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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR ACTOS EN MATERIA ELECTORAL (ACUERDO DE CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA PARA IMPUGNAR EL ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MANDATO DICTADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA (ACUERDO DE CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 1/2018-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 270/2017. · Registro digital (IUS): 200395
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN DEL ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1/2018-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 270/2017. RECURRENTE: MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN DEL ESTADO DE OAXACA. 30 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, SE RESERVÓ DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. VOTARON EN CONTRA LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ (PONENTE) QUIEN ANUNCIÓ VOTO PARTICULAR Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día treinta de mayo de dos mil dieciocho emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve el presente recurso de reclamación 1/2018-CA interpuesto por el Municipio de San Raymundo Jalpan del Estado de Oaxaca en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por el que el ministro instructor desechó la controversia constitucional 270/2017(1) porque el acto impugnado deriva de la materia electoral.

I. ANTECEDENTES.

1. Narrativa de los hechos que anteceden el caso. Los hechos que constituyen los antecedentes de este recurso son los siguientes:

2. Escrito de demanda. El diez de octubre de dos mil diecisiete, el Síndico del Municipio de San Raymundo Jalpan del Estado de Oaxaca, Orlando Hernández González, promovió controversia constitucional en contra del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y de los poderes legislativo y ejecutivo, todos del Estado de Oaxaca, demandando, en síntesis, la invalidez de lo siguiente:

a) El acuerdo IEEPCO-CG-SNI-17/2017, de treinta de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el que se determinó la terminación de manera anticipada del mandato de los concejales en funciones del Ayuntamiento del Municipio de San Raymundo Jalpan, de la entidad.

b) El inminente decreto que va a ser dictado en días próximos por el poder legislativo en el que se ordene al poder ejecutivo la entrega de los recursos económicos al cabildo reconocido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

c) La omisión del poder legislativo de instruir, notificar y emplazar a los integrantes del municipio al procedimiento de terminación anticipada de mandato, de conformidad con el artículo 65 Bis de la Ley Orgánica Municipal, así como la omisión de hacer uso de sus facultades permitiendo al referido instituto que asumiera sus facultades sin mandamiento expreso en perjuicio del municipio.

d) El desconocimiento de hecho del cabildo que está en funciones, mismo que encabeza Mariano Martínez Mendoza.

e) El reconocimiento de hecho del ejecutivo local por conducto de la secretaría general de gobierno del cabildo reconocido por el referido instituto.

f) El reconocimiento de hecho que realiza la secretaría de finanzas de la entidad del cabildo reconocido por el referido instituto, lo que se materializa en la entrega de los recursos económicos por conducto de personas que no están facultadas para ello.

g) La decisión política de imponer a la fuerza al cabildo encabezado por Olegario Luis Benítez.

3. Radicación y turno. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional 270/2017 y turnó dicho expediente al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

4. Requerimiento. El ministro instructor por auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete ordenó requerir al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad para que remitiera todo lo actuado en el expediente que dio origen al acuerdo IEEPCO-CG-SNI-17/2017, por el que se determinó la terminación de manera anticipada del mandato de los concejales del ayuntamiento del municipio actor, así como las diligencias practicadas para su cumplimiento.

5. Ampliación de demanda. El síndico del municipio actor, el diez de noviembre de dos mil diecisiete, amplió la demanda de controversia constitucional por hechos supervenientes, en contra del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y del poder ejecutivo por conducto de la secretaría de finanzas de la entidad demandado, en síntesis, la invalidez de lo siguiente:

a) Las órdenes verbales o escritas por las que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana solicita a la secretaría de finanzas desconozca al municipio como integrantes del ayuntamiento, y que se realice el pago de las participaciones y aportaciones a personas distintas de las que integran el ayuntamiento, así como las acreditaciones respectivas a dichas personas.

b) El desconocimiento del tesorero municipal.

c) La devolución íntegra con sus actualizaciones e intereses de las cantidades que hayan sido pagadas en forma indebida a personas distintas del municipio.

d) El reconocimiento expreso que realiza la secretaría de finanzas sobre el cabildo designado por el referido instituto.

6. Cabe señalar que el ministro instructor reservó acordar la ampliación de demanda hasta que el instituto desahogara la prevención que le fue formulada en auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete.

7. Desahogo del requerimiento. Por oficio IEEPCO/SE/2041/2017 de quince de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana desahogó el requerimiento formulado por el ministro instructor y remitió copia certificada del expediente del municipio actor que dio origen al acuerdo IEEPCO-CG-SNI-17/2017 y que contiene las diligencias practicadas en dicho expediente.

