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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA CUANDO EL ACTO IMPUGNADO NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO ACTOR (LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO). II. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR EL MINISTRO INSTRUCTOR.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 50/2014-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2014. · Registro digital (IUS): 200106
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, JUCHITÁN, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 50/2014-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2014. MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, JUCHITÁN, ESTADO DE OAXACA. 25 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA; EL MINISTRO ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veinticinco de febrero de dos mil quince emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve el presente recurso de reclamación 50/2014-CA, interpuesto por el Municipio de Ciudad Ixtepec, Juchitán, Estado de Oaxaca, en contra del auto de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, dictado en la controversia constitucional 97/2014, por el que la ministra instructora desechó, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de controversia constitucional por falta de interés legítimo del citado municipio, para impugnar la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

I. ANTECEDENTES.

1. Narrativa de los hechos que anteceden el caso. Los hechos que constituyen los antecedentes de este recurso son los siguientes:

2. Escrito de demanda. El Municipio de Ciudad Ixtepec, Juchitán, Oaxaca, por conducto del Presidente y Síndico Municipales, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, impugnando diversos artículos de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce.

3. Radicación, turno y admisión. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional, la que se registró con el número 97/2014 y por conexidad,(1) turnó a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.

4. La ministra instructora,(2) por auto de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, desechó la demanda de controversia, por falta de interés legítimo del municipio actor.

5. En contra de tal determinación el municipio actor, ahora recurrente, interpone el presente recurso de reclamación.

II. TRÁMITE DEL RECURSO.

6. Fecha de presentación del recurso. El presente recurso de reclamación fue presentado el veintitrés de septiembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(3)

7. Acuerdo de radicación, turno y admisión del recurso. La Ministra Presidenta en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó admitir a trámite dicho recurso, al que le correspondió el número 50/2014-CA y, ordenó correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.(4)

8. Asimismo, turnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz y acordó enviarlo al citado ministro una vez concluido el trámite respectivo.

9. Auto impugnado. El auto recurrido es del tenor siguiente:

"México, Distrito Federal, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

(...)

De la revisión integral de la demanda y sus anexos se advierte, de forma patente y absolutamente clara, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: 'Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...) VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley', en relación con el inciso b) de la fracción I del propio precepto constitucional, por falta de interés legítimo del Municipio promovente.

En este sentido, la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de la materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen, de conformidad con la tesis P. LXIX/2004 sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, página mil ciento veintiuno:

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. (Se transcribe)

Para el caso, resulta relevante precisar que el criterio que actualmente sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversia constitucional, tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio.

En ese sentido se pronunció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia al resolver los recursos de reclamación 28/2011-CA, 30/2011-CA, 31/2011-CA y 51/2011-CA, los dos primeros fallados el quince de junio de dos mil once, y los dos restantes el ocho de junio y el siete de septiembre del mismo año, respectivamente, cuyo criterio confirmó el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal al resolver, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil once, el recurso de reclamación 36/2011-CA; en igual sentido el propio Pleno resolvió las controversias constitucionales 104/2009 y 62/2009, en sesión de dos de mayo de dos mil trece y, con posterioridad, la Segunda Sala resolvió los recursos de reclamación 15/2013, 16/2013, 17/2013 y 18/2013, en sesión de diecinueve de junio de dos mil trece, reiterando dichos criterios, los cuales resultan vinculantes para la Ministra instructora que suscribe.

De este modo, el hecho de que la Constitución Federal, en la fracción I de su artículo 105, reconozca legitimación para intervenir en una controversia constitucional a las entidades, poderes u órganos que el propio numeral menciona, es insuficiente para que, a instancia de alguno de ellos, la Suprema Corte de Justicia realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial del poder actor. Por tanto, si un ente legitimado promueve controversia en contra de una norma o acto que es ajeno totalmente a su esfera de facultades o atribuciones, por el mero interés de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas a otros órganos originarios del Estado, no se da el supuesto de procedencia requerido ya que, al no existir un principio de agravio, carece de interés legítimo. Esto es, el interés legítimo forzosamente está vinculado con un principio de agravio.

Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la controversia constitucional, puede revisar cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, lo cierto es que esta revisión está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial del actor, pues de no ser así se desnaturalizaría la función de la vía de controversia constitucional, permitiéndose una revisión de un acto que de ningún modo se relacione con quien pretende su revisión, convirtiendo a este Tribunal en un órgano de revisión de la legalidad de todas las actuaciones de las autoridades, independientemente de la finalidad y estructura de la controversia constitucional, esto es, del principio de división de poderes y la salvaguarda del federalismo.

