I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES DE UNA SALA CONSTITUCIONAL LOCAL (SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 36/2014-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2014. DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de septiembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver el recurso de reclamación identificado al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Interposición del recurso. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Nava Alvarado, en su carácter de Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de once de junio del año citado, dictado en la controversia constitucional 66/2014 por el que la Ministra instructora desechó de plano la demanda.
En la referida demanda se señalaron con el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Querétaro, así como a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa. Como actos impugnados se señalaron los siguientes:
- La sentencia de nueve de diciembre de dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Sala Constitucional, Celia Maya García, instructora en el juicio de protección de derechos fundamentales 1/2012.
- La resolución de tres de abril de dos mil catorce dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, al resolver el recurso de reclamación promovido contra la citada sentencia.
- El auto de veintisiete de mayo de dos mil catorce, mediante el cual la Magistrada de la Sala Constitucional, Celia Maya García, ordena a la legislatura local el cumplimiento del fallo de nueve de diciembre de dos mil trece, dictado en el juicio de protección de derechos fundamentales 1/2012.
- El proveído de dos de junio de dos mil catorce, mediante el que la Magistrada en mención otorgó una prórroga de doce días hábiles a la legislatura local para que diera cumplimiento a la sentencia de nueve de diciembre de dos mil trece, dictada en el juicio de protección de derechos fundamentales 1/2012.
- De la Legislatura, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Querétaro, la aprobación, expedición, refrendo y publicación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, publicada en el Diario Oficial del Estado "La Sombra de Arteaga", el veintisiete de marzo de dos mil nueve, en específico lo concerniente al artículo 74, fracción IV, y todo el Capítulo Quinto, denominado "Juicio de Protección de Derechos Fundamentales", previstos en los artículos 100 al 114 del referido ordenamiento legal.
SEGUNDO. Admisión y trámite del recurso. Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil catorce, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente recurso de reclamación, al que correspondió el número 36/2014-CA; ordenó correr traslado al Procurador General de la República y turnó el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán para la elaboración del proyecto de resolución.
Posteriormente, por auto de diez de julio de dos mil catorce, el Presidente de este Alto Tribunal envió el expediente de la reclamación para su radicación y resolución a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil catorce, el Presidente de la Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del presente recurso y ordenó remitir los autos al Ministro ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción I, y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General Plenario número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que el recurso de reclamación no se ubica en los supuestos de los asuntos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Procedencia. El recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución,(1) ya que se interpuso contra el auto de la Ministra instructora que desechó la demanda de la controversia constitucional 66/2014.
Por otra parte, dicho recurso se presentó oportunamente pues Iván Gallegos Suárez, delegado de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, compareció el miércoles dieciocho de junio de dos mil catorce en la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a darse por notificado del proveído recurrido-entregándosele el oficio número 2336/2014 del Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la referida subsecretaría, en el que se encuentra inserto el auto impugnado-, por lo que el plazo de cinco días que establece el artículo 52 de la Ley de la materia(2) para interponer el medio de impugnación de que se trata, transcurrió del viernes veinte al jueves veintiséis de junio del año en cita,(3) mientras que el escrito relativo se presentó el veintiséis de junio dos mil catorce.
Finalmente, el recurso aparece suscrito por Miguel Nava Alvarado, en su carácter de Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, misma persona que suscribió la demanda de controversia constitucional, el que acreditó el cargo con que se ostenta con copia certificada de la constancia expedida por la Legislatura del Estado de Querétaro y con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de seis de abril de dos mil doce, en el que se publicó el Decreto por el que se le designó como Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, por lo que debe reconocérsele legitimación para presentar el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21(4) de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.
TERCERO. Acuerdo recurrido. En el auto de once de junio dos mil catorce, la Ministra instructora desechó de plano la controversia constitucional 66/2014, razonando, en esencia, lo siguiente:
- En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley de la materia, con relación a los diversos 1º del mismo ordenamiento legal y 105, fracción I, de la Constitución General de la República, toda vez que el referido precepto constitucional establece de manera taxativa los supuestos de procedencia del presente medio de control constitucional, entre los cuales "no se encuentra la posibilidad de que se plantee una controversia constitucional entre un órgano constitucional autónomo de carácter estatal y los poderes de una entidad federativa".
- No se soslaya que los órganos constitucionales autónomos pueden promover controversias constitucionales, empero, "el diseño constitucional solamente brinda legitimación activa a los órganos constitucionales autónomos de índole federal y no a los estatales". Ello, ya que de los antecedentes legislativos de la reforma a la Constitución Federal publicada el once de junio de dos mil trece, se advierte que se propuso adicionar un inciso l) a la fracción I del artículo 105, para efectos de que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiesen contar con legitimación activa en el presente medio de control constitucional.
- De llegarse al extremo de considerar que los órganos constitucionales autónomos del ámbito local sí cuentan legitimación activa, lo cierto es que aun así en la especie no se actualiza el supuesto de procedencia consagrado en el artículo 105, fracción I, inciso l), constitucional, "porque los actos que se impugnan no se atribuyen a otro órgano de la misma naturaleza, ni al Poder Ejecutivo de la Unión o al Congreso de la Unión".
