I. SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS IMPUGNADOS (NEGATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 65/2014-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 112/2014. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 6 DE MAYO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día seis de mayo de dos mil quince emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve el presente recurso de reclamación 65/2014-CA, interpuesto por el Municipio de Santa Catarina, Estado de Nuevo León en contra del auto de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, dictado en el incidente de la controversia constitucional 112/2014, por el que el ministro instructor negó la suspensión solicitada por dicho municipio.
I. ANTECEDENTES.
1. Narrativa de los hechos que anteceden el caso. Los hechos que constituyen los antecedentes de este recurso son los siguientes:
2. Escrito de demanda de la controversia constitucional. El Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y el Síndico Segundo del Municipio de Santa Catarina del Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra del Congreso del Estado y de su Comisión Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal e impugnaron lo siguiente(1)
a) La sesión plenaria de tres de noviembre de dos mil catorce, en la que se llevó a cabo la negativa y/o rechazo del congreso para aprobar la reforma por modificación al Decreto número 130, publicado en el periódico oficial del estado de veintisiete de diciembre de dos mil trece, en el apartado del presupuesto de ingresos para el año dos mil catorce del Ayuntamiento de Santa Catarina.
b) La aprobación, mediante sus firmas de la sesión plenaria de tres de noviembre de dos mil catorce, en la que se llevó a cabo la negativa y/o rechazo del congreso para aprobar la reforma por modificación al Decreto número 130, publicado en el periódico oficial del estado de veintisiete de diciembre de dos mil trece, en el apartado del presupuesto de ingresos para el año dos mil catorce del Ayuntamiento de Santa Catarina.
c) La emisión del dictamen por la Comisión Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado que fue sometido al pleno en la sesión de tres de noviembre de dos mil catorce, en relación con la no aprobación de la reforma por modificación al Decreto número 130.
3. Radicación, turno y admisión. El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional, a la que le correspondió el número 112/2014(2) y, determinó que se turnara al Ministro Luis María Aguilar Morales para que fungiera como instructor del procedimiento.
4. Admisión y solicitud de suspensión. Mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil catorce el ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional y en cuanto a la solicitud de suspensión, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.(3)
5. Negativa de la suspensión. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el ministro instructor negó la suspensión solicitada, esencialmente porque atendiendo a la naturaleza del acto impugnado, la negativa de modificar el presupuesto de ingresos del municipio para el año dos mil catorce, carece de ejecución respecto de la cual pueda decretarse la medida cautelar, la que no puede ordenar a la autoridad demandada que apruebe tal modificación, por tratarse del derecho litigioso que es materia del fondo del asunto. Además de que el acto impugnado es un acto negativo que no contiene una orden positiva de la autoridad, por lo que de concederse la suspensión, no sólo se estaría prejuzgando sobre el fondo del asunto, sino que, inclusive tendría efectos constitutivos de derecho, lo que no puede ser efecto de la medida cautelar.
6. En contra de tal determinación el Municipio de Santa Catarina del Estado de Nuevo León, por conducto de su Presidente Municipal y Síndico Segundo interpuso el presente recurso de reclamación.
II. TRÁMITE DEL RECURSO.
7. Fecha de presentación del recurso. El presente recurso de reclamación fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el doce de diciembre de dos mil catorce.(4)
8. Acuerdo de radicación, turno y admisión del recurso. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los ministros integrantes de la comisión de receso correspondiente al segundo período de dos mil catorce de este Alto Tribunal, acordaron admitir a trámite dicho recurso, al que le correspondió el número 65/2014-CA y ordenó correr traslado a las partes para que manifestarán lo que a su derecho conviniera.(5) Asimismo, turnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz y acordó que, una vez concluido el trámite del recurso, se le enviara el expediente para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
9. Auto impugnado. El auto recurrido por el que se negó la medida cautelar al Municipio de Santa Catarina del Estado de Nuevo León es del tenor siguiente:
"México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.
Como está ordenado en auto de este día, dictado en el expediente principal, con copia certificada de la demanda y sus anexos fórmese y regístrese el presente incidente de suspensión; y a efecto de resolver lo que en derecho procede respecto de la medida cautelar solicitada por el Municipio Santa Catarina, Estado de Nuevo León, se tiene en cuenta lo siguiente:
Primero. En el escrito de demanda, el Municipio actor impugna lo siguiente:
'Conforme lo dispone el artículo 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante esta Acción de controversia se demanda la invalidez de los siguientes actos pronunciado (sic) por H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SEPTUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, pronunciado en los términos siguientes:
1).- El acto que motiva la presente Controversia Constitucional, 'EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE SESION PLENARIA A TRAVÉS DE LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA NEGATIVA Y/O RECHAZO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SEPTUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, PARA APROBAR LA REFORMA POR MODIFICACIÓN DEL DECRETO No. 130 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL APARTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL DICTAMEN.'
