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Modo: Corpus Pro

CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2006-PS. · Registro digital (IUS): 19947
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVI
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 127.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO (ANTES SÓLO PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO); QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de una posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito, especializados en materia civil, en relación con un tema de la misma materia, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ya que la presentó la parte quejosa en el juicio de amparo directo DC. 696/2005.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al fallar con fecha tres de mayo de dos mil, por unanimidad de votos el amparo directo civil 563/99, en la parte que interesa, se apoyó en las consideraciones siguientes: (fojas 613 a 617 del expediente).

"QUINTO. Es infundada la parte del único concepto de violación donde manifiesta el quejoso violación a los artículos 390 y 414 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, porque la Sala responsable no le otorgó valor probatorio pleno a la confesión ficta de la ahora tercera perjudicada. En efecto, si bien es cierto que mediante auto de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (foja 208 del cuaderno natural), la ahora tercera perjudicada fue declarada confesa fíctamente de las posiciones que le fueron formuladas, por no comparecer al desahogo de la prueba, también es verdad que el artículo 390 señalado por el propio quejoso, establece que la confesión ficta produce efectos de una presunción, en caso de que no haya prueba que la contradiga; esto es, para que adquiera valor probatorio pleno, como lo pretende el quejoso, debe necesariamente adminicularse con otros medios de prueba, porque de lo contrario, tiene el valor de una presunción. Sin que obste a lo anterior, lo alegado en el sentido de que el artículo 414 del código en consulta, establece que las presunciones legales hacen prueba plena, y que por ello, se le debería conceder eficacia probatoria plena a la confesión ficta. Ello es así, porque el impetrante de garantías confunde lo que es el valor presuntivo de una prueba, con las presunciones legales establecidas por el propio código. Esto es, el legislador le dio determinado valor a ciertas pruebas que, como su nombre lo dice, son una ‘presunción’ de los hechos que se pretenden probar, pero para que alcancen eficacia probatoria plena, necesariamente deben ser corroboradas o perfeccionadas por otros medios convictitos (sic), tal es el caso, de la confesión ficta. En cambio, el legislador le otorgó valor probatorio pleno a las presunciones legales, entendiendo por éstas, al juicio lógico que el legislador hace, mediante el cual considera como cierto o probable un hecho, basándose en antecedentes o circunstancias conocidas; tales presunciones pueden ser juris tantum o juris et de jure, según admitan o no prueba en contrario; sin embargo, tales presunciones deben existir en una norma expresa que las consagre, según se desprende del artículo 382 del código en cita. Verbigracia: la presunción establecida en el artículo 2862 del código sustantivo civil de la entidad que, en lo que interesa, establece: ‘El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular de una inscripción de dominio o de posesión del inmueble inscrito.’. Esto es, existe la presunción legal de que la persona a cuyo favor está inscrito un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, es quien tiene el dominio o posesión del bien; sin embargo, dicha presunción puede desvanecerse si se llega a acreditar que la persona que aparece como titular del bien en el registro público lo ha enajenado mediante contrato legalmente formalizado. En la especie, la confesión ficta de la contraparte del quejoso no puede considerarse como una ‘presunción legal’ a la que se le deba conceder valor probatorio pleno, porque sencillamente no fue el legislador quien mediante el juicio lógico de un hecho reconocido, dedujo la existencia de otro desconocido. Es inatendible la parte del concepto de violación que refiere que la prueba confesional se encontraba adminiculada con la testimonial, porque los testigos habían manifestado que el impetrante de garantías había sido corrido del lugar conyugal, lo cual ‘constituye una grave injuria ... atendiendo además el hecho de que la reconvenida pidió también la disolución del vínculo matrimonial y actualmente nos encontramos separados sin que se cumpla ningún fin del matrimonio’; y que la Sala responsable violó los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, al dejar de aplicar ‘el siguiente precedente’: ‘DIVORCIO. CAUSAL DE INJURIA POR LA EXPULSIÓN DEL HOGAR CONYUGAL POR EL OTRO.’