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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA CONCEDERLA DEBE EFECTUARSE LA PONDERACIÓN ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL ORDEN PÚBLICO Y LOS INTERESES SOCIAL E INDIVIDUAL EN FORMA CONCRETA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 146/2006. · Registro digital (IUS): 19766
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 1544.

AMPARO EN REVISIÓN 146/2006. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son fundados los agravios que en el caso se expresan.

En efecto, en principio es de destacarse que el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta.

Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia del buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión, manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.

Así cobra aplicación la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, abril de 1996

"Tesis: P./J. 15/96

"Página: 16

"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión."

En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, pueden analizarse esos elementos en presencia de una suspensión de patente aduanal como la aquí reclamada.

Así tenemos que el resolutor federal para negar la suspensión definitiva partió del hecho toral de que la responsable no se basó en una determinación que fuera declarada nula, sino en un pedimento de importación y el acta de embargo precautorio de reconocimiento que no han sido declaradas nulas, criterio que este órgano colegiado no comparte pues, si bien es cierto que en el procedimiento de cancelación de patente no se toma en cuenta la resolución del procedimiento administrativo en materia aduanera para determinar la lesión al interés fiscal, esto es, no se basa en el oficio 326-SAT-A37-II-A-2-007188 de trece de junio de dos mil tres que quedó sin efectos al través del recurso de revocación interpuesto por el recurrente ante la autoridad responsable, también lo es que basta la lectura al oficio de fecha doce de diciembre del año dos mil cinco, del Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Aduanas, que contiene la suspensión provisional al agente aduanal (fojas 86 a 98 del incidente relativo), para advertir que se sustentó en el pedimento número 3235-1002104, clave A1, de fecha de pago treinta de mayo del año dos mil uno, y en el acta de embargo e inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera derivado del reconocimiento aduanero de mercancía número ARA430010068 de fecha seis de junio del año dos mil uno, que contrario a lo sostenido por el a quo sí fueron declaradas nulas, habida cuenta de que con éstos se inició el procedimiento aduanero, esto es, el acta circunstanciada de los hechos u omisiones que implican la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, que fue sustento para determinar la situación fiscal en materia de comercio exterior del recurrente, originando el crédito fiscal contenido en el oficio 326-SAT-A37-II-A-2-007188 de fecha trece de junio del año dos mil tres, por la cantidad de veintidós millones cincuenta y ocho mil setecientos veinte pesos con noventa y ocho centavos, y en el que se indica en lo que interesa:

"Resultandos. Primero. Que tal y como consta en el acta de embargo precautorio e inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera derivado del reconocimiento aduanero de mercancías número ARA430010068, de fecha 06 de junio de 2001, signada por el Lic. Francisco Serrano Aramoni, administrador de Aduanas de Veracruz ..."

Y si en contra de dicho crédito fiscal, que como se vio tuvo como sustento el acta de embargo precautorio e inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera derivado del reconocimiento aduanero de mercancías número ARA430010068, de fecha 6 de junio de 2001, misma que sirvió de base para el procedimiento de cancelación de patente, se interpuso recurso de revocación ante la propia autoridad, el que fue resuelto mediante oficio 325-SAT-30-I-I-3855 de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil tres en el sentido de:

"En este sentido, al ser que el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera número ARA430010068, misma que se ofrece y exhibe como prueba en la presente instancia, y a la cual se le otorga pleno valor probatorio con fundamento en el artículo 130, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por contener hechos legalmente afirmados por autoridad en documento público, la cual constituye el origen de la resolución en controversia, se levantó por el personal actuante de la Aduana de Veracruz el día 6 de junio de 2001, tal como se observa en la primera y penúltima foja de la misma, el término de los cuatro meses a que se refiere el artículo 153, tercer párrafo, de la ley en cita empezó a computarse precisamente a partir del 6 de junio del mismo año, feneciendo entonces el 6 de octubre de 2001. Bajo esta tesitura, al ser que la resolución con número de oficio 326-Servicio de Administración Tributaria-A37-II-A-2-007188 mediante la cual se resolvió el procedimiento administrativo en materia aduanera contenido en el acta en estudio, fue emitida por la Aduana de Veracruz el 13 de junio de 2003, como se observa en el cuerpo de la misma, la cual es exhibida como prueba en la instancia en que se actúa, y a la que se le otorga pleno valor probatorio con fundamento en el artículo 130, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es claro que en la resolución de mérito se incumplió con lo dispuesto en el artículo 153, tercer párrafo, de la Ley Aduanera vigente en el 2001, en virtud de que como se ha motivado en párrafos anteriores, el plazo que tenía la Aduana de Veracruz para dictar la resolución en la especie feneció el 6 de octubre de 2001, por lo que la emisión de la resolución que al efecto se controvierte resulta por demás extemporánea."

