I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO MUNICIPAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA, Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA FE DE ERRATAS NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO, SINO UNA HERRAMIENTA DE TÉCNICA LEGISLATIVA QUE SE LIMITA A CORREGIR ERRORES EN LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA (LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CUYO TEXTO FUE CORREGIDO MEDIANTE FE DE ERRATAS, PUBLICADA EN TAL MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA NORMA IMPUGNADA CUANDO CON POSTERIORIDAD SE CORRIGE A TRAVÉS DE UNA FE DE ERRATAS (LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CUYO TEXTO FUE CORREGIDO MEDIANTE FE DE ERRATAS, PUBLICADA EN TAL MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). V. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS CONGRESOS LOCALES. VI. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. EL ESTÁNDAR DE MOTIVACIÓN EXIGIBLE A LOS CONGRESOS LOCALES DEPENDERÁ DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE DESARROLLE DIALÉCTICAMENTE EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. VII. HACIENDA MUNICIPAL. EL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE CONSTITUYE UN LÍMITE A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN TRIBUTARIA POR PARTE DEL LEGISLADOR Y UNA CONCRECIÓN DE LA FACULTAD DE INICIATIVA EN MATERIA DE INGRESOS RECONOCIDA A LOS MUNICIPIOS. VIII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA ENVIADA POR LOS MUNICIPIOS. IX. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. ANÁLISIS DEL GRADO DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE LA INICIATIVA PROPUESTA POR EL MUNICIPIO RESPECTIVO Y LO APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 352, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ASÍ COMO SU FE DE ERRATAS, PUBLICADA EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ LAS CUOTAS FIJAS QUE SE APLICARÁN POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE USO DEL SUELO QUE GENEREN IMPACTO SOCIAL EN SU ENTORNO O DEFINIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA COMO SEGREGADOS). X. HACIENDA MUNICIPAL. LA OMISIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN PARA MODIFICAR LA INICIATIVA PRESENTADA POR UN MUNICIPIO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 352, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ASÍ COMO SU FE DE ERRATAS, PUBLICADA EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ LAS CUOTAS FIJAS QUE SE APLICARÁN POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE USO DEL SUELO QUE GENEREN IMPACTO SOCIAL EN SU ENTORNO O DEFINIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA COMO SEGREGADOS). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA DEL USO DEL SUELO CONTENIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE, PRESENTADA POR EL MUNICIPIO RESPECTIVO AL CONGRESO DEL ESTADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 352, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ASÍ COMO SU FE DE ERRATAS, PUBLICADA EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ LAS CUOTAS FIJAS QUE SE APLICARÁN POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE USO DEL SUELO QUE GENEREN IMPACTO SOCIAL EN SU ENTORNO O DEFINIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA COMO SEGREGADOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20/2020. MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO. 19 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Carreño Romero, síndico jurídico del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad federativa.
En el apartado correspondiente a la norma cuya invalidez se demanda, señaló como tal:
a) El artículo 25 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
SEGUNDO.—La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan.
1. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de Pachuca de Soto aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio para el ejercicio fiscal 2020, incluyendo en su artículo 25 una porción normativa que se refiere a la licencia de uso de suelo que generen impacto social en su entorno o definidos por la normatividad de la materia como segregados.
2. Tal iniciativa se turnó al Congreso del Estado de Hidalgo para su trámite constitucional el ocho de noviembre de dos mil diecinueve.
3. El Congreso del Estado conoció del dictamen que respecto de la iniciativa municipal presentó la Comisión de Hacienda y Presupuesto y, sin mediar discusión, lo votó en sentido afirmativo el día treinta de diciembre de dos mil diecinueve, distanciándose de la propuesta del Ayuntamiento sin mediar razonamiento alguno para ello.
4. El decreto fue enviado al Gobernador Constitucional del Estado quien, sin formular observaciones, promulgó y publicó la ley resultante en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
TERCERO.—A continuación se sintetizan los argumentos del único concepto de invalidez expresado por el Municipio actor.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la construcción de las Leyes de Ingresos de los Municipios, especialmente en materia de contribuciones inmobiliarias, parte de una potestad compartida entre los Ayuntamientos y los Congresos Locales.
• Tal potestad compartida se explica porque se trata de contribuciones que están reservadas a los Municipios, por lo cual los Ayuntamientos están facultados para presentar la iniciativa de las leyes de ingresos.
• Como parte de la facultad compartida de referencia, los Congresos Estatales no pueden apartarse caprichosamente de la iniciativa municipal, sino que su modificación sólo puede realizarse con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable.