. En principio, la tesis citada por el impetrante de garantías, cuyo rubro correcto es: ‘DIVORCIO. CAUSAL DE INJURIAS CONSTITUIDA POR LA EXPULSIÓN DEL HOGAR DE UN CÓNYUGE POR EL OTRO.’, no integra jurisprudencia, sino que se trata de una tesis aislada, lo que no resulta obligatoria su aplicación por la autoridad responsable. Además, la Sala responsable se apoyó en el texto de la tesis de rubro: ‘DIVORCIO, INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE.’, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-2, para considerar que aun cuando los testigos hubieran sido contestes y uniformes al manifestar que la demandada en la reconvención, tercera perjudicada, corrió al reconventor, quejoso, era insuficiente tal acontecimiento para justificar las injurias, porque para probar la causal de divorcio era necesario que éstas se hicieran con el ánimo de menospreciar, humillar y poner en evidencia el decoro personal del otro cónyuge delante de otras personas, siendo suficiente para romper la mutua consideración respeto y afecto que se debe. Consideración esta última que omitió combatir el quejoso en el concepto de violación que se analiza, concretándose a decir que la testimonial sí era apta para justificar que la tercera perjudicada lo había corrido del hogar conyugal; que dicha prueba se corroboraba con la confesión ficta a la que se le debería otorgar valor probatorio pleno, y que la autoridad responsable había dejado de aplicar el ‘precedente’ que se citó en los conceptos de violación, contraviniendo los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Es inatendible la última parte del concepto de violación que expresa que la Sala infringió el principio de proporcionalidad, y los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, por haber condenado al quejoso al pago de pensión alimenticia a razón de dos salarios mínimos, sin estar acreditados sus ingresos ‘ni saber si el suscrito gana dicha cantidad’, y que violó ‘diversas jurisprudencias’ al haber dejado de aplicar el artículo 303, fracción I, del código sustantivo civil. El ad quem, al modificar la sentencia de primera instancia que condenó al pago de pensión alimenticia a razón del cuarenta por ciento de los ingresos del ahora quejoso, consideró que no obstaba para que procediera la condena al pago de alimentos, que en autos no se hubiera acreditado que éste no percibía ingresos de la empresa Herbalife Internacional de México, S.A. de C.V., en virtud de que la obligación de proporcionar alimentos es de tracto sucesivo y permanente, debiendo subsistir mientras los acreedores tuvieran necesidad de recibirlos; que en esa virtud, no se daba el supuesto de la causal prevista en la fracción I del artículo 303 del Código Civil; que al tener los acreedores alimentarios la presunción a su favor de necesitarlos, correspondía al deudor la carga probatoria; y que era procedente modificar la pensión alimenticia a salarios mínimos, porque el código sustantivo civil carecía de normas que regularan la cuantía de la pensión y el modo de determinarlas. Tales consideraciones de la Sala no las combate el quejoso en sus conceptos de violación, porque nada dice con relación a que no se actualizaba la excepción de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 303 del Código Civil, porque dicha obligación era de tracto sucesivo y permanente, y debería subsistir mientras los acreedores tuvieran necesidad de recibirlos; y si bien, el quejoso sostiene que la Sala omitió aplicar el artículo 303, fracción I, citado, y con ello ‘violó diversas jurisprudencias’, ello es insuficiente para tener por controvertido el considerando que nos ocupa, porque, en principio, no precisa qué jurisprudencia violó la autoridad responsable, y si ésta dijo que no procedía aplicar el artículo y fracción en comento, fue por consideraciones que no combatió el impetrante de garantías con sus conceptos de violación."