La que al ser cumplimentada como se advierte a fojas de la ochenta y dos a la ochenta y cinco del incidente de mérito, en la que se determinó: "que procedía la devolución y entrega de la mercancía embargada precautoriamente, misma que consiste en ..."

Todo lo cual pone de relieve que tanto el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera derivado del reconocimiento aduanero de mercancías de fecha seis de junio del año dos mil uno, como el embargo precautorio quedaron sin efectos mediante la resolución al recurso de revocación interpuesto por el recurrente, lo cual es acorde con el principio de seguridad y certeza jurídica que protegen las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, si se toma en cuenta que el procedimiento aduanero tiene una serie de etapas administrativas que van desde el acta de inicio de facultades regladas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la materia, hasta la decisión que debe poner fin a esas facultades para determinar la situación relacionada con el particular a quien se le sigue la investigación; de ahí que deba entenderse que el procedimiento que culminó con un crédito fiscal, fue revocado en su integridad en atención a la certeza jurídica que lo dejó insubsistente, incluyendo las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera, tan es así, que la propia responsable devolvió la mercancía embargada con motivo de dicho procedimiento.

Bajo ese contexto, y si como se vio al principio de esta ejecutoria, la responsable tomó en consideración para el procedimiento de cancelación de patente aduanal, el acta de embargo precautorio como el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera derivado del reconocimiento aduanero de mercancías número ARA430010068 de seis de junio del año dos mil uno, mismos que quedaron sin efecto por los motivos ya expuestos, permite establecer la apariencia del buen derecho anunciada al inicio de este estudio.

Por otra parte, el elemento "peligro en la demora" se encuentra también actualizado porque es evidente que de ejecutarse la reclamada suspensión de la cancelación de patente, el agente aduanal dejaría de prestar ese tipo de servicios con la consecuente merma en sus ingresos, aunado al factor de que su imagen y prestigio se verían desacreditados, lo que evidentemente le acarrearía daños y perjuicios de difícil reparación que no podrían ser resarcidos ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo; es posible, pues, la frustración de los derechos del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.

Ahora bien, toda vez que la constatación de la apariencia del buen derecho no exime de la observación de los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, referentes a que con el otorgamiento de la suspensión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, se pasan a analizar dichos presupuestos, pero ya no con una perspectiva abstracta del conflicto entre el interés individual contra el orden público e interés social, sino que ahora se partirá de una visión concreta del interés individual en contra del orden público y del interés social.

En efecto, hasta antes de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara en contradicción de tesis que para resolver sobre la suspensión es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, la jurisprudencia tradicional negaba esa posibilidad rotundamente, como se aprecia de la tesis cuyos datos de identificación son:

"Quinta Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Apéndice de 1995

"Tomo: VI, Parte HO

"Tesis: 1184

"Página: 806

"SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo."

Lo que traía como consecuencia que el acto reclamado para efectos de la suspensión se viera de una forma avalorada, lo que provocaba que cuando se hacía la confrontación del interés particular del quejoso contra el interés social y el orden público del acto de autoridad, su análisis se hacía en abstracto, como podía ser el caso de la suspensión en contra de órdenes militares, en que si se estudia de una forma abstracta, debe negarse la suspensión, de conformidad con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues impediría el cumplimiento de órdenes militares, no importando que la orden rebasara los límites de su competencia, pues eso no podía ser materia de la suspensión ya que atañería al fondo del asunto que es propio de la sentencia, como se desprende de la litis en comento; sin embargo, cuando la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en la suspensión es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, la concepción de este último dejó de ser avalorada para transformarse en valorada, lo que ocasiona que ahora la confrontación del interés individual contra el orden público y el interés social se aprecie de una forma concreta; así, el acto ya no se verá en abstracto, sino que podrá determinarse su probable inconstitucionalidad y de ese modo se tendrá que ponderar ahora la confrontación de los intereses individual y social, y si se advierte del análisis de la apariencia del buen derecho que el acto de autoridad reclamado rebasa los límites de su competencia, es factible otorgar la suspensión, como se desprende de la jurisprudencia cuyos datos son:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, octubre de 1995

