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Modo: Corpus Pro

I. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. VALIDEZ DE SU NEGATIVA RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE MORELOS DE NO RATIFICAR A DIVERSOS MAGISTRADOS DE LA ACTUAL INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESE ESTADO NI PARA SUSPENDER O PARALIZAR SU PROCESO DE SELECCIÓN (PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR EN LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2015). II. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. VALIDEZ DE SU OTORGAMIENTO CONTRA LA DESIGNACIÓN, TOMA DE PROTESTA, INSTALACIÓN O ADSCRIPCIÓN Y/O ALTA EN NÓMINA DE LOS NUEVOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, HASTA EN TANTO SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE (PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR EN LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2015).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 15/2015-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2015. · Registro digital (IUS): 200130
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 15/2015-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2015. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 8 DE JULIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS SE SEPARA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de julio de dos mil quince.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, promovió, en representación del Poder Judicial estatal, recurso de reclamación en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil quince, dictado por el Ministro instructor Eduardo Medina Mora Icaza, en los autos del incidente de suspensión de la controversia constitucional 27/2015, mediante el cual concedió en parte y en otra negó la suspensión solicitada por el Poder Judicial del estado.

SEGUNDO. El auto materia del presente recurso es del tenor literal siguiente:

México, Distrito Federal, a dieciocho de mayo de dos mil quince.

Conforme a lo ordenado en el acuerdo admisorio de esta fecha, se forma el presente incidente de suspensión con copia certificada de las constancias que integran el expediente principal de la controversia constitucional citada al rubro.

A efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada por el Poder Judicial de Morelos, es menester tener presente lo siguiente:

En lo que interesa destacar, del contenido de los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible advertir que:

1. La suspensión procede de oficio o a petición de parte, y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva;

2. Emana respecto de actos que, atento a su naturaleza, puedan ser suspendidos en sus efectos o consecuencias;

3. No podrá otorgarse respecto de normas generales;

4. No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante;

5. Podrá modificarse o revocarse cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente; y

6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.

En relación con lo anterior, el Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia siguiente:

"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES." (Se transcribe)

Como se advierte de este criterio jurisprudencial, la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que tiene como fin preservar la materia del juicio, a efecto de asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelve el juicio principal.

En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos mientras se dicta sentencia en el expediente principal, a efecto de preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora, siempre que la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, no se actualice alguna de la prohibiciones que establece el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la Materia.

Ahora bien, en su escrito de demanda, el Poder Judicial de Morelos impugnó lo siguiente: (Se transcriben)

Por su parte, la medida cautelar cuya procedencia se analiza fue requerida para el efecto siguiente: '[...] solicito como medida cautelar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los actos cuya invalidez se demanda, con la finalidad de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate.---En consecuencia, solicito se conceda la suspensión del proceso de selección de tres Magistrados Numerarios, que constituye el efecto y consecuencia del acto impugnado consistente en el 'ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y DE GOBIERNO', de fecha 6 de mayo de 2015, emitido por los Diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; así como la suspensión de todos los actos que deriven de ello, al ser inminente su ejecución, tales como la toma del cargo que en su momento debería darles el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la consecuente adscripción en Sala por parte de dicho Tribunal Superior, el alta en nómina por parte del Consejo de la Judicatura y todos aquellos que deriven del señalado proceso de selección, en los que se implique a la parte actora, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y al Consejo de la Judicatura Estatal, se insiste, como resultado de ese proceso de selección que tiene su origen en el ya citado acto impugnado.---De igual forma, atendiendo a las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional que se plantea, solicito se conceda la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea alterada o modificada la actual integración, estructura, operación y funcionamiento del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, específicamente, para que ninguno de sus actuales integrantes sea separado de su cargo hasta en tanto se dicta sentencia en la controversia constitucional que se plantea, suspensión que solicito sea concedida a partir de la apreciación anticipada de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado (apariencia del buen derecho y peligro en la demora) que esa Honorable Suprema Corte de Justicia realice y que es factible que lleve a cabo [...]'

