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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. TÉRMINO QUE DEBE MEDIAR ENTRE EL CITATORIO DE ESPERA Y LA NOTIFICACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ANTERIOR VIGENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 381/99. · Registro digital (IUS): 7082
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MIRNA HERNÁNDEZ LÓPEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 975.

AMPARO EN REVISIÓN 381/99. MIRNA HERNÁNDEZ LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los agravios transcritos en el apartado que antecede, resultan infundados.

En efecto, en la especie argumenta el recurrente, que indebidamente procedió el a quo al suplir la deficiencia de la queja a favor de la impetrante de garantías, violando a su modo de ver el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que esta figura jurídica opera siempre que exista una violación manifiesta de la ley, pero en el caso se trata de una interpretación del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila, acorde al cual si se tratare del emplazamiento y no se le encuentra al demandado, se le citará para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera se hará la notificación por cédula que contendrá, además, una relación sucinta de la demanda, cuando no fuere forzoso entregar las copias de traslado.

Lo anterior resulta infundado, pues no pasa desapercibido para este tribunal, que en su segundo concepto de violación la quejosa advirtió que el corto lapso de tiempo transcurrido entre las diez y las once horas del mismo día veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres, para la práctica del emplazamiento, no podía considerarse razonable y hacía nugatorio el principio establecido en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles, pues se establece en el mismo que el actuario debe otorgar a la persona que va a emplazar la oportunidad de concurrir a la diligencia, sin que el término de una hora sea suficiente; concepto de violación tomado en cuenta por el a quo y que sostiene suple en su deficiencia, suplencia permitida por la Ley de Amparo, en tratándose de un emplazamiento ilegal o defectuoso, dada la trascendencia de esta diligencia, en la que su irregularidad se traduce en una manifiesta violación de la ley, ya que como en líneas ulteriores se verá, el emplazamiento reclamado no cumple con lo dispuesto por el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no tratándose simplemente de una interpretación, como incorrectamente lo pretende el recurrente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, tesis XVII.2o.27 K, página 465, que dice: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL O DEFECTUOSO. OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.-Si el acto reclamado lo constituye el ilegal emplazamiento a juicio, sí es aplicable el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, en que el Juez de Distrito se apoyó para suplir la deficiencia de los conceptos de violación formulados por los quejosos. Ello en razón de que la Suprema Corte de Justicia ha establecido en la tesis de jurisprudencia 140 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1985, página 417, que la falta de emplazamiento o defectuosa citación a juicio debe analizarse de oficio no sólo por el Juez de primer grado sino por el tribunal de alzada, por ser la más grave de las irregularidades procesales, lo que significa que ese estudio puede realizarse aunque no se alegue por la parte demandada, o sea, sin que exista argumento alguno, y si esta facultad se concede a los tribunales del orden común, con mayor razón debe otorgarse a los tribunales federales de amparo, que tienen como función procurar que no se violen garantías individuales con los actos que se reclamen en el juicio de amparo; por tanto, debe concluirse que cuando el acto reclamado lo es la defectuosa citación a juicio, el Juez de Distrito actúa correcta y legalmente al invocar argumentos no hechos valer por los quejosos, pues en eso consiste precisamente la suplencia de la queja deficiente a que se refieren el artículo y fracción citados de la Ley de Amparo, sin que con ello se viole el principio de igualdad de las partes, puesto que la ley autoriza a la autoridad de amparo a suplir la deficiencia de la queja en los casos en que se advierta que ha habido una violación manifiesta de la ley que ha dejado sin defensa al quejoso o recurrente, lo que ocurre cuando se trata del ilegal emplazamiento.". Sirve de apoyo también la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-Agosto, página 429, del siguiente tenor literal: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. SUPLENCIA DE LA QUEJA.-El Tribunal Colegiado debe suplir la deficiencia de los agravios en términos de la fracción VI, del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, cuando se trata de la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa pues esto constituye una grave violación que produce un completo estado de indefensión para el demandado, al imposibilitarle el poder deducir sus derechos en juicio.". Finalmente guarda también apoyo al caso la tesis que sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-Noviembre, tesis XXI.1o.109 K, página 446, que reza: "EMPLAZAMIENTO, SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA EL.-El emplazamiento es la actuación judicial de mayor trascendencia para el respeto de la garantía de audiencia, prevista por el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo, y por ende, es una de las formalidades esenciales del procedimiento que tal garantía contempla. Así pues, un emplazamiento irregular, contrario al espíritu de la garantía de audiencia constituye una violación legal que deja sin defensa al afectado y que le impide el ejercicio de sus derechos ante los tribunales establecidos para tal efecto. De las anteriores consideraciones puede sostenerse que un emplazamiento irregular se traduce en una manifiesta violación de la ley, pues impide el ejercicio de las garantías que constitucionalmente se establecen para la tutela judicial. Todo lo anterior implica que cuando en el juicio de amparo se señale como acto reclamado al emplazamiento, éste debe ser analizado, incluso en suplencia de queja, porque en cualquier caso, según se dijo, el emplazamiento ilegal constituye una manifiesta violación de la ley, y por tanto, al respecto se actualizan los supuestos del artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, razón por la cual, si el Juez de Distrito no suple la deficiencia de la queja en tales casos, comete una violación a lo dispuesto por el artículo señalado.".