CUARTO. Agravios. En el escrito por el que se hizo valer el recurso de reclamación, la recurrente argumenta, sustancialmente, lo siguiente:
- En el primer agravio sostiene que el acuerdo impugnado es contrario al artículo 25 de la ley de la materia, ya que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro cuenta con interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, pues el hecho de que la Constitución Federal únicamente prevea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias que se susciten entre órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión, no restringe la posibilidad de que la Defensoría demande a órganos originarios del ámbito estatal, pues la legitimación pasiva debe estudiarse en cada caso concreto atendiendo al principio de supremacía constitucional.
- En el segundo motivo de disenso aduce que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro es un órgano autónomo estatal, situación que no restringe la posibilidad de interponer la demanda de controversia constitucional, ya que el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución General de la República, hace referencia a los órganos constitucionales autónomos de manera genérica, sin precisar el ámbito de competencia de éstos, es decir, si se trata de organismos federales o estatales.
- Señala que si bien es cierto que el Constituyente Permanente decidió establecer un supuesto adicional de procedencia de las controversias constitucionales para efectos de que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiesen acudir a la presente vía, también lo es que el Poder Revisor de la Constitución determinó y facultó de manera amplia a los organismos públicos autónomos para que contaran con legitimación procesal activa.
- En esa lógica, considera que la legitimación activa de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro tiene que ser analizada en su conjunto, y una vez determinada ésta, se podrá dilucidar si los poderes demandados pueden ser o no sujetos de control constitucional mediante el presente juicio, habida cuenta que este Alto Tribunal de la Nación ha sostenido que la legitimación pasiva debe analizarse en el caso particular atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida en el presente juicio y al espectro de tutela jurídica.
QUINTO. Estudio. Resulta innecesario dar respuesta a los agravios expuestos por la recurrente, en virtud de que esta Segunda Sala advierte que la presente controversia constitucional resulta improcedente, toda vez que el ente actor pretende reclamar actos jurisdiccionales que no conllevan una invasión a sus atribuciones previstas constitucionalmente.
En efecto, este Alto Tribunal ha sostenido que de manera excepcional procede la controversia constitucional cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en estricto sentido, "siempre que la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades".
Por ello, la impugnación de resoluciones jurisdiccionales en la demanda de controversia constitucional constituye un motivo manifiesto de improcedencia cuando de su análisis integral, de los escritos aclaratorios o de ampliación y de los documentos anexos a tales promociones, se aprecie con claridad que los actos cuya invalidez se reclama fueron emitidos por órganos jurisdiccionales o pueden atribuírseles, sin la existencia de elementos relativos a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, lo que constituye la excepción para la impugnación de tales resoluciones.
De esa manera, conforme al artículo 25 de la ley de la materia, la petición de invalidez constituye un motivo indudable de improcedencia cuando derivado del análisis de los documentos iniciales del proceso constitucional "existe certeza de que se está en presencia de la regla general y no de la excepción de la impugnación de resoluciones jurisdiccionales", lo que genera la plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.
Aserto que se corrobora de la jurisprudencia P./J. 16/2008 y la tesis 2a. CVII/2009, que se leen bajo el rubro:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO".(5)
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA".(6)
Del análisis que se realiza de la demanda de controversia constitucional, se advierte que el la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro argumenta, sustancialmente, lo siguiente:
- Que el "Juicio de Protección de Derechos Fundamentales", previsto en los artículos 100 al 114 de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, resulta violatorio de los artículos 40, 41, 102, apartado B, 116, párrafo segundo, fracción III, 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que el referido juicio debe encontrarse previsto expresamente en la propia Constitución del Estado de Querétaro, y no mediante leyes secundarias estatales, pues con ello pierde su supremacía.
- Señala que el artículo 100 de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, resulta violatorio de los artículos 40, 41, 102, apartado B, 103, 107,116, párrafo segundo, fracción III, 124 y 133 de la Constitución General de la República, en virtud de que establece que el juicio de protección de derechos fundamentales garantizará el respeto de los derechos humanos establecidos en tratados internacionales, siendo que esa atribución es de competencia expresa del Poder Judicial de la Federación.
- Justifica lo anterior, pues a su parecer el referido precepto local invade el ámbito de atribuciones jurisdiccionales de carácter federal, específicamente, a través de un mecanismo de protección y reparación de los derechos fundamentales paralelo al juicio de amparo, sobreponiendo su ámbito de aplicación, habida cuenta que conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la tutela de los derechos fundamentales previstos en tratados internacionales corresponde expresamente a los Tribunales Federales.