• El principio de motivación objetiva y razonable constituye un límite a la libertad de configuración del legislador local en materia de ingresos municipales, conforme al cual, en la medida en que el distanciamiento redunde en una mayor afectación a la recaudación municipal, el Congreso Local debe reforzar los argumentos de su resolución y la profundidad de esta motivación debe ser congruente con la que, por su parte, expuso el Municipio en su iniciativa.
• El artículo 25 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en la porción normativa referente a las cuotas que se aplicarán por el otorgamiento de la licencia de uso de suelo que generen impacto social en su entorno o definidos por la normatividad de la materia como segregados, es distinta a la propuesta en la iniciativa municipal, sin que el Congreso Estatal haya motivado su decisión para alejarse de la propuesta.
• Tal ausencia de razonamiento por parte del Congreso del Estado para apartarse de la iniciativa municipal, transgrede el principio de autonomía hacendaria del Municipio actor, en su vertiente de reserva de fuentes tributarias municipales.
CUARTO.—El Municipio actor señaló que se transgrede en su perjuicio el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 20/2020 y designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.
SEXTO.—Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Hidalgo y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.
SÉPTIMO.—Mediante oficio recibido el seis de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Viridiana Jajaira Aceves Calva, ostentándose como presidenta de la Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, contestó la demanda de controversia constitucional.
En cuanto a los hechos, no realiza manifestación alguna y se limita a afirmar que el veinticinco de febrero de dos mil veinte fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo una fe de erratas al Decreto Número 362, en virtud de la cual son corregidos los actos cuya invalidez se demanda en la presente controversia constitucional, por lo que ha quedado sin materia.
OCTAVO.—A través de oficio recibido el cinco de junio de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Omar Fayad Meneses, ostentándose como gobernador del Estado de Hidalgo, contestó la demanda de controversia constitucional.
En cuanto a los hechos, medularmente señala que son ciertos los referidos a las fechas de promulgación y publicación del decreto impugnado. Sin embargo, niega haber tenido intervención en la aprobación de las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, porque las facultades para emitir la iniciativa y aprobar el ordenamiento corresponden al Municipio actor y al Congreso Estatal, respectivamente.
NOVENO.—El fiscal general de la República no rindió opinión, a pesar de estar debidamente notificado.
DÉCIMO.—El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.—Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, así como de la legitimación pasiva y activa, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concreta y específicamente impugnados por el Municipio actor.
A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente realizar la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas, conforme a los cuales se concluye que el Municipio actor efectivamente impugna:
1. El artículo 25 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, cuyo texto fue corregido mediante fe de erratas, publicada en tal medio de difusión oficial el veinticinco de febrero de dos mil veinte, específicamente en la porción normativa que prevé las cuotas fijas que se aplicarán por el otorgamiento de la licencia de uso de suelo que generen impacto social en su entorno o definidos por la normatividad de la materia como segregados.
Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 98/2009,(3) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."
TERCERO.—Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida en forma oportuna.
El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; y,
"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."
De conformidad con el precepto antes transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, tratándose de actos y disposiciones generales. Cuando la demanda se promueva con motivo de disposiciones generales, el plazo para su presentación se computará a partir de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación.
En el caso, la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por lo cual el plazo de treinta días para su impugnación corrió del dos de enero al catorce de febrero dos mil veinte, en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) en relación con los diversos 3 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) así como el punto segundo del Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(6)
Por tanto, al haberse recibido la demanda el doce de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.
CUARTO.—Se procede a realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Del escrito de la demanda de controversia constitucional se advierte que quien promueve la controversia constitucional es el síndico jurídico del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, representante legal de ese Municipio, carácter que acredita con copia certificada de la constancia de asignación de representación proporcional de treinta de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de aquella entidad.
El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.
Por su parte, la fracción II y el último párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, establecen lo siguiente:
"Artículo 67. En el reglamento que expida el Ayuntamiento, se podrá señalar las facultades y obligaciones de los síndicos, las cuales podrán ser, entre otras, las siguientes:
"...
"II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y en su caso nombrar apoderados;
"...
"Cuando en el Municipio de que se trate existan dos síndicos, uno jurídico y el otro hacendario, al primero le corresponderán las facultades signadas en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XVI; al segundo, las contenidas en las fracciones IV, V, VI, X y XI."
Asimismo, el primer párrafo del artículo 7 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, prevé lo siguiente:
"Artículo 7. El Municipio está investido de personalidad jurídica propia de conformidad con el Artículo 115 Constitucional Federal y la ejercerá para los actos de derecho público por conducto del Ayuntamiento; en el caso de la representación legal de sus intereses, lo hará por conducto de la o el síndico jurídico.
