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Modo: Corpus Pro

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE MAYO DE 2004, NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE NO SE RIGEN POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 25 BIS, FRACCIONES I Y IV Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 97 QUÁTER Y 128 TER, FRACCIONES I, II Y V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTES A PARTIR DEL 4 DE MAYO DE 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1593/2005. · Registro digital (IUS): 19971
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GASOLINERA PATRIA, S.A. C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 477.

AMPARO EN REVISIÓN 1593/2005. GASOLINERA PATRIA, S.A. C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado respecto de los artículos 13, 24, 25, 25 Bis, 96, 97 Ter, 97 Quáter, 98, 98 Ter y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

SEGUNDO. Toda vez que el cómputo de temporalidad en el presente recurso fue ya estudiado por el tribunal a quo, se entiende por ende oportuna su interposición.

TERCERO. Resulta innecesario transcribir los agravios primero y quinto del escrito de la quejosa, en virtud de que en ellos se ataca el sobreseimiento decretado por el Juez a quo, y toda vez que de ello ya se hizo cargo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a analizar el problema de inconstitucionalidad que prevalece.

CUARTO. Ahora bien, resulta indispensable que esta Primera Sala corrija de oficio la incongruencia detectada entre el quinto considerando y el tercer resolutivo, de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los términos que a continuación se exponen.

En el tercer resolutivo de la referida ejecutoria, señala remitir el recurso a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por subsistir el problema de constitucionalidad respecto a los artículos 13, 24, 25, 25 Bis, 96, 97 Quáter, 98, 98 Bis y 129 Ter, sin embargo, tanto del quinto considerando de la sentencia referida, como de los agravios esgrimidos por la quejosa, se aprecia que el problema de constitucionalidad que subsiste, es respecto de los artículos 13, 24, 25, 25 Bis, 96, 97 Quáter, 98, 98 Bis y 128 Ter.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por este Alto Tribunal, mismo que a letra dice:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, diciembre de 2004

"Tesis: 1a. CLIII/2004

"Página: 360

"EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado. Ahora bien, si en una sentencia que concede el amparo se precisan efectos que no son consecuencia directa de la ineficacia de la ley declarada inconstitucional, se está ante una incongruencia externa, toda vez que los efectos del amparo tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según su naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo que los efectos del amparo son una consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su determinación depende de la naturaleza del acto reclamado, o de la interpretación y alcance de la norma declarada inconstitucional, según se trate. En esas condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia de los efectos precisados por el juzgador de primer grado, en relación con la pretensión del quejoso, según la naturaleza del acto reclamado y en atención, en su caso, a la interpretación de la norma declarada inconstitucional, debe prevalecer el sentido general de la parte considerativa, a fin de que los derechos, obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o prerrogativas que no sean consecuencia directa de la ineficiencia del acto declarado inconstitucional; de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista agravio al respecto."

En tal virtud, se procede al estudio de los agravios esgrimidos por la quejosa en los que en esencia manifiesta que tilda de inconstitucionales los artículos 13, 24, 25, 25 Bis, 96, 97 Ter, 97 Quáter, 98, 98 Ter y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y aduce en forma genérica y global lo que a continuación se sintetiza:

En su segundo agravio, la quejosa en esencia señala lo siguiente:

• Que contrariamente a lo aducido por el Juez de Distrito, los preceptos impugnados sí violan las garantías de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional y de libertad de comercio de la quejosa prevista en el artículo 5o. del ordenamiento citado, ya que la ley que se impugna faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor para vigilar y verificar a la quejosa, sin embargo, señala que esas facultades deben estar autorizadas en la ley en términos que no vulneren la Constitución Federal, ya que las facultades amplias e ilimitadas que prevé la ley para aplicar estos actos en aras de la protección al consumidor, de ninguna manera justifican la intromisión en la esfera jurídica del quejoso.

• Que de la misma forma coartan la libertad de comercio que ejerce la quejosa, las medidas precautorias previstas por el artículo 25 Bis, ya que es la propia Procuraduría Federal del Consumidor la que preventivamente calibra los instrumentos de medición de las gasolineras y posteriormente realiza las acciones de vigilancia y verificación e impone las medidas precautorias de inmovilización y prohibición de la comercialización

• Que si la propia autoridad responsable es la que constata lo anterior, bien podría en el propio momento de detectar alguna irregularidad en los instrumentos de medición, en lugar de aplicar medidas que en nada son precautorias, realizar las pruebas para dejar los instrumentos debidamente calibrados para el despacho correcto, independientemente de sujetar al procedimiento administrativo a la empresa detectada en esa situación.

