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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS NO SON FIJAS SINO VARIABLES Y ATIENDEN AL PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓN QUE EFECTIVAMENTE CAPTE LA FEDERACIÓN EN EL PERIODO RELATIVO. IV. PARTICIPACIONES FEDERALES. TANTO LA FEDERACIÓN COMO LOS ESTADOS ESTÁN FACULTADOS PARA APLICAR, A LOS MUNICIPIOS, LOS DESCUENTOS O COMPENSACIONES DERIVADAS DE UNA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA AL RECURSO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 11-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. V. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA RETENCIÓN DE LAS DESTINADAS AL MUNICIPIO ACTOR POR PARTE DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PARA COMPENSAR UN PAGO PROVISIONAL NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA MUNICIPAL Y DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS (OFICIOS SSE/1261/2017 Y SSE/1586/2017, DE SIETE DE JUNIO Y SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, POR LOS QUE EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, INFORMÓ AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COSOLEACAQUE, EL MONTO DE DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DENOMINADA "RETENCIÓN TESOFE").

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 225/2017. · Registro digital (IUS): 28968
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-23
Promovente: MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, Pág. 2680.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 225/2017. MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 9 DE AGOSTO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yamilet Cruz Escobar, síndico del Ayuntamiento del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en representación de ese Municipio, contra el Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, de quien demandó:

La apropiación inválida de las participaciones federales de los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete, correspondientes al "Fondo General", "Fondo Especial IEPS.", "Fondo de Fomento Municipal", "Tenencia de Vehículos", "ISAN.", "Fondo de Compensación del ISAN.", "Fondo de Fiscalización", "Fondo de Extracción de Hidrocarburos", "Participaciones de Gasolina y Diésel", así como del resto de las participaciones federales que por derecho le correspondan.

SEGUNDO.—En la demanda no se estableció un apartado específico de antecedes; sin embargo, en el apartado denominado como capítulo de procedencia, manifiesta lo siguiente:

1. El diez de julio de dos mil diecisiete, acudió al Departamento de Participaciones a Municipios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, donde se "le enteraron" que se le está reteniendo el monto de **********, de participaciones federales correspondientes al Municipio de Cosoleacaque.

2. Que tales retenciones van a practicarse a través de seis apropiaciones mensuales, cada una por valor de **********, así como que las dos primeras tuvieron lugar el siete de junio y siete de julio, ambos de dos mil diecisiete.

3. Esas retenciones obedecen a una reducción a las participaciones federales que corresponden al Gobierno del Estado de Veracruz, como resultado de cumplimentar la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se resolvió que existían transgresiones al pacto de coordinación fiscal que afectaron al contribuyente, Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, quien ya fue restituido mediante el pago de ********** a cuenta de participaciones federales correspondientes al Gobierno del Estado de Veracruz.

4. Las retenciones que afectan al Municipio actor fueron supuestamente ordenadas por la Tesorería de la Federación, porque el único beneficiado a partir de los derechos contraventores del sistema de coordinación fiscal fue tal Municipio.

5. Señala el promovente que "les compartieron" copias simples del oficio 351-A-DGPA-241, de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, con el que la directora general adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos, solicitó a la tesorera de la Federación, que redujera ********** de las participaciones del Estado de Veracruz; así como los diversos SSE/1261/2017 y SSE/1586/2017, del subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz, en los cuales se señala que está reteniendo mensualmente ********** de diversas participaciones federales del Municipio actor, por un concepto denominado "Retención Tesofe".

TERCERO.—En su único concepto de invalidez, el Municipio actor plantea diversos argumentos para demostrar la invalidez de los actos que impugna, a los cuales se hará referencia, con motivo de su estudio, en párrafos subsecuentes del presente fallo.

CUARTO.—El Municipio actor señaló que se transgreden en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y los Ministros Eduardo Medina Mora I. y Alberto Pérez Dayán, integrantes de la comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitieron a trámite la demanda, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 225/2017, así como emplazar al Poder Ejecutivo Local, y dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.

Por auto de uno de agosto de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

SEXTO.—Mediante oficio presentado el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sustitución por ausencia del gobernador de esa entidad federativa, contestó la demanda de controversia constitucional con las siguientes manifestaciones:

Con relación a los hechos señalados por el Municipio actor en el capítulo de procedencia de la demanda, la parte demandada se refiere a ellos como parcialmente ciertos.

Lo anterior, porque reconoce como cierto que el motivo de inconformidad del Municipio actor deriva de lo resuelto en el juicio contencioso 11502/11-17-09-4-/1846/12-PSA-9, en el que se concluyó que el Municipio de Cosoleacaque cobró indebidamente a Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, cantidades por concepto de derechos por el uso de vías generales de comunicación en dicho Municipio, las que se ordenó devolver al contribuyente.