"Tesis: 2a./J. 56/95

"Página: 240

"ÓRDENES MILITARES PARA DETERMINAR SI LA SUSPENSIÓN ES PROCEDENTE DEBE ATENDERSE A SU CONTENIDO. La fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, medularmente dispone que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público, y se considera que sucede así cuando de concederse la suspensión se permita el incumplimiento de órdenes militares, dirigidas a satisfacer atribuciones primordiales, tales como la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, y la soberanía nacional, la seguridad interior del país y el auxilio a la población civil en casos de necesidad pública, entre otros supuestos trascendentes, en los cuales se ha considerado que resulta un perjuicio para el interés social. Ello es así porque en la exposición de motivos se aprecia que la razón que dio lugar a la reforma legal que incluye las órdenes militares entre los actos cuya suspensión se considera perjudicial para el interés social o contraria a disposiciones de orden público, consiste fundamentalmente en que todo militar debe quedar ineludiblemente obligado a cumplir las órdenes que sus superiores le dirijan, cuando estén vinculadas con el desempeño de las misiones y servicios propios de las fuerzas armadas de México, deduciéndose que la negativa de que se conceda la suspensión contra órdenes militares, se encuentra vinculada con aquellas órdenes cuyo cumplimiento y ejecución estén encomendados al mismo destinatario de la orden, lo que denota que un militar no debe ser beneficiado con la suspensión contra órdenes militares que el mismo deba cumplir, situación que difiere ostensiblemente del caso en que el militar quejoso no es el mismo sujeto obligado a acatar la orden de que se trate, sino quien resultará perjudicado con la ejecución que de esa orden lleve a cabo su destinatario. En cambio cuando las órdenes militares no estén vinculadas directamente con los fines que persiguen los institutos armados, o rebasen los límites de su competencia y sus actos o ejecución incidan en la esfera jurídica de individuos particulares o bienes no sujetos a ese régimen castrense, el otorgamiento de la suspensión es factible si se satisfacen los requisitos legales, es decir, se debe atender al caso específico, lo que significa que no basta que se trate de una orden militar para que por ese simple hecho la suspensión sea negada en todos los casos."

En el caso concreto, de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, por un lado y, por otro, el orden público y el interés social descritos, y si de alguna forma se está considerando que los actos que dieron lugar al inicio del procedimiento de suspensión de patente fueron declarados nulos, entonces ya no estaríamos ante un caso en que se afecte el interés social, por ende, se llega al convencimiento de que en el caso, dadas las grandes posibilidades de éxito de la demanda de amparo, porque como se destacó, no se advierte que el acto reclamado esté dotado de una causa, en apariencia, eficiente, es factible otorgar la suspensión anticipando los posibles resultados que pudieran conseguirse con la resolución de fondo que se dicte, pues se tiene la convicción de que existe una razonable probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad y, además, existe peligro en la demora de su concesión; se trata, pues, de un mero adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si los actos impugnados son o no constitucionales, sin perjuicio de que si en el fondo se declaran infundadas las pretensiones del actor porque la apariencia del buen derecho fuera equivocada, tales actos puedan reanudarse, máxime que en el caso es más grave el perjuicio que pueda causarse al interés individual del quejoso, que al interés social, ya que el agente aduanal se encuentra sometido a un régimen que garantiza satisfactoriamente las responsabilidades en que pudiera incurrir, porque en la Ley Aduanera existen disposiciones que respaldan lo anterior, como el artículo 143, que refiere al fondo de garantía para que él pueda prestar los servicios de agente aduanal; el artículo 143-B, que se refiere a que dicho agente debe proporcionar la información estadística que se requiere; el artículo 144, del que se desprende que el agente aduanal sólo puede actuar en la aduana que le expide la patente; y el artículo 145, que señala las obligaciones.

En conclusión, en el caso a estudio el análisis concreto del interés individual contra el interés social y orden público deberán ponderarse los siguientes puntos:

a) La determinación de la apariencia del buen derecho a la que se arribó en diversos precedentes.

b) Que al agente aduanal quejoso se le puedan causar daños de imposible reparación.

c) Que en el caso concreto no hay perjuicio económico para el fisco pues no hay crédito fiscal determinado, ya que el que da origen al inicio del procedimiento de cancelación de patente, fue declarado nulo.

d) Los agentes aduanales para desempeñar su función, deben garantizar por la responsabilidad en que pudieran incurrir en el desempeño de sus funciones.

e) Que el que se conceda la suspensión del acto reclamado y no surta efectos la suspensión de la patente aduanal del quejoso, no paraliza el sistema de recaudación aduanera tributaria.

