Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE SUSCRIBIR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA CATASTRAL CON EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN). II. CATASTRO MUNICIPAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO SE EXTRALIMITÓ EN SUS FUNCIONES AL CONMINAR AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN DE ABSTENERSE DE EJERCER LAS FACULTADES CATASTRALES PREVISTAS EN LA LEY DE LA MATERIA Y SU REGLAMENTO, HASTA EN TANTO NO SE SUSCRIBIERA CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA CATASTRAL, CON LA PREVENCIÓN DE QUE, DE NO ABSTENERSE, CONFIGURARÍA FIGURAS TÍPICAS DEL DELITO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 258 Y 417 DEL CÓDIGO PENAL DE ESA ENTIDAD (INVALIDEZ DE LOS ACTOS CONTENIDOS EN LA CIRCULAR SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, DE 6 DE MAYO DE 2016, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CITADO). III. CATASTRO MUNICIPAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO SE EXTRALIMITÓ EN SUS FUNCIONES AL ESTABLECER CONDICIONANTES AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PARA QUE, UNA VEZ CUMPLIDAS, SE PROCEDIERA A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA CATASTRAL (INVALIDEZ DE LOS ACTOS CONTENIDOS EN LA CIRCULAR SFA-SI-IRCEP-DG-5603/2016, DE 24 DE MAYO DE 2016 EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CITADO). IV. CATASTRO MUNICIPAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL OBJETO O MOTIVO POR EL CUAL SE FIRMA UN CONVENIO DE COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LA MATERIA ES PARA QUE SE ESTABLEZCAN LAS BASES SOBRE LAS CUALES SE COORDINARÁN TANTO UN MUNICIPIO COMO EL INSTITUTO REGISTRAL, RESPECTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS QUE CORRESPONDEN A LOS BIENES INMUEBLES QUE SE UBICAN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL PROPIO MUNICIPIO (ILEGALIDAD DE LA OMISIÓN DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA CATASTRAL ENTRE ESA ENTIDAD Y EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2016. · Registro digital (IUS): 28380
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-03-01
Promovente: MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Pág. 1409.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2016. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. 18 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MAURICIO OMAR SANABRIA CONTRERAS.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la controversia constitucional. Por oficio recibido el ocho de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Romero Calderón, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, y Juan Alberto Ramírez Flores, en su carácter de director de Información Geográfica y Catastro del mismo Ayuntamiento, promovieron controversia constitucional, demandando los actos que más adelante se precisan, emitidos y ejecutados por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

• Gobernador Constitucional del Estado de Puebla;

• Secretario general de Gobierno;

• Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla;

• Director general de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; y,

• Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.

Actos impugnados:

I. La orden y ejecución contenidas en la circular número: SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, de fecha seis de mayo de 2016, emitida por César Andrés Hernández Morales, director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, la cual conmina y obliga al Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, a dejar de conocer sobre el catastro municipal y las funciones inherentes a dichas facultades y condiciona que el Ayuntamiento pueda seguir ejerciendo las facultades del catastro, previo convenio de coordinación, esto violentando los artículos 36, fracción I y 115 constitucional, de la Ley del Catastro del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, y la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para el ejercicio 2016.

II. El oficio SFA-SI-IRCEP-DG-5603/2016, suscrito por el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, dirigido al licenciado José Honorio Pacheco Flores, secretario del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, donde da contestación a la solicitud del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que se suscriba el convenio de colaboración, entre dicho instituto registral y el Ayuntamiento, pero el director citado, condiciona varios requisitos de forma previa para suscribir el convenio, requisitos que no tienen un fundamento en la ley.

III. La omisión por parte del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Junta de Gobierno del Instituto Registral y Catastral, la Secretaría de Finanzas del Estado y el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para suscribir el convenio de coordinación entre el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, y el Instituto del Catastro del Estado de Puebla, para el buen funcionamiento del catastro del Estado y el catastro Municipal.