2).- Aprobar mediante sus firmas "EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE SESION PLENARIA A TRAVÉS DE LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA NEGATIVA, YIO RECHAZO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SEPTUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, PARA APROBARSE LA REFORMA POR MODIFICACIÓN DEL DECRETO No. 130 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL APARTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL DICTAMEN.'.
Segundo. En el capítulo correspondiente de la demanda, la parte actora solicita la suspensión de los actos impugnados, en los siguientes términos:
'IX.-INCIDENTE DE SUSPENSIÓN
El otorgamiento de la medida cautelar resulta procedente toda vez que no pone en peligro la seguridad, economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se afecta gravemente a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
En primer término, cabe destacar que el decreto 100 aprobado por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LÉON. SEPTUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, en fecha 25 de noviembre de 2013, mismo que fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo León el 11 de diciembre siguiente, se limitó la autorización ahí precisada a los ejercicios 2013 y 2014, razón por la que es imprescindible que se conceda la medida suspensional peticionada, con el fin de que la ilegal e inconstitucional resolución aquí combatida, no quede sin materia.
Igualmente, resulta imprescindible y de vital importancia para la sociedad Santacatarinense el otorgamiento de la Suspensión para preservar la materia de la presente Controversia Constitucional, en la que se impugna la inconstitucionalidad del acto impugnado, SOMETIDO A SESION PLENARIA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA NEGATIVA Y/O RECHAZO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SEPTUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, PARA APROBARSE LA REFORMA POR MODIFICACIÓN DEL DECRETO No. 130 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL APARTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL DICTAMEN lo que conculca los numerales 14, 16, la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, al existir apariencia de juridicidad y peligro en la demora, ya que la determinación de la negativa y/o rechazo para aprobar la reforma por modificación en relación con el presupuesto de ingresos para el año 2014, deviene contraria al texto constitucional, además de que el indebido e inconstitucional rechazo provoca que el municipio erogue un importe de 2.5 millones de pesos mensuales.
El otorgamiento de la medida cautelar se justifica no sólo para preservar la materia de la Controversia Constitucional, SINO TAMBIEN PARA EVITAR GRAVE AFECTACION A LA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN por la arbitraria NEGATIVA Y/O RECHAZO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SEPTUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, PARA APROBARSE LA REFORMA POR MODIFICACIÓN DEL DECRETO No. 130 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL APARTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL DICTAMEN, QUE SE SOMETIÓ AL PLENO EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Ello que derivado del hecho de que en el decreto 100 el CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SEPTUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, en fecha 25 de noviembre de 2013, publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo León el 11 de diciembre del mismo año, 'SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEON QUE CONTRATE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO (BANOBRAS) O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE NACIONALIDAD MEXICANA, FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE $288'143,755.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.), EL CUAL SE DESTINARÁ PARA CUBRIR EL SALDO DEL REFINANCIAMIENTO, RENOVACIÓN O REESTRUCTURA DE LA DEUDA PREVIAMENTE CONTRATADA CON EL PROPIO BANOBRAS Y OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CUYO DESTINO FUE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, Y CUBRIR LOS ACCESORIOS FINANCIEROS, INTERESES, EN EL PERIODO DE DISPOSICIÓN Y COMISIONES.'
Asimismo, en el Artículo SEGUNDO TRANSITORIO del propio decreto referido, se estableció lo siguiente:
'El importe autorizado se considerara como un ingreso extraordinario o adicional a los montos previstos en el presupuesto de ingresos del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2013. De no ejercerse la autorización en el presente Decreto durante el 2013, podrá ejercerse durante el año 2014, para lo cual deberá incluirse previamente a su contratación, los ingresos que deriven del financiamiento en el presupuesto de ingresos del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, para el año fiscal 2014. En cualquiera de los dos casos el municipio deberá realizar los ajustes o previsión de partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos para el pago de la Deuda. (...)
A mayor abundamiento cabe destacar que el decreto 100 aprobado por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SEPTUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, en fecha 25 de noviembre de 2013, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Nuevo León el 11 de diciembre siguiente, se limitó la autorización ahí precisada a los ejercicios 2013 y 2014, razón por la que es imprescindible que se conceda la medida suspensional peticionada, con el fin de que la ilegal e inconstitucional resolución aquí combatida, no quede sin materia.'.