"La o el presidente municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte y conforme a la ley orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables."
Conforme a tales normas, si el síndico jurídico del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, comparece en nombre y representación del Municipio actor, entonces tiene la legitimación necesaria para promover la presente controversia constitucional.
QUINTO.—A continuación, se analizará la legitimación de las partes demandadas, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.
Los artículos 10, fracción II y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, prevén lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
Al respecto, cabe recordar que la norma cuya invalidez se demanda en la presente controversia constitucional es el artículo 25 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente en la porción normativa que prevé las cuotas que se aplicarán por el otorgamiento de la licencia de uso de suelo que generen impacto social en su entorno o definidos por la normatividad de la materia como segregados.
Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Hidalgo, a quienes el Municipio actor les atribuyó la promulgación y publicación de la norma impugnada.
Viridiana Jajaira Aceves Calva, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, dio contestación a la demanda, acreditando su personalidad con copia certificada de la constancia de asignación de diputada por el principio de representación proporcional, emitida el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por el Consejo General del Instituto Electoral de esa entidad federativa, así como copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de dos de marzo de dos mil veinte, en el cual se comunica al gobernador del Estado los diputados que resultaron elegidos como integrantes de la Directiva del Congreso Estatal.
Ahora, los artículos 53, 32 y 63, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, establecen lo siguiente:
"Artículo 53. La Directiva del Congreso, es el órgano de dirección de los trabajos del Pleno o de la Diputación Permanente, en su caso; representante del Congreso en los asuntos de carácter legal, político y protocolario; intérprete de las disposiciones parlamentarias y garante de la inviolabilidad del Recinto Legislativo."
"Artículo 62. El presidente de la directiva, es el presidente del Congreso.
"En el ejercicio de sus atribuciones debe velar por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos legislativos, por la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso, así como hacer prevalecer el interés general del Poder Legislativo por encima de los intereses particulares o de grupo." "Artículo 63. Son atribuciones del presidente de la Directiva del Congreso:
"...
"XXII. Representar legalmente al Congreso en los asuntos en que éste sea parte, pudiendo delegar tal representación, por conducto de los servidores públicos a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la presente ley; ..."
En ese orden de ideas, Viridiana Jajaira Aceves Calva, bajo el carácter de presidenta de la Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, cuenta con la facultad de representar al Poder Legislativo demandado en la presente controversia.
Omar Fayad Meneses, gobernador del Estado de Hidalgo, dio contestación a la demanda, personalidad que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría respectiva, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de esa entidad federativa, el doce de junio de dos mil dieciséis.
Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en su artículo 61 dispone:
"Artículo 61. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominará gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, quien será electo en jornada comicial que se celebrará el primer domingo de junio del año que corresponda, durará en su encargo 6 años, deberá tomar posesión el cinco de septiembre del año de la elección y nunca podrá ser reelecto."
En consecuencia, Omar Fayad Meneses, como gobernador del Estado de Hidalgo tiene la facultad para representar al Poder Ejecutivo de esa entidad en la presente controversia.
SEXTO.—Aun cuando no señalan expresamente que se actualiza una causa de improcedencia, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, ambos del Estado de Hidalgo, aducen que el veinticinco de febrero de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad una fe de erratas, relativa al Decreto número 352, que contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
Asimismo, afirman que, en términos de tal fe de erratas, han sido modificados o han perdido vigencia los actos impugnados, por lo cual la controversia constitucional ha quedado sin materia.
De lo anterior, atendiendo a la causa de pedir, se advierte que en realidad plantean que la norma controvertida ha cesado sus efectos, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que tales argumentos son infundados.
Se ha determinado que, si con motivo de un nuevo acto legislativo la norma impugnada se modifica o deroga en una controversia constitucional y la nueva no se combate mediante la ampliación de la demanda, entonces se actualiza la causa de improcedencia de mérito por cesación de efectos.(7)
Sin embargo, tal criterio no es aplicable al caso que nos ocupa, pues en primer lugar, la fe de erratas no configura un nuevo acto legislativo, ya que tiene una función que se limita a corregir errores de publicación, es decir, errores tipográficos o incluso de coincidencia con la voluntad real del órgano legislativo, por lo cual, en principio, no implican un cambio normativo de la disposición controvertida.