De lo anterior, se desprende que la medida cautelar se solicita, esencialmente, para que se suspendan los efectos y/o consecuencias del acuerdo de seis de mayo de dos mil quince, emitido por la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, en el que:

a) Se determinó no ratificar por un periodo más a los Magistrados Numerarios Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta y Ángel Garduño González, como integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.

b) Se publicó la convocatoria para la designación de los tres Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en sustitución de los mencionados en el inciso anterior.

Atento a lo solicitado, a las características particulares del caso y a la naturaleza de los actos en él impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte, procede negar la suspensión en los términos solicitados por la promovente, esto es, para que no sea alterada o modificada la actual integración del Tribunal Superior de Justicia de Morelos hasta en tanto este Alto Tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo decidido por el Poder Legislativo, pues ello equivaldría a otorgar efectos constitutivos de derechos en relación con una determinación consumada para efectos de la suspensión.

Lo anterior, no implica sin embargo, que los referidos funcionarios judiciales puedan ser separados del cargo antes de que concluya el periodo para el cual fueron designados (dieciocho de julio de dos mil quince), sino únicamente que la medida cautelar no puede tener los efectos pretendidos por la promovente.

Así también, procede negar la suspensión solicitada, en lo relativo, específicamente, a la instrucción del proceso de selección de nuevos magistrados por parte del Poder Legislativo demandado.

Al respecto, debe tenerse presente que los artículos 40, fracción XXXVII y 89 de la Constitución Política de Morelos facultan al Poder Legislativo Estatal para emitir la convocatoria pública respectiva, así como para designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y, consecuentemente, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales a instruir, en su caso, el procedimiento de selección y nombramiento respectivos.

Lo dicho evidencia que, al emitir y desarrollar los actos precisados, el órgano legislativo estatal ejerce una facultad que constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano, en tanto se refiere a la integración de un Poder Público Estatal y, por tanto, la medida cautelar pretendida no puede surtir efectos para que se suspenda el trámite de dicho procedimiento.

A lo anterior debe agregarse que no pasa inadvertido que, en su escrito inicial, la promovente combate justamente el desarrollo del proceso de selección al estimar, medularmente, que éste no se encuentra contenido en una ley que debería preverla; lo cual viene a robustecer la decisión antes adoptada, toda vez que no podría suspenderse este acto combatido, al corresponder a la materia que será analizada en el fondo del asunto.

No obstante, a efecto de preservar la materia del juicio, procede conceder la suspensión solicitada para que no se lleven a cabo los actos de designación, toma de protesta, instalación o adscripción y/o alta en nómina de los nuevos Magistrados, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en este asunto; con lo cual se asegura provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y se evita que se le cause un daño irreparable, toda vez que, de ejecutarse los actos señalados, quedaría sin materia la presente controversia constitucional.

Cabe señalar que, con la medida cautelar concedida no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que únicamente se salvaguardan temporalmente los intereses de ambas partes en la controversia, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país.

Además, no se advierten elementos para determinar en este momento que el otorgamiento de la suspensión pueda afectar a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante de la medida, pues aun cuando concluyera el periodo para el que fueron designados los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta y Ángel Garduño González, y no entraran en funciones sus posibles sustitutos, no se vería alterado el funcionamiento del referido Tribunal, dado el número de Magistrados que lo integran y su composición por Magistrados numerarios, supernumerarios e interinos, lo cual permite continuar con el desarrollo ordinario de las actividades jurisdiccionales.

Finalmente, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se autoriza la expedición de las copias certificadas que solicita la parte promovente, a su costa, las cuales deberán entregarse por conducto de las personas que señala, previa constancia que por su recibo se agregue en autos.

En consecuencia, atento a lo razonado con antelación, se

ACUERDA

I. Se niega la suspensión solicitada por el Poder Judicial de Morelos en relación con los efectos de la determinación de no ratificar por un periodo más a Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta y Ángel Garduño González como integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, consistentes en no afectar la integración actual del citado órgano jurisdiccional estatal; y también por cuanto hace a la instrucción del procedimiento de selección de tres magistrados numerarios.

II. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Judicial de Morelos respecto a la designación, toma de protesta, instalación o adscripción y/o alta en nómina de los nuevos magistrados, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en este asunto, en los términos y para los efectos que se indican en este acuerdo.

III. La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente, conforme a lo previsto por el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de la Materia.

IV. Expídanse las copias solicitadas por la promovente.

Notifíquese. Por lista y mediante oficio a las parte. (...)

TERCERO. En contra del anterior acuerdo, la parte recurrente aduce, en síntesis, los siguientes agravios:

• En su primer agravio, alega que el acuerdo recurrido resulta violatorio de lo dispuesto por los artículos 14, 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Lo anterior, pues considera incongruente que el Ministro instructor señale que "(...) la medida cautelar se solicita, esencialmente, para que se suspendan los efectos y/o consecuencias del acuerdo de seis de mayo de dos mil quince, emitido por la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos [en el que se] determinó no ratificar por un periodo más a los Magistrados Numerarios Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta y Ángel Garduño González, como integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos", ya que en el escrito de inicial demanda no existe, se menciona o se impugna acuerdo alguno de esa fecha.

• Al respecto, precisa que el acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil quince, emitido por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, es aquel por el que se publica la convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Por otra parte, señala que las determinaciones de no tener por ratificados por un periodo más a los Magistrados Numerarios Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta y Ángel Garduño González, como integrantes del Tribunal referido, fueron emitidas por la Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, en la sesión de Pleno de seis de mayo de dos mil quince, como se advierte de los incisos D), F) y H) del Capítulo IV, relativo a "LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO", del escrito de demanda inicial de controversia constitucional.

• En diverso argumento, sostiene que en el mismo acuerdo impugnado se señala que "no pasa inadvertido que, en su escrito inicial, la promovente combate justamente el desarrollo del proceso de selección al estimar, medularmente, que éste no se encuentra contenido en una ley que debería preverla; (...)", lo que también resulta erróneo, en virtud de que si bien es cierto que en la demanda sustancialmente se impugnan dos procedimientos: el primero, la evaluación de los Magistrados Numerarios Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta y Ángel Garduño González, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, y el segundo, el procedimiento de selección para la designación de Magistrados Numerarios del referido Tribunal, también lo es que, como se advierte del "PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ" que se plantea en la demanda, el proceso que se impugna por no encontrarse regulado o contenido en una ley, es el procedimiento de evaluación de Magistrados y no el de selección, como lo señala en el acuerdo impugnado.

• Por lo anterior, se duele de que la negativa de la suspensión decretada en el acuerdo impugnado carezca de la debida fundamentación y motivación, pues la misma no resulta ni congruente ni acorde con los elementos que fueron proporcionados por la parte actora, lo que viola lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• En su segundo agravio, aduce que la resolución recurrida resulta violatoria de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que no toma en consideración las circunstancias y características particulares de la propia controversia constitucional.

• Lo anterior, en virtud de que en la resolución recurrida se niega la suspensión que fue solicitada para que no sea alterada o modificada la actual integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos hasta en tanto este Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo decidido por el Poder Legislativo, bajo el argumento de que ello equivaldría a otorgar efectos constitutivos de derechos en relación con una determinación consumada para efectos de la suspensión. Esto, porque contrario a lo que afirma el acuerdo impugnado, no se encuentran consumadas tales determinaciones, toda vez que los Magistrados María Idalia Franco Zavaleta, Ángel Garduño González y Carlos Iván Arenas Ángeles, que no fueron ratificados para un nuevo periodo mediante los actos cuya invalidez se reclama, a la fecha continúan desempeñando su cargo, por estar aún transcurriendo el primer periodo para el que fueron designados y que concluye el dieciocho de julio de dos mil quince; inclusive -destaca- el propio acuerdo señala que la negativa de suspensión no implica que los referidos funcionarios judiciales puedan ser separados del cargo antes de que concluya el periodo para el cual fueron designados.

