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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FACULTAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN ELLA PARA DESIGNAR DELEGADOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO (ACUERDO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 104/2017-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 239/2017. · Registro digital (IUS): 200252
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 104/2017-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 239/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 24 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

VISTO BUENO

SR. MINISTRO

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS para resolver los autos del recurso de reclamación 104/2017-CA derivado de la controversia constitucional 239/2017, interpuesto por Alejandro Becerra Arroyo, en su carácter de delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra del auto de uno de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Ministro instructor,(1) mediante el cual se desechó por notoria y manifiesta improcedencia la controversia constitucional de mérito; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación del citado órgano, alegando violación a los artículos 14; 16; 17; 116, fracciones II y III; 123, apartado B; 126; 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 32, párrafo séptimo; 83; 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El promovente señaló como autoridades demandadas al Congreso, al Gobernador y al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos; asimismo, indicó como acto impugnado lo siguiente:

"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO.

Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del decreto número mil ochocientos ocho publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5519 de fecha 02 de Agosto de 2017 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por viudez a María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena derivado del fallecimiento del trabajador Mario Guerrero García, con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos."

SEGUNDO. Radicación, turno y desechamiento. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 239/2017, y determinó que se turnara al Ministro Eduardo Medina Mora I. para que fungiera como instructor del procedimiento.

En proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor desechó por notoria y manifiesta improcedencia la demanda de controversia constitucional; dicho auto constituye la materia del presente recurso de reclamación.

TERCERO. Auto impugnado. El acuerdo dictado por el Ministro instructor que se reclama en el presente medio de impugnación, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"Ciudad de México, a uno de septiembre de dos mil diecisiete.

Visto el escrito de demanda y anexos, suscrito por María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostenta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Morelos, se acuerda lo siguiente:

Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta, designando delegados y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad;

(...)

No obstante lo anterior, se arriba a la conclusión de que procede desechar la controversia constitucional promovida, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la Materia, el Ministro instructor en una controversia constitucional puede válidamente desecharla de plano si advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia y, en el caso, se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 105, fracción I, Constitucional, al promoverse en contra de un acto realizado en ejecución de una sentencia dictada en un juicio de amparo.

En efecto, la promovente impugna el Decreto Número 1808, publicado en el Periódico Oficial de Morelos "Tierra y Libertad" el dos de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual el Poder Legislativo de dicha entidad determina otorgar pensión por viudez a María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de Morelos; por estimar, entre otras cuestiones, que se atenta contra su hacienda, se aparta del principio de autonomía y de congruencia de la gestión presupuestal; y viola el principio de independencia judicial.

No obstante ello, de las constancias que acompaña a su escrito de demanda, se advierte que el Decreto impugnado fue emitido, en lo que interesa, con base en las consideraciones siguientes:

"I. En cumplimiento al acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, correspondiente a la sesión de diez de junio de dos mil dieciséis y vistos para resolver los autos de toca en revisión administrativa 141/2016, que interpone María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, por su propio derecho, en contra de la sentencia de trece de agosto de dos mil quince, dictada, dentro del juicio de amparo indirecto 486/2015, por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. [...]". [Énfasis añadido].

Por otra parte, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que el diez de junio de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito dictó sentencia en el recurso de revisión 141/2016, de la que se desprenden, esencialmente, los siguientes antecedentes del caso:

1. Mediante Decreto Número 111, publicado en el Periódico Oficial de Morelos el dieciocho de febrero de dos mil cuatro, el Poder Legislativo de dicha entidad concedió pensión por viudez a María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, al tenor de los resolutivos que se transcriben enseguida:

"DECRETO NÚMERO CIENTO ONCE

ARTÍCULO 1°. Se concede pensión por viudez a la C. María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, cónyuge supérstite del finado Mario Guerrero García, que en vida desempeñó como último cargo el de Magistrado Propietario del Poder Judicial del Estado de Morelos, del 18 de mayo de 1994 al 17 de mayo del 2000, siendo jubilado por el mismo Poder, según el Decreto Número 33, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4296, de 10 de diciembre del 2003.

ARTÍCULO 2°. La cuota mensual decretada deberá cubrirse a razón de trescientas veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador, por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64 y 65, párrafos tercero, inciso c) y cuarto, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°. La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido".

2. Posteriormente, el dieciocho de febrero de dos mil catorce, la beneficiaria acudió a solicitar el pago de dicha pensión ante el Consejo de la Judicatura Local.

