I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (ORDEN VERBAL O ESCRITA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DESCONOCER LA DEBIDA DESIGNACIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA; SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DE PARTICIPACIONES ECONÓMICAS, ESTATALES Y FEDERALES, QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE REFERENCIA, PRINCIPALMENTE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS 28 Y 33 FONDOS III Y IV, ORDENADA Y EJECUTADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA; Y ORDEN ESCRITA PARA RETENER DE MANERA PERMANENTE, CONTINUA Y DE TRACTO SUCESIVO LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO ACTOR). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUELLAS SUBSISTAN (LA NO ENTREGA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES POR CONDUCTO DEL TESORERO MUNICIPAL A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE DOS MIL CATORCE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (SUPUESTA INDEBIDA ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE LOS RAMOS 28 Y 33 -FONDOS III Y IV- Y DEMÁS APORTACIONES FEDERALES A ALGUIEN CON EL SUPUESTO CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL, NOMBRAMIENTO QUE NO LE HA SIDO OTORGADO EN SESIÓN DE CABILDO, CONFORME A LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y LAS APORTACIONES FEDERALES, DESDE LA FECHA DE LA RETENCIÓN A LA FECHA, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA). IV. SESIONES DE CABILDO EN EL ESTADO DE OAXACA. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE LEGALIDAD, ES NECESARIO QUE EXISTA EL QUÓRUM DEL AYUNTAMIENTO, ES DECIR, LA MITAD MÁS UNO DE SUS INTEGRANTES, TOMANDO EN CUENTA QUE NO ES POSIBLE DIVIDIR A LOS INTEGRANTES EN FRACCIONES (SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE). V. SESIONES DE CABILDO EN EL ESTADO DE OAXACA. DEBEN SER PRESIDIDAS POR EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE QUE SE TRATE, O POR QUIEN LO SUSTITUYA LEGALMENTE, Y DEBE INTERVENIR EL SECRETARIO MUNICIPAL, QUIEN TENDRÁ VOZ PERO NO VOTO (SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE). VI. SESIONES DE CABILDO EN EL ESTADO DE OAXACA. SUS MOCIONES DEBEN SER APROBADAS CON LA VOTACIÓN IDÓNEA, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE (SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE). VII. SESIONES DE CABILDO EN EL ESTADO DE OAXACA. ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONVOCARLAS PERO, EN SU DEFECTO, PUEDEN REALIZARLO LOS REGIDORES, A FIN DE TRATAR ASUNTOS URGENTES (SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE). VIII. SESIONES DE CABILDO EN EL ESTADO DE OAXACA. ES FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO APROBAR LA REMOCIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PERO, EN SU AUSENCIA, LA MOCIÓN PODRÁ PRESENTARSE POR EL REGIDOR QUE ELIJA LA MAYORÍA DE LOS ASISTENTES COMO SU SUPLENTE (SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE). IX. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. PARA QUE LAS ENTREGAS DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA PUEDAN ESTIMARSE CORRECTAMENTE REALIZADAS, EL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD DEBE ACREDITAR QUE LAS HIZO MEDIANTE LAS PERSONAS AUTORIZADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS ACTAS DE CABILDO RESPECTIVAS (DEBIDA ENTREGA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO ACTOR). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES EL MEDIO DE CONTROL PARA LA RESOLUCIÓN DE UN CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL ENTRE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (AUSENCIA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL ADVERTIDO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2014. MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, ESTADO DE OAXACA. 12 DE AGOSTO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de agosto de dos mil quince por el que se emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 67/2014 promovida por el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, por conducto de Luis Bernardo Ramírez Caballero, quien se ostentó como síndico municipal, en la que demandó la invalidez de los actos emitidos por la autoridad que se indica:(1)
Ver autoridad demandada y actos impugnados
I. ANTECEDENTES.
1. Los antecedentes narrados en la demanda son los siguientes:
2. En el Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, la elección de los integrantes del ayuntamiento para el periodo "2014-2016" se llevó a cabo el siete de julio de dos mil trece.