• También manifiesta que a la fecha, ni al Poder Judicial ni a sus Magistrados integrantes se les ha notificado personalmente las respectivas determinaciones y Decretos mediante los que no fueron ratificados los Magistrados mencionados, además de que tampoco han sido publicados en el Periódico oficial "Tierra y Libertad", que constituye el medio oficial de comunicación del Gobierno de Morelos.

• Al respecto, destaca que la notificación personal de los correspondientes Decretos a los Magistrados sujetos a evaluación, así como su publicación, constituyen elementos esenciales de los procedimientos de evaluación y son de orden público, por lo que, al no haberse realizado, a la fecha no se han consumado dichas determinaciones.

• Por otra parte, considera infundado que con la concesión de la suspensión solicitada, se constituya algún tipo de derecho en favor del poder actor o de alguno de los integrantes de su asamblea plenaria, como se sostiene en el acuerdo recurrido.

• En primer lugar, señala que, a favor de los Magistrados de los Poderes de Justicia locales, entre los que se encuentran los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, concurren dos derechos. El primero para que se lleve a cabo su evaluación, la que se concretiza con la emisión de dictámenes escritos en los que el órgano competente precise de manera debidamente fundada y motivada, las razones sustantivas y objetivas de su determinación, con lo cual además, se satisface el interés de la sociedad en conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la impartición de justicia, y el segundo derecho, el cual consiste en ser ratificado previa verificación, por medio de la evaluación, que continúa poseyendo los atributos que se le reconocieron cuando lo designaron, y que su trabajo como Magistrado lo desahogó de manera pronta, completa e imparcial, como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable.

• En ese orden de ideas, refiere que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el cargo de Magistrado no concluye por el sólo transcurso del tiempo previsto en las constituciones locales relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo, que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial, al impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos.

• De lo anterior, concluye que los Magistrados de los Tribunales locales, entre los que se encuentran los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, tienen derecho a su ratificación previa evaluación que se realice de su desempeño en forma fundada y motivada.

• Finalmente, en su tercer agravio, alega que resulta procedente que se conceda la suspensión solicitada en el escrito de demanda inicial de controversia constitucional, al tomar en consideración que las particularidades del caso conducen a la convicción de que existe una muy razonable probabilidad de que las pretensiones de la parte promovente prosperen, además de que las circunstancias concretas del propio caso evidencian con meridiana claridad que existe peligro en la demora de su concesión.

• En primer lugar, señala que el Poder actor ha acreditado el derecho que asiste a sus integrantes, los Magistrados María Idalia Franco Zavaleta, Ángel Garduño González y Carlos Iván Arenas Ángeles, para ser evaluados y, en su momento, ratificados.

• En segundo lugar, destaca que de un análisis superficial de los conceptos de invalidez que se plantean, sin que con ello se pretenda entrar al análisis del fondo del asunto, se hace evidente el alto grado de probabilidad de que las pretensiones de invalidez que se plantean, respecto de los procedimientos de evaluación a que fueron sometidos los referidos magistrados, prosperen.

• Al efecto, plantea que en los procedimientos de evaluación de los integrantes del Pleno del Poder actor no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que también puede advertirse de una elemental e, incluso, superficial revisión que se realice del "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO EVALUATORIO DE LOS CC. MAGISTRADOS NUMERARIOS CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, (...), MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA Y ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ (...), INTEGRANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS", en el que, ante la falta de su establecimiento en la Constitución local y en la ley, se fijaron los requisitos, indicadores y reglas básicas con los que se llevaron a cabo esos procedimientos de evaluación, los que además no reunieron los parámetros que para tal efecto exige la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, lo que hace evidente la violación a las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso.

• También hace valer que en el caso de la determinación de no ratificación de la Magistrada María Idalia Franco Zavaleta, fue aprobada con tan solo diecisiete votos de los treinta integrantes de la Legislatura, no obstante que conforme a lo dispuesto por el artículo 40, fracción XXXVII, párrafo tercero, de la Constitución Política de Morelos, la designación, y en su caso remoción, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado debe reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, que equivalen a veinte votos.