• Que por lo anterior, la aplicación de las medidas precautorias llevan como único fin el privar de la garantía constitucional que tiene el proveedor de dedicarse al comercio que legítimamente tiene derecho, contraviniendo de esta manera lo señalado por el artículo 5o. de la Constitución Política Federal.

• Que las disposiciones impugnadas sí coartan la plena libertad de la sociedad quejosa para realizar la enajenación del combustible al público en general, aunque incurra o no en alguna contravención a la normatividad que la regula, ya que los actos y medidas previstas en las normas impugnadas, no son razonablemente superables al ser un obstáculo para la empresa quejosa en el desempeño de su actividad comercial.

En el tercer agravio de su escrito, la quejosa en esencia argumenta lo siguiente:

• Que los artículos impugnados transgreden la garantía de igualdad prevista por el artículo 13 constitucional, al establecer en los artículos impugnados, actos y sanciones específicas que se deberán aplicar a unos proveedores perfectamente denominados, como el caso de la quejosa, sin embargo, a otros proveedores, aun cuando cometan infracciones más graves en detrimento de los consumidores, se les aplican sanciones distintas a las que en su caso se aplican a quienes por el simple hecho de comercializar determinados productos, aun cometiendo una infracción mínima, se les aplica todo el rigor de la ley.

• Que al actuar la Procuraduría Federal del Consumidor como un tribunal especial cuando se instauren procedimientos en contra de los proveedores descritos en el artículo 128 Ter de la ley impugnada, con ello se está creando un fuero para los proveedores no contemplados por el artículo referido.

QUINTO. Ahora bien, el texto de los artículos que la quejosa impugna en forma generalizada, son los siguientes:

"Artículo 13. La procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

"Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley, excepto cuando se demuestre que la información requerida sea de estricto uso interno o no tenga relación con el procedimiento de que se trate. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez."

"Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

"I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

"II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

"III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

"IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

"V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

"VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores;

"VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor;

"VIII. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación en las materias a que se refiere esta ley y prestar asesoría a consumidores y proveedores;

"IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;

"IX Bis. Promover en coordinación con la secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;

"X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar estudios relativos;

"XI. Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones para el logro de los objetivos de esta ley;

"XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;

"XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;

"XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;

"XIV Bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

"XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad aplicable, y organizar y llevar el registro público de contratos de adhesión;

"XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley;

"XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas que afecten los intereses de los consumidores;

"XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión;

"XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

"XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;

"XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los retribuirán o compensarán, y

"XXII. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos."

"Artículo 25. La procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar las siguientes medidas de apremio:

"I. Apercibimiento;

"II. Multa de $155.20 a $15,520.11;

"III. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por $6,208.04.00, y

"IV. El auxilio de la fuerza pública."

"Artículo 25 Bis. La procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:

"I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;

II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el artículo 98 Ter de esta ley;

"III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios;

"IV. Colocación de sellos de advertencia, y

"V. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta ley.

"Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efecto expida la procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 57 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; así como cuando se advierta que se afecta o se puede afectar la economía de una colectividad de consumidores en los casos a que se refiere el artículo 128 Ter o cuando se violen disposiciones de esta ley por diversas conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como: el incumplimiento de precios o tarifas exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el incumplimiento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias y por publicidad o información engañosa. En el caso de la medida precautoria a que se refiere la fracción IV de este precepto, previo a la colocación del sello respectivo, la procuraduría aplicará la medida a que se refiere el artículo 25, fracción I, de esta ley. Tales medidas se levantarán una vez que se acredite el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En su caso, la procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades competentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este precepto."

"Artículo 96. La procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.

"Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la procuraduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización."

"Artículo 97 Ter. Cuando con motivo de una visita de verificación se requiera efectuar toma de muestras para verificar el cumplimiento de esta ley, en el acta se deberá indicar el número y tipo de muestras que se obtengan.