También reconoce como cierto que la directora general adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó a la Tesorería de la Federación, que descontara, con cargo al segundo anticipo de participaciones del mes de marzo, la cantidad de **********, al Gobierno del Estado de Veracruz, para depositar al contribuyente afectado.

Sin embargo, niega que el descuento ordenado con cargo al segundo anticipo de participaciones del mes de marzo, se traduzca en que el Gobierno del Estado de Veracruz debe asumir la responsabilidad del cobro efectuado indebidamente por el Municipio actor, pues tal orden obedece al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual se formaliza a través de la celebración de convenios entre las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no así con los Municipios.

Por tanto, niega que el Gobierno del Estado de Veracruz haya realizado retención o apropiación alguna de las participaciones que corresponden al Municipio de Cosoleacaque, sino que se trata de una compensación de adeudos, vía participaciones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo que hace a los conceptos de invalidez, medularmente, la parte demandada señala que, conforme a los artículos 9o., último párrafo, y 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 22, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 1, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, y 14, fracciones I, II, y III, del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la autoridad que determinó y cobró de manera indebida los derechos por uso de vías generales de comunicación, fue el Municipio de Cosoleacaque, por lo cual, resulta procedente la compensación vía participaciones federales que le corresponden a éste, por lo que no se configura violación alguna al principio de libre administración hacendaria ni al de autonomía municipal, dado que se trata de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, como consecuencia de las cantidades que cobró indebidamente el actor.

SÉPTIMO.—El procurador general de la República no rindió opinión a pesar de estar debidamente notificado.

OCTAVO.—Una vez agotado el trámite respectivo, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria,(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(5) y tercero,(6) del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este tribunal, del trece de mayo de dos mil trece.

SEGUNDO.—Se realiza el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal faculta a los Municipios de una entidad federativa para promover controversias en las cuales se cuestione la constitucionalidad de los actos de ésta o de sus disposiciones de carácter general.

Asimismo, conforme a los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(7) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el caso, del escrito de la demanda de controversia constitucional se advierte que quien promueve la controversia constitucional es el síndico del Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, representante legal de ese Municipio, carácter que acredita con una copia certificada de la constancia de mayoría que le fue otorgada por el Consejo Municipal Electoral de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave, dependiente del Instituto Electoral Veracruzano, el nueve de julio de dos mil trece.(8)

De acuerdo con el artículo 37, fracción I,(9) de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, corresponde al síndico la representación jurídica del Municipio; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control.

Así también, la del propio Municipio actor para instar la vía, al ser uno de los entes mencionados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

TERCERO.—A continuación, se analizará la legitimación de la parte demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

En el caso, el Municipio actor señaló, como autoridad demandada, al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, al cual le atribuyó la retención o apropiación indebida de participaciones federales.

Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dio contestación a la demanda en sustitución por ausencia del gobernador de esa entidad federativa, personalidad que acredita con la copia certificada de su nombramiento.(10)

Ahora bien, los artículos 42 y 48 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 18, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa, establecen lo siguiente:

"Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: Gobernador del Estado."

"Artículo 48. En las ausencias o faltas temporales del gobernador del Estado, se observarán las disposiciones siguientes:

"I. Podrá ausentarse hasta por diez días naturales, sin necesidad de dar aviso al Congreso, quedando encargado del despacho el secretario de Gobierno."

"Artículo 18. Son atribuciones del secretario de Gobierno, conforme a la distribución de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes:

"I. Sustituir al gobernador del Estado en sus ausencias temporales que no excedan de treinta días, para efectos de lo dispuesto por el artículo 48, fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado."

En consecuencia, Rogelio Franco Castán, tiene la facultad para representar, como encargado del despacho, al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz en la presente controversia.

CUARTO.—Es preciso determinar cuál es el acto o los actos concreta y específicamente reclamados por el Municipio actor.

A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos.

En los apartados denominados como "demandados", "acto que se demanda" y "capítulo de procedencia", el Municipio actor señaló que impugna la retención o apropiación inválida de las participaciones federales de los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete, correspondientes al "Fondo General", "Fondo Especial IEPS.", "Fondo de Fomento Municipal", "Tenencia de Vehículos", "ISAN.", "Fondo de Compensación del ISAN.", "Fondo de Fiscalización", "Fondo de Extracción de Hidrocarburos", "Participaciones de Gasolina y Diésel", así como del resto de las participaciones federales que por derecho le correspondan, conductas que imputa al titular del Gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave.