Tercero. Los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que se deben tomar en cuenta los elementos que sean proporcionados por las partes, así como las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, a fin de proveer sobre la petición de suspensión de los actos impugnados.
Así, del estudio integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el Municipio actor solicita la medida cautelar respecto del acto impugnado atribuido al Congreso del Estado de Nuevo León, consistente en el Acuerdo legislativo de tres de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se determina que no es de aprobarse la reforma por modificación del Decreto No. 130 publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil trece, en el apartado del Presupuesto de Ingresos para el año 2014 del Ayuntamiento de Santa Catarina.
Dicho Acuerdo impugnado, en lo conducente establece:
'...HONORABLE ASAMBLEA:
A la comisión QUINTA de Hacienda y Desarrollo Municipal, le fue turnado para su estudio y dictamen en fecha 04 de marzo de 2014, el Expediente No. 8588/LXXIII, que contiene solicitud signada por los CC. Lic. Víctor Manuel Pérez Díaz, Presidente Municipal y Lic. Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, Secretario de Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, mediante el cual solicitan la modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2014 de ese Municipio, con el fin de dar cumplimiento al Segundo Transitorio del Decreto No. 100 aprobado por esta Legislatura, en relación a la afectación de participaciones federales para la contratación de financiamiento con BANOBRAS con el fin de reestructurar su deuda bancaria.
Considerando que en la presente solicitud lo que se requiere es que la cantidad de recursos que se obtendrá para la reestructura de la deuda se contemple en el presupuesto de ingresos a ejercer durante el ejercicio 2014, bajo el concepto de "ingresos extraordinarios (refinanciamiento)" por la cantidad de $288,143,755.00 (Doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y tres setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) modificando con ello el total del presupuesto de ingresos que asciendería (sic) a una suma final de $1,087,890,652 (un mil ochenta y siete millones ochocientos noventa mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)
Sin embargo, la solicitud dista mucho de ser precisa, toda vez que la Autoridad Municipal promotora de esta puesta no remite documentación que permita comprender de manera clara, la forma en que esta modificación al presupuesto de ingresos afectará las calificaciones financieras o impactará en la contabilidad que se analizará durante la revisión de la cuenta pública.
De la misma forma, no presenta documentación que justifique la necesidad de aplicar la modificación al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal corriente ni la relación que guarda con los trámites que se llevan ante la institución financiera ante la cual se solicitó el financiamiento.
Lo anterior nos lleva a considerar que la solicitud no puede aprobarse en sus términos.
En atención a los argumentos vertidos por los suscritos al presente dictamen, de acuerdo con lo que disponen los artículos 39 fracción XX y 47 inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, proponemos a esa Soberanía la aprobación del siguiente:
Acuerdo
Primero.- La LXXIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, determina que no es de aprobarse la reforma por modificación el Decreto No. 130 publicado en el periódico Oficial del Estado de fecha 27 de Diciembre de 2013, en el apartado del presupuesto de Ingresos para el año 2014 del Ayuntamiento de Santa Catarina, por las razones expuestas en el presente dictamen.
Segundo.- Notifíquese el presente Acuerdo a los promoventes, según Io establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.'
Atendiendo a las características particulares del caso y a la naturaleza del acto impugnado, no procede otorgar la suspensión, por lo siguiente.
La suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que, en primer lugar, tiene como fin preservar la materia del juicio, a efecto de asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelve el juicio principal.
En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos, mientras se dicta sentencia en el expediente principal, a efecto de preservar la materia del juicio y evitar se causen daños o perjuicios irreparables a las partes o a la sociedad, siempre que la naturaleza de acto lo permita y, en su caso, no se actualice alguna de las prohibiciones que establece el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia.
Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2008, cuyo rubro, texto y datos de identificación, son los siguientes: 'SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES'. (Se transcribe)
En el caso, la decisión preventiva que se adopte a favor de una de las partes, necesariamente tiene que atender a la existencia de un derecho litigioso, respecto del cual no se prejuzga su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y no procede conceder la suspensión, porque atendiendo a la naturaleza del acuerdo impugnado, la negativa de modificar el presupuesto de ingresos del Municipio para el año dos mil catorce, carece de ejecución respecto de la cual pueda decretarse la medida cautelar, la que no puede ordenar a la autoridad demandada que apruebe tal modificación, por tratarse del derecho litigioso que es materia del fondo del asunto.