3. En lo que ahora interesa, en sesión de diez de febrero de dos mil quince, el referido órgano del Poder Judicial de Morelos resolvió, en esencia, que sólo era viable el pago de las pensiones generadas hasta un año antes de su solicitud, por lo que únicamente se autorizaba el pago del veinte de febrero de dos mil trece al diecinueve de febrero de dos mil catorce; en la inteligencia de que el pago de su pensión del veinte de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil catorce –tiempo que duró el trámite ante el Consejo de la Judicatura del Estado– fue pagado normalmente.

4. Esta determinación fue combatida mediante juicio de amparo indirecto, del que, por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, órgano jurisdiccional que fue apoyado en el dictado de la sentencia por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, que determinó negar el amparo.

5. Inconforme con la anterior resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, bajo el toca 141/2016, resuelto en sesión de diez de junio de dos mil dieciséis, en el sentido de revocar la resolución recurrida y otorgar el amparo, para los efectos siguientes:

"QUINTA. Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, al resultar fundado el argumento suplido a la recurrente y tomando en cuenta lo dispuesto por la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos en que se traduce la protección constitucional consisten en que la autoridad responsable realice lo siguiente:

1. Deje insubsistente el acta de sesión extraordinaria de diez de febrero de dos mil quince; y

2. En virtud de que la beneficiaria solicitó el pago de la pensión por viudez, en los términos que le fue concedida mediante Decreto Número Ciento Once, del Congreso del Estado, publicado el dieciocho de febrero de dos mil cuatro, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos esto es, a partir del catorce de enero de dos mil uno; y toda vez que el Consejo de la Judicatura del Estado solamente autorizó el pago de la pensión del veinte de febrero de dos mil trece en adelante, negándose a erogar el periodo correspondiente del catorce de enero de dos mil uno al diecinueve de febrero de dos mil trece, porque consideró que prescribió; entonces, el Consejo de la Judicatura del Estado debe continuar ejecutando el Decreto mencionado respecto al pago pensionario de la quejosa del veinte de febrero de dos mil trece en adelante, esto es, debe quedar firme el pronunciamiento realizado por lo que ve a ese periodo; y, por otro lado, debe remitir al Congreso del Estado la solicitud de la beneficiaria, para que resuelva lo procedente sobre la ejecución de los pagos correspondientes a los periodos comprendidos del catorce de enero de dos mil uno al diecinueve de febrero de dos mil trece.

Para lo anterior, el Consejo de la Judicatura de la entidad deberá remitir la solicitud de la pensionada al Congreso del Estado, acompañada con los documentos que considere pertinentes para proveer en el caso en cuestión –incluyendo una copia certificada de esta ejecutoria de amparo-, para el efecto de que el Congreso Local esté en condiciones de determinar lo conducente dentro del ámbito de su esfera competencial". [Énfasis añadido].

6. En cumplimiento a la citada ejecutoria, el dos de agosto del año en curso, el Poder Legislativo de Morelos emitió el Decreto que ahora se combate, al tenor de los puntos resolutivos siguientes:

"DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS OCHO

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR VIUDEZ A LA C. MARÍA LUISA DE JESÚS RODRÍGUEZ CADENA, DICTADA EN EL AMPARO EN REVISIÓN ADMINISTRATIVO 1417/2016 (sic), POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 111.

ARTÍCULO 1°. Se concede pensión por viudez a la C. María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, cónyuge supérstite del finado Mario Guerrero García, que en vida desempeñó como último cargo el de Magistrado Propietario del Poder Judicial del Estado de Morelos, del 18 de mayo del 1994 al 17 de mayo de 2000; siendo jubilado por el mismo Poder, según el Decreto Número 33, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4296, de 10 de diciembre de 2003.

ARTÍCULO 2°. La cuota mensual decretada deberá cubrirse a razón de trescientas veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador, por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64 y 65, párrafos tercero, inciso c) y cuarto, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°. La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo aludido".

Como puede advertirse de la anterior narración, el Decreto Número 1808, por el que "se otorga" pensión por viudez a María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de Morelos, fue emitido en cumplimiento a la sentencia dictada el diez de junio de dos mil dieciséis, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en el amparo en revisión 141/2016.

En dicha resolución, se determinó, en lo que importa, que: a) el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos debía continuar ejecutando el Decreto Número 111, publicado el dieciocho de febrero de dos mil cuatro en el Periódico Oficial de la entidad y b) En virtud de la solicitud de pago formulada por la beneficiaria de la pensión, el Congreso del Estado debe resolver lo procedente sobre la ejecución de los pagos correspondientes a los periodos comprendidos del catorce de enero de dos mil uno al diecinueve de febrero de dos mil trece.