8. Desechamiento. El ministro instructor, por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, desechó la demanda de controversia constitucional porque se impugnó un acto en materia electoral.

9. En contra de tal determinación el municipio recurrente interpone el presente recurso de reclamación.

II. TRÁMITE DEL RECURSO.

10. Fecha de presentación del recurso. El presente recurso de reclamación fue presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano de la localidad.

11. Acuerdo de radicación, turno y admisión del recurso. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó admitir a trámite dicho recurso, al que le correspondió el número 1/2018-CA, ordenó correr traslado a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera y turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz de conformidad con el registro que se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal. Asimismo, acordó enviar el asunto al citado Ministro una vez concluido el trámite del recurso.

12. Radicado el expediente en la Primera Sala se devolvió al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

13. Auto impugnado. El auto recurrido por el que se desechó la demanda de controversia constitucional es del tenor siguiente:

“Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

Agréguese al expediente, para que surtan efectos legales, el oficio y el anexo de cuenta del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por medio de los cuales desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veinte de octubre del año en curso, al remitir copia certificada de todo lo actuado en el expediente que dio origen al acuerdo IEEPCO-CG-SNI-17/2017, impugnado en el presente medio de control constitucional y, en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

Por otra parte, visto el escrito de demanda y los anexos del Síndico del Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, así como del expediente DESNI/2017 del índice del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se acuerda lo siguiente:

(...)

Ahora bien, del estudio integral de la demanda, sus anexos y del referido expediente DESNI/2017 del índice del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se arriba a la conclusión de que debe desecharse el presente medio de control constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia y al advertirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II, de la referida normativa reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, en el caso, el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, impugna un acto en materia electoral.

Como se desprende del escrito de demanda, el actor acude a este Alto Tribunal cuestionando la constitucionalidad del acto precisado en párrafos anteriores, argumentando que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca no contempló el derecho a un debido proceso al dictar el acuerdo IEEPCO-CG-SNI17/2017 dentro del expediente DESNI/2017 del mencionado Instituto, relativo a la solicitud de terminación anticipada de mandato que hicieron diversos integrantes del Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, contra los miembros del Ayuntamiento del mismo municipio.

En relación con lo anterior, es importante señalar que el artículo 19, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, establece que la controversia constitucional es improcedente cuando las normas o actos que se impugnen se refieran a la materia electoral y, en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos enunciados en dicho precepto constitucional, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.

Así, en el caso, el acto impugnado fue dictado dentro de un procedimiento relativo al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos del Estado de Oaxaca que se rigen por sus sistemas normativos internos, regulados por una normativa especializada e impugnable en un contexto institucional también especializado; por lo que resulta improcedente la controversia constitucional, tal y como lo prevén los artículos 105, fracción I, de la Constitución General de la República y 19, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

En relación con lo anterior, del expediente DESNI/2017 del índice del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se desprende que el acuerdo cuya constitucionalidad cuestiona el municipio actor, fue combatido en uno de los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a través de diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuestos ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los cuales se asignaron los números de expediente SX-JDC-693-2017 y SX-JDC-694-2017.

En estas condiciones, como ya se indicó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

La invocada causa de improcedencia –legal y constitucional- es manifiesta e indudable, en virtud de que se deduce de la lectura integral de la demanda, sus anexos y el expediente señalado con antelación, por lo que aun cuando se instaurara el procedimiento y se aportaran pruebas, no podría llegarse a una conclusión diversa.

Por los motivos expuestos, lo conducente es desechar la demanda de controversia constitucional y resulta aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguientes:

‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO’. (Se transcribe).

Por lo expuesto y fundado, se

A C U E R D A

Único. Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Síndico del Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca.

Por otra parte y, dado que en proveído de trece de noviembre dictado en el presente asunto, se reservó acordar lo conducente respecto a la ampliación de demanda intentada por el Síndico del Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, mediante escrito presentado el diez de noviembre del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal; en vía de consecuencia, se desecha la mencionada ampliación de demanda.

Notifíquese.

(...)”.

14. Agravios. El municipio recurrente en sus agravios señaló, en síntesis, que:

• La causa de improcedencia por la que se desecha la demanda de controversia constitucional no es manifiesta e indudable, ya que si bien en la demanda se impugnan actos del instituto electoral no es razonable que se desestime su pretensión, pues de los actos impugnados de tal organismo no se desprende que sean inminentemente actos de naturaleza propiamente electoral, pues lo que se cuestiona es la afectación de la integración del ayuntamiento municipal sin que se haya otorgado la garantía de audiencia, así como el derecho a un debido proceso.