3. El once de julio siguiente, el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca otorgó la constancia de mayoría a la planilla de concejales electos postulados por la coalición Unidos por el Desarrollo, integrada de la siguiente manera:(2)
Ver integración
4. El primero de enero de dos mil catorce,(3) en sesión solemne de cabildo, rindieron protesta los concejales propietarios del municipio actor, para ejercer el cargo durante el periodo "2014-2016", de la siguiente forma:(4)
Ver forma 1
5. Asimismo, entre otras cosas, se nombró a Samuel Osorio Carrizosa y a Manuel César Sánchez Zavaleta, respectivamente, para ocupar los cargos de secretario y tesorero municipales.
6. El secretario de finanzas desde la primera quincena del mes de enero de dos mil catorce dio la instrucción de no entregar, retener o suspender el pago de las participaciones municipales al municipio actor, ya que pretenden crear un clima de ingobernabilidad para proponer ante el congreso del estado la desaparición de poderes y el nombramiento de un administrador.(7)
7. Se han retenido ilegalmente los recursos municipales a pesar de que se notificó oportunamente a la Secretaría de Finanzas que el tesorero legalmente facultado para recibir las participaciones municipales era Manuel César Sánchez Zabaleta, sin embargo, éstos no han sido entregados al municipio actor.(8)
8. En sesión de cabildo de veintitrés de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, se autorizó la licencia que solicitó, de manera verbal, Franco Alfonso Vásquez Armengol como regidor de desarrollo social y se tomó protesta a su suplente Erick López González; asimismo, se ratificó como tesorero municipal a Manuel César Sánchez Zabaleta.(9)
9. El veintinueve de mayo siguiente el presidente y el tesorero municipales solicitaron nuevamente a la Secretaría de Finanzas la entrega de las participaciones municipales, sin que a la fecha se haya dado respuesta por escrito a las peticiones de entrega de las participaciones y aportaciones, pues solo se les ha informado por conducto de la ventanilla de pago en dicha secretaría que "hay orden del secretario de finanzas de no pagarnos las participaciones Municipales al Presidente Municipal y a su Tesorero, sin dar otra explicación".(10)
10. Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez relativo a la inconstitucionalidad de la retención de los recursos municipales por violación a los artículos 14, 16 y 115 constitucionales (audiencia, legalidad y autonomía municipal), el municipio actor señaló en síntesis que:
a) Las determinaciones de la autoridad responsable de ordenar retener los recursos municipales, así como el desconocimiento expreso del nombramiento de Manuel César Sánchez Zabaleta como tesorero municipal, contraviene las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que dichos actos no tienen sustento en un procedimiento legal que hubiere garantizado la defensa del municipio, puesto que no fue notificado del inicio de ningún procedimiento que justifique la ejecución de los actos impugnados.
b) Los actos impugnados son violatorios del artículo 115, fracciones II, primer párrafo; IV, incisos b) y c), y último párrafo de la Constitución Federal, porque violan la autonomía municipal en cuanto a la libre designación de las personas que deben recibir las participaciones municipales. Además, de que las participaciones federales son inembargables, y no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención alguna, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los mismos municipios, con autorización de las legislaturas locales, siendo que dichas participaciones deben ser cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo las excepciones expresamente previstas.
c) Asimismo, los fondos de aportaciones federales se enterarán a los municipios a través de los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que establecen los artículos 19 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
d) Se vulnera la facultad del municipio actor para manejar su patrimonio conforme a la ley y administrar libremente su hacienda, la que se formará, entre otros, con los recursos correspondientes a los ramos 28 y 33, relativos a las participaciones y aportaciones federales, respectivamente.
e) El Poder Ejecutivo del Estado no está facultado para retener las participaciones al municipio actor, además de que la autoridad demandada no es autoridad competente para controvertir una determinación de cabildo donde se haya designado a un tesorero municipal, ya que ello sería una clara intromisión a la autonomía municipal.
f) Por todo lo anterior, procede que se ordene la inmediata entrega de los recursos financieros al municipio por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta, con el pago de los intereses generados y las actualizaciones correspondientes, desde el mes de enero hasta la fecha en que se tengan retenidas.