Pues bien, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que la controversia constitucional no es la vía idónea para impugnar actos derivados de resoluciones dictadas en un procedimiento de ejecución de sentencias de amparo, entre otras cosas, porque, cuando una autoridad es requerida en términos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, tiene la ineludible obligación de cumplir en los términos indicados.

Lo anterior, dicho de manera muy elemental, obedece a que los actos que se realizan en ejecución de una sentencia de amparo encuentran su razón de ser en la existencia de una violación constitucional que debe ser reparada, precisamente, con la ulterior actuación de las autoridades requeridas, de modo que, de admitir un medio de control constitucional contra actos dictados con motivo de otro, se trastornaría la solidez y eficacia de todo el sistema de medios de control constitucional.

Por ello, en el presente caso, la demanda de controversia constitucional resulta improcedente, pues, como quedó evidenciado, el Decreto impugnado, fue emitido por el Congreso del Estado de Morelos, en acatamiento a un requerimiento formulado en el procedimiento de ejecución de un fallo constitucional.

(...)

Sin perjuicio de lo anterior, la supuesta invasión de competencia alegada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, por violación a su hacienda, así como a los principios de independencia judicial y de autonomía y de congruencia en la gestión presupuestal, se actualizó desde el dieciocho de febrero de dos mil cuatro, con la emisión del Decreto Número 111 y, por ende, aceptar su pretensión, implicaría crear un plazo artificioso para la oportunidad de su demanda. En consecuencia, la controversia constitucional también resulta improcedente, de conformidad con el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria.

Finalmente, debe señalarse que las causales de improcedencia se estiman manifiestas e indudables, por tratarse de cuestiones de derecho no desvirtuables con la tramitación de juicio; siendo aplicable, al respecto, la tesis LXXI/2004, de rubro y texto siguientes:

(...)

Por tanto, con apoyo en las disposiciones legales y las tesis citadas, se

A C U E R D A

PRIMERO. Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y designando delegados.

Notifíquese y, una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Lo proveyó y firma el Ministro instructor Eduardo Medina Mora I., quien actúa con Leticia Guzmán Miranda, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.»

En síntesis, el Ministro instructor advierte que el acto impugnado en la demanda de controversia constitucional, deriva de una resolución dictada en el procedimiento de ejecución de un fallo constitucional, por lo que, conforme a los criterios que ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vía intentada no es la idónea. Por lo tanto, determinó que se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 105, fracción I, Constitucional, al promoverse en contra de un acto realizado en ejecución de una sentencia dictada en un juicio de amparo.

Por otro lado estimó que, la supuesta invasión de competencia alegada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, por violación a su hacienda, así como a los principios de independencia judicial y de autonomía y de congruencia en la gestión presupuestal, se actualizó desde el dieciocho de febrero de dos mil cuatro, con la emisión del Decreto Número 111, el cual se publicó el dieciocho de febrero de dos mil cuatro en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por lo que su demanda resulta inoportuna, actualizándose la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de la materia.

CUARTO. Interposición del recurso de reclamación. Inconforme con ese acuerdo, por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Becerra Arroyo, en su carácter de delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso el presente recurso de reclamación.

QUINTO. Agravios. En su escrito de reclamación, la parte recurrente expuso, en síntesis, lo siguiente:

1. Considera que, es errónea la determinación alcanzada por el Ministro instructor, pues no se configuran los calificativos de manifiesto e indudable respecto de los motivos de improcedencia invocados. Si bien es cierto que el decreto que se combate derivó del cumplimiento de una ejecutoria de amparo; también lo es que, para su análisis, resulta necesario evidenciar los efectos de la concesión del amparo vía revisión, emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en el Estado de Morelos; por lo tanto, no puede considerarse que el Ministro instructor haya tenido de forma evidente, clara, cierta y segura, los elementos necesarios para determinar la improcedencia de la controversia constitucional.

2. Aduce que, el Congreso del Estado de Morelos se encontraba obligado a pronunciarse únicamente sobre el derecho al pago de la pensión a favor de María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, durante el periodo del catorce de enero de dos mil uno al diecinueve de febrero de dos mil trece; no así, a emitir un nuevo decreto en el que se estableciera el derecho a la quejosa a recibir una pensión por viudez.

Así, el Poder Legislativo del Estado de Morelos no realizó un pronunciamiento en concreto respecto al periodo solicitado por la quejosa, y únicamente se limitó a repetir los efectos de los decretos de otorgamiento de pensiones que previamente habían sido publicados.

3. Estima que, el Congreso Local no analizó la prescripción de la acción de la pensionista, y omitió pronunciarse sobre la ratificación del decreto anterior.

4. Manifiesta que, el Ministro Instructor omitió analizar en su integridad los argumentos esgrimidos en la controversia constitucional por el poder actor.