En el caso promueve controversia constitucional el Municipio de Ciudad Ixtepec, Juchitán, Estado de Oaxaca, en la que impugna diversos artículos de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de este año, ordenamiento expedido en cumplimiento a la reforma constitucional de once de junio del dos mil trece, por el que se crea el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el cual tiene por objeto, de acuerdo con su artículo primero, 'proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, independencia editorial y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano deberá contar con las concesiones necesarias y cumplir con lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones normativas aplicables'.

Al respecto, el Municipio actor aduce esencialmente que hay contradicciones entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la citada Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, esencialmente porque: '...el nombre de la ley y el del organismo público a los que se refiere la fracción V del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe evitar la referencia "del Estado Mexicano" y todo el ordenamiento debe fijar su alcance en los medios radiodifundidos federales con las excepciones de las que corresponden a las instituciones federales de educación autónomas por ley y a los otros poderes de la Unión'; '...es inconstitucional reducir al organismo público a que se refiere la fracción V del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a objetos distantes del de proveer el servicio de radiodifusión, tales como las funciones señaladas de manera excluyente a la de proveer la radiodifusión, reduciendo el objeto constitucional a través del artículo 11 de la ley que se objeta, la cual debería establecer un verdadero sistema de radiodifusión pública con capacidad de proveer emisiones de radio y televisión y con capacidad de rectoría efectiva sobre la totalidad de las estaciones de radio y televisión propiedad del gobierno federal.'; '...deben declararse inconstitucionales el encabezado del artículo 15 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en cuanto se refiere a la Junta de Gobierno como "autoridad suprema", así como sus fracciones II, IX, XIII, XX y XXI, y todas las demás que se opongan al funcionamiento adecuado del Consejo Ciudadano contenidos en este artículo y en el artículo 21, entre ellas las señaladas como II, VIII, XVI, XXI, XXIII, XXV y XXVI de este último, entre otros relativos a las funciones de los órganos del sistema. Se deben declarar también inconstitucionales los artículos 22, 25, 26 y 27 de la referida ley, por los motivos expuestos'.

En relación con lo anterior, la Ministra instructora advierte, de manera manifiesta e indudable, que las normas que impugna de ninguna forma violentan el ámbito competencial del municipio actor, ni le generan un principio de agravio: primero, porque no están dirigidas a dicho ente y, segundo, porque tampoco inciden en el cúmulo de atribuciones que la Constitución Federal confiere a ese nivel de gobierno en su artículo 115, puesto que se refieren al establecimiento de un Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, los órganos que lo integran, sus atribuciones y normas operativas, lo que en ningún momento forma parte del ámbito de atribuciones del municipio, ya que no se trata de una materia en la que tenga facultades para intervenir en el proceso legislativo ni para reglamentar, y mucho menos se trata de un servicio público que tenga a su cargo. Es por ello que la presente demanda de controversia constitucional debe desecharse de plano al ser manifiesto e indudable que no existe un principio de agravio del ámbito competencial del municipio; y no tiene ningún sentido la impugnación de estos artículos por el principio de legalidad si no parte de una vulneración a este ámbito.

No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Municipio actor señale que cuenta con interés legítimo para acudir a esta vía, argumentando que como nivel de gobierno forma parte del Estado Mexicano y que esa circunstancia lo legitima al efecto; puesto que si bien constituye un nivel de gobierno en el orden jurídico nacional, lo cierto es que ello no es suficiente para tener por acreditado dicho interés en esta vía, puesto que como se señaló, para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que exista una afectación a la esfera de competencia y/o atribuciones del ente legitimado, en tanto no es factible la impugnación de todo tipo de actos o normas en forma abstracta por el mero interés de preservar la regularidad constitucional, sin atender, en cada caso, a una posible violación al principio de distribución de competencias en razón de la inobservancia o afectación a una atribución que constitucionalmente tenga conferida el ente u órgano promovente, máxime que el análisis de constitucionalidad en abstracto, sin afectación alguna para el ente municipal, sólo es factible en las acciones de inconstitucionalidad de conformidad con la jurisprudencia P.J./71/2000, de rubro: 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIA ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.'; en tanto para que proceda la vía de controversia constitucional se requiere que las normas sean susceptibles de afectar la esfera de atribuciones de la parte promovente, en razón de su especial situación frente al ordenamiento jurídico.