11. Artículos constitucionales señalados como violados. El municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. TRÁMITE DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
12. Admisión y trámite. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, de conformidad con la certificación que al efecto se acompañó.(11)
13. El ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al síndico del municipio actor; y como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, pero no así al Secretario de Finanzas de la Entidad, en virtud de que se trata de un órgano subordinado del indicado Poder Ejecutivo, emplazó al poder demandado para que formulara su contestación; y, dio vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(12)
14. Contestación a la demanda. El poder demandado en su contestación señaló, en síntesis, que:
a) Se debe decretar el sobreseimiento porque no existen los actos impugnados, toda vez que la Secretaría de Finanzas ha ministrado oportunamente al municipio actor sus participaciones y aportaciones federales, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de dos mil catorce, por conducto de José Manuel Castillo Merino quien funge como tesorero municipal en funciones, designado mediante sesión extraordinaria de cabildo celebrada el cuatro de marzo de dos mil catorce, por la mayoría de los integrantes del citado ayuntamiento.
b) El pago de los recursos municipales se inició a partir del siete de marzo de dos mil catorce, porque hasta dicha fecha el ayuntamiento hizo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas los acuerdos relativos a la persona que ostentaba el cargo de tesorero municipal, y ha sido por conducto de dicho funcionario que se han ministrado los recursos referidos, siendo imputable al municipio dicha circunstancia.
c) Niega la existencia de la orden verbal o escrita por la que se hubiera desconocido a Manuel César Sánchez Zabaleta en el cargo de tesorero municipal, puesto que la Secretaría de Finanzas se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para determinar tal circunstancia, ya que el ejercicio de dicha facultad corresponde de forma exclusiva al ayuntamiento.
d) Ad cautelam señala que es cierto que la elección de los integrantes del ayuntamiento se llevó a cabo el siete de julio de dos mil trece, así como que el once de julio siguiente se expidieron las constancias de asignación que acreditan a Félix Octavio Sánchez Vásquez y Franco Alfonso Vásquez Armengol, como concejales propietarios electos por el principio de representación proporcional del ayuntamiento y que el primero de enero de dos mil catorce rindieron protesta los concejales propietarios del municipio actor, para ejercer el cargo durante el periodo de "2014-2016".
e) Es falso que desde la primera quincena del mes de enero de dos mil catorce se haya dado la instrucción de no entregar los recursos municipales, puesto que la Secretaría de Finanzas ministra normalmente dichos recursos a través de la autoridad municipal facultada para tal efecto.
f) Es cierta la petición por parte del presidente, síndico y regidor de hacienda del municipio actor para el efecto de que se ministren los recursos por conducto de Manuel César Sánchez Zabaleta, pero es falso que exista una retención de recursos municipales.
g) Es falso el hecho que refiere a la supuesta solicitud de licencia temporal del concejal Franco Alfonso Vásquez Armengol, puesto que ésta fue negada por el propio concejal, a través del acta de sesión extraordinaria de cabildo de veinticinco de junio de dos mil catorce, aunado a que la misma se encuentra indebidamente certificada por Samuel Osorio Carrizosa, con fecha posterior a su remoción en el cargo de secretario municipal del municipio actor.
h) Es falso el hecho relativo a la autorización de la licencia de Franco Alfonso Vásquez Armengol, la toma de protesta de Erick López González y la ratificación como tesorero de Manuel César Sánchez Zabaleta, derivados del acta de veintitrés de mayo de dos mil catorce, toda vez que ésta se encuentra suscrita únicamente por tres de siete concejales propietarios, por lo que no puede considerarse como apta para surtir sus efectos legales correspondientes.
i) Es falso que sigan vigentes los acuerdos anteriores, puesto que en sesión extraordinaria de cabildo de veinticinco de junio de dos mil catorce -aprobada por cuatro de siete concejales-, el municipio actor ratificó los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria de cuatro de marzo de dos mil catorce, asimismo, desconoció los acuerdos tomados en la supuesta sesión de veintitrés de mayo del mismo año.