Además, en la especie el Municipio actor plantea como motivo de invalidez la falta de coincidencia entre las cuotas fijas que propuso en la iniciativa y aquellas que fueron aprobadas y publicadas en la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, específicamente las previstas en el artículo 25, aplicables al otorgamiento de la licencia de uso de suelo que generen impacto social en su entorno o definidos por la normatividad de la materia como segregados.
Tal diferencia entre la iniciativa propuesta por el Municipio actor y lo aprobado y promulgado por los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatales, no deja de existir con motivo de la corrección introducida por la fe de erratas de referencia, pues ésta se limita a los montos aplicables por metro cuadrado, pero no se hace precisión alguna en las cuotas fijas; de ahí que atendiendo a los conceptos de invalidez e incluso –en su caso– en suplencia de la deficiencia de la queja, debe analizarse la norma a la luz del texto corregido.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 30/2013 (9a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA NORMA IMPUGNADA CUANDO CON POSTERIORIDAD SE CORRIGE A TRAVÉS DE UNA FE DE ERRATAS. La fe de erratas en una disposición legal consiste en la corrección de errores cometidos en su publicación oficial, la cual tiene una presunción de validez de que efectivamente se subsanen errores tipográficos o incluso de coincidencia con la voluntad real del órgano legislativo. En este sentido, cuando en una controversia constitucional se impugne una norma que posteriormente fue corregida mediante alguna fe de erratas, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá analizar la norma a la luz del texto corregido, ya que el original se ha sustituido con la corrección realizada. Además, para no dejar sin defensas a la parte actora –toda vez que los conceptos de invalidez los planteó en relación con la primera norma publicada–, deberá identificar la cuestión efectivamente planteada para, en todo caso, suplir la deficiencia de la queja y atender a los conceptos de invalidez."(8)
SÉPTIMO.—Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la presente controversia constitucional es fundada por las razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, cabe recordar que el Municipio actor aduce violación al párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la construcción de las leyes de ingresos de los Municipios parte de una potestad compartida entre los Ayuntamientos y los Congresos Locales, en la que éstos no pueden apartarse caprichosamente de la iniciativa municipal, sino que su modificación sólo puede realizarse con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable.
En particular, arguye que el artículo 25 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en la porción normativa referente a las cuotas que se aplicarán por el otorgamiento de la licencia de uso de suelo que generen impacto social en su entorno o definidos por la normatividad de la materia como segregados, es distinta a la propuesta en la iniciativa municipal, sin que el Congreso Estatal haya motivado su decisión para alejarse de la propuesta.
Ahora, en relación con tal tema jurídico, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver las controversias constitucionales 15/2006, 13/2006 y 18/2006, en las que se estableció una metodología de cómo se debía analizar si las modificaciones hechas por el Congreso de un Estado a una propuesta del Municipio tenían una motivación objetiva y razonable, en términos del artículo 115 constitucional, consideraciones que volvieron a sustentarse en las diversas controversias constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 210/2016.
Según lo determinado en tales precedentes, el primer párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional establece, en síntesis, que la hacienda municipal se integrará con los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los Municipios y con las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan en su favor, entre las cuales deben contarse necesariamente: a) las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; b) las participaciones en recursos federales y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Por su parte, el segundo párrafo de la fracción IV prohíbe a la Federación limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), y añade que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones; precisa también que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, salvo que sean utilizados para fines o propósitos distintos de su objeto público.
El conjunto de las previsiones referidas configura una serie de garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario en favor de las haciendas municipales que, por otro lado, acentúan que en este proceso de regulación el Congreso Local actúa como representante de los intereses de los ciudadanos.
Así, la regulación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, debe ser necesariamente el resultado de un proceso legislativo distinto al ordinario.
Mientras en un procedimiento ordinario la facultad de iniciativa legislativa se agota en el momento de la presentación del documento ante la Cámara decisoria, en el caso que nos ocupa, la propuesta presentada por el Municipio sólo puede ser modificada por la Legislatura Estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable.
Es por ello que se ha afirmado que nos encontramos ante una potestad tributaria compartida, pues en los supuestos señalados por la fracción IV del artículo 115 constitucional, la potestad tributaria originalmente reservada para el órgano legislativo, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, se complementa con el principio de fortalecimiento municipal, reserva de fuentes y con la norma expresa que les otorga la facultad de iniciativa.
En consecuencia, aun cuando la decisión final sigue correspondiendo a la Legislatura Estatal, ésta se encuentra condicionada por la Norma Fundamental a dar el peso suficiente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29813-0466f767/i-controversia-constitucional-el-sindico-municipal-tiene-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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