestándose en la mencionada fuente de agravio, de la siguiente manera:
"‘...Como se anticipó, las disposiciones contenidas en el acuerdo del Consejo de Salubridad General no responden a una política sanitaria encaminada a abatir y prevenir los problemas de salud vinculados con la ingesta de alcohol etílico, ya que no contienen ninguna medida de control de bebidas alcohólicas, en especial del control de venta del alcohol etílico sin desnaturalizar para su consumo como bebida, sino que se concretan a prohibir su venta para su uso exclusivo como material de curación y limitarla para su uso industrial. ...’
"Asimismo el Juez de Distrito de referencia sostiene en el multicitado quinto considerando de su fallo ‘... que las medidas que contiene el acto reclamado no mantiene una relación directa con la finalidad que, por disposición expresa de nuestra Carta Magna debe perseguir, indefectiblemente, las disposiciones del Consejo de Salubridad General, a fin de gozar de dicha obligatoriedad constitucional. ...’
"En ese orden de cosas, el a quo arriba a la inexacta conclusión de ‘... no resulta lógica ni jurídica la prohibición de venta de material de curación y/o medicamentos por considerar que su uso inadecuado o su abuso envenena al hombre, resulta una medida extrema y poco justificable que no corresponde a la voluntad del Constituyente al otorgar facultades legislativas al Consejo de Salubridad General, puesto que únicamente se le permite corregir el abuso en la libertad comercial pero no eliminarla. Considerar lo contrario llevaría al extremo -absurdo- de permitírsele que prohíba la venta de prácticamente cualquier medicamento -incluso a las unidades de atención médica, puesto que abusar de cualquiera de ellos provoca afecciones a la salud, en algunos casos intoxicación y, en otros, adicción; se tendría entonces -siguiendo cada interpretación- que la autoridad sanitaria en comento además podría impedir la venta de gasolina, solventes, cemento y cualquier otra sustancia cuyo incorrecto uso lleve a la adicción o al envenenamiento del hombre. ...’
"De la lectura de las anteriores consideraciones se llega al conocimiento de que el a quo no tuvo una fijación clara y precisa del acto reclamado, lo que le impidió establecer debidamente la constitucionalidad del acto reclamado, además de que el fallo recurrido se advierte considerativamente incongruente.
"En efecto, el Juez de Distrito no obstante invocar como hecho notorio la alta adicción que provoca el uso del alcohol de manera irresponsable, y aun sin que el a quo posea conocimientos técnicos científicos; es decir, el Juez de Distrito carece de la especialidad correspondiente para que unilateralmente pueda determinar que el alcohol es el término utilizado en química orgánica para designar unos compuestos derivados de los alcanos por sustitución de un hidrógeno por un grupo OH. Tiene un estado de oxidación intermedio entre los aldehídos y los ácidos. En particular, el derivado del etano, alcohol etílico o etanol que se obtiene por destilación de productos de fermentación de la uva.
"De igual manera el Juez de Distrito de referencia de manera dogmática, sin fundar en norma legal alguna, sostiene lo ya transcrito; esto es, que las medidas contenidas en el acuerdo reclamado no guardan relación alguna con la política sanitaria, encaminadas a abatir y prevenir los problemas de salud vinculados con la ingesta de alcohol etílico. Criterio éste del a quo, que causa agravio a esta recurrente toda vez que se puede pensar que lo que pretende el Juez de Distrito es que lo constitucionalmente válido sea un acuerdo, que merced que por su propia y sola expedición termine con los problemas de salud vinculados a la ingesta del alcohol, lo cual humanamente no sería posible. En cambio, las autoridades sanitarias como la hoy recurrente deben proceder como se hizo; esto es, proveer a la sociedad de medidas contributivas que de alguna manera dificulten a ciertos sectores de la población, particularmente a los menores de edad el acceso indiscriminado a fuentes de intoxicación altamente adictivas como lo es el alcohol; es decir, en la especie, se significa que el a quo indebidamente coloca al acto reclamado como una medida aislada y única que enfrenta a un problema social de gran magnitud, cuando en realidad la justa dimensión de las medidas contenidas en los acuerdos emitidos por esta responsable, son encaminadas a proteger a la sociedad, pues el Juez de Distrito omite considerar como se asienta en el acuerdo impugnado la exigencia de evidencias que demuestran que una alta población entre 14 y 24 años y de 35 a 55 años consumen alcohol de 96° (noventa y seis grados), que al iniciar este ciclo nuestro país 110 millones de alcohol etílico sin desnaturalizar (sic), de los que sólo se conoce que 40% de dicha cantidad se destinó a empresas legalmente constituidas, por lo que se puede advertir que el Juez de Distrito soslaya que en un solo año en nuestro país, 66 millones de litros de alcohol sin desnaturalizar hayan tenido un destino, que más de las veces contribuyó a la degradación y envenenamiento del individuo.
