SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA UNA CIRCULAR QUE OBLIGA A UN AYUNTAMIENTO A DEJAR DE PRESTAR EL SERVICIO DE CATASTRO YA QUE NO AFECTA LA SEGURIDAD Y ECONOMÍA NACIONALES, TAMPOCO SE AFECTAN LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, NI SE CAUSA UN DAÑO MAYOR A LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO QUE PUEDE OBTENER EL SOLICITANTE DE LA MEDIDA (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL QUE SE ORDENA SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN DE LA CIRCULAR SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGA AL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN A DEJAR DE PRESTAR LOS SERVICIOS INHERENTE AL CATASTRO MUNICIPAL, CONDICIONANDO SU EJERCICIO A LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE COORDINACIÓN).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 33/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2016. PODER EJECUTIVO DE PUEBLA. 23 DE NOVIEMBRE DE 2016. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve el recurso de reclamación 33/2016-CA, derivado de la controversia constitucional 61/2016, el cual fue promovido por el Ejecutivo del Estado de Puebla en contra del acuerdo dictado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis. En ese auto se concedió la suspensión solicitada por el Municipio de Tehuacán del Estado de Puebla respecto a la ejecución de la circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si la Ministra Instructora estuvo o no en lo correcto al conceder la suspensión al referido municipio.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA CONTROVERSIA
1. Antecedentes. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla ordenó realizar una supervisión a la oficina catastral del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán de esa entidad federativa. Como resultado de tal inspección, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la mencionada dirección envió un oficio al Director de Información Geográfica y Catastro del Ayuntamiento de Tehuacán, en el que se formularon diversas observaciones, como la falta de convenio de colaboración en materia registral entre el municipio y el Gobierno del Estado, requiriendo que se pronunciara al respecto en tres días hábiles. El municipio desahogó el requerimiento.
2. Seguido el trámite de ese procedimiento, ante las supuestas deficiencias en materia registral, el seis de mayo de dos mil dieciséis, el citado Director del Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla emitió la circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, en la que sostuvo que el catastro, como función del ámbito gubernamental, debía ser planteado y organizado conjuntamente con el Gobierno del Estado a partir de convenios de coordinación; por lo tanto, solicitó al Ayuntamiento de Tehuacán que se abstuviera de ejercer las facultades en materia catastral, previstas en la ley de la materia y su reglamento, hasta que se suscribiera ese convenio de colaboración que integrara los procesos y procedimientos correspondientes y permitiera establecer mecanismos de control y supervisión de la información catastral, a fin de otorgar certeza jurídica a los usuarios de los servicios catastrales prestados por ese municipio.
3. Asimismo, determinó que, con el objeto de no transgredir los derechos de los usuarios de los servicios catastrales presentados por el Ayuntamiento de Tehuacán, la propia Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla asumiría las funciones catastrales del ayuntamiento, en tanto se suscriba el instrumento jurídico que garantizara y diera certeza a las operaciones realizadas por parte de la autoridad catastral municipal.
4. Ante tal situación, el Cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, inició los trámites para la celebración del convenio de coordinación e internación de información en materia registral. Por oficio de trece de mayo, el Secretario del ayuntamiento informó que, en fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, el cabildo municipal había aprobado la celebración del convenio de coordinación y solicitado la firma del mismo.
5. Como consecuencia de tal actuación, el Director General del Instituto Registral y Catastral de Puebla emitió el oficio SFA-SI-IRCEP-DG-5603/2016, en el que señaló que, para estar en aptitud de suscribir o refrendar dicho convenio, se requería que el Presidente Municipal del Ayuntamiento presentara formalmente una solicitud para, posteriormente, programar una visita de supervisión por parte de la Dirección de Catastro del Estado, con el objetivo de obtener un diagnóstico de la oficina que se encarga de brindar los servicios en materia catastral, además de que ésta última dirección verificaría que el municipio contara con los recursos materiales y humanos suficientes para realizar la función catastral municipal.