Sin que pueda considerarse que el actuario al dejar el citatorio de espera a las once horas, es decir, una hora después, dio fiel y cabal cumplimiento al artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila, mismo que dispone que si no se encuentra al demandado a la primera búsqueda se le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas, pues es evidente que el recurrente realiza una interpretación literal del precepto, cuando la finalidad del mismo es, según se explicará en detalle al analizar el siguiente agravio, la de darle oportunidad al demandado para que se entienda con él la diligencia, fijándose para ello un tiempo prudente, que en el caso específico no se dio.

Por otra parte, el segundo agravio resulta infundado, pues de inicio se argumenta que el a quo no expresa por qué circunstancias considera que el término de una hora no constituye un término prudente; toda vez que, sobre el particular en el fallo reclamado claramente se explica que el espíritu del legislador es el de dar oportunidad de que el demandado pueda ocurrir a esa cita, estar presente en la diligencia, concediéndole un término prudente para tal fin, lo que no puede constituir sólo una hora, pues de estimar lo contrario se caería en el extremo de admitir que los citatorios puedan ser dejados por el actuario, para que lo espere el interesado apenas minutos después de haber efectuado la búsqueda.

En este propio agravio el recurrente manifiesta que indebidamente el Juez de Distrito se pronuncia sobre la insuficiencia del término de una hora de espera para la diligencia de emplazamiento, ya que desconoce tanto los hechos y circunstancias objetivas y subjetivas que se presentaron en el momento de la diligencia y que motivaron al actuario a señalar el término de espera de una hora, como también dice desconoce la situación y circunstancias particulares de la demandada en el momento de la diligencia, lo que dice le impedía formar un juicio objetivo.