"Para la toma y análisis de las muestras a que se refiere el párrafo anterior, se procederá en los siguientes términos:

"I. Se tomarán por triplicado, una para el análisis de la procuraduría, otra quedará en poder del visitado quien podrá efectuar su análisis, y la tercera tendrá el carácter de muestra testigo que quedará en poder del visitado y a disposición de la procuraduría. A las muestras se colocarán sellos que garanticen su inviolabilidad;

"II. El resultado del análisis emitido por la procuraduría se le notificará al visitado en los términos del artículo 104 de esta ley;

"III. En caso de que el visitado no esté de acuerdo con los resultados deberá exhibir el análisis derivado de la muestra dejada en su poder y además, la muestra testigo, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los resultados de la procuraduría;

"IV. En tales casos, la procuraduría ordenará el análisis de la muestra testigo en su laboratorio. El análisis se realizará en presencia de los técnicos designados por las partes, debiéndose levantar una constancia de ello. El dictamen derivado de este último, será definitivo, y

"V. En caso de tratarse de análisis o pruebas no destructivas, las muestras serán devueltas al visitado a su costa; en caso de que éste no las recoja en un plazo de treinta días a partir de la notificación respectiva, dichas muestras se podrán donar para fines lícitos o destruir."

"Artículo 97 Quáter. Si durante el procedimiento de verificación se detecta alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 Bis de esta ley, se aplicarán, en su caso, las medidas precautorias que correspondan, asentándose dicha circunstancia en el acta respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de iniciar el procedimiento previsto por el artículo 123 de esta ley."

"Artículo 98. Se entiende por visita de verificación la que se practique en los lugares a que se refiere el artículo 96 de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, debiéndose:

"I. Examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan éstos o se presten los servicios y los documentos e instrumentos relacionados con la actividad de que se trate;

"II. Verificar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa drenada, tarifas e instrumentos de medición de dichos bienes o servicios en términos de esta ley;

"III. Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, atendiendo al giro del proveedor; y

"IV. Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la ley."

"Artículo 98 Ter. La procuraduría podrá ordenar el aseguramiento de bienes o productos que se comercialicen fuera de establecimiento comercial cuando no cumplan con las disposiciones aplicables, conforme al procedimiento que al efecto se establezca y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y lo hará del conocimiento de las autoridades competentes a fin de que adopten las medidas que procedan."

"Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

"I. Aquellos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los derechos e intereses de un grupo de consumidores;

"II. Cuando la infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de consumidores;

"III. Aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores;

"IV. Aquellas conductas que se cometan aprovechando la escasez, lejanía o dificultad en el abastecimiento de un bien o en la prestación de un servicio;

"V. Cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo o a precios o tarifas establecidos o registrados por la secretaría o por cualquiera otra autoridad competente, y

"VI. La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en el artículo 128 de esta ley."

SEXTO. Se califican de infundados los agravios segundo y tercero que esgrime la quejosa, por las consideraciones que se vierten a continuación.

En principio, es necesario precisar que no le asiste la razón a la recurrente al señalar que las facultades y atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, que prevé la Ley Federal de Protección al Consumidor, conculcan las garantías de audiencia y libertad de comercio previstas en los artículos 14 y 5o. constitucionales, ya que tienden a sujetar a los comerciantes limitando y restringiendo su libertad de comercio, sin que sea justificación para ello la protección al interés público, ya que según manifiesta, tales facultades deben estar autorizadas en la ley en términos que no vulneren la Constitución Federal.

Esto es así, a efecto de abordar el análisis de los agravios esgrimidos por la quejosa en relación con las facultades de vigilancia, verificación y sanción que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, en relación con las diversas disposiciones que tienden a proteger el interés público, las cuales la quejosa señala que transgreden la libertad de comercio consagrada en el artículo 5o. constitucional, es menester precisar la naturaleza jurídica de este organismo, mismo que la recurrente pretende desconocer.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión de veintisiete de junio de dos mil cinco diversos amparos en revisión (ciento sesenta y tres), relativos todos al decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (entre las que se encuentran las normas reclamadas), publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, se pronunció respecto a las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, precisando que:

"Por otra parte, la quejosa plantea que las normas reclamadas otorgan a la Procuraduría Federal del Consumidor, atribuciones que no son acordes con su naturaleza jurídica, para dar respuesta a ello se señala lo siguiente:

"De conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se rige por lo dispuesto en la ley de la materia, los reglamentos de ésta y su estatuto.

"Los derechos tutelados por esta ley son de carácter eminentemente social. El sentido de dicha tutela es evitar que la inferioridad económica de grandes grupos de consumidores les lleve aceptar relaciones de consumo injustas.