j) Es falso el hecho relacionado con la solicitud de entrega de los recursos municipales y que no se había recibido respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas respecto a dicha solicitud, ya que mediante oficio S.F./U.S.J./D.C./R.N./232/2014 de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, notificado el once siguiente, la citada secretaría informó a la totalidad de los integrantes del ayuntamiento que mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo de cuatro de marzo de dos mil catorce, el propio ayuntamiento acordó remover del cargo de tesorero municipal a Manuel César Sánchez Zabaleta, nombrando en dicho cargo a José Manuel Castillo Merino.
k) El municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional porque no existe afectación alguna en su esfera de atribuciones, puesto que los actos impugnados son inexistentes.
l) Contrariamente a lo señalado por el municipio actor, el poder demandado a través de la Secretaría de Finanzas ha ministrado los recursos municipales por conducto del tesorero en funciones, sin que haya intervenido en forma alguna en la determinación del nombramiento del citado tesorero.
m) Es infundado el argumento del municipio actor en el sentido de que la Secretaría de Finanzas desconoció el nombramiento de Manuel César Sánchez Zabaleta en el cargo de tesorero municipal, ya que dicho desconocimiento y remoción se llevó a cabo por los integrantes del propio ayuntamiento, mediante la sesión extraordinaria de cuatro de marzo de dos mil catorce, misma que fue suscrita por cuatro de siete concejales que integran dicho municipio, lo que fue ratificado mediante la diversa acta de sesión extraordinaria de veinticinco de junio de dos mil catorce. Actas que reúnen los requisitos contemplados en el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, dado que fueron aprobadas por la mayoría de los integrantes del municipio actor. Por ello, la Secretaría de Finanzas se encontró impedida para tomar en cuenta el contenido del acta de veintitrés de mayo de dos mil catorce, dando vista a la autoridad competente para conocer de la probable comisión de algún hecho considerado como delito. Máxime que el municipio actor, en sesión extraordinaria del veinticinco de junio de dos mil catorce, desconoció el contenido y alcance, y además ratificó los acuerdos adoptados en la diversa sesión de cuatro de marzo del mismo año.
15. Trámite de la ampliación de demanda. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil catorce,(13) ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Luis Bernardo Ramírez Caballero, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, del Estado de Oaxaca, amplió la demanda de controversia constitucional, en contra del Poder Ejecutivo de la Entidad.
16. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil catorce,(14) el ministro instructor admitió la ampliación de demanda formulada por el municipio actor contra hechos nuevos, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse al dictar sentencia. Asimismo, tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por lo que ordenó emplazarlo para que presentara su contestación a la citada ampliación.
17. Los actos impugnados señalados en la ampliación son los siguientes:
"A).- La orden escrita emitida por la autoridad responsable de la ilegal retención permanente, continúa y de tracto sucesivo de las participaciones municipales y aportaciones federales que legalmente le corresponden recibir a mi representado Municipio por conducto del Presidente Municipal Víctor Amado López Hernández y del Tesorero Manuel César Sánchez Zabaleta legalmente nombrado en la sesión solemne de instalación y toma de protesta de primero de enero de dos mil catorce y ratificado su nombramiento en sesión de cabildo de fecha veintitrés de mayo del presente año, a partir de la primera quincena del mes de enero del presente año a la fecha;
B).- La indebida entrega de las participaciones municipales de los ramos 28 y 33 (fondos III y IV) y demás aportaciones federales que se le están realizando al señor José Manuel Castillo Merino, a quien el Poder Demandado le continúa entregando indebida y de manera ilegal al reconocerle el carácter de Tesorero Municipal, nombramiento que no le ha sido otorgado en sesión de cabildo conforme a la Legislación Municipal del Estado de Oaxaca; y
C).- Por consecuencia, el pago de las participaciones municipales y las aportaciones federales, desde la fecha de la retención, es decir, de enero a la fecha, así como el pago de los intereses conforme a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca a mi representado".