El anterior razonamiento dio origen a la tesis aislada del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: II.3o.C.14 C

"Página: 1184

"CONFESIÓN FICTA. NO CONSTITUYE PRESUNCIÓN LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El legislador le otorgó determinado valor a ciertas pruebas que, como su nombre lo dice, son una ‘presunción’ de los hechos que se pretenden probar, pero para que alcancen eficacia probatoria plena, necesariamente deben ser corroboradas o perfeccionadas con otros medios de convicción, tal es el caso de la confesión ficta y así, el artículo 390 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone que esta probanza produce efectos de una presunción, en caso de que no haya prueba que la contradiga; esto es, para que adquiera valor probatorio pleno, debe adminicularse con otras pruebas porque de lo contrario, tiene el valor de una presunción. En cambio, el legislador le concedió valor probatorio pleno a las presunciones legales, entendiendo por éstas, al juicio lógico que él mismo hace, mediante el cual considera como cierto o probable un hecho, basándose en antecedentes o circunstancias conocidas; dichas presunciones pueden ser juris tantum o juris et de jure, según admitan o no prueba en contrario; sin embargo, las presunciones deben existir en una norma expresa que las consagre, según se desprende del artículo 382 del código en cita. Consecuentemente, la confesión ficta no puede considerarse como una presunción legal, a la que se le debe conceder pleno valor probatorio, porque no fue el legislador quien mediante el juicio lógico de un hecho conocido, dedujo la existencia de otro desconocido."

CUARTO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo 696/2005, con fecha veintisiete de octubre de dos mil cinco, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente: (fojas 133 a 139 del toca).