Lo anterior es infundado, en atención a que de inicio es importante señalar que es al actuario que efectúa el emplazamiento a la persona que le corresponde precisar, según las reglas de la lógica y el prudente arbitrio, por qué consideró que el término de una hora es suficiente y razonable, de acuerdo a las circunstancias que se le comuniquen, debiendo de dejar asentado en el acta los motivos que lo llevaron a determinar como razonable el tiempo que establezca para la espera; sin embargo, de la sola lectura de la diligencia practicada a las diez horas, visible a fojas 69, se infiere que el actuario no cumplió con ninguno de estos requisitos, ya que entendió la diligencia con María de Jesús López Martínez, la que le dijo que no estaba presente Mirna Hernández López, dejándole el citatorio de espera para una hora después, omitiendo en lo absoluto circunstanciar debidamente por qué consideró razonable ese lapso tan corto para la espera, no obstante que es su obligación, pues la intención del legislador es la de que transcurra un lapso suficiente y razonable, para que la diligencia se entienda con el demandado, lo que no aconteció, pues ni siquiera interrogó a la persona con la que entendió la diligencia, para saber a qué hora regresaría la persona buscada o dónde se encontraba en ese momento, para así poder concluir que el tiempo otorgado era suficiente. Por lo que, ante estas circunstancias, válidamente el a quo consideró que el término de una hora en la cita de espera no podía considerarse como razonable y suficiente, pues atendiendo a las reglas de la lógica, resulta obvio que si a una persona se le busca por la mañana, el citatorio deberá dejársele para la tarde o para el día siguiente, pero antes de que transcurran las veinticuatro horas, pues sólo así se tendrá la certeza de que se le encontrará al demandado y con él se entenderá la diligencia, razón por la cual en su momento se reformó el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que contenía una redacción similar al de nuestra legislación; debiendo de decirse que de otra suerte, no se entendería el motivo por el cual el citatorio de espera debe fijarse para dentro de las veinticuatro horas siguientes, pues el motivo no es otro sino el que transcurra un tiempo prudente para que se encuentre al demandado.

En lo que se refiere a que la tesis invocada por el a quo no es aplicable a favor de la quejosa, sino que por el contrario de su lectura se desprende que el término de una hora es suficiente, cabe decir que no le asiste la razón, pues tal ejecutoria habla de un tiempo suficiente para dar oportunidad a la persona que deba ser notificada de estar presente en la diligencia, porque de otro modo se caería en el extremo de que los citatorios pudieran ser dejados por el actuario apenas minutos después de haber efectuado la búsqueda, sin transcurrir siquiera la primera después de haber dejado el citatorio, de cuya redacción deriva que en tal tesis no se sostiene que el lapso de una hora sea suficiente, sino que si se hace una interpretación literal del precepto se cae en el extremo de permitirle al actuario dejar el citatorio apenas minutos después de haber efectuado la búsqueda, cuando no había transcurrido ni siquiera una hora, lo que es distinto, indicando todo, que el recurrente tergiversa el contenido de la tesis invocada por el Juez de Distrito, pues la referencia que se hace en relación a que no transcurra ni siquiera una hora, sino unos minutos, no indica que ese sea el tiempo prudente, pues de otra suerte no se explica cómo es que el artículo habla de las veinticuatro horas siguientes, por lo cual es evidente que a la tesis que nos ocupa no se le puede dar la interpretación que hace el recurrente, misma que a continuación se transcribe y de la que se infiere que en ningún momento se sostiene que el tiempo de una hora sea suficiente: "NOTIFICACIÓN. CITATORIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COAHUILA.-El artículo 117, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila, al referir que debe dejarse citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, ello implica que debe ser el tiempo suficiente para dar oportunidad a la persona que deba ser notificada de estar presente en la diligencia, pues de otro modo se caería en el extremo de que los citatorios puedan ser dejados por el actuario apenas minutos después de haber efectuado la búsqueda, sin transcurrir siquiera la primera hora después de haber dejado el citatorio aludido.".