"Se trata de una legislación intervencionista y asistencialista de las clases más desprotegidas, bajo la premisa de garantizar la intervención del poder público en la protección de los grupos económicamente más débiles y evitar que se cometan injusticias al aplicar en las relaciones de consumo algunos preceptos de derecho privado que tienen como presupuesto la igualdad de los contratantes, principio que no existe entre proveedores y consumidores, ya que éstos constituyen el sector necesitado de protección.

"En sus inicios, la Procuraduría Federal del Consumidor adoptó una política de protección al consumidor que justificaba cierto grado de paternalismo estatal bajo el argumento de que algunos consumidores no eran capaces de tomar decisiones de consumo que resultaran benéficas para sus finanzas personales o familiares.

"Con el paso del tiempo, los cambios legislativos que ha sufrido esta legislación originaron una importante evolución de la Procuraduría Federal del Consumidor, para situarla no sólo como un organismo de carácter eminentemente social, sino también económico.

"La globalización de la economía, causada por la apertura en el comercio exterior y la modernización de la planta productiva, influyó de manera determinante en las relaciones comerciales, modificando inevitablemente los patrones de consumo.

"Esta complejidad de la economía global de mercado ha modificado también la actitud del legislador respecto a la política de la procuraduría, en el sentido de determinar cómo se pueden obtener mejores resultados en cuanto a la protección efectiva del consumidor. De este modo, se ha transformado el entorno de la protección legal al consumidor.

"El fenómeno de la globalización generó la necesidad insoslayable de información por la parte que se considera vulnerable en las relaciones de consumo: el consumidor, quien en la actualidad, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como a la participación activa del Estado, está en posibilidades de conocer e informarse respecto de los mercados, productos, distribuidores y servicios.

"Conviene señalar que el consumidor es un componente esencial del funcionamiento de la economía nacional, por lo que su protección y asesoría por parte del Estado se justifica también por esas razones y no sólo por considerar que se trata de un grupo vulnerable.

"Se considera, pues, que una política de protección al consumidor permite elevar la calidad de los productos que se adquieren y mejorar el consumo basándose en prácticas justas, lo cual apoya el crecimiento económico y el bienestar de la población.

"Así, el enfoque de la Procuraduría Federal del Consumidor sin dejar de ser asistencialista y tutelar, privilegia también una política preventiva para mejorar la economía nacional.

"La actual política de protección al consumidor se puede definir como un instrumento económico y social que permite mejorar el funcionamiento de los mercados, con una visión preventiva, basada en la distribución de información y la educación para el consumo.

"En suma, con la actual legislación, puede decirse que la Procuraduría Federal del Consumidor orienta su política a procurar equidad y seguridad en las relaciones de consumo para favorecer el mejor funcionamiento de los mercados y garantizar los derechos e intereses de los consumidores, mediante acciones de carácter preventivo y correctivo.

"Ahora bien, para poder hacer efectivos los fines antes descritos, la Procuraduría Federal del Consumidor está dotada de ciertas facultades legales que, como autoridad administrativa, puede ejercer.

"Del articulado de la ley de la materia, pueden encontrarse diferentes tipos de facultades, las que pueden agruparse bajo la siguiente clasificación:

"a) Facultades de carácter preventivo.

"b) Facultades de carácter educativo.

"c) Facultades de representación y procuración.

"d) Facultades de resolución de conflictos.

"Las facultades de resolución de conflictos todavía pueden dividirse en:

"d.1) Facultades de carácter administrativo-sancionador.

"d.2) Facultades de carácter conciliatorio.

"d.3) Facultades de carácter arbitral.

"Las facultades preventivas le permiten requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento (artículo 24, fracción XX). Asimismo, ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los retribuirán o compensarán (artículo 24, fracción XXI). Por último, dentro de las facultades preventivas también se encuentra la obligación de los proveedores de inscribir los contratos de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor cuando así lo establezca la ley de la materia o la Secretaría de Economía mediante Normas Oficiales Mexicanas (artículo 86, primer párrafo).

"Como ejemplos de facultades educativas, pueden mencionarse la de la elaboración de material informativo, de orientación y de educación a los consumidores, así como su divulgación en los lugares o establecimientos respectivos; y la creación de módulos o sistemas de atención y orientac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19971-45235eab/proteccion-al-consumidor-las-medidas-precautorias-contenidas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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