EMPLAZAMIENTO. FALTA O ILEGALIDAD, CARGA DE LA PRUEBA.
AMPARO EN REVISIÓN 52/2002. ANTONIA RAMÍREZ ANZUREZ Y OTRO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los agravios transcritos.
Es inexacto el motivo de inconformidad que hacen valer ambos recurrentes, en el sentido de que la presunción de certeza de la existencia del acto reclamado a los diligenciarios adscritos respectivamente al Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad y al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, debido a su omisión de rendir informe justificado constituye una presunción legal a su favor de que es cierta la falta de emplazamiento legal y de que el domicilio en el que se constituyó el actuario que practicó la diligencia es uno diverso al en que tienen el principal asiento de sus negocios, mismas presunciones que tienen el carácter de prueba conforme a los artículos 190 y 192 del Código Federal de Procedimientos Civiles; esto es así, porque al tenor del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando una autoridad responsable no rinde su informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, pero queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando no lo sea en sí mismo, sino que dependa de los motivos, datos o pruebas en que se funde; en tal virtud, esta hipótesis normativa es clara al establecer que la presunción de certeza por falta de informe justificado únicamente opera respecto de la existencia del acto que se impugne, mas no así en cuanto a su inconstitucionalidad, lo que se evidencia del mismo precepto al disponer que corresponde al quejoso la carga de la prueba de los hechos que determinen la contravención de los actos reclamados a los derechos fundamentales, por lo cual, la presunción de que se trata no se extiende a la calificación de ilegalidad de aquéllos ni a la certeza de los hechos en que se funda la demanda de garantías, como lo pretenden los inconformes, sino que está delimitada a la existencia del acto, razón por la que no puede estimarse que constituya una prueba presuncional de la inconstitucionalidad, acorde a los artículos 190 y 192 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento el sistema del juicio de garantías.
Es aplicable al caso la jurisprudencia 313, emanada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA.-En términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo.".
Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 841 sostenida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil ahora resuelve, visible en la página 573, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO.-No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo.".
En esta tesitura, correspondía a los quejosos, ahora recurrentes, la prueba de los hechos que determinaran la inconstitucionalidad del emplazamiento, ya que se advierte en la demanda de garantías que controvirtieron la ilegalidad de la diligencia, principalmente, por contravenir el requisito previsto por el artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla; en consecuencia, siendo el acto reclamado la ilegalidad del emplazamiento a juicio, es inconcuso que debe probarse por los quejosos acorde a la carga probatoria que les corresponde al tenor del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.
Es aplicable la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 170/93, visible en la página 575, Tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "-Cuando se reclama lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable probar la existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, recae en el quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo.".
Por otro lado, también resultan infundados los agravios que los recurrentes hacen consistir en que no está satisfecho el requisito de certidumbre que debe contener la diligencia de emplazamiento, porque no se les notificó en su domicilio, lo que fundan de manera distinta: Antonia Ramírez Anzurez, en que la persona con la que se entendió la diligencia no corresponde a sus características físicas; y Julián Sombrerero Mena, en que el número de folio de la credencial de elector de la persona con quien se practicó el emplazamiento difiere, ya que el asentado en el acta consta de siete dígitos cuando el correspondiente a dicho documento consta de ocho, por lo que le hace falta el último dígito.
Sobre el particular, debe precisarse que no pueden tomarse en cuenta en el recurso de revisión las pruebas que no se hubieran rendido ante el Juez de Distrito, porque deben ofrecerse y desahogarse dentro del juicio de amparo biinstancial y el a quo no pudo tomarlas en consideración para dictar la sentencia recurrida; por tanto, los agravios no pueden sostenerse con la copia certificada de la credencial de elector de los recurrentes, ya que este documento no se ofreció como prueba en el amparo indirecto, por lo que precluyó el derecho de los quejosos a hacerlo y en esas condiciones no son aptos para demostrar que la diligencia de emplazamiento no se llevó a cabo personalmente.
Es aplicable al caso la jurisprudencia 416, emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 277, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO. SE RINDEN EN PRIMERA INSTANCIA.-Deben rendirse ante el Juez de Distrito y no durante la revisión, ante la Corte, al expresar agravios contra la sentencia pronunciada en primera instancia.".
Sin embargo, en la revisión rige la suplencia de la queja cuando el acto reclamado es la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, lo que no implica la recepción de las pruebas que no se rindieron ante el Juez de Distrito, pero sí obliga al estudio de las cuestiones planteadas que no se hicieron valer en la demanda de amparo, por tanto, deben analizarse los argumentos sin estudiar las documentales. Así se colige de la jurisprudencia 149/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 22, Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.-Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.".
Pues bien, para satisfacer el requisito de cercioramiento del domicilio conforme al artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, basta que el actuario se constituya en el lugar designado en la demanda y entienda la diligencia directamente con quien ante la fe pública de dicho funcionario judicial indique ser el demandado, pues con ello el principio de certidumbre queda actualizado desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, pues se cumple así el objetivo del emplazamiento a juicio al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido.