2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:

a) El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por conducto de su director, licenciado Jesús Moreno Pedraza, mediante oficio SFA-SI-IRCEP-DC-4598/2016, de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, informó al síndico municipal del honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, que a las 13:15 horas del mismo día en que se notificó dicho oficio, se llevaría a cabo en la Dirección de Información Geográfica y Catastro del Ayuntamiento de Tehuacán, una supervisión catastral, la cual se realizaría por personal adscrito a la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.

b) Realizada dicha supervisión, mediante oficio SFA-SI-IRCEP-DC-4551/2016, de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, emitió observaciones a la Dirección Catastral del Ayuntamiento de Tehuacán.

c) Mediante oficio 79/2016, de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, a través de su director de Información Geográfica y Catastro, señaló que las referidas observaciones hechas por la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, habían sido subsanadas, manifestando en el mismo, que el evento de supervisión había sido violatorio de derechos, transgrediendo así la autonomía del Municipio.

d) Mediante circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, informó al Ayuntamiento lo siguiente:

"Las aseveraciones realizadas por el director de Información Geográfica y Catastro del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, mismas que han quedado precisadas en el cuerpo del presente, se colige que dicho Ayuntamiento, carece del instrumento idóneo que lo faculte para ejercer las atribuciones en materia catastral, lo que conlleva a no realizar y desarrollar las funciones y operaciones técnicas catastrales y demás acciones que establezca la Ley de Catastro del Estado de Puebla y su reglamento, situación que genera incertidumbre jurídica en perjuicio de los gobernados y su patrimonio inmobiliario, lo que «se» traduce en una evidente violación de derechos fundamentales.

"...

"Se conmina al H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que se abstenga de ejercer las facultades en materia catastral, previstas en la ley de la materia y su reglamento, hasta en tanto suscriba el convenio de colaboración que integre los procesos y procedimientos, que permita establecer mecanismos de control y supervisión de la información catastral, con el objeto de otorgar certeza jurídica a los usuarios de los servicios catastrales prestados por ese Municipio.

"...

"A efecto de no transgredir los derechos de los usuarios de los servicios catastrales prestados por el H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, el Gobierno del Estado a través de la delegación Catastral de la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, dependiente de la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, asumirá a partir de la notificación del presente, las funciones catastrales hasta hoy ejercidas por la Dirección de Información Geográfica y Catastro del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, hasta en tanto se suscriba el instrumento jurídico que garantice y de certeza a las operaciones realizadas por parte de la autoridad catastral municipal; debiendo remitir a la brevedad a la delegación catastral, sito en avenida Adolfo López Mateos, número 3210, local 24, planta alta, plaza Tehuacán, Puebla, todos aquellos trámites de servicios catastrales que se encuentren en proceso."

e) Con base en lo dispuesto por el oficio SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, aprobó la celebración del convenio de coordinación en materia de intercambio de información catastral, entre el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.

f) En respuesta a la petición realizada por el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, mediante oficio SFA-SI-IRCEP-DG- 5603/2016, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, manifestó al secretario del Ayuntamiento, que para estar en aptitud de suscribir o refrendar el convenio de coordinación requería la cumplimentación de una serie de requisitos de los cuales consideró infundados el Municipio actor.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:

En su primer concepto de invalidez señala:

a) Que la circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, signada por el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, es inválida, ya que tiene como efectos el suprimir la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para el ejercicio fiscal dos mi dieciséis, afectando así el patrimonio del Ayuntamiento;

b) Que la circular referida contiene actos que violan el artículo 115, fracción IV, en virtud de que se conmina al Ayuntamiento de Tehuacán, en que a partir del seis de mayo de dos mil dieciséis, se abstenga de ejercer las facultades en materia catastral, hasta en tanto se suscriba el convenio de colaboración que integre los procesos y procedimientos que permitan establecer mecanismos de control y supervisión de la información catastral;

c) Que los efectos de la circular multicitada no se limitan a lo que a la letra dice, sino que además y derivado de la prestación de facultades del catastro por parte del Ayuntamiento, este mismo obtiene los siguientes ingresos:

Ver ingresos

d) Que dichos impuestos y derechos, fueron únicamente autorizados para su cobro al Ayuntamiento de Tehuacán, pero que con la circular referida, se le despoja (sic) al Ayuntamiento de Tehuacán del servicio de catastro, así como de los impuestos y derechos que de éste se desprenden, cuando ni siquiera el propio Congreso del Estado podría haber afectado las finanzas del Ayuntamiento de Tehuacán, como sí lo hizo la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla;

e) Que el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla, aprobada por el Congreso del Estado, establece un monto para poder captarlo durante el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis a favor del Municipio de Tehuacán, Puebla;

f) Que la Dirección del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, impide que el Ayuntamiento de Tehuacán, preste el servicio en virtud de que no existe convenio para tal efecto, y consecuentemente, realizan una recaudación indebida de los impuestos, derechos y productos que, únicamente, le pertenecen al Ayuntamiento de Tehuacán;

g) Que con el multicitado oficio, se viola el artículo 115 constitucional, al invadirse la competencia recaudatoria del Ayuntamiento de Tehuacán, despojándosele (sic) de su patrimonio que por orden constitucional le corresponde y de acuerdo con las leyes aprobadas por la Legislatura del Estado, como son la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán para el ejercicio 2016 y el Código Fiscal del Municipio de Tehuacán, Puebla;

h) Que de lo anterior, resulta que sólo el Congreso del Estado puede autorizar los actos de los Ayuntamientos que tienen por efecto enajenar, gravar y transmitir impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingresos fiscales que integren la hacienda municipal, esto, en cumplimiento del artículo 115 constitucional que tiene como objetivo preservar el patrimonio y la Hacienda Municipal;

i) Que lo anterior es así, ya que la libre administración de la hacienda municipal supone que es el Ayuntamiento el que determina el destino de los recursos obtenidos de los rendimientos de sus bienes y de las contribuciones percibidas y en ese tenor, el Congreso Local no puede modificar el manejo y aplicación de los recursos municipales;

j) Que cuando los actos del Municipio tienen por objeto que un determinado bien salga de su hacienda o patrimonio, es conveniente que tal acción sea autorizada por la Legislatura Local a fin de evitar desvíos en la disposición de los bienes que afectarían la viabilidad económica del Municipio;

k) Que el Congreso del Estado de Puebla, autorizó varios impuestos y derechos a favor del Municipio de Tehuacán, pero por determinación de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, no sólo se impide el funcionamiento del servicio del catastro, realizado por el Ayuntamiento de Tehuacán, sino que también le quita ingresos que sobre el mismo debía percibir el Municipio.

En su segundo concepto de invalidez, señala:

a) Que es invalido el actuar del director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, no sólo en cuanto a la emisión de la circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016, sino que el mencionado funcionario no puede quitar o impedir las facultades del Ayuntamiento de Tehuacán para ejercer las funciones de catastro, condicionando el ejercicio de dichas facultades catastrales a la suscripción de un convenio de colaboración;

b) Que al condicionar la suscripción de dicho convenio de colaboración a una serie de reglas determinadas en el multicitado oficio, dichos requisitos no cuentan con la debida fundamentación y motivación;

c) Que de las facultades establecidas expresamente en la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, puede leerse que la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, viola en perjuicio de la autonomía municipal lo dispuesto en el artículo 19, fracción XIX, de la ley de dicho instituto, al atribuirse funciones que son exclusivas de la Junta de Gobierno del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, quien tendrá la facultad de suprimir oficinas registrales y/o catastrales en el Estado, pero sólo de aquellas que dependan directamente de dicho instituto, mas no aquellas que por convenio o en ausencia de él se establezcan en los Municipios, ya que éstos gozan de autonomía plena para brindar los servicios públicos que tienen a su cargo, en términos del artículo 115 constitucional;

d) Que el director general del Instituto Registral y Catastral, no tiene facultades para conminar al Ayuntamiento de Tehuacán, que éste se abstenga de conocer las funciones del catastro, pues para poder hacer esto, debió dar vista, proponer y pedir la autorización a la Junta de Gobierno del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, así como para solicitar y ejecutar los actos contenidos en la circular SFA-SI-IRCEP-DG-4931/2016;

e) Que el director general del Instituto Registral y Catastral puede proponer el establecimiento, reubicación, readscripción o supresión de oficinas registrales y/o catastrales en el Estado, pero no puede, a través de una circular, ordenar la supresión de las funciones de la oficina del catastro del Ayuntamiento de Tehuacán;

f) Que el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado tiene como facultades, proponer a la Junta de Gobierno, las reglas de carácter general necesarias para dar plena validez a la prestación de los servicios y la realización de los trámites y actos catastrales y registrales, así como someter a la Junta de Gobierno la creación, la integración, las reglas de funcionamiento y la extinción de los Consejos Registral y Catastral, así como de los comités internos, cuando lo considere conveniente para la mejor operación de los programas del organismo.