Asimismo, señala que el diez de julio de dos mil diecisiete, personal del Departamento de Participaciones a Municipios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "les compartieron" copias simples del oficio 351-A-DGPA-241, de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, con el que la directora general Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos, solicitó a la tesorera de la Federación, que redujera **********, de las participaciones del Estado de Veracruz; así como los diversos SSE/1261/2017 y SSE/1586/2017, del subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz, en los cuales se señala que está reteniendo mensualmente **********, de diversas participaciones federales del Municipio actor, por un concepto denominado "Retención Tesofe".

Ahora, del contenido del oficio 351-A-DGPA-241, de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se aprecia que la directora general adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos informó a la tesorera de la Federación, que a su vez la administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "1", del Servicio de Administración Tributaria, hizo del conocimiento de la directora general adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que había adquirido firmeza la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la cual estaba relacionada con el recurso de inconformidad 160/10, promovido por Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, en la que se ordenó la "devolución de la cantidad actualizada por concepto de derechos por el uso de vías generales de comunicación en el Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, así como los intereses generados".

Además, en dicho oficio se solicitó el descuento "con cargo al segundo anticipo de participaciones del mes de marzo la cantidad de **********, al Gobierno del Estado de Veracruz, para depositar a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., el 16 de marzo de 2017".

Por su parte, de los oficios SSE/1261/2017 y SSE/1586/2017, de siete de junio y siete de julio de dos mil diecisiete, respectivamente, se advierte que el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informa al presidente municipal de Cosoleacaque, entre otros aspectos, el monto por concepto de participaciones federales de los meses de mayo y junio de esa anualidad, entre las cuales se aprecia –en ambos casos– una deducción por el concepto de "Retención Tesofe", que asciende a **********.

En ese orden de ideas, es válido concluir que, si bien el oficio 351-A-DGPA-241, de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, contiene una solicitud de descuento de participaciones, lo cierto es que ésta se encuentra dirigida a aquellas que la Federación entrega, de forma general o global, al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas no se trata de una orden de deducción o retención de participaciones específicamente dirigida a las que le corresponden al Municipio actor.

Tal conclusión se corrobora con el contenido del diverso oficio 401-T-DEF-J-021/2017, de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete,(11) mediante el que el director de Administración de Egresos de la Dirección General Adjunta de Egresos de la Subtesorería de Operación, de la Tesorería de la Federación, informó a la directora general adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el quince de marzo de dos mil diecisiete se descontó, con cargo al segundo anticipo de participaciones del fondo general del mes de marzo del Gobierno del Estado de Veracruz, la cantidad de **********, la cual se depositó vía "SPEI" –sistema de pagos electrónicos interbancarios–, el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, a Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable.

Mientras que los diversos oficios SSE/1261/2017 y SSE/1586/2017, si bien no contienen orden ni ejecución alguna de descuento o de retención –porque ésta se encuentra en el diverso 351-A-DGPA-241, y los montos que llegaron al demandado ya incluían la reducción–, lo cierto es que sí contienen la determinación de aplicar una parte de la denominada "Retención Tesofe" –**********–, al monto por concepto de participaciones federales de los meses de mayo y junio de esa anualidad, respectivamente, que correspondían al Municipio de Cosoleacaque.

De lo anterior, debe estimarse que el Municipio actor efectivamente impugna:

1. El oficio SSE/1261/2017, de siete de junio de dos mil diecisiete, que contiene la determinación de aplicar una parte de la denominada "Retención Tesofe" –**********–, al monto por concepto de participaciones federales del mes de mayo de ese año, correspondientes al Municipio de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. El oficio SSE/1586/2017, de siete de julio de dos mil diecisiete, que contiene la determinación de aplicar una parte de la denominada "Retención Tesofe", –**********–, al monto por concepto de participaciones federales del mes de junio de ese año, correspondientes al Municipio de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave.

En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado, serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(12) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."

QUINTO.—Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida en forma oportuna.

El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."

De conformidad con la fracción I del precepto antes transcrito, tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, el cual comenzará a correr a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor.

Esto es así, ya que la ley reglamentaria de la materia, en su artículo 21, fracción I, otorga la potestad al órgano, entidad o Poder actor para manifestar la fecha en la que se ostente sabedor, o haya tenido conocimiento de los actos impugnados, manifestación que está sujeta a prueba en contrario, prueba que deberá acreditarse de manera fehaciente y con elementos de juicio que otorguen plena certeza de que la fecha en que se tuvo conocimiento de los actos impugnados resulta diversa.