"Pareciera que fue en vano que el propio a quo invocara, como lo hizo a fojas 9, 10, 11, 12 y 13 del fallo recurrido, la intervención del Constituyente general Dr. José M. Rodríguez del 19 de enero de 1917, cita en lo sustancial que esta responsable también resalta ‘... creemos que la autoridad sanitaria sea la única encargada de hacer esta campaña y dictar las disposiciones que juzgue más convenientes para evitar perjuicios hasta donde sea posible a los grandes capitales que ocupan en la explotación de esta desgracia nacional y para dictar medidas después contra el uso inmoderado o no médico de todas aquellas sustancias nocivas o peligrosas que envenenan al individuo y que degeneran la raza. ...’
"Como consecuencia de lo anterior, el Juez de Distrito en el considerando quinto concluye que el Consejo de Salubridad General no cuenta con facultades constitucionales para emitir el acuerdo que por esta vía se impugna, en el entendido que la emisión del mismo le corresponde a la autoridad sanitaria, lo cual es incorrecto, toda vez que conforme a lo dispuesto en las bases 1a. y 3a. de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de Salubridad General es un órgano subordinado al Poder Ejecutivo Federal, el cual tiene el carácter de autoridad sanitaria y asimismo está facultada para emitir disposiciones generales obligatorias en el país, consecuentemente, esta responsable al haber emitido el ‘Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol etílico’, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de julio de 2004, lo hizo con las facultades conferidas constitucionalmente para emitir disposiciones generales en materia de salubridad, al tener conferido el carácter de autoridad sanitaria, lo anterior se confirma con la siguiente tesis aplicada por analogía de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, en la tesis 2a. CXXVIII/2001, visible en la página 227, cuyo rubro es: ‘DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO.’ (se transcribe).
"Por último, no debe pasar inadvertido que el acuerdo impugnado está encaminado a prevenir los graves daños a la salud que genera el consumo de alcohol etílico sin desnaturalizar y desnaturalizado, productos que aun cuando no toda la población, sino sólo un porcentaje de ella lo ingiera, no implica que la autoridad competente en salubridad general deba de abstenerse de dictar medidas como por la que por esta vía se estudia, misma que como ya se mencionó fue debidamente emitida por esta responsable como autoridad sanitaria competente para emitir disposiciones en materia de salubridad, por lo que no se transgreden de manera alguna las garantías de legalidad para tenerlo por inconstitucional, por lo que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de garantías. ..."
Una vez analizados los agravios antes reseñados, se desprende que el recurrente alega en síntesis lo siguiente:
a) Que el Juez del conocimiento actuó en forma ilegal al considerar que el Consejo de Salubridad General es una comisión intersecretarial.
b) Que el Consejo de Salubridad General, contrario a lo que sostuvo el Juez de Distrito, sí se encontraba facultado para emitir el acuerdo impugnado, pues dentro de sus atribuciones se encuentra la de establecer medidas aplicables a las campañas contra el alcoholismo.
c) Que la consideración del Juez del conocimiento, en el sentido de que el acuerdo impugnado no guarda relación alguna con la política sanitaria encaminada a abatir y prevenir los problemas de salud vinculados con el alcoholismo, no se encuentra debidamente motivada; lo anterior, si se toma en consideración que el citado acuerdo tuvo por objeto proveer a la sociedad de medidas que dificultaran el acceso indiscriminado a fuentes de intoxicación altamente adictivas como el alcohol.
TERCERO. Previo al análisis de los agravios esgrimidos por la recurrente, es necesario precisar que esta Segunda Sala, haciendo uso de la facultad de atracción, los abordará en su integridad aun cuando no se refieran exclusivamente a la interpretación directa del artículo 73, fracción XVI, constitucional; lo anterior, con el propósito de cumplir con la garantía de celeridad en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXXIX/90, sustentada por la entonces Tercera Sala, visible en la página 158, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"ATRACCIÓN. DEBE EJERCERSE ESA FACULTAD CUANDO DE MODO EVIDENTE SE ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE AFECTARÁ LA GARANTÍA DE CELERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN. Cuando de modo evidente se advierta que de remitirse el asunto al órgano originalmente competente, se atentará a la garantía de celeridad en la administración de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, resulta procedente que la Sala de la Suprema Corte correspondiente ejerza la facultad de atracción de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII de la Constitución y 26, fracciones I, inciso b), y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal."