6. Interposición de la demanda de controversia. Bajo esa tónica, el ocho de junio de dos mil dieciséis, Miguel Ángel Romero Calderón, Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla, presentó un escrito en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que promovió una controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla y otras autoridades por lo que hace a los siguientes actos:
1. La orden y ejecución contenidas en la circular número SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, de fecha 6 de mayo de 2016, emitida por César Andrés Hernández Morales, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, la cual conmina y obliga al ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, a dejar de conocer sobre el catastro municipal y las funciones inherentes a dichas facultades, y condiciona que el ayuntamiento pueda seguir ejerciendo las facultades del catastro previo convenio de coordinación, esto violentando los artículos 36, fracción I y 115 Constitucional, de la Ley del Catastro del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para el ejercicio 2016.
2. El oficio número FCA-SI-IRCEP-DG-5603/2106 suscrito por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, dirigido al licenciado José Honorio Pacheco Flores, Secretario del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, donde da contestación a la solicitud del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que se suscriba el convenio de colaboración, entre dicho Instituto Registral y Catastral y el Ayuntamiento, pero el Director citado condiciona varios requisitos previos para suscribir el convenio, requisito que no tiene un fundamento en la Ley.
3. La omisión por parte del gobierno del Estado de Puebla, a través de la junta de gobierno del Instituto Registral y Catastral, la Secretaría de Finanzas del Estado y el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para suscribir el convenio de coordinación entre el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla y el Instituto del Catastro del Estado de Puebla, para el buen funcionamiento del Catastro del Estado y Catastro Municipal.
7. Trámite de la controversia. Recibidos los escritos de demanda, el nueve de junio de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente emitió un acuerdo en el que formó y registró el asunto bajo el número de expediente 61/2016 y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña para que instruyera el procedimiento correspondiente.
8. Consiguientemente, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Ministra Instructora analizó las constancias del expediente y admitió a trámite la demanda, considerando como demandado sólo al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla (al ser el poder del cual dependen los actos de la citada dirección catastral), teniendo por autorizado al representante del Ayuntamiento y por ofrecidas las pruebas documentales aportadas; además, en cuanto a la solicitud de suspensión, formó el cuaderno incidental respectivo.
9. Incidente de suspensión y concesión de la misma. Ya actuando en el incidente de suspensión de la controversia constitucional, por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Ministra Instructora concedió la suspensión solicitada por el Municipio de Tehuacán, Puebla, sólo en contra de la ejecución de la aludida circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, mediante la cual se ordenaba al ayuntamiento dejar de prestar los servicios inherentes al catastro municipal. Lo anterior, sin la necesidad de otorgar garantía.
10. El acuerdo impugnado es del tenor siguiente (se respetan las negritas y subrayado):
Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.
Con la copia certificada de la demanda y anexos de cuenta, que forman parte del expediente principal de la controversia constitucional citada al rubro y como está ordenado en el proveído de admisión de esta fecha, fórmese y regístrese el presente incidente de suspensión, y a efecto de proveer sobre la medida cautelar, se tiene en cuenta lo siguiente.
Primeramente, es importante apuntar que la suspensión en controversias constitucionales se encuentra regulada en los artículos 14 , 15 , 16 , 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyo contenido se advierte que:
1. Procede de oficio o a petición de parte, y podrá ser decretada en todo momento, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva:
2. Procede respecto de actos que, atendiendo a su naturaleza, puedan ser suspendidos sus efectos o consecuencias;
3. No podrá otorgarse en los casos en que la controversia constitucional se hubiera planteado respecto de normas generales;
4. No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante;
5. El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente, y
6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
En relación con lo anotado, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte emitió la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Como se advierte del criterio jurisprudencial antes transcrito, la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas cautelares por lo que, en primer lugar, tiene como fin preservar la materia del juicio, a efecto de asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelva el juicio principal.
En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos hasta en tanto se dicta sentencia en el expediente principal, a efecto de preservar la materia del juicio y evitar se causen daños y perjuicios irreparables a las partes o a la sociedad, siempre que la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, no se actualice alguna de las prohibiciones que establece el numeral 15 de la Ley Reglamentaria de la materia.
En su escrito inicial, el Municipio de Tehuacán, Puebla, impugna lo siguiente.