• Por otra parte, considera que el peligro de la demora resulta evidente, pues los efectos y consecuencias de los actos impugnados consistentes en las determinaciones de no ratificación de los tres magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia local, pueden llegar a materializarse o consumarse a partir del día diecinueve de julio de dos mil quince, pues, como incluso se señala en el acuerdo recurrido, el primer periodo para el que fueron designados los multicitados Magistrados, concluye el dieciocho de julio del año en cita, siendo inconcuso que para esa fecha aún no se encontrará resuelta la controversia constitucional de origen.

• En consecuencia, estima que resulta jurídicamente evidente que la suspensión solicitada para que ninguno de los actuales integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado sea separado de su cargo hasta en tanto se dicte la sentencia en la controversia constitucional de que deriva el presente recurso, resulta constitucional y legalmente procedente, ya que con ella se logra preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trata para que la sentencia, en caso de que se declare procedente la pretensión de invalidez que intenta, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, previniendo además el daño trascendente que pudiera ocasionarse no solo al Poder Judicial estatal, sino más aún a la sociedad, en tanto se resuelve el juicio de controversia constitucional.

• Lo anterior, además, porque con la concesión de la suspensión que solicita de ninguna manera se pone en peligro la sociedad o economías nacionales, ni las Instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, así como tampoco se afecta gravemente a la sociedad, en una proporción mayor a los beneficios que con la suspensión obtiene el solicitante. Contrario a ello, alega que con la concesión de la suspensión se permite que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos continúe con el normal y óptimo desarrollo de sus atribuciones, funcionando tanto en Pleno como en sus Salas, y cumpla con la prestación del servicio de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial.

CUARTO. Mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el presente recurso de reclamación, al que correspondió el expediente 15/2015-CA; asimismo, ordenó correr traslado a las demás partes, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

En el mismo auto, ordenó remitirlo al Ministro José Fernando Franco González Salas, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo y se instruyó para que una vez que se encontrara debidamente integrado el expediente se enviara a dicho ministro.

QUINTO. La parte demandada en la controversia constitucional, no formuló alegatos.

SEXTO. El Procurador General de la República no formuló pedimento.

SÉPTIMO. Una vez integrado el expediente, por auto de veintidós de junio de dos mil quince, se ordenó remitirlo para su radicación y resolución a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se encuentra adscrito el Ministro José Fernando Franco González Salas, designado como ponente en este asunto.

Mediante proveído de veinticinco de junio siguiente, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción I, contrario sensu y tercero del Acuerdo General 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. El recurso de reclamación es procedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) toda vez que se interpuso en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, a través del cual se acordó, en parte, conceder y por otra, negar la suspensión solicitada por el Poder Judicial de Morelos.

TERCERO. El recurso fue presentado en forma oportuna el veintisiete de mayo de dos mil quince, pues, si el acuerdo recurrido fue notificado el miércoles veinte de mayo del año en cita, como consta en la foja setecientos trece de este expediente, ésta surtió sus efectos el jueves veintiuno siguiente, el plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley reglamentaria de la materia(4) para interponer el recurso de reclamación transcurrió del viernes veintidós al veintiocho de mayo de dos mil quince, de los cuales se deben descontar el veintitrés y veinticuatro del mes y año de referencia, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con los artículos 2° y 3°, fracciones I y II de la propia ley,(5) en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(6)

CUARTO. El recurso fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que lo suscribe Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, lo que acredita con el acta de la sesión de Pleno extraordinaria del catorce de mayo de dos mil catorce que obra a fojas cincuenta y nueve a sesenta y seis del expediente; siendo que, como se advierte del auto admisorio, se trata de la parte actora en la controversia constitucional 27/2015, en términos del artículo 10, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.(7)

QUINTO. Previo al estudio de los agravios planteados, esta Segunda Sala considera que a efecto de determinar si en el caso procedía o no conceder la medida cautelar solicitada, resulta pertinente precisar la naturaleza de la suspensión en las controversias constitucionales.

La suspensión, tratándose de controversias constitucionales, se encuentra regulada en la Sección II d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200130-d9c150f9/i-suspension-en-controversia-constitucional-validez-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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