18. Los conceptos de invalidez formulados en la ampliación, son en síntesis, los siguientes:
a) Refiere ciertos antecedentes que fueron indicados en la demanda inicial, con las siguientes variantes:
- A petición del grupo inconforme de concejales se instalaron mesas de diálogo de fechas veintiocho de enero y cuatro de febrero de dos mil catorce, para resolver el conflicto interno que a la fecha persiste.
- El cuatro de marzo de dos mil catorce, el síndico, residente y el regidor de hacienda fueron citados en la Secretaría de Gobierno del Estado con el propósito de buscar una solución al problema suscitado entre los integrantes del municipio actor, sin que se haya llegado a algún acuerdo, levantándose al respecto una minuta.
- El once de marzo de dos mil catorce se llevó a cabo una mesa de negociación, donde se tomaron acuerdos, elaborándose una minuta en la que se dio por terminado el conflicto interno existente.
- El catorce de marzo siguiente, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Finanzas a presentar la documentación correspondiente para que se les entregaran los recursos municipales, sin embargo, se les informó que el trece de marzo, los cuatro regidores habían presentado un escrito acompañado de una supuesta sesión de cabildo de cuatro de marzo del mismo año, en donde nombraron nuevo secretario y tesorero municipales.
- El trece de mayo del mismo año, la Secretaría General de Gobierno realizó las acreditaciones de Víctor Amado López Hernández -presidente municipal-, Luis Bernardo Ramírez Caballero -síndico municipal-, y Gustavo Hernández Santiago -regidor de hacienda-, como integrantes de la Comisión de Hacienda del municipio actor, así como de Samuel Osorio Carrizasa, como Secretario Municipal y de Manuel César Sánchez Zabaleta, tesorero municipal, de conformidad a la minuta de acuerdos de once de marzo de dos mil catorce, que se firmó en la Secretaría General de Gobierno, donde se resolvió el conflicto interno.
b) La Secretaría de Finanzas debió utilizar el mismo criterio que utilizó con el acta de veintitrés de mayo de dos mil catorce, esto es debió haber requerido que el acta de sesión de cabildo de cuatro de marzo de dos mil catorce -presentada por el grupo de regidores- fuera cotejada y ratificada por todos los integrantes del municipio actor, dado el conflicto que existe al interior del cabildo y con ello, tener la certeza jurídica de suministrar legalmente los recursos a las personas facultadas para ello.
c) La Secretaría de Finanzas ha entregado los recursos municipales a José Manuel Castillo Merino, quien no fue nombrado ni en sesión ordinaria ni extraordinaria de cabildo; además el síndico municipal no fue emplazado para asistir a la sesión que tuviera por objeto la remoción del cargo de tesorero municipal -sesión de cuatro de marzo de dos mil catorce-, ni fue convocado a la ratificación de José Manuel Castillo Merino como Tesorero Municipal -sesión de veinticinco de junio de dos mil catorce-, siendo que la Secretaría de Finanzas lo reconoce en dicho cargo y le hace entrega de los recursos municipales.
d) La entrega que hace la Secretaría de Finanzas por medio de José Manuel Castillo Merino es un acto que vulnera la autonomía municipal, la libertad de la hacienda pública municipal y el principio de integridad de los recursos públicos que debieron ser pagados desde el mes de enero de dos mil catorce, pues es una persona distinta a la facultada por el cabildo desde el primero de enero del citado año y ratificado en sesión del veintitrés de mayo siguiente.
e) Objeta las actas de cuatro de marzo y veinticinco de junio de dos mil catorce, en cuanto a su autenticidad, contenido y valor probatorio. Es falso que el cuatro de marzo se haya realizado la sesión extraordinaria para remover o destituir del cargo al tesorero y al secretario municipales, ya que ese mismo día, desde las doce horas se les convocó a una reunión de trabajo en la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal a todos los concejales, con la finalidad de poner fin al conflicto municipal, sin llegar a ningún acuerdo.
f) Además, ese mismo día -cuatro de marzo de dos mil catorce-, de las cinco de la tarde a las ocho de la noche, el secretario municipal en funciones se encontraba en una reunión de trabajo con servidores públicos municipales y presidentes de colonias y fraccionamientos, por lo que resulta falso que también se realizara una sesión de cabildo con una hora de diferencia en la misma sala de sesiones de cabildo, para remover del cargo al secretario y tesorero municipales.