En consecuencia, al ser evidente la inviabilidad de la acción, dada la falta de interés legítimo del municipio actor, y no ser necesario un estudio de fondo para determinarlo, ésta debe desecharse al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el inciso i) de la fracción I del propio precepto constitucional.

Por las razones expuestas:

I. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de Ciudad Ixtepec, Juchitán, Estado de Oaxaca.

II. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese por lista y mediante oficio al promovente".

10. Agravios. El Municipio recurrente en los agravios señaló, en síntesis, que:

a) Primer agravio. El auto recurrido es incorrecto, ya que el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, se aplicó de forma ilegal, puesto que con ello se priva al municipio de la oportunidad de demostrar durante la tramitación de la controversia que los actos impugnados afectan su esfera jurídica y se le deja en estado de indefensión, sin acceso a la justicia, pues se le niega el acceso a la jurisdicción del estado. La afectación a los intereses del municipio es una condición que debe estudiarse en el fondo del asunto y no en el auto inicial.

Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO".

b) Segundo agravio. Señala que antes de la Ley Reglamentaria de la materia debe prevalecer lo previsto en la Carta Magna, en específico lo estipulado en sus artículos 3º, 6º, en relación con los artículos 105, fracción I, inciso b) y 115 de la misma Constitución. Para la aplicación de la nueva redacción del citado artículo 6º, se requiere la intervención de la Suprema Corte a través de los medios de control constitucional entre los cuales se encuentra la controversia, a fin de ejercer la nueva responsabilidad que se le ha otorgado.

La aplicación de la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia es una forma de resolver un asunto de fondo a través de un mero trámite que agravia al municipio, máxime cuando no se explica aquellas supuestas partes de la citada ley que dan sustento al desechamiento.

El auto impugnado sostiene sin la menor duda que no existe agravio alguno al municipio, cuando en realidad esa es la materia del procedimiento de controversia constitucional, siendo que desecha a priori los argumentos planteados en la demanda inicial.

Agrega que la Suprema Corte de Justicia ha sentado el criterio de que puede alegarse todo tipo de violaciones a la Constitución, cuando el acto afecte la esfera jurídica y como se expuso en la demanda de controversia constitucional, existe una afectación por parte de la Federación (Poderes Ejecutivo y Legislativo), a los municipios mediante la expedición y promulgación de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de acuerdo a las normas correspondientes.

Cita en apoyo la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE".

Añade que las disposiciones relativas a las causales de improcedencia (la fracción VIII no es la excepción) no son aplicables a conceptos de invalidez. En este punto cita en apoyo la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO NO OPERA RESPECTO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ".

Asimismo, cita las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA" y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE."

Debió haberse admitido la demanda porque en sus conceptos de invalidez señaló que los preceptos de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano eran violatorios del artículo 6º de la Constitución Federal, por ello no se debió haber desechado su escrito inicial de demanda.

c) Tercer agravio. La ministra no demuestra la inexistencia de un principio de afectación al municipio con la emisión de las normas impugnadas, mostrando indiferencia, lo que afecta los derechos de legalidad y seguridad previstos en el artículo 16 constitucional, pues todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, lo que no cumple el auto recurrido.

Además de que al no llevarse a cabo el procedimiento de la controversia y no haber estudiado los hechos, agravios y pruebas, se le deja en estado de indefensión, ya que no se le permite acceder a una sentencia en la que se hubiera analizado la inconstitucionalidad de los artículos de la ley impugnada.

Por lo anterior, solicita que se declaren fundados sus agravios y se revoque el auto impugnado, para que se dicte otro conforme a derecho.

11. Manifestaciones del Procurador General de la República. El Procurador General de la República no hizo manifestaciones en este asunto.

12. Radicación en Sala. Radicado el expediente en la Primera Sala se devolvió al ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

III. COMPETENCIA.

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 50/2014-CA derivado de la controversia constitucional 97/2014, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo 5/2013, por tratarse de un recurso de reclamación en controversia constitucional en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. PROCEDENCIA.

14. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) debido a que se interpuso en contra del auto de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, por el que la ministra instructora desechó por falta de interés legítimo la demanda de controversia constitucional formulada por el municipio actor, ahora recurrente.