Establecido lo anterior, ante la apariencia del buen derecho que se determinó en el caso concreto, encontramos una posición fuerte del interés individual contra una posición débil del orden público, con lo cual con la suspensión no se contravienen disposiciones de orden público, además el interés particular del agente aduanal se vería gravemente afectado, pues el perjuicio que se le ocasionaría por no permitírsele continuar con su actividad es manifiesto, mientras que el perjuicio que se pudiera ocasionar a la colectividad son menores ya que por un lado, los agentes aduanales por ley, para el desarrollo de su actividad constituyen una garantía, pero además, en el caso concreto con la concesión de la suspensión no se afecta al sistema recaudatorio aduanero nacional, ni se permitiría que se introdujesen al país bienes o cosas ilícitas y, en el caso particular, no hay ningún perjuicio económico para el Estado, ya que no hay crédito fiscal que interrumpa su cobro, pues el que da origen al procedimiento de cancelación de la patente fue declarado nulo.

En esa medida, debe revocarse la interlocutoria recurrida y, en su lugar, conceder la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute la suspensión de la patente del quejoso, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de garantías del que se deriva este incidente; suspensión definitiva concedida que surte efectos sin que haya necesidad de solicitar caución, toda vez que no se trata del cobro de un crédito fiscal, pues, como se dejó precisado líneas precedentes, el que se había determinado quedó sin efectos con motivo del recurso de revocación que interpuso el revisionista.

Es así como se concluye que para resolver sobre la suspensión definitiva en el presente asunto, no es suficiente con atender únicamente a la existencia de la jurisprudencia de rubro: "AGENTES ADUANALES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EL ACTO EN QUE ACUERDE SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES."; dado que, por un lado, su contenido -así como el de la ejecutoria de la que emergió- permite advertir que versa sobre la suspensión provisional, es decir, un tema cuyas peculiaridades, de acuerdo al momento en que debe proveerse y los elementos que se tienen para ese efecto, la tornan diametralmente distinta a la suspensión definitiva de que se trata y, por otro, porque como se ha venido señalando, para negar la suspensión definitiva no basta con que el acto reclamado aparezca revestido de orden público e interés social, sino que es preciso también atender a la naturaleza de la violación alegada y la viabilidad en el resarcimiento de los daños del quejoso y tercero perjudicado, en su caso, para llegar a un convencimiento; de ahí que el presente fallo no implique inobservancia de dicha jurisprudencia, máxime que tal criterio partía de una concepción avalorada del acto reclamado, concepto ya rebasado en la actualidad, conforme a las tesis de la apariencia del buen derecho que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió y a las que nos hemos referido.

Cabe señalar, por último, que la decisión que se adopta debe entenderse sin perjuicio de que pueda cambiar con el dictado de la sentencia definitiva, pues la anticipación del derecho que aquí se hace es posible porque la suspensión es una especie del género de las medidas cautelares, de tal modo que el asomo superficial al fondo llevado a cabo en este asunto, no deja sin materia el principal; de considerar que ello sucede, esto es, que por virtud de este fallo se dejó sin materia el juicio, se podría llegar al extremo inaceptado de considerar que por ese hecho, aquél deba sobreseerse; sin embargo, dictada la sentencia de sobreseimiento en el principal, por vía de consecuencia, también, habría de quedar sin efectos la presente suspensión en su calidad de accesoria, de tal modo que el quejoso no vería satisfecha su pretensión de someter a examen la constitucionalidad del acto reclamado.

Por lo expuesto y fundado; con apoyo, además, en los artículos 89, 90, 91, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la resolución recurrida.

SEGUNDO.-Se concede a Juan Carlos Martínez Ortiz de Zárate, la suspensión definitiva solicitada en contra del acto y por las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, envíense los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así por mayoría de votos de los Magistrados José Manuel de Alba de Alba e Isidro Pedro Alcántara Valdés, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en contra del voto particular del Magistrado presidente Agustín Romero Montalvo, ponente el primero de los nombrados.

Nota: La jurisprudencia de rubro: "AGENTES ADUANALES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EL ACTO EN QUE ACUERDE SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES." citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número 368, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 396.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19766-1f7e9857/suspension-en-el-amparo-para-concederla-debe-efectuarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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