g) La sesión de cabildo objetada no fue convocada por el presidente municipal conforme lo establece el artículo 68, fracción III de la Ley Orgánica Municipal. Además no estuvo presente el secretario del municipio, quien tiene fe pública, conforme al artículo 92, fracciones III y IV de la citada ley, pues hasta ese momento era secretario aún en funciones para dar certeza de la existencia del acto en el que intervino.
h) Debe prevalecer para todos los efectos legales la minuta de acuerdos de la misma fecha, en consideración a que el Secretario Municipal Samuel Osorio Carrizosa, en caso de aceptar sin conceder la existencia del acta de cuatro de marzo, una hora previa antes de la remoción del cargo de secretario, aún gozaba de la fe pública para dar certeza de la existencia de la reunión en que estuvo presente.
i) La sesión en la que se removió del cargo al tesorero y al secretario municipales, no pudo tener existencia material y jurídica, ya que precisamente ese mismo día, en el mismo lugar, una hora antes, se realizó un acto distinto, siendo inverosímil este hecho.
j) Es falso que el veinticinco de junio de dos mil catorce se haya realizado sesión extraordinaria de cabildo, pues se hizo en contravención a la Ley Orgánica Municipal, ya que las sesiones se deben realizar en la sala de sesiones de cabildo, siendo que se llevó a cabo en un lugar distinto, sin causa justificada para cambiar la sede de sesiones, y que además fuera aprobada por el voto calificado de los concejales, conforme al artículo 46 de la Ley Orgánica Municipal.
k) Además de que no fue convocada por el presidente municipal y no asistió el secretario municipal, quien debió levantar el acta de sesión correspondiente pero en el recinto oficial de la sala de sesiones.
l) Los acuerdos tomados en dicha sesión -veinticinco de junio de dos mil catorce- son nulos, por lo que carecen de valor los nombramientos de la secretaría municipal como del tesorero José Manuel Castillo Merino.
m) Por ello, se actualiza la retención indebida de los recursos municipales, al ser entregados a José Manuel Castillo Merino, quien no tiene el carácter de tesorero municipal.
19. Contestación a la ampliación de demanda. El Poder Ejecutivo demandado al contestar la ampliación, en síntesis, señaló:
a) Se debe decretar el sobreseimiento porque los actos que impugna son inexistentes. La Secretaría de Finanzas de la entidad ha ministrado oportunamente los recursos municipales por conducto de la autoridad designada por el ayuntamiento actor, pues los comprobantes de pago son firmados por José Manuel Castillo Merino, tesorero municipal en funciones, designado mediante sesión extraordinaria de cabildo de cuatro de marzo de dos mil catorce, y ratificado mediante las similares de veinticinco de junio y cuatro de octubre, ambas de dos mil catorce, por la mayoría de los integrantes del municipio actor.
b) Niega la existencia de alguna orden escrita para retener las participaciones y aportaciones que corresponden al municipio actor ya que ha ministrado los recursos municipales en tiempo y forma por conducto de la autoridad municipal designada por el municipio actor.
c) Los hechos que describe el municipio actor no pueden ser considerados como hechos nuevos, toda vez que además de referirse a actos suscitados con fecha anterior a la presentación de la ampliación a la demanda, no le fueron dados a conocer por parte del poder demandado al momento de contestar la demanda, lo que torna improcedente la ampliación intentada.
d) En relación con los hechos narrados en la ampliación reitera esencialmente los mismos señalamientos que indicó al dar contestación a la demanda.
e) Se han ministrado los recursos correspondientes al municipio actor sin que exista pronunciamiento alguno tendente a determinar el nombramiento de la autoridad municipal del tesorero municipal, pues el poder demandado no intervino en forma alguna en dicho nombramiento, pues solo los acuerdos asumidos por el cabildo son los que deben prevalecer para la designación de las personas que ocupan los cargos de tesorero y secretario municipales, sin que represente obstáculo que se hayan emitido credenciales que acreditan a ciertas personas como funcionarios públicos municipales, ya que éstas únicamente reconocen la designación que les fue otorgada por el propio ayuntamiento, sin que por el sólo hecho de contar con una de ellas se limite la atribución del ayuntamiento para removerlos de dichos cargos. Por lo que, el poder demandado únicamente ministra los recursos correspondientes al municipio actor por conducto de la persona designada por el ayuntamiento a través de las sesiones de cabildo correspondientes.