V. OPORTUNIDAD.

15. En términos del artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia, el recurso deberá interponerse en un plazo de cinco días.(6)

16. El auto recurrido de diecisiete de septiembre de dos mil catorce se notificó al municipio recurrente el dieciocho siguiente,(7) por lo que el plazo respectivo transcurrió del viernes diecinueve al jueves veinticinco de septiembre de dos mil catorce. En este sentido si el escrito de agravios se presentó ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, como se advierte del sello plasmado al reverso de la foja treinta y nueve del expediente, es indudable que se presentó oportunamente.

VI. LEGITIMACIÓN.

17. El escrito de agravios está signado por el Síndico del municipio actor, ahora recurrente, siendo que dicho municipio fue quien promovió la controversia constitucional, misma que fue desechada, en virtud del acuerdo que ahora se impugna.

VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

18. El presente asunto se constriñe a analizar si con los agravios expresados, el municipio recurrente logra demostrar que la determinación de la ministra instructora, referente a considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19 fracción VIII, en relación con el inciso b) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, por falta de interés legítimo del municipio actor, y que tuvo como consecuencia el desechamiento de plano de la demanda de controversia constitucional, fue correcta o no.

19. Así, la materia del presente medio impugnativo consiste únicamente en analizar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido para que, en caso de que haya existido alguna irregularidad se corrija el procedimiento. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 10/2007(8) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO".

20. Ahora bien, para dar respuesta a los agravios del municipio recurrente, es pertinente tener presente la facultad que tiene el ministro instructor para acordar lo relativo a la admisión o, en su caso, desechamiento de la demanda de controversia constitucional, cuando a su juicio, se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.(9)

21. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

22. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001,(10) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA".

23. Así entonces, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar al desechamiento de la demanda, debe apreciarse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.

24. Sirve de apoyo al efecto la tesis de jurisprudencia número P./J. 9/98,(11) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE".

25. Además, es importante señalar que como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable. Ello, en atención a que por sus propias características, el auto inicial, tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, ya que el emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.(12)

26. Pues bien, de la revisión integral del auto impugnado y de la demanda de controversia constitucional, esta Primera Sala advierte que la determinación tomada por la ministra instructora en el auto recurrido fue correcta, ya que en el caso, efectivamente se actualiza de forma clara y patente, la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) en relación con la fracción I, inciso b) del citado precepto constitucional, por falta de interés legítimo del municipio actor, ahora recurrente.(14)

27. En efecto, el criterio de interés legítimo en controversia constitucional que actualmente sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del reconocimiento de que este medio de control constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio.

28. De este modo, el hecho de que la Constitución Federal en su artículo 105, fracción I, reconozca legitimación para intervenir en una controversia constitucional a las entidades, poderes u órganos que el propio numeral menciona, es insuficiente para que, a instancia de alguno de ellos, la Suprema Corte de Justicia realice un análisis de constitucionalidad de las normas y actos impugnados desvinculados del ámbito competencial del poder actor. Por tanto, si un ente legitimado promueve controversia en contra de una norma o acto que es ajeno totalmente a su esfera de facultades o atribuciones, por el mero interés de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas a otros órganos originarios del Estado, no se da el supuesto de procedencia requerido ya que, al no existir un principio de agravio, carece de interés legítimo. Esto es, el interés legítimo forzosamente está vinculado con el principio de agravio.

29. Si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia a través de la controversia constitucional puede revisar las normas emitidas por las autoridades correspondientes, ya que el alcance de la controversia es sobre cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, esta revisión está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial del actor, pues de no ser así se desnaturalizaría la función de la vía de controversia constitucional, permitiéndose una revisión de un acto que de ningún modo se relacione con quien pretende su revisión, convirtiendo a este Tribunal en un órgano de revisión de la legalidad de las actuaciones de las autoridades independientemente de la finalidad y estructura de la controversia constitucional, esto es, del principio de división de poderes y la salvaguarda del federalismo.

30. Este criterio actual sobre el interés legítimo en controversia constitucional ha sido resultado de las interpretaciones que al respecto han realizado tanto el Tribunal Pleno como las Salas de esta Alto Suprema Corte en diversos precedentes, los cuales fueron citados en el auto recurrido y se identifican como los siguientes:(15)

a) Primera Sala: Recursos de Reclamación 28/2011-CA, 30/2011-CA y 31/2011-CA, fallados los dos primeros el quince de junio de dos mil once y el último de ellos, el ocho del mismo mes y año, todos por mayoría de cuatro votos (votó en contra la Ministra Olga Sánchez Cordero de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200106-03e351bb/i-controversia-constitucional-su-manifiesta-e-indudable-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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