Luego, sin prejuzgar respecto del estudio fondo que será materia de la resolución que en su oportunidad se dicte, en la que se determinará lo referente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo legislativo impugnado, no procede otorgar la suspensión, por tratarse de un acto negativo que no contiene una orden positiva de la autoridad; y de concederse la medida cautelar no sólo se estaría prejuzgando respecto del fondo del asunto, sino que, inclusive, tendría efectos constitutivos de derecho, lo que debe ser motivo de estudio, en su caso, en la sentencia que en su oportunidad se dicte.
Cabe destacar que la autorización de contratación del crédito a que alude el promovente para el ejercicio de dos mil trece, que podía ejercerse durante el ejercicio dos mil catorce, previo los ajustes o previsión de partidas presupuestales en el presupuesto de egresos para el pago de deuda, conforme a lo dispuesto en el Decreto 100 publicado en el Periódico Oficial del Estado, el once de diciembre de dos mil trece, no constituye razón suficiente para que este Alto Tribunal, a través de la medida cautelar ordene la aprobación de la modificación del presupuesto de ingresos dos mil catorce, en virtud de que una vez determinada la negativa por parte del Congreso estatal, los elementos que se tienen a la vista, atendiendo a las particularidades del caso no llevan a considerar, fundadamente, que deba otorgarse la suspensión conforme a los principios de apariencia de juridicidad y peligro en la demora dado que la medida cautelar tendría efectos constitutivos de derechos.
No obsta lo manifestado por los promoventes en el sentido de que debe concederse la suspensión para evitar que el asunto quede sin materia, pues una vez presentada en tiempo la demanda, solo la sentencia definitiva puede determinar si se trata o no de un acto consumado de manera irreparable que impida el estudio de fondo, o bien, si resulta factible su estudio por virtud de las repercusiones económicas que puedan tener las finanzas del Municipio para determinar, en su caso, la forma y términos en que pueda invalidarse el acto negativo impugnado, el que para efectos de la suspensión no puede estimarse que cause un perjuicio irreparable a la parte actora o a la sociedad, dado que no constituye previamente la retención de recursos o la imposibilidad de ejercer los que legalmente le corresponden, faltando un mes para que concluya el año, en tanto el Municipio tiene a salvo sus derechos para formular y gestionar las adecuaciones correspondientes para el siguiente ejercicio. Por su contenido, es atendible el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 78/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, página novecientos catorce, cuyo rubro señala: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE IMPUGNEN ACTOS CONSUMADOS.'.
Si bien el Municipio funda su solicitud de suspensión en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, relativo a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, conforme al cual es factible hacer una apreciación anticipada de carácter provisional respecto de la inconstitucionalidad del acto impugnado, lo cierto es que la autorización de contratación de crédito para el ejercicio fiscal dos mil trece, sólo estableció la posibilidad de que se ejerciera, en su caso, en el presupuesto de ingresos de dos mil catorce, lo cual no implica que la medida cautelar deba ordenar la autorización del crédito o entrega de los recursos en lo que resta de este año, en tanto ello implicaría sustitución en las facultades del Congreso estatal respecto de una actuación que será materia del estudio de fondo, conforme a las pruebas que sobre el particular ofrezcan las partes.
En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y características particulares de la presente controversia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 14 a 18 de la invocada ley reglamentaria, se acuerda:
I. Se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Santa Catarina, Estado de Nuevo León.
II. Notifíquese".
10. Agravios. El municipio recurrente formuló en su escrito tres agravios, en los que esencialmente manifestó lo siguiente:
11. A) Ilegalidad del acuerdo denegatorio de la suspensión, porque el acto impugnado si tiene efectos positivos en las finanzas del municipio por lo que al concederse la medida no tendría efectos constitutivos de derecho. Contrario a lo estimado por el ministro instructor, el acto impugnado no puede ser considerado como un mero acto negativo, ya que sí tiene efectos positivos trascendentales en perjuicio de la administración municipal, pues la consecuencia de esa negativa es que el Municipio de Santa Catarina erogue mensualmente un importe de $2'500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), mensuales durante dos mil catorce y subsecuentes años de ejercicios presupuestarios.