En el caso que nos ocupa, el actor señala que tuvo conocimiento de los oficios SSE/1261/2017 y SSE/1586/2017, el diez de julio de dos mil diecisiete, sin que el Poder Ejecutivo Local demandado realice manifestación alguna en contra de tal afirmación, mucho menos exhiba prueba alguna con la que acredite que el Municipio conoció de tales actos en una fecha distinta.

Tomando en consideración tal fecha, el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del once de julio al cinco de septiembre de dos mil diecisiete.(13)

Además, cabe destacar que de las fechas de emisión de tales oficios –siete de junio y siete de julio de dos mil diecisiete– a la fecha de presentación de la demanda –veinticinco de julio de dos mil diecisiete–, tampoco había transcurrido el plazo de treinta días hábiles previsto para ello, lo cual pone en evidencia la oportunidad de la promoción de la controversia constitucional, dado que hubiere resultado imposible que el Municipio actor fuera notificado de los oficios de mérito con anterioridad a su propio dictado.

SEXTO.—El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los argumentos de la demanda se encuentran encaminados a controvertir y modificar lo resuelto por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 11502/11-17-09-4, lo cual no puede ser materia de la controversia constitucional.

Tales argumentos son infundados, en virtud de que, según se señaló en párrafos que anteceden de la presente resolución, los actos efectivamente impugnados por el Municipio actor son los oficios SSE/1261/2017 y SSE/1586/2017, que fueron emitidos por el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en los cuales se informa al presidente municipal de Cosoleacaque, entre otros aspectos, el monto por concepto de participaciones federales de los meses de mayo y junio de esa anualidad, entre las cuales se aprecia –en ambos casos– una deducción por el concepto de "Retención Tesofe", que asciende a **********.

Mientras que en la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, que dictó la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de «Justicia» Administrativa, las resoluciones impugnadas fueron las siguientes:

1. El oficio TM-2010-022, de veintisiete de abril de dos mil diez, a través del cual, el tesorero municipal de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave, tuvo por firmes y exigibles los créditos fiscales contenidos en los oficios 195/2005 y 260/2005, por concepto de adeudo de uso de suelo por instalación de postes de la red alámbrica de uso telefónico y accesorios legales, como consecuencia de que la contribuyente, Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, omitió su pago. Asimismo, ordenó que se realizara el requerimiento de pago y, en su caso, que se ejecutara el embargo de bienes para hacer efectivos tales créditos.

2. Oficio 900-04-01-2011-16240, de veintitrés de febrero de dos mil once, a través del cual, el administrador central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, resolvió el recurso de inconformidad interpuesto contra el diverso oficio referido en el punto que precede, en el sentido de desechar el medio de impugnación respecto del cobro por concepto de uso de suelo en territorio municipal por la instalación de postes de la red alámbrica de uso telefónico, por los ejercicios de dos mil uno a dos mil cuatro; así como declararlo infundado respecto del pago que se realizó por el uso de suelo por la instalación de la red alámbrica de uso telefónico, contenido en el Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz para el ejercicio de dos mil cinco, al concluir que éste se ajusta al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Asimismo, en el fallo de mérito, se reconoció la validez de la resolución impugnada, contenida en el oficio 900-04-01-2011-16240, únicamente en la parte que desechó el recurso intentado respecto del cobro por concepto de uso de suelo en territorio municipal por la instalación de postes de la red alámbrica de uso telefónico por los ejercicios fiscales de dos mil uno a dos mil cuatro.

Además, al concluir que las autoridades demandadas incurrieron en violación a la Ley de Coordinación Fiscal, se declaró la nulidad, tanto de la resolución impugnada, como de la originalmente recurrida, reconociendo el derecho de la actora a la devolución de lo pagado por concepto de derechos por el uso de vías generales de comunicación en el Municipio de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave, más la actualización y los intereses correspondientes, conforme a lo previsto por los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación.

En ese orden de ideas, la sentencia en comento no analizó la legalidad de los oficios SSE/1261/2017 y SSE/1586/2017, impugnados en la presente controversia constitucional, ni tampoco realizó pronunciamiento alguno en el sentido de determinar si, conforme a lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal, era procedente la compensación o reducción de participaciones federales, y mucho menos determinó si éstas deberían afectar los montos que le corresponden al Municipio actor.

Por tanto, es impreciso lo señalado por el demandado, en el sentido de que el actor pretende la modificación de lo ordenado por la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, que dictó la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso 11502/11-17-09-4. De ahí lo infundado de la causa e improcedencia planteada.

Dado que no se planteó, ni se advierte oficiosamente, la actualización de causales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28968-14b8f575/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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