• En la tesis P./J. 25/99 de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO”, no se encuentran los actos impugnados en la controversia constitucional, por lo que se debe realizar un estudio exhaustivo que valore cada una de las manifestaciones vertidas en la demanda, y para no dejar al municipio en estado de indefensión debe admitirse la demanda y estudiar el fondo del asunto.

• Es errónea la conclusión del ministro instructor que da a entender que los actos son de naturaleza electoral por el solo hecho de que la autoridad demandada es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ya que no se impugnan actos en materia electoral. El expediente que se tramitó ante dicho órgano verso sobre la terminación anticipada de mandato de los concejales en funciones, cuestiones ajenas a la naturaleza electoral, por ello es que se planteó la falta de competencia para conocer de dicho procedimiento, pues el poder legislativo local es el único que se encuentra facultado para pronunciarse sobre dicho asunto, de conformidad con el artículo 65 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

• No resulta aplicable la tesis de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN”, ya que no impugnó alguna disposición jurídica o reglamento, si no su inobservancia y con ello la invasión de esferas competenciales del municipio, ya que sin que la ley faculte al Instituto Estatal Electoral y de Participación dictó el acto impugnado por el que se afectó la integración del ayuntamiento.

• No tiene fundamento la afirmación del ministro instructor en el sentido que dicho acto haya sido dictado dentro de un procedimiento relativo al ejercicio de derechos político-electorales, ya que reclamó la asunción de competencia del instituto afectando la integración del ayuntamiento.

• Los actos impugnados no fueron notificados con las formalidades de ley, sin respetar las garantías de audiencia y debido proceso, por tanto, existe una violación de origen en el acto impugnado acuerdo IEEPCO-CG-SNI-17/2017.

• Se dejan de observar los principios procesales de “indivisibilidad”, economía procesal, indubio pro actione, de acumulación, de justicia pronta y expedita, exhaustividad, tutela judicial efectiva, consistente en interpretar más favorable a la admisibilidad de la pretensión y dictar sentencia de fondo.

• El acuerdo recurrido está indebidamente fundado y motivado porque sólo se sustenta en que dicho acto fue controvertido mediante los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, no interpuso algún medio de impugnación en materia electoral, sino que promovió controversia constitucional por la violación al artículo 115 constitucional, con la finalidad de defender la autonomía y debida integración del ayuntamiento.

• Por lo que solicita se revoque el acuerdo recurrido y en su lugar se dicte uno que admita la demanda y en consecuencia la ampliación de demanda para que se garantice una tutela judicial efectiva a favor del municipio y que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

15. Opinión de la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República no formuló opinión en este recurso de reclamación.

III. COMPETENCIA.

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 1/2018-CA derivado de la controversia constitucional 270/2017, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los Puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo 5/2013, por tratarse de un recurso de reclamación en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. PROCEDENCIA.

17. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) debido a que se interpuso en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de controversia constitucional y como consecuencia también se desechó su ampliación, promovidas por el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca.

V. OPORTUNIDAD.

18. En términos del artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia, el recurso deberá interponerse en un plazo de cinco días.(3)

19. El acuerdo de desechamiento recurrido de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se notificó al municipio recurrente el seis siguiente, por lo que el plazo respectivo transcurrió del ocho al catorce del mismo mes y año.(4)

20. Ahora bien, el escrito de agravios se presentó en la Oficina de Correos del Estado de Oaxaca, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, de lo que resulta indiscutible que el mismo es oportuno.

VI. LEGITIMACIÓN.

21. El escrito de agravios está signado por Orlando Hernández González, quien se ostentó como Síndico del Municipio de San Raymundo Jalpan, carácter que le fue reconocido en el auto recurrido, pues fue quien promovió la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso de reclamación.

22. El artículo 71, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca(5) dispone que los síndicos serán representantes jurídicos del municipio, por lo tanto se concluye que dicho funcionario cuenta con la facultad para representar al municipio y cuenta con la debida legitimación procesal para representar en el presente recurso de reclamación al Municipio de San Raymundo Jalpan, del Estado de Oaxaca.

VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

23. El presente asunto se constriñe a analizar si con los agravios expresados, el municipio recurrente logra demostrar que la determinación del ministro instructor, referente a considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II, en relación con el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal, porque se impugna un acto en materia electoral y que tuvo como consecuencia el desechamiento de plano de la demanda de controversia constitucional, fue correcta o no.

24. En efecto, la materia del presente medio impugnativo consiste únicamente en analizar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido para que, en caso de que haya existido alguna irregularidad se corrija el procedimiento, razón por la cual los agravios ajenos a dicho acuerdo deben desestimarse. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 10/2007(6) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: “RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO”.

25. Ahora bien, para dar respuesta a los agravios del municipio recurrente, es pertinente tener presente la facultad que tiene el ministro instructor para acordar lo relativo a la admisión o, en su caso, desechamiento de la demanda de controversia constitucional, cuando a su juicio, se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.(7)

26. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

27. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001,(8) de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA”.

28. Así entonces, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar al desechamiento de la demanda, debe apreciarse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.

29. Sirve de apoyo al efecto la tesis de jurisprudencia número P./J. 9/98,(9) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE”.

30. Además, es importante señalar que como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable. Ello, en atención a que por sus propias características, el auto inicial, tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, ya que el emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.(10)

31. Una vez precisada la facultad del ministro instructor para acordar lo relativo a la admisión o, en su caso, desechamiento de la demanda de controversia constitucional, cuando a su juicio, se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo procedente ahora es analizar los agravios de la parte recurrente.

32. Esta Primera Sala considera que los agravios formulados por el municipio recurrente son infundados, en atención a que, tal como lo sostuvo el ministro instructor, en el caso sí se actualiza una causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el municipio actor impugna un acto en materia electoral, emitido por el Consejo del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, autoridad electoral, que no cuenta con legitimación pasiva en una controversia constitucional.(11)

33. En efecto, el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, impugna un acto en materia electoral, pues cuestiona la constitucionalidad del acuerdo IEEPCO-CG-SNI-17/2017 dentro del expediente DESNI/2017 relativo a la solicitud de terminación anticipada de mandato que hicieron diversos integrantes del Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, contra los miembros del Ayuntamiento del mismo municipio, ya que argumenta que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca no contempló el derecho a un debido proceso al dictar ese acuerdo.

34. En este sentido, el acto impugnado fue dictado dentro de un procedimiento relativo al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos del Estado de Oaxaca que se rigen por sus sistemas normativos internos, regulados por una normativa especializada e impugnable en un contexto institucional también especializado.

35. Máxime que del expediente DESNI/2017 del índice del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se desprende que el acuerdo impugnado, fue combatido a través de diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuestos ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los cuales se asignaron los números de expediente SX-JDC-693-2017 y SX-JDC-694-2017.

36. De ahí que el acuerdo impugnado sea considerado como un acto de materia electoral, emitido por una autoridad de tal carácter, y de conformidad con los artículos 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 19, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia,(12) se advierte que la Suprema Corte conocerá de las controversias constitucionales, exceptuando a las que se refieran a la materia electoral, por tanto las controversias constitucionales son improcedentes contra normas generales o actos en esa materia.

37. En estas condiciones, y ante lo infundado de los agravios hechos valer por el municipio recurrente, lo procedente es declarar infundado el presente recurso y en consecuencia, confirmar el auto recurrido de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

38. Por lo expuesto y fundado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

R E S U E L V E :

PRIMERO. Es infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la controversia constitucional 270/2017.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se reservó derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Votaron en contra los ministros José Ramón Cossío Díaz (Ponente) quien anunció voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

PONENTE

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

________________

1. El instructor en la controversia constitucional es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

2. “ARTÍCULO 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

(...) I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones (...)”.

3. “ARTÍCULO 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas”.

Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número P./J. 38/99 del Tribunal Pleno, de rubro: “RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. RECURSO DE. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN LEGALMENTE HECHA”.

4. Se descuentan del cómputo respectivo los días 9 y 10 de diciembre de 2017 por haber sido inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la Ley Reglamentaria de la materia. En lo relativo a la presentación del escrito de agravios sirve de apoyo, por analogía, la tesis de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV. Abril de 2002. Tesis: P./J. 17/2002. Página: 898.

5. “ARTÍCULO 71.- Los Síndicos serán representantes jurídicos del Municipio y responsables de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, con las siguientes atribuciones:

I.- Representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte;

(...)”.

6. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007, página 1524, de texto: “El referido recurso constituye un medio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200395-5b7fc9aa/i-controversia-constitucional-su-manifiesta-e-indudable-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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