En el presente asunto, el fedatario judicial se constituyó en el domicilio señalado en autos, ubicado en la casa marcada con el número trescientos trece de la calle Tehuacán Sur, colonia Casa Blanca, Amozoc, Puebla, y asentó que: "al preguntar por los demandados, responden a mi llamado los propios demandados Julián Sombrerero Mena y María Antonia Ramírez Anzurez", por lo cual se cumplió cabalmente con el requisito de cercioramiento, puesto que el actuario buscó a los demandados, quienes respondieron en forma personal ante la fe pública del funcionario y se entendió con los mismos la diligencia de emplazamiento, lo cual es suficiente para tener por satisfecho el requisito en comento, sin que se haya desvirtuado tal circunstancia dentro del juicio de garantías, por lo cual, es inocuo que aleguen en los agravios que en realidad no eran las personas con las que se practicó esa actuación, en tanto que debieron rendir pruebas al respecto en el juicio de amparo biinstancial.
Las consideraciones que anteceden se sustentan en la jurisprudencia 55/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 33, Tomo VIII, noviembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objeto de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada.".
En este tenor de ideas, el emplazamiento a juicio es legal acorde con las consideraciones externadas por el Juez de Distrito, ya que en la diligencia correspondiente el fedatario judicial asentó que se constituyó en el domicilio señalado en autos, de lo cual se cercioró por la nomenclatura oficial y por así manifestarlo varios vecinos, además de responder a su llamado los propios demandados Julián Sombrerero Mena y María Antonia Ramírez o María Antonia Ramírez Anzurez; el primero se identificó con una credencial para votar con fotografía número de folio 4058194 y la segunda no se identificó, pero se describieron sus características físicas: sexo femenino, aproximadamente cincuenta años, un metro sesenta y cinco centímetros de estatura, complexión robusta, tez morena, cabello corto, oscuro y ligeramente ondulado y ojos café oscuro; en el acto se les hizo saber el motivo de la diligencia, se les notificó personalmente el auto de veintisiete de enero de dos mil mediante copia autorizada, haciendo mención de que fue dictado por el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad dentro del expediente 93/2000, corrió traslado con copia simple de la demanda y anexos debidamente sellados y cotejados, y se procedió a emplazarlos para que produjeran su contestación dentro del término de nueve días y señalen domicilio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de tener por perdidos sus derechos.
Se advierte que tal actuación reúne los requisitos establecidos por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio, conforme al artículo 1054 de este último ordenamiento legal, toda vez que practicó el emplazamiento personalmente con los demandados en el lugar señalado en autos para tal efecto, por lo que está satisfecho el requisito de cercioramiento de domicilio, se les dio a conocer el proveído objeto de notificación, el juzgado que lo emitió y el juicio del que provenía, además de hacer la entrega de la copia autorizada del auto y de la demanda y documentos sellados y cotejados en términos de ley.
No pasa inadvertido que se desechó en la audiencia constitucional la prueba de inspección ocular ofrecida por los dos quejosos en los juicios de amparo acumulados, misma que tenía por objeto comprobar que su domicilio no era el señalado en autos para la práctica del emplazamiento; sin embargo, se estima legal la determinación del a quo, toda vez que ese medio de convicción no es el idóneo para comprobar el domicilio, porque la prueba de inspección consiste en los datos de que pueda percatarse el funcionario judicial encargado de su desahogo al momento de practicar la diligencia correspondiente, por lo cual, no es posible que pueda constatar que los quejosos habitan en el lugar objeto de inspección, ya que ello implica una ocupación continua y prolongada del mismo, por lo que ese hecho es imposible que se pueda demostrar a través de una apreciación momentánea, como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial.
Es aplicable al caso, la tesis 140 sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "INSPECCIÓN JUDICIAL. PRUEBA DE. NO ES LA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LA HABITACIÓN DE UN DOMICILIO.-Si se ofrece la prueba de inspección judicial para determinar quién o quiénes viven en los domicilios a inspeccionar, es de concluirse que ésta no es el medio idóneo para probar la habitación de una persona, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el Juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen, y dado que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial.".
En consecuencia, al ser infundados los agravios externados y no advertirse que se haya cometido en contra de los recurrentes alguna violación manifiesta de la ley que los hubiese dejado sin defensa y que este tribunal debiera reparar de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede confirmar el fallo sujeto a revisión.
Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonia Ramírez Anzurez y Julián Sombrerero Mena, en contra de los actos que reclaman del Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, diligenciario de su adscripción, encargado de los expedientes impares, y diligenciario del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, encargado también de los expedientes impares; precisados en los resultandos primero y segundo de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. Elisa Tejada Hernández, Gustavo Calvillo Rangel y Raúl Armando Pallares Valdez. Fue ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16994-aca6c6e4/emplazamiento-falta-o-ilegalidad-carga-de-la-prueba · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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