"NORMA GENERAL O ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
"La orden y ejecución contenidas en la circular número SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, de fecha 06 de mayo de 2016, emitida por César Andrés Hernández Morales, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, la cual conmina y obliga al ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, a dejar de conocer sobre catastro municipal y las funciones inherentes a dichas facultades, y condiciona que el ayuntamiento pueda seguir ejerciendo las facultades del catastro previo convenio de coordinación, esto violentando los artículos 36 fracción I y 115 Constitucional, de la Ley del Catastro del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, y la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para el ejercicio 2016.
El oficio número SFA-SI-IRCEP-DG-5603/2016 suscrito por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, dirigido al licenciado José Honorio Pacheco Flores, Secretario del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, donde da contestación a la solicitud del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que se suscriba el convenio de colaboración, entre dicho instituto Registral y Catastral y el Ayuntamiento, pero el Director citado, condiciona varios requisitos previos, para suscribir el convenio, requisitos que no tienen fundamento en la ley.
La omisión por parte del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Junta de Gobierno del Instituto Registral y Catastral, la Secretaría de Finanzas del Estado y el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para suscribir el convenio de coordinación entre el ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, y el Instituto del Catastro del Estado de Puebla, para el buen funcionamiento del catastro del estado y catastro municipal".
Por su parte, la medida cautelar fue solicitada en los términos siguientes:
"(...) solicito a esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, se nos conceda la suspensión de la orden y ejecución de la circular número SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, de fecha 06 de mayo de 2016, emitida por CÉSAR ANDRÉS HERNÁNDEZ MORALES, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; en tanto esta Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva el presente proceso de Controversia Constitucional en definitiva, con sustento en los siguientes criterios jurisprudenciales, para que en concreto el ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, siga realizando las funciones del catastro, de acuerdo con las que se establece la ley de la materia tal y como lo venía realizando desde el inicio de la administración es decir desde el quince de febrero de dos mil catorce...
Esta misma suspensión debe ser extensiva al Colegio de Notarios del Estado de Puebla, y al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla."
Lo transcrito evidencia que, en el caso, la media suspensional es solicitada, específicamente, para que se suspenda la ejecución de la circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, de seis de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, mediante la cual se obliga al Ayuntamiento de Tehuacán a dejar de prestar los servicios inherentes al catastro municipal, condicionando su ejercicio a la celebración de un convenio de coordinación.
En atención a lo anterior, es menester señalar los antecedentes relacionados del caso en concreto conforme a lo establecido en las constancias que integran el expediente:
Mediante oficio SFA-SI-IRCEP-DC-4399/2016, el Director del Catastro del Instituto Registral y Catastral de Puebla notificó al Director de Información Geográfica y Catastro del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, sobre la supervisión que se llevaría a cabo a esa oficina municipal, a efecto inspeccionar y verificar la información y documentación para mantener actualizado el Catastro Estatal.
Con motivo de lo anterior, mediante oficio SFA-SI-IRCEP-DC-4551/2016, la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado, informó las conclusiones que derivaron de la visita, requiriendo al Municipio diversa información y documentación con la finalidad de subsanar las distintas observaciones hechas, para estar en posibilidad de llevar a cabo la celebración de un convenio de colaboración, apercibiendo al municipio que, de no realizar manifestación alguna, se resolvería el expediente con los elementos que contara.
Posteriormente, mediante circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, el Director General del Instituto Registral y Catastral determinó en esencia lo siguiente:
"...dicho Ayuntamiento carece del instrumento idóneo que lo faculte para ejercer las atribuciones en materia catastral, lo que conlleva a no realizar y desarrollar las funciones y operaciones técnicas catastrales y demás acciones que establezca la Ley de Catastro del Estado de Puebla y su Reglamento, situación que genera incertidumbre jurídica en perjuicio de los gobernados y su patrimonio inmobiliario, lo que se traduce en una evidente violación de derechos fundamentales,(...)
Por lo anteriormente expuesto, se conmina al H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que se abstenga de ejercer las facultades en materia catastral, previstas en la Ley de la materia y su Reglamento, hasta en tanto suscriba convenio de colaboración que integre los procesos y procedimientos,
(...)
En este contexto y a efecto de no trasgredir los derechos de los usuarios de los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, el Gobierno del Estado a través de la Delegación Catastral de la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, dependiente de la Dirección de Catastro del Instituto registral y Catastral del Estado de Puebla, asumirá a partir de la notificación del presente, las funciones catastrales hasta hoy ejercidas por la Dirección de Información Geográfica y Catastro del H. Ayuntamiento..."