El criterio sustentado en este fallo que confirma lo resuelto por el a quo, se fortalece con la tesis de aplicación exacta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la que se infiere que para evitar interpretaciones indebidas del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de vigencia anterior y de similar redacción al del Estado de Coahuila, se reformó el artículo, dándose un término mayor de entre seis y cuatro horas, tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, página 292, que dice: "EMPLAZAMIENTO, TÉRMINO QUE DEBE EXISTIR ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA BÚSQUEDAS DEL DEMANDADO.-Es incorrecta la fijación que se hizo del momento en que el demandado debía esperar al funcionario para la segunda búsqueda (una hora después de la primera), pues el fin que se persigue con el citatorio previo, cuando no se localiza personalmente al demandado en la primera ocasión, es el de que pueda enterarse con toda oportunidad que se le anda buscando; así, por ejemplo, si se le busca por la mañana, el citatorio deberá dejarse para la tarde, porque es de suponerse que el interesado irá a comer a su casa, del medio día para la noche, etcétera. Seguramente por tales razones es por lo que se reformó el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que actualmente dice, en lo que interesa: ‘Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrare al demandado, se le dejará citatorio para hora fija hábil dentro de un término comprendido entre las seis y las veinticuatro horas posteriores.’. Y sobre el citado artículo 117, el licenciado Rafael Pérez Palma, en su obra ‘Guía de Derecho Procesal Civil’, Sexta Edición, 1981, páginas 174 y 175, refiere: ‘En esta dilación el legislador ha tenido el propósito de que se dé tiempo a los familiares, empleados o domésticos del demandado para darle aviso del citatorio y dar a la persona a quien deba emplazar oportunidad de acudir a la cita del actuario.’.". También guarda aplicación al caso la tesis de jurisprudencia consultable en el Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación (Tribunales Colegiados), diciembre, bajo el número 28 C, página 375, con el siguiente texto: "EMPLAZAMIENTO. IRREGULARIDAD DEL.-Tratándose del emplazamiento, es incorrecta la fijación que se hizo del momento en que los demandados debían de esperar al funcionario para la segunda búsqueda (media hora después de la primera), pues el fin que se persigue con el citatorio previo, cuando no se localiza personalmente al demandado en la primera ocasión, es el de que personalmente pueda enterarse de la diligencia judicial que se pretende practicar y esté en condiciones de intervenir en el juicio planteado en su contra, de modo que si en la cita se fija un lapso que racionalmente no es suficiente para cumplir con el objetivo del citatorio, el emplazamiento es irregular y no se satisface la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, y por tanto, dicho emplazamiento no puede surtir sus efectos. El emplazamiento no puede llevarse de manera mecánica, incurriendo en los extremos del presente caso, pues el funcionario debe citar, de acuerdo con las circunstancias que se le comuniquen, para que dentro de un término de veinticuatro horas, el citado pueda acudir a su llamado, y por ende, bajo esos extremos, el término podrá ser variable, pero nunca tan corto que se tenga la seguridad de que el demandado no acudirá a la cita, situación que además pone en duda la buena fe del personal actuante. No basta con que el citatorio se haya efectuado en el domicilio correcto y que se haya entregado al ocupante del inmueble, a quien después se corrió traslado, pues asumir que con lo anterior es suficiente, entonces queda sin objeto el citatorio para que acuda el interesado. La diligencia reclamada es de tal importancia que debe apreciarse formalmente, es decir, se debe vigilar que se cumplan todos los requisitos y la falta de alguno, por mínimo que sea, trae consigo la invalidez del emplazamiento, a menos que haya datos que proporcionen certeza de que el demandado sí se enteró de su emplazamiento, datos que en el presente asunto no existen.". También guardan aplicación en lo conducente y sustancial a fin de establecer que la ratio legis de las disposiciones que contemplan la existencia de los citatorios, consiste en asegurar que el demandado que no se encuentre presente en la primera búsqueda, tenga un lapso razonable para enterarse de la existencia de ese citatorio, así como que el notificador debe dejar asentado en el acta los motivos que lo llevaron a determinar como razonable el tiempo que establezca para la espera, las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la primera publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, tesis XXI.1o.16 C, página 931, que a la letra reza: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, IRREGULARIDAD DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).-El artículo 1393 del Código de Comercio, textualmente dice: ‘No encontrándose al deudor a la primera busca se le dejará citatorio, fijándole día y hora para que aguarde. Por el solo hecho de que el deudor no aguarde al emplazamiento, se procederá a practicar el embargo con cualquiera persona que se encuentre en la casa o con el vecino más inmediato.’. Por su parte, el diverso 155 del código procesal civil del Estado de Guerrero, vigente, dispone: ‘Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrá en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial.’. Ahora bien, los anteriores preceptos legales, no determinan cuál es el lapso que debe mediar entre el momento en que se dejó el citatorio y aquel en que debe practicarse el emplazamiento, sin embargo, pese a que no existe disposición legal que regule esa circunstancia de tiempo, es preciso acudir a las reglas de la lógica y al prudente arbitrio, lo que lleva a afirmar que debe transcurrir un tiempo suficiente y razonable, evidentemente variable de acuerdo con las circunstancias que se le comuniquen al notificador, quien deberá dejar asentado en el acta relativa los motivos que lo llevaron a determinar como razonable el tiempo que establezca para la espera; de modo, que si no se cumple con lo anterior, el emplazamiento es irregular y no se satisface la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, y por ende, la citación a juicio no puede surtir sus efectos."; y la segunda consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-2, página 525, que literalmente dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. LAPSO QUE DEBE MEDIAR ENTRE EL CITATORIO Y LA NOTIFICACIÓN.-Si bien es cierto que el artículo 1393 del Código de Comercio establece el requisito del citatorio previo al emplazamiento; también lo es, que dicho precepto contiene una laguna, ya que no establece cuál es el lapso que debe mediar entre el momento que se deje el citatorio y el momento en que debe practicarse la notificación. En estas condiciones, es necesario remitirse a la ley de procedimientos local, de aplicación supletoria, la cual en su artículo 49, fracción III (legislación del Estado de Puebla), señala que si el interesado no se encuentra en la primera búsqueda, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. De acuerdo a lo anterior, para que un emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil se ajuste a la ley, y siempre que en la primera búsqueda no se encuentre al interesado, el citatorio necesariamente deberá de dejarse fijando una hora determinada del siguiente día hábil. Es evidente que la ratio legis de las disposiciones que prevén la existencia de los citatorios, consiste en asegurar que el demandado que no se encuentre presente en la primera búsqueda, tenga un lapso razonable para enterarse de la existencia de ese citatorio. De aceptar la publicación literal del artículo 1393 del Código de Comercio, se podría llegar a absurdos legales como que se citara el mismo día, cinco minutos después de la primera búsqueda afectándose con ello la seguridad jurídica que es el valor fundamental que preservan las normas que regulan el emplazamiento de todo procedimiento de carácter judicial.".