12. De haberse autorizado la reestructuración se pagaría por este concepto de forma mensual $2'562,974.72 (dos millones quinientos sesenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), y anual el importe de $30'755,696.64 (treinta millones setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos 64/100 M.N.), por el ejercicio precisado. Empero con la negativa se pagarán mensualidades de $3'621,587.55 (tres millones seiscientos veintiún mil quinientos ochenta y siete pesos 55/100 M.N.), y anualmente el importe de $43',459,050.60 (cuarenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cincuenta pesos 60/100 M.N.), impidiendo al municipio un ahorro mensual de $1'058,612.83 (un millón cincuenta y ocho mil seiscientos doce pesos 83/100 M.N.), y anualidades de $12'703,353.96 (doce millones setecientos tres mil trescientos cincuenta y tres pesos 96/100 M.N.)
13. De este modo, con la finalidad de preservar la materia de la controversia constitucional y atendiendo a la naturaleza de la violación alegada y a la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, debe revocarse el acuerdo recurrido y concederse la suspensión solicitada, a fin de que el municipio no siga erogando mensualmente la cantidad de $2'500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y que la vigencia del decreto por el que se autorizó la restructuración de la deuda no se vea consumada en definitiva mientras se resuelve el fondo del asunto.
14. B) Ilegalidad del acuerdo porque el ministro instructor no realizó un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la parte actora. El acto de autoridad impugnado en la controversia constitucional viola lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115, fracción IV de la Constitución Federal, ya que lo solicitado al congreso local fue únicamente la modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio dos mil catorce a fin de dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto número 100 aprobado por la legislatura. La indebida e inconstitucional desaprobación de la reforma por modificación del Decreto número 130, vulnera la hacienda municipal, ya que un poder estatal limita la libre administración hacendaria del municipio.
15. El auto recurrido deviene ilegal ya que el ministro instructor fue omiso en realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante de la suspensión, limitándose a negar el otorgamiento de dicha medida cautelar, pasó por alto que, en la especie se surten los elementos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, esto es, la apariencia del buen derecho, que apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, cuyo elemento esencial del otorgamiento de la medida cautelar solicitada resulta manifiesto en el caso; y, el peligro en la demora, que se encuentra íntimamente ligado al elemento de la verosimilitud en la juridicidad de las pretensiones o apariencias de buen derecho, consistente en la posible frustración de esos derechos, que puede darse precisamente como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.
16. El ministro instructor pasó por alto que la medida cautelar solicitada por el municipio actor debió otorgarse para salvaguardar la materia de la controversia constitucional, pues en el Decreto 100 aprobado por el Congreso del Estado de Nuevo León el veinticinco de noviembre de dos mil trece, publicado en el periódico oficial del estado el once de diciembre siguiente, se limitó la autorización ahí precisada a los ejercicios dos mil trece y dos mil catorce, razón por la que es imprescindible que se revoque el auto combatido y en su lugar se conceda la medida suspensional con el fin de que no quede sin materia la controversia.
17. Además, el ministro instructor pasó por alto que la suspensión solicitada no afecta gravemente a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener, sino por el contrario ya que existe un interés general de que el municipio obtenga una mejora sustancial en el manejo de su deuda pública.
18. C) Ilegalidad del acuerdo porque se causa un perjuicio irreparable tanto al municipio como a la sociedad que representa. El ministro instructor debió conceder la suspensión del acto controvertido, pues contrario a su estimación en el caso particular se causa un perjuicio irreparable al municipio actor y a su sociedad, amén de que con la negativa se está dando un efecto positivo para que el municipio se vea obligado a liquidar mensualmente un importe de $2'500,000.00 (dos millones y medio de pesos 00/100 M.N.), durante dos mil catorce y subsecuentes años de ejercicios presupuestarios.
19. Bajo tal óptica, es evidente que la emisión del acto controvertido emitido por el Congreso del Estado de Nuevo León, causa un perjuicio irreparable al ser un acto negativo que indudablemente tiene efectos positivos como lo es el que el municipio esté erogando mensualmente un importe de $2'500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), durante dos mil catorce y subsecuentes años de ejercicios presupuestarios.
20. Si bien con el acto impugnado no se le está reteniendo recurso alguno al municipio o se le está imposibilitando para ejercer su presupuesto, si se le causa un perjuicio de difícil reparación al obligarlo a erogar un importe millonario cada mes, ya que con la autorización denegada se lograría reducir el importe mencionado, con el consecuente ahorro económico a la sociedad de santacatarinense.
21. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República no emitió opinión al respecto.
III. COMPETENCIA.
22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 65/2014-CA derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 112/2014, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200038-1aefc30d/i-suspension-en-la-controversia-constitucional-su-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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