Ahora bien, como se señaló, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o se produzcan o continúen realizando sus efectos mientras se dicta sentencia en el expediente principal, a fin de preservar la materia del juicio, siempre que la naturaleza del acto lo permita.
Atento a las características particulares del caso y a la naturaleza del acto impugnado, procede conceder la suspensión para que la autoridad estatal se abstenga de ejecutar la circular impugnada, con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte sentencia definitiva en el presente asunto.
Así, la medida cautelar se concede para el efecto de que el municipio actor siga llevando a cabo las funciones catastrales que por ley tiene encomendadas, para lo cual, desde luego, tendrá que observar en todo momento lo establecido en la Ley de Catastro del Estado, su reglamento, y el resto de la normativa que resulte aplicable, a efecto de que las funciones atinentes se desarrollen en estricta observancia del marco legal conducente.
Cabe precisar que con la medida cautelar concedida no se afecta la seguridad ni economía nacionales, pues únicamente se paralizan las consecuencias del acto particular cuya invalidez se demanda, hasta en tanto se dicta sentencia definitiva; tampoco se afectan las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano pues, por el contrario, únicamente se puede asegurar la autonomía del Municipio actor, ya que la suspensión no repercute en alguno de los postulados fundamentales consignados en la Constitución Federal que rigen la vida política, social o económica del país, tampoco se advierte la posibilidad de causar un daño mayor a la sociedad en relación con el beneficio que puede obtener el solicitante de la medida.
Por último, es importante hacer patente que la suspensión concedida surte efectos de inmediato, es decir, desde esta fecha en que se dicta el presente proveído, y sin necesidad de otorgar garantía alguna; sin embargo, no procede en relación con los actos que se hubieren realizado en ejecución de la circular impugnada pues, en este caso, se trataría de actos consumados y la suspensión carece de efectos retroactivos, como se corrobora con el criterio de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE OTORGUE LA SUSPENSIÓN, NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS. Conforme a los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, las sentencias definitivas no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que rigen los principios generales y las disposiciones legales de dicha materia. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. LXVII/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.", consideró que el mismo criterio debe aplicarse al otorgar la suspensión en ese medio de control, debido a que si la sentencia de fondo no puede tener efectos retroactivos, menos podría tenerlos la resolución dictada en el incidente cautelar, además, si la suspensión impide que se realicen determinados actos, es claro que no puede concederse cuando éstos ya se materializaron. Lo anterior es así, porque si se toma en cuenta la facultad que al artículo 18 de la referida ley otorga al Ministro instructor para que cuando considere procedente conceder la suspensión, señale el día en que esta medida debe sufrir efectos, resulta claro que no es factible señalar hacia el pasado la fecha en que tendrá efectividad, sin o que debe ser a partir del dictado del auto que la concede, ello con la finalidad de dar certeza a las partes que tengan alguna relación con la controversia y que deban respetar o gozar de la medida, así como evitar concederla respecto de actos materializados, pues el fin de la suspensión es impedir que se realicen determinado actos, de ahí que no pueda tener efectos retroactivos".
En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y características particulares del caso, con apoyo en los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se:
ACUERDA
I. Se concede la suspensión solicitada por el Municipio de Tehuacán, Puebla, para que suspenda la ejecución de la circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, de seis de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, mediante la cual se obliga al Ayuntamiento de Tehuacán a dejar de prestar los servicios inherentes al catastro municipal, en los términos precisados en el presente proveído.
II. La medida suspensional surtirá efectos a partir de esta fecha y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente, conforme a lo previsto por el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de la Materia.
Notifíquese.
II. TRÁMITE DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN
11. Presentación del recurso. En contra de dicho acuerdo de suspensión, José Montiel Rodríguez, Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Puebla, interpuso el presente recurso de reclamación, mismo que fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día cinco de julio de dos mil dieciséis.