En la primera parte de sus agravios, el Consejo de Salubridad General sostiene que el Juez de Distrito actuó ilegalmente al considerar que dicha autoridad es una comisión intersecretarial.
El agravio en comento es fundado, toda vez que en términos de los artículos 1o. y 3o. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, dicha autoridad tiene el carácter de autoridad sanitaria con funciones normativas y consultivas, la cual se encuentra integrada por un presidente, que será el secretario de Salud, un secretario, que será designado por el presidente de la República y los siguientes vocales: los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; los directores generales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional; los presidentes de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía; un representante con nivel de subsecretario de las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; un representante de la Secretaría de Educación Pública, que será el director general del Instituto Politécnico Nacional; un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Asociación Civil y el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, Asociación Civil.
En este sentido, tomando en consideración que la autoridad en comento no se integra exclusivamente con representantes de diversas secretarías de Estado, sino que también participan miembros de la academia, así como diversas asociaciones civiles, se arriba a la conclusión de que, como efectivamente lo sostiene el recurrente, no se está ante la presencia de una comisión intersecretarial como la define el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala:
"Artículo 21. El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado o departamentos administrativos.
"Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.
"Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente de la República."
En diverso agravio, la recurrente sostiene que contrario a lo argumentado por el Juez de Distrito, sí se encontraba facultada para emitir el "Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol etílico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de julio de dos mil cuatro.
De igual forma, alega que la consideración del Juez del conocimiento, en el sentido de que el acuerdo impugnado no guarda relación alguna con la política sanitaria encaminada a abatir y prevenir los problemas de salud vinculados con el alcoholismo, no se encuentra debidamente motivada; lo anterior, si se toma en consideración que el citado acuerdo tuvo por objeto proveer a la sociedad de medidas que dificultaran el acceso indiscriminado a fuentes de intoxicación altamente adictivas como el alcohol.
El estudio de los agravios antes referidos, dada la estrecha vinculación que guardan, se realizará en forma conjunta, para lo cual resulta necesario referirse en primer término al artículo 73, fracción XVI, constitucional, que dispone:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.
"1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
"2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.
"3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.
"4a. Las medidas que el consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan."
Del análisis del precepto que antecede, se advierte que el Consejo de Salubridad General puede establecer disposiciones generales de observancia obligatoria en todo el país; por otro lado, dentro de las medidas que puede tomar, se encuentran las relacionadas con la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que degeneran la especie humana, así como aquellas que se adopten para prevenir y combatir la contaminación ambiental.
Así, es conveniente precisar que esta Segunda Sala ha sustentado el criterio de que no sólo al Congreso de la Unión le compete emitir actos materialmente legislativos, pues el orden constitucional ha dispuesto que las autoridades formalmente administrativas, en determinados casos, también pueden emitir actos materialmente legislativos.
De este modo, si conforme al artículo 73, fracción XVI, constitucional, corresponde al Consejo de Salubridad General emitir disposiciones generales de observancia obligatoria en el país, relacionadas, entre otras, con la campaña para combatir el alcoholismo, resulta claro que al expedir dichas normas, no vulnera el ámbito competencial del Congreso de la Unión, pues es precisamente el orden constitucional el que otorga la facultad en comento.