"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa Lourdes Carmen Valle Ruiz, devienen ineficaces. Lo anterior se sustenta en lo siguiente. Por principio, debe decirse que resulta infundado lo argumentado por la quejosa Lourdes Carmen Valle Ruiz, con relación a que del último párrafo de la cláusula primera del convenio modificatorio y ratificación de garantía hipotecaria fundatorio de la acción que transcribe en la causa de pedir, se desprenda que la parte actora sólo podía demandar el pago de las mensualidades vencidas no cubiertas. Se dice lo anterior, en razón de que del párrafo en comento, únicamente se advierte que las partes pactaron que el beneficio de los descuentos realizados por el acreditante sobre el saldo insoluto del adeudo reconocido en dicha cláusula sólo operaría mientras la acreditada se encontrara al corriente en el pago de sus obligaciones, pero de ninguna manera se observa que en dicho apartado se hubiera pactado que el banco sólo podría demandar en la vía judicial el pago de las mensualidades vencidas no cubiertas. Así, al haber resultado infundado el concepto de violación analizado con anterioridad, no se puede considerar que la Sala del conocimiento hubiera violentado el principio de exhaustividad en que sustentó la impetrante de garantías su causa de pedir. Asimismo, deviene infundado lo aducido por la quejosa Lourdes Carmen Valle Ruiz, con relación a que ésta no tenía obligación de aportar prueba alguna a efecto de desvirtuar la eficacia del certificado contable exhibido por su contraria, por lo siguiente. El artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, prevé que los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, y que harán fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los obligados. Así, se advierte que dicho precepto le otorga al estado de cuenta certificado por un contador, una presunción legal que lo reviste con un máximo valor probatorio, al establecer que hará fe de su contenido, salvo prueba en contrario. Cabe precisar que el valor pleno que se le atribuye al estado de cuenta certificado por un contador, abarca la totalidad del documento, desde la calidad de quien lo suscribe, hasta los datos en él consignados, porque el precepto hace referencia a los efectos plenos de su eficacia y, evidentemente, esta circunstancia parte de la premisa de que en él se encuentran reunidos todos los elementos esenciales para ello. En esa tesitura, como correctamente lo sostuvo la Sala del conocimiento, a quien alegue que la persona que certificó el estado de cuenta no tiene la calidad de contador público, le corresponderá la carga de la prueba por ubicarse en el supuesto del artículo 1196 del Código de Comercio, el cual dispone que estará obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. De modo que al desconocer la quejosa Lourdes Carmen Valle Ruiz, la calidad de contador de la persona que certificó el estado de cuenta, desconoció la presunción legal de que goza el documento, y esta circunstancia provocó que la carga de la prueba le correspondiera a la inconforme, como en forma acertada lo determinó la ad quem. Resultando intrascendente el que durante el trámite del juicio especial hipotecario y no al momento de la presentación de la demanda, se hubiera acreditado el nombramiento del contador del banco y su cédula profesional, pues aun cuando jamás se hubieran demostrado tales supuestos, dicho estado de cuenta merecía eficacia probatoria plena al no haber sido desvirtuado su contenido mediante prueba en contrario, tal como lo admite la propia inconforme. Es de invocarse por su especial aplicación, la jurisprudencia número 1a./J. 100/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, titulada: ‘CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL CALIDAD.’. Por otro lado, cabe señalar que deviene inoperante lo argumentado por la quejosa Lourdes Carmen Valle Ruiz, con relación a la prueba testimonial, tal como se expondrá a continuación. En efecto, de la lectura comparativa del concepto de violación que nos ocupa y de la resolución reclamada, se advierte que la peticionaria de garantías no combate lo determinado por la autoridad responsable con relación al valor probatorio de la prueba testimonial ofrecida y desahogada por su parte. De la lectura de la resolución reclamada, se puede observar que la autoridad responsable estimó que la prueba testimonial ofrecida por la impetrante de garantías Lourdes Carmen Valle Ruiz, no merecía eficacia probatoria plena en virtud de lo siguiente. Por lo que ve al dicho del testigo Eduardo Haber Safra, la Sala del conocimiento no advirtió cuál fue el acuerdo de quita y espera que convinieron las partes. Con relación a lo expresado por el deponente Alfonso Jiménez Aguado, no observó cuál de las dos propuestas fue por la que optaron las partes, quedándole claro que, cualquiera que fuera la elegida, tenía que ser aprobada por el comité del banco. Las consideraciones preinvocadas no fueron impugnadas por la peticionaria de garantías Lourdes Carmen Valle Ruiz. Ello es así, en virtud de que de la lectura del motivo de inconformidad que se analiza, sólo se advierte que Lourdes Carmen Valle Ruiz aduce que al no haber sido tachados sus testigos y haber precisado mediante su dicho circunstancias de tiempo, lugar, modo, ocasión y forma, debería de habérseles otorgado valor probatorio pleno a sus atestes. Lo anterior, pone de manifiesto que la quejosa Lourdes Carmen Valle Ruiz, mediante la inconformidad a estudio no evidenció una indebida aplicación o interpretación de la norma por parte del juzgador, de ahí lo inoperante del concepto de violación que se analiza. Cobra aplicación la jurisprudencia número 173, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 116, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, titulada: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.’. Finalmente, debe decirse que los conceptos de violación restantes resultan inoperantes, en atención a que dichos motivos de inconformidad son, en gran parte, una repetición textual de los agravios que se expusieron en el recurso de apelación hecho valer ante el tribunal de segundo grado. En efecto, de la lectura comparativa entre los agravios y los conceptos de violación sujetos al presente análisis, se observan variantes mínimas entre ambos capítulos, específicamente en los párrafos relativos a la valoración de la prueba confesional adminiculada con la prueba testimonial y los cuatro puntos en los que la impetrante emite sus conclusiones, sin que en dichos apartados se encuentren elementos novedosos que deban de ser analizados por este órgano colegiado. Se dice lo anterior en razón de que, por lo que ve a la valoración de la prueba confesional concatenada con la prueba testimonial, dicho alegato sólo constituye una reiteración, si no textual, sí repetición de lo alegado frente a la ad quem, mientras que las conclusiones ya fueron materia de análisis en la primera parte del presente considerando. Así, al advertirse que la quejosa repite en forma textual lo sostenido ante el tribunal de alzada en las inconformidades presentadas ante este Tribunal Colegiado en vía de conceptos de violación, sin aportar ningún tema novedoso, quejas y criterios jurisprudenciales de los que ya tuvo conocimiento la ad quem, procedió a su análisis y estudio, dando debida contestación mediante la resolución que motiva el presente acto reclamado. Sin que, evidentemente, con ninguno de los conceptos de violación se logren atacar los razonamientos lógicos vertidos por la responsable para fundar y motivar la resolución impugnada, pues, no se puede estimar que los conceptos de violación que constituyen una transcripción de agravios combatan la decisión emitida por el juzgador, por lo que devienen, bajo esas circunstancias, inoperantes los mismos. Robustece a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 307 del tomo 181-186, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, bajo la voz: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.’."

QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en los amparos directos números: 21/1988, 555/1991, 899/1998, 553/2001 y 11/2003, fallados los días: dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y ocho; veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos; cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; diez de enero de dos mil dos; y siete de febrero de dos mil tres, todos por unanimidad de votos, respectivamente, sustentó en la parte que interesa en cada uno de ellos, lo siguiente:

Amparo directo 21/988

(fojas 508 a 510).

"QUINTO. Son infundados los anteriores conceptos de violación. En efecto, el fallo impugnado se apoyó en estas consideraciones: que la parte actora probó plenamente su acción de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento, el cual si bien no fue expresamente reconocido por la parte demandada, tampoco fue objetado por ésta, adquiriendo dicho documento privado valor probatorio pleno en términos del artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, a más de que la propia demandada confesó, en el punto primero de hechos de su contestación de demanda, haber celebrado el contrato en cuestión al tenor de las cláusulas que aparecen en el mismo, confesión que surtió valor probatorio pleno según lo dispuesto por los artículos 302 y 422 del ordenamiento legal citado. Asimismo, la Sala responsable agregó que la confesión ficta de la demandada producía sólo una presunción legal; sin embargo, era cierto que ésta se corroboraba con la confesión que hizo expresamente en los puntos dos y tres de su escrito de contestación de demanda, en donde reconoció que había fenecido el contrato de arrendamiento cuestionado y estimó correcto lo aseverado por el a quo en cuanto a la evidencia de haber fenecido el contrato de arrendamiento mencionado, sin que la demandada hubiese probado la acción reconvencional de otorgamiento de contrato que hizo valer, ya que no aportó prueba alguna al respecto, incumpliendo así con la carga de la prueba. En contra de estas consideraciones, la hoy quejosa expresa como conceptos de violación que la Sala responsable aplicó inexactamente el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, puesto que no procedía conceder valor probatorio pleno a un documento privado por el solo hecho de que éste no fuera objetado sino que se requería un reconocimiento judicial expreso en cuanto a su contenido, por lo que el contrato de arrendamiento en cuestión carecía de valor legal y agregó que la Sala responsable aplicó inexactamente el artículo 423 del ordenamiento legal en cita, dado que el declararla fíctamente confesa carecía de valor, ya que dicha declaración no fue corroborada por probanza alguna, a más de ser ilegal la condenación al pago de costas de que fue objeto por la tramitación del recurso de apelación respectivo. Resulta inatendible lo aseverado por la quejosa en cuanto a la inexacta aplicación del artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles, dado que, como correctamente lo apreció la responsable, el Juez del conocimiento valoró la documental privada exhibida por la actora, siendo ésta el contrato de arrendamiento fundatorio de su acción, a la cual se le concedió valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 427 antes citado, en atención a que la quejosa no objetó el contenido de dicho contrato, máxime que el dispositivo legal en comento así lo dispone, resultando irrelevante que no fue reconocido éste en diligencia judicial expresamente; siendo oportuno aclarar que el texto del artículo mencionado hace referencia a dos hipótesis diferentes; a saber: no ser objeto (sic) el documento o que sea reconocido legalmente por su autor, en cualquiera de estos supuestos hace prueba plena; de lo que se colige que en un documento privado proveniente de las partes en un juicio tiene eficacia demostrativa cuando no fuere objetado, a más de que la quejosa fue declarada fíctamente confesa al tenor de las posiciones que se calificaron de legales en el pliego respectivo de la prueba confesional recibida por la actora, probanza que adquirió valor absoluto en términos del artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles, dado que la presunción producida por la confesión ficta de la demandada fue corroborada con la confesión expresa de hechos formulada por ésta en los puntos primero y segundo correlativos de su contestación de demanda, esto es, haber celebrado el contrato de mérito con las especificaciones que en el mismo se pactaron, a más de que la demandada principal hoy quejosa no ofreció prueba alguna de su parte a fin de demostrar haber celebrado verbalmente nuevo contrato de arrendamiento. De donde se sigue que al encontrarse fehacientemente demostrado que el contrato de arrendamiento motivo del juicio se encontraba vencido con fecha anterior a la presentación de la demanda, es incuestionable que debe surtir todos sus efectos legales consiguientes, los que se traducen en la condena de que fue objeto la quejosa en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 1446 del Código Civil en vigor. En cuanto a la condena al pago de costas por parte de la Sala responsable resulta legal, ya que fue impuesta en términos de lo dispuesto por el artículo 532 del Código de Procedimientos Civiles, por no haber obtenido ésta resolución favorable en la tramitación del recurso de mérito. Por tanto, no demostrado por la quejosa que en la sentencia de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se hubiere incurrido en violación de garantías, ni tampoco este tribunal advierte que se hubiere cometido en su perjuicio una violación manifiesta de la ley que ameritara la aplicación de la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, negativa que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se impugnan."