- La sentencia de nueve de diciembre de dos mil trece, dictada en el juicio de protección de derechos fundamentales 1/102, transgrede los artículos 40, 41, 102, apartado B, 103, 107, 116, párrafo segundo, fracción III, 124 y 133 de la Constitución Federal, pues la Magistrada instructora, lejos de circunscribirse a verificar la regularidad de los actos impugnados a la luz de los derechos humanos reconocidos en la constitución local, resolvió el asunto contrastando los actos impugnados frente a la Constitución Federal y los tratados internacionales, arrogándose de una competencia que es exclusiva de los Tribunales de la Federación.
- Aduce que los proveídos impugnados menoscaban los artículos 14, 16 y 102, apartado B, de la Constitución Federal, ante la omisión en que incurrió el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, al no haber llamado a juicio a la Defensoría de Derechos Humanos de tal entidad federativa.
- Asimismo, considera que deben invalidarse los autos y sentencias impugnadas, ya que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro pretende que se ejecute una sentencia que tiene por objeto hacer nugatorias las facultades de la legislatura estatal, ya que al ordenarse la reposición del procedimiento de elección del Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, implica dejar sin efectos la designación de presidente de esa defensoría, el cual es un acto soberano del legislativo y, en consecuencia, no puede ser objeto de control constitucional local.
- En ese sentido, afirma que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro se ve seriamente agravada en virtud de que la tramitación del juicio de derechos fundamentales 1/2012 que se impugna, le somete a un procedimiento que carece de sustento constitucional, afectando de manera directa su conformación, restringiendo su autonomía y funcionamiento.
Como se advierte de las anteriores argumentaciones, la controversia legal en el presente asunto no involucra aspectos propiamente competenciales del ente actor, pues la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro se queja, toralmente, de que se le sometió a un procedimiento que se encuentra basado en una norma local que, a su parecer, incumple con los requisitos legales para su validez -a saber, que se encuentre expresamente previsto en la Constitución del Estado de Querétaro- y que se cometieron violaciones procesales en su perjuicio al momento de la sustanciación del juicio de control constitucional local.
Cuestiones que no son susceptibles de analizarse en la especie, pues implicaría convertir a la controversia constitucional en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural, lo que se contrapone con el objeto de tutela del presente juicio.
Siendo que el hecho de que el tribunal estatal haya ordenado reponer el procedimiento de designación de Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, se reduce a una mera cuestión de legalidad que no encuentra relación directa con el cúmulo de atribuciones que la Constitución Federal le otorga a dicho órgano constitucional autónomo.
Por tal razón, aun cuando la parte actora pretenda sostener la procedencia de la controversia constitucional en el hecho de que al habérsele sometido al Juicio de Protección de Derechos Fundamentales, se afectó su conformación y funcionamiento, lo cierto es que no se advierte que el punto jurídico a dilucidar en dicho juicio ataña a alguna invasión de las facultades que le concede el artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la República.
Finalmente, si bien la demandante refiere que el artículo 100 de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, invade la competencia expresa que los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgan a los Tribunales Federales -al permitir que el Tribunal Superior de Justicia de tal entidad federativa, analice violaciones a los derechos humanos establecidos en tratados internacionales-, que la Magistrada instructora se excedió en sus facultades al analizar cuestiones convencionales que corresponden expresamente al Poder Judicial de la Federación y que con la reposición del procedimiento de designación de Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, se afecta una decisión soberana del Poder Legislativo Local, lo cierto es que la parte actora carece de interés legítimo para combatir esas presuntas violaciones, pues en todo caso, es claro que es el propio ente público a quien se le vea afectada su esfera de atribuciones con motivo de la emisión de tal norma y actos, el que debe acudir a la controversia constitucional para defender el ámbito competencial que le otorga la Norma Suprema.
Así lo prevé la tesis 2a. XVI/2008 cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN".(7)
SÉPTIMO. Decisión. En atención a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de reclamación y confirmar el proveído impugnado en el sentido de desechar la demanda del juicio de controversia constitucional 66/2014.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso de reclamación.
SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Luis María Aguilar Morales. Ausente el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Firman los Ministros Presidente y el Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
PONENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA
LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ
_____________
1. "Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:--- I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones; [...]"
2. "Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas".
3. Al respecto, debe tenerse presente que la notificación surtió sus efectos el jueves diecinueve de junio de dos mil catorce y se descontaron los días veintiuno y veintidós de ese mes por ser sábado y domingo, respectivamente, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria de la materia , 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , y primero, incisos a) y b), del Acuerdo General Plenario 18/2013 ,
4. "Artículo 21. El Presidente de la Comisión [Estatal de los Derechos Humanos] tendrá las siguientes facultades:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión";
[...]
*NOTA: Mediante reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete de septiembre de dos mil trece, se reformó el precepto 33 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, cambiando la denominación de la otrora "Comisión Estatal de los Derechos Humanos" a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Empero, no se ha modificado la Ley de los Derechos Humanos de Querétaro para efectos de adecuar el referido cambio de denominación.
5. Consultable en la página 1815, del tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época.
6. Visible en la página 2777, del tomo XXX, septiembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época.
7. Visible en la página 1897, tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200014-f53cf13f/i-controversia-constitucional-su-manifiesta-e-indudable-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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