En el tercer concepto de invalidez, el Municipio actor señala:

a) Que es inválido que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, condicione que el Ayuntamiento pueda ejercer sus facultades del catastro siempre y cuando se firme un convenio de colaboración y coordinación, ya que esto viola la autonomía del Municipio, así como los artículos 36, fracción I y 115 de la Constitución General;

b) Que el artículo 36 de la Constitución General, establece como obligaciones de los ciudadanos de la República el inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, por lo que, de dicho artículo se refrenda que el Municipio es quien originalmente tiene el registro de bienes de los ciudadanos, en una oficina del catastro municipal, no así el Estado;

c) Que la Constitución Política del Estado de Puebla establece los elementos generales que regulan el comportamiento de la propiedad inmobiliaria, su registro y las competencias que le corresponden a los Municipios;

d) Que la Ley de Catastro del Estado de Puebla establece las competencias de cada una de las autoridades catastrales, correspondiendo la aplicación de dicha ley al Gobierno del Estado y los Municipios, a través de sus autoridades catastrales en el ámbito de sus respectivas competencias;

e) Que de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Catastro del Estado de Puebla, se obliga al Gobierno del Estado, a que realice actividades catastrales con los Municipios, es decir, a realizar una función en conjunto, obligando a que se lleve a cabo en forma mutua la ayuda y que exista cooperación en la información;

f) Que el artículo 9 de la Ley de Catastro del Estado de Puebla, obliga, no solo sugiere, la forma de trabajar entre el Estado y el Ayuntamiento, por lo que el Gobierno Estatal no tiene elección para obligar al Ayuntamiento de Tehuacán a que suspenda el servicio de catastro, pues no puede suspender una facultad constitucional por medio de una autoridad menor como lo es el director general del Instituto Registral y Catastral, mucho menos a través de una circular;

g) Que si se realiza una lectura integral de la Ley de Catastro del Estado de Puebla, en ningún artículo condiciona que los Ayuntamientos puedan prestar el servicio del catastro del Estado, previo acuerdo o convenio con el Estado de Puebla, sino que es a la inversa, es decir, las facultades están entregadas o son facultades del Ayuntamiento en forma originaria, y posterior a las facultades de las que son titulares los Ayuntamientos, se presume que deben hacer un convenio de colaboración con el Estado;

h) Que con base en lo anterior, el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, extralimitó sus facultades que le otorga la Ley de Catastro de Puebla, pues dicho funcionario, convenientemente y de forma unilateral, aplica el artículo 10 de la Ley de Catastro de forma errónea, ilegal y violatoria de los artículos 14, 16 y 115 constitucionales;

i) Que en el caso particular, el director del Instituto Registral y Catastral del Estado, puede interpretar la ley de catastro, pero sólo en el ámbito administrativo, es decir, dentro del ámbito de la competencia de sus oficinas, pero esto no lo faculta para derogar o suprimir, leyes o artículos constitucionales que facultan al Ayuntamiento de Tehuacán a ejercer sus facultades de catastro;

j) Que el Ayuntamiento de Tehuacán tiene sus facultades total y absolutamente definidas en la Ley de Catastro del Estado de Puebla y estas facultades no surgen a partir del convenio de colaboración y coordinación que se pueda suscribir con el Instituto Registral y Catastral, por tanto, no se puede supeditar las funciones del Ayuntamiento en materia de catastro a la firma de un convenio de coordinación y colaboración;

k) Que no existe ley alguna en la que las facultades del Ayuntamiento en materia de catastro, queden condicionadas a la firma del convenio de coordinación; por el contrario, la Ley de Catastro del Estado de Puebla, le da facultades al Ayuntamiento y a sus funcionarios, para que realicen las funciones en esta materia.

En su cuarto concepto de invalidez, el Municipio actor señala:

a) Que el objetivo del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Finanzas y de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral, en ordenar la supresión de facultades y competencias en materia de catastro al Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, es precisamente implementar el Programa de Escrituras de Bajo Costo;

b) Que la implementación de dicho programa resulta violatorio no sólo de la Constitución Federal sino de diversas leyes fiscales;

c) Que dicho programa, resulta violatorio del artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, ya que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. En ese caso sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público;

d) Que dicho programa resulta violatorio del artículo 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, para el ejercicio dos mil dieciséis, ya que no puede realizarse por decreto del Estado, ningún otro descuento que no esté previsto en la misma Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla, ya que con esto se viola el artículo 115 constitucional.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son: 31, fracción IV; 36, fracción I; 115, fracción II, párrafo segundo, incisos c) y d), fracción III, inciso i), fracción IV; 121, fracción II; todos en relación con los artículos 103, 104, fracción II, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla.