En este sentido se pronunció esta Segunda Sala en la tesis 2a. CXXVIII/2001, visible en la página 227, Tomo XIV, agosto de 2001, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. De la interpretación sistemática del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, se advierte que el principio de división de poderes previsto en su artículo 49, párrafo primero, no se estableció atendiendo a un criterio material, precisando en forma abstracta que el Supremo Poder se divide, para su ejercicio, en tres funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, sino que a la vez que se consagró ese principio, al fijar las atribuciones de los tres poderes, se les confirieron, indistintamente, atribuciones que materialmente corresponden a un diverso poder, reservándose a los Poderes Legislativo y Judicial la potestad para emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y judiciales de mayor jerarquía en el orden jurídico nacional, circunstancia que se explica por el hecho de que históricamente se había buscado fortalecer a estos dos poderes con el fin de establecer un equilibrio entre ellos y el presidente de la República, jefe de Estado y de gobierno en nuestro sistema constitucional. En esos términos, el Constituyente otorgó al Poder Legislativo la potestad para emitir los actos materialmente legislativos de mayor jerarquía, por un lado, respecto de la legislación interna emitida por éste, se reconoció su especial jerarquía al incorporarse en el inciso f) del artículo 72 de la Ley Fundamental, el principio de autoridad formal de las leyes y, por otro, en relación con los tratados internacionales celebrados por el titular del Ejecutivo Federal, su validez en el orden jurídico nacional se condicionó a su ratificación por parte del Senado de la República. Además, tratándose del Poder Judicial, en los artículos 105 y 107 se confirió al órgano de mayor jerarquía dentro del mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la atribución para emitir las resoluciones judiciales de mayor rango en el orden jurídico nacional. Por otra parte, en la propia Constitución se establecieron excepciones al principio general consistente en que a cada uno de esos dos poderes les correspondería emitir los actos propios de su función, de mayor jerarquía; así, en el caso de la facultad para emitir actos formalmente legislativos, como única excepción se determinó que el presidente de la República podría expedirlos en los casos previstos por el artículo 29 constitucional, en tanto que tratándose de la función judicial, en el diverso 111 se dispuso que tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, correspondería emitir resoluciones materialmente jurisdiccionales inatacables, tratándose de declaraciones en las que se determinara privar de su puesto o inhabilitar a un alto funcionario de la Federación por la comisión de un delito oficial. En complemento a ese sistema, en virtud de que no fue intención del Constituyente reservar a cada uno de los tres poderes la emisión de actos propios de sus respectivas funciones, en aras de permitir el funcionamiento de los propios órganos y a la vez lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantizara la unidad política del Estado en beneficio del pueblo mexicano, se estableció un mecanismo de colaboración basado en dos medios: por un lado, se exigió la participación de dos de los poderes para la validez de un acto y, por otro, se otorgó a los poderes facultades para emitir actos que materialmente no les corresponden, pero que no por ello tendrían el mismo rango que los actos formalmente legislativos o judiciales; por lo que ve al primero de esos medios destaca que conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción XXX, de la Norma Fundamental, la Cámara de Diputados debía examinar la cuenta que anualmente le presentara el Ejecutivo, en cuanto al segundo, en los diversos 89, fracción I, y 73, fracción XVI, base 1a., al presidente de la República se le dotaba en la propia Constitución de la facultad para emitir reglamentos y al Consejo General de Salubridad, subordinado al titular del Ejecutivo, para emitir disposiciones generales en materia de salubridad, atribuciones materialmente legislativas que no constituyen una excepción a la prohibición contenida en el párrafo segundo del artículo 49 en cita, dado que en ambos casos se trata del otorgamiento en la propia sede constitucional de la facultad para expedir disposiciones generales sujetas al principio de supremacía de la ley; en tanto que, tratándose de la facultad materialmente jurisdiccional, en el artículo 123, fracción XX, se dotó de facultades de esta naturaleza a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuyas determinaciones podrían sujetarse por los gobernados al tamiz del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, debe estimarse que el Constituyente de 1917 al establecer el principio de división de poderes buscó dividir el ejercicio del poder entre diversos órganos o entes que constitucionalmente se encuentran a un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco y, además, atribuir a los respectivos poderes, especialmente al Legislativo y al Judicial, la potestad necesaria para emitir los actos que materialmente les corresponden, de mayor jerarquía, por lo que si al realizarse la división de poderes el Constituyente en ninguna disposición reservó al Poder Legislativo la emisión de la totalidad de los actos materialmente legislativos, al Ejecutivo los actos materialmente administrativos, o al Judicial, los materialmente jurisdiccionales, no existe sustento alguno para sostener que se transgrede el principio en comento por el hecho de que en un acto formalmente legislativo se confiera a una autoridad administrativa o judicial, la facultad de emitir disposiciones de observancia general, pues ello no implica, ni transitoriamente, que las facultades reservadas constitucionalmente al Poder Legislativo se depositen en un individuo o que se reúnan dos o más de los poderes en una sola persona o corporación."
A mayor abundamiento, la facultad del Consejo de Salubridad General para expedir normas generales de observancia obligatoria, relacionadas con la campaña para combatir el alcoholismo, deriva de lo dispuesto en los artículos 3o., fracción XXI, 4o., fracción II, 15, 16, 17, fracción I, 185 y 186 de la Ley General de Salud, que disponen:
"Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19673-b898fead/alcohol-etilico-acuerdo-para-evitar-su-ingesta-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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