12. Agravios. En el escrito de reclamación, el Poder Ejecutivo Local recurrente expuso los siguientes argumentos, a través de un único apartad de concepto de agravio:
a) La Ministra Instructora fue omisa en ponderar si con la concesión de la suspensión se puede afectar gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante de la medida cautelar, pues únicamente mencionó que "tampoco se advierte la posibilidad de causar un daño mayor a la sociedad en relación con el beneficio que puede obtener el solicitante de la medida", sin mayor argumentación, violando con ello el principio de legalidad. Aduce que tal afirmación es enteramente dogmática e insuficiente, ya que el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia supone la realización de una ponderación que permita concluir que el otorgamiento de la suspensión no afecte gravemente a la sociedad.
b) Así, sostiene que contrario a lo expuesto en el acuerdo cuestionado, el otorgamiento de la suspensión afecta gravemente a la sociedad, en primer lugar, porque el actor no adjuntó ningún elemento que permitiera afirmar cuál es la naturaleza e importancia del daño que le causa el acto reclamado y si ese daño existe; a su juicio, el municipio actor se limitó a afirmar que el acto le causaba perjuicio sin adjuntar elemento de prueba para justificarlo, denotando entonces que no se acredita el interés para promover la controversia.
c) En segundo lugar, explica que la circular no priva de los impuestos que el actor llama patrimonio inmobiliario, pero sí genera una afectación por el conjunto de deficiencias que presenta el servicio del catastro municipal de Tehuacán, lo cual afecta gravemente a la sociedad.
d) Niega que la prestación de las facultades del catastro por parte del demandante impliquen ingresos por concepto del impuesto predial y de adquisición de bienes inmuebles, pues éstos no derivan de la prestación del servicio de catastro, sino que están establecidos en la ley y se causan por colocarse los sujetos en un supuesto generador del crédito fiscal, pero no provienen del ejercicio de alguna atribución estatal. Consecuentemente, la circular no generó que el municipio dejara de recaudar con motivo de los citados impuestos.
e) Asevera que la Ministra Instructora ignoró el acta circunstanciada de hechos levanta el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con la que se acredita que el catastro del ayuntamiento no utiliza tabla de 67 tipos, a diferencia del Catastro del Estado de Puebla y que, además, el programa de avalúos del ayuntamiento está instalado en cuatro computadoras y tiene detrimentos y deficiencias en comparación con el programa del Estado.
f) Desde su punto de vista, el programa utilizado por la oficina catastral municipal no calcula obras complementarias ni los metrajes completos y no tienen manual de procedimientos, ni Autocad. Con ello, reafirma, que el actor presenta un servicio de catastro técnicamente deficiente que provoca inseguridad, a la sociedad en general, y a los usuarios en particular.
g) Sostiene que de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos que -entre otros- determinen las Legislaturas locales y, justamente, la prestación del catastro está condicionada a la capacidad administrativa y financiera de los municipios, así como a la observancia de lo dispuesto por las leyes estaduales.
h) Por lo tanto, afirma que no se acredita una invasión a la esfera de competencia municipal, puesto que las tablas de valores catastrales y el impuesto predial en nada se relaciona ni se afecta con la circular impugnada.
i) Por último, sostiene que es un contrasentido que se conceda la suspensión para que el municipio siga llevando a cabo las funciones catastrales de acuerdo con la Ley de Catastro del Estado y su reglamento, cuando con el acto impugnado y demás pruebas se comprueba que el catastro municipal incumplió el marco legal aplicable.
III. COMPETENCIA
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 33/2016-CA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Ley Reglamentaria de la materia"); 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al tratarse de un recurso de reclamación en controversia constitucional en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
IV. PROCEDENCIA
14. El medio de defensa es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de la materia,(1) toda vez que se interpone en contra de un acuerdo de trámite que concedió la suspensión en una controversia constitucional.
V. OPORTUNIDAD
15. El recurso de reclamación se presentó de manera oportuna, con base en las siguientes consideraciones. El poder recurrente quedó notificado personalmente del acuerdo objetado el veintisiete de junio de dos mil dieciséis;(2) por consiguiente, el término previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia(3) para presentar el aludido medio de impugnación transcurrió del miércoles veintinueve al martes cinco de julio, al ser inhábiles los días dos y tres de julio del mismo año por ser fin de semana, de acuerdo con los artículos 3 y 6 de la referida normatividad reglamentaria.(4)
16. En el caso concreto, el recur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200144-87b3c237/suspension-en-la-controversia-constitucional-procede-contra-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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