f) Con base en el acta de sesión de cuatro de marzo de dos mil catorce, la cual se encuentra suscrita por cuatro de siete concejales propietarios que integran el municipio actor y además cumple con los requisitos de quórum, el citado municipio designó a José Manuel Castillo Merino como tesorero municipal y por medio de éste se han estado ministrando los recursos municipales.
g) El hecho de que la sesión extraordinaria de cuatro de marzo de dos mil catorce, no haya sido convocada por el presidente municipal no genera que dicha sesión carezca de autenticidad y valor probatorio, ya que dicha atribución fue asumida de forma directa por el propio ayuntamiento ante la omisión configurada del presidente municipal, ya que debe privilegiarse la atribución legal del ayuntamiento, en ejercicio de su facultad conferida en el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, por lo que se tuvo a bien convocar a la totalidad de sus integrantes. Ante la inasistencia injustificada del secretario municipal se habilitó a Teresa Carmen Morales Sánchez, regidora de equidad y género para dar fe del desarrollo de la misma, lo que es admisible pues al no preverse en ley el supuesto que debe regir tal inasistencia, prevalecen en todo momento los acuerdos que adopte el ayuntamiento. El mismo trato debe darse a la sesión extraordinaria de cabildo de veinticinco de junio de dos mil catorce, por la que se ratificaron los acuerdos adoptados por el ayuntamiento actor en la diversa sesión de cuatro de marzo del mismo año, y el desconocimiento de la celebración de la aparente sesión de veintitrés de mayo de dos mil catorce, así como la supuesta licencia solicitada por Franco Alfonso Vásquez Armengol para ausentarse del cargo de regidor de desarrollo social, pues se encuentra suscrita por cuatro de siete concejales propietarios.
h) No es exacto que la sesión extraordinaria de veinticinco de junio de dos mil catorce al no celebrarse en el recinto oficial del ayuntamiento viole lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado, toda vez que dicho ordenamiento legal en su artículo 46, fracción II último párrafo establece la posibilidad de llevar a cabo las sesiones extraordinarias de cabildo en el lugar que habilite o acuerde el propio ayuntamiento, con el voto calificado de sus integrantes, tal como sucedió en la especie al ser autorizada su celebración por cuatro de siete concejales.
No es obstáculo que el municipio actor argumente que los recursos municipales deban ministrarse por conducto de Manuel César Sánchez Zabaleta con base en la sesión de veintitrés de mayo de dos mil catorce, ya que la misma únicamente se encuentra firmada por tres de los siete concejales que integran el ayuntamiento, la cual fue presentada ante la Secretaría de Finanzas en copias certificadas por Samuel Osorio Carrizosa, quien fue revocado con anterioridad en el cargo de secretario municipal. Por lo que dicha acta de sesión no reúne el quórum necesario para considerarse válida.
20. Opinión del Procurador General de la República: Este funcionario no rindió opinión a pesar de estar debidamente notificado.
21. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(15)
22. Radicación en la Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
III. COMPETENCIA.
23. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de San Jacinto Amilpas del Estado de Oaxaca y el Poder Ejecutivo de la Entidad, en el que no existe planteamiento de inconstitucionalidad de norma general alguna, por lo que se surte la competencia de esta Primera Sala para resolver este conflicto.
IV. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Y CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA.
24. En principio conviene determinar la existencia de los actos impugnados que serán materia de anális
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200035-f7212bed/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA D (213)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO CONTRA NORMAS QUE FACULTEN A UN CONGRESO LOCAL A DESIGNAR CONCEJOS MUNICIPALES ENTRE PERIODOS REG (P./J. 54/2010 )
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