Amparo directo 555/991

(fojas 522 a 526).

"QUINTO. Deben desestimarse los conceptos de violación aducidos por el quejoso. Éste refiere que: a) Que la sentencia reclamada no se encuentra fundada ni motivada, siendo contraria a la ley y a la interpretación jurídica. b) Que la Sala responsable aplicó inexactamente los artículos 410, 423 y 439 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, puesto que en la especie no existe ningún hecho probado del cual se derive presunción alguna. Agrega que existen dos especies de presunciones, a saber: la legal determinada por la ley y la humana que es la que forma el Juez con las circunstancias que rodean al hecho principal; que la presunción legal a su vez se subdivide en presunción juris et de jure, la cual no admite prueba en contrario; y la juris tantum, la cual admite prueba en contrario, que las presunciones juris et de jure están previstas en el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Agrega que el artículo 423 del ordenamiento legal en cita, contiene una incongruencia, al disponer que la confesión ficta produce presunción legal que admite prueba en contrario, dado que tomando en cuenta que el ofrecimiento de pruebas en los juicios sumarios es de cinco días, resulta obvio que no existe término para contradecir la presunción que produce la confesión ficta. Sigue diciendo que el precepto referido es contrario a la Constitución, puesto que invierte la carga probatoria al demandado, y, en la especie, como demandado que fue en el juicio natural, negó todas las partes de la demanda, razón por la que no existe ningún hecho probado, y la valoración que de la confesión ficta hizo la Sala responsable resulta contraria a derecho, ya que forzosamente se necesitaba adminicular ésta con otra probanza idónea, como lo sería la testimonial para que en todo caso adquiera valor probatorio. c) Que en el juicio natural hubo violación a las leyes del procedimiento, ya que las posiciones marcadas con los números dos, tres y cuatro fueron formuladas en forma imprecisa, y no versaron sobre hechos propios del absolvente, puesto que debe tomarse en cuenta que la celebración de un acto jurídico implica la voluntad de dos personas. Agrega que la posición marcada con el número cinco no contiene un hecho propio del absolvente, puesto que es el actor el que debe probar que requirió al deudor del pago en el domicilio de este último y que se negó a cubrir su adeudo, puesto que el acto de cobrar no es un hecho propio del absolvente, máxime que en la especie no se señaló lugar para el pago de la renta. d) Que en virtud de que fue representado en forma poco ética dentro del juicio que se siguió en su contra, exhibe con su demanda seis recibos de renta expedidos por Octavio Pedroche de la Llave, así como fotocopias simples del ofrecimiento de renta que hizo a favor de la citada persona. En primer término y por razón de método, se procede al estudio del concepto de violación identificado con el inciso c), el cual resulta inatendible. En efecto, el quejoso aduce que fue declarado fíctamente confeso al tenor de posiciones que fueron formuladas en forma imprecisa y que no versaron sobr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19947-b79e153e/confesion-ficta-prueba-de-la-requisitos-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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