Argumenta el recurrente también que el término señalado en el citatorio de una hora es prudente y razonable en la ciudad de Saltillo, Coahuila, pues en ese lapso de tiempo fácilmente se puede localizar a una persona, razonamiento que carece de sustento, pues como ya quedó establecido, el actuario en la diligencia correspondiente no asentó los motivos que lo llevaron a determinar como razonable el tiempo que señaló para la espera, pues no precisó en modo alguno en qué lugar se encontraba en ese momento la demandada y si de acuerdo a su prudente criterio podía ser localizada, esto con independencia de que, como ya quedó igualmente apuntado en líneas anteriores, el lapso de tiempo de una hora por sí mismo no puede estimarse como suficiente, pues lo lógico es que si se le busca por la mañana, el citatorio se le deje para en la tarde, para así encontrarlo, o si se le busca por la tarde, el citatorio se le deje para el día siguiente, partiendo de la base que tiene que llegar el buscado a su casa.

Tampoco le asiste la razón al recurrente cuando aduce que la diligencia se llevó a cabo con un familiar cercano a la quejosa y que incluso el otro demandado al que se le dejó citatorio también por una hora, sí compareció a juicio, por lo cual a su modo de ver la hoy impetrante de garantías sí se enteró del acto reclamado y por ende debe sobreseerse el juicio; toda vez que, de las anteriores consideraciones no se adquiere una convicción fehaciente de que la quejosa se haya enterado del juicio, sin que sea posible partir de suposiciones o conjeturas, ya que las causales de improcedencia deben de demostrarse plenamente, de acuerdo incluso con la ejecutoria que invoca el a quo publicada bajo el rubro de: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", además de que las reglas establecidas para el emplazamiento deben de cumplirse cabalmente, dada la trascendencia del mismo, de suerte que si no ocurre esto, no se satisface la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.