5. Alega que, el decreto combatido debe ser analizado en tanto invade la esfera competencial del poder actor, de ahí la importancia de revocar el auto de desechamiento reclamado.

SEXTO. Admisión, trámite y avocamiento del recurso de reclamación. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil diecisiete, el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso y le asignó el número de expediente 104/2017-CA; además, ordenó correr traslado a las partes, para que dentro del plazo de cinco días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles otorgado a la representación social para que realizaran sus manifestaciones, sin que lo hubiera hecho; por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Presidente de este Alto Tribunal determinó que se enviara el asunto para su radicación y resolución a la Primera Sala, a la que se encuentra adscrito el Ministro ponente.

Consecuentemente, por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, una vez recibidos los autos que integran el recurso de reclamación, la Ministra Presidenta de la Primera Sala señaló que la misma se avocaba al conocimiento del asunto, y envió los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación 104/2017-CA, derivado de la controversia constitucional 239/2017, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 fracción V, y 11 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece.

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia,(2) de conformidad con lo siguiente:

I. El acuerdo por el que se desechó la demanda de controversia constitucional fue notificado por oficio a la parte recurrente el miércoles veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.(3)

II. La notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto fue el jueves veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

III. El plazo de cinco días señalado por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para interponer el recurso de reclamación transcurrió del viernes veintinueve de septiembre, al jueves cinco de octubre de dos mil diecisiete; se omiten del cómputo los días treinta de septiembre y uno de octubre de dos mil diecisiete por tratarse de sábado y domingo respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación.(5)

IV. El escrito de reclamación fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el miércoles cuatro de octubre de dos mil diecisiete; consecuentemente su presentación resulta oportuna.

TERCERO. Procedencia. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 51, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) pues se interpuso en contra del auto por el que el Ministro instructor desechó una demanda de controversia constitucional.

CUARTO. Legitimación. Del segundo párrafo, del artículo 11, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) se desprende que, en las controversias constitucionales el actor, el demandado y el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos; asimismo podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esa ley.

Al respecto, debe precisarse que del escrito que obra en autos, se advierte que Alejandro Becerra Arroyo compareció a promover el recurso de reclamación que nos ocupa, en su carácter de delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Ahora bien, de la demanda de controversia constitucional se advierte que, ésta fue promovida por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, quien en el mismo acto designó delegados, entre ellos a Alejandro Becerra Arroyo, siendo acordado favorablemente.

En conclusión, el recurso de reclamación materia de la presente resolución se hizo valer por Alejandro Becerra Arroyo, delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo tanto se afirma que dicha persona cuenta con la representación del municipio de la parte actora en la controversia constitucional de la que deriva el presente asunto, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia.

QUINTO. Estudio de fondo. En primer lugar, deben desestimarse los agravios sintetizados en los puntos 2 y 3 del apartado correspondiente, en los que la parte recurrente aduce que el Congreso del Estado de Morelos no debió emitir un nuevo decreto en el que se estableciera el derecho a la quejosa a recibir una pensión por viudez; que no se pronunció respecto al periodo solicitado por la quejosa; y, que no analizó la prescripción de la acción de la pensionista.

Lo anterior, pues la materia del presente medio impugnativo consiste únicamente en examinar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido para que, en caso de que haya existido alguna irregularidad, se corrija el procedimiento; sin embargo, el recurrente pretende introducir cuestiones relativas a la forma en que el poder demandado en la controversia constitucional dio cumplimiento a una resolución jurisdiccional. Por lo tanto, los motivos de disenso son ajenos a las consideraciones vertidas en el acuerdo de desechamiento y deben desestimarse, de manera que, resultan inatendibles dichos agravios sintetizados en los puntos 2. y 3. del apartado correspondiente.

Resulta aplicable al razonamiento antes sostenido, la jurisprudencia número P./J. 10/2007(8) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO".

Acto continuo, procede analizar los agravios planteados por el recurrente en los puntos 1, 4 y 5 del apartado correlativo, para lo cual, al ser tendientes a demostrar la procedencia de la demanda que en vía de controversia constitucional desechó el Ministro instructor, debe atenderse primeramente a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional(9), que dispone que el Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

De dicho numeral se advierte que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que además se reafirma en la tesis de jurisprudencia P./J.9/98 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE".(10)

Debiéndose entender por manifiesto lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios; y, por indudable, que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.

Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial plenaria P./J.128/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA".(11)

Además es importante señalar que, como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable.

Esto, en atención a que por sus propias características, el auto inicial, tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200252-42de1719/i-controversia-constitucional-facultad-de-los-funcionarios-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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