Finalmente, se argumenta en este segundo agravio que la quejosa Mirna Hernández López alega en sus conceptos de violación, entre otras cosas, que debido a la confusión en cuanto al domicilio de la cita y del emplazamiento, se le dejó en estado de indefensión respecto al domicilio en el que debió de haber esperado al actuario, lo que indica según el recurrente, que tuvo conocimiento oportuno de la cita y que dejó de asistir a la misma no porque fuera insuficiente el término de una hora, sino por haber quedado confundida respecto del lugar en el que se practicaría la diligencia de emplazamiento; apreciación del todo errónea, pues el que en una parte de los conceptos de violación, la quejosa advierta que el actuario primeramente haya apuntado que se constituyó en la casa número 778 de la calle José Cárdenas Valdez, donde dice da fe de haber dejado el citatorio de espera, pero a la hora siguiente al constituirse de nuevo indica la casa marcada con el número 788 de la misma calle, de lo que se sigue que la cita de espera se dejó en un lugar distinto, de modo alguno quiere decir que, como lo pretende la recurrente, dejó de asistir no porque el tiempo de una hora fuera insuficiente, sino por otro motivo, ya que existe según se ha visto en líneas precedentes, en los conceptos de violación planteamiento preciso también respecto a que el tiempo transcurrido de una hora era insuficiente, concretamente en el segundo de dicho apartado, de lo que se sigue que los extremos pretendidos por el recurrente no son factibles jurídicamente, pues no existe base alguna para considerar que la quejosa estimó como suficiente la hora que se le dio para la entrega del citatorio, sólo porque advierta contradicciones en el domicilio señalado.

Por lo anterior, resulta que no existen las violaciones que aduce la recurrente de los artículos 76, fracción VI, de la Ley de Amparo y del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila, ni de la tesis que invoca el propio a quo, consultable en la página 371 del Tomo décimo cuarto de septiembre de 1994, advirtiéndose que si bien alude el recurrente a una jurisprudencia visible con el número 171, según indica, consultable en la página 115 del Apéndice y tomo citados, cabe decir que tales datos de identificación no son exactos e incumple el recurrente lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley de Amparo, ya que en el tomo indicado en la primera de las ejecutorias y en la página que cita, se ventila una cuestión diversa relativa a la imposibilidad de ampliar y modificar la demanda con posterioridad a su contestación, en tratándose de materia laboral, encontrándose además imposibilitado este tribunal para verificar la existencia de dicha ejecutoria, de la que ni siquiera se transcribe su rubro.

En mérito de lo anterior, al resultar infundados los agravios planteados, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa en la parte impugnada en la que concede el amparo a la quejosa.

CUARTO.-Bajo esta tesitura resulta que es innecesario transcribir y analizar los agravios propuestos por la quejosa en la revisión adhesiva, pues este medio de defensa ha quedado sin materia, ya que en términos del último párrafo del artículo 83 de la ley de la materia, sigue la suerte procesal del recurso principal, por lo que carece de finalidad jurídica al confirmarse la sentencia del a quo, la revisión adhesiva.

Por lo expuesto y con fundamento, además en lo dispuesto por los artículos 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa en la parte impugnada.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Mirna Hernández López, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, actuario tercero adscrito al mismo juzgado, presidente y Magistrados de la Sala Civil y Familiar Colegiada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia también en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

TERCERO.-Queda firme el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados de los actuarios primero y segundo adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

CUARTO.-Se declara que ha quedado sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Mirna Hernández López.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

Nota: La tesis de rubro: "NOTIFICACIÓN. CITATORIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COAHUILA.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número VIII.2o.58 C, en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, septiembre de 1994, página 371.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7082-32108ac9/emplazamiento-termino-que-debe-mediar-entre-el-citatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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