5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 61/2016 y, por razón de turno, designó como instructora a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

6. SEXTO.—Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, para que formulara su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, por conducto de su consejero jurídico, al dar contestación a la demanda, señaló esencialmente lo siguiente:

a) Considera que el primer concepto de invalidez esgrimido por el Municipio actor es infundado. Ello, porque se confunde el Municipio o pretende confundir a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que los efectos de la circular reclamada abarca el despojo de los impuestos predial y sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos, previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis;

b) Que para entender correctamente lo anterior, estima conveniente hacer referencia al artículo 73, fracción XXIX-R, de la Constitución General, del cual se desprende el régimen que otorga el Congreso de la Unión a la Federación, a efecto de que esta ejerza un poder de dirección que le habilita a definir e imponer a las entidades federativas y municipales un marco normativo obligatorio dentro del cual podrán participar en materia catastral;

c) Que el anterior precepto constitucional, le atribuye como facultad al Poder Legislativo Federal, el emitir una ley general para armonizar y homologar la organización y el funcionamiento de los registros inmobiliarios y de personas morales de los Estados y los catastros municipales;

d) Que del dictamen de la iniciativa de modificación del artículo 73, fracción XXIX-R, se desprende que la misma tuvo como objetivo brindar seguridad jurídica a la sociedad respecto de las operaciones registrales y catastrales, por ende, la certeza jurídica de estas operaciones celebradas por la colectividad constituye la justificación para la intervención en materia catastral;

e) Que de los artículos 9 y 10 de la Ley de Catastro del Estado de Puebla, se advierte que las funciones catastrales, deben ser planteadas y organizadas conjuntamente con el Gobierno del Estado, mediante la firma de convenios de coordinación donde se estipulan facultades y compromisos tanto para el orden estatal como para el municipal;

f) Que las funciones catastrales delegadas a los Municipios, cumplen con funciones operativas y de apoyo a las tareas, tanto del Gobierno Estatal como del Municipio, previstas en el artículo 20 de la Ley de Catastro del Estado de Puebla;

g) Que el artículo 9 de la abrogada Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, prescribía que Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración, podía vincularse con los Municipios, en términos de los convenios de colaboración que para tal efecto se celebraran, integrando los procesos y procedimientos con el propósito de establecer los mecanismos de control y supervisión de la información catastral y registral, otorgando mayor certeza jurídica a los ciudadanos poblanos, así como integrando y manteniendo actualizado el inventario de inmuebles ubicados en la entidad;

h) Que con base en lo anterior, de conformidad con el artículo 4, fracción II, del reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, la Dirección de Catastro, será la facultada, como autoridad catastral, para suscribir y ejecutar los convenios y acuerdos de colaboración, celebrados con las dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, así como organizaciones vinculadas con los servicios catastrales, a efecto de difundir o mejorar la función catastral;

i) Que dada la importancia que tiene la información y conservación del catastro, el legislador estadual le reconoce el carácter de interés y utilidad pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Catastro del Estado de Puebla; incluso, dicha base de datos no es exclusiva del ámbito catastral, pues también se utiliza para fines fiscales, administrativos, urbanísticos, históricos, jurídicos, económicos, sociales, estadísticos, de planeación y de investigación geográfica de conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Catastro del Estado de Puebla;

j) Que con el contexto descrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dispuesto que cuando se actualiza un régimen de concurrencia –como el que opera en materia catastral–, es inexistente la violación al principio de autonomía municipal, citando, para robustecer dicho argumento, la tesis aislada 2a. XLV/2012 (10a.) cuyo rubro establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA CONTROLAR Y VIGILAR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO EN LA ENTIDAD NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL.";

k) Que con lo manifestado, es infundado el argumento propuesto por el actor, ya que en este caso, el Municipio adolece de capacidad técnica para prestar el servicio público catastral; ello de conformidad con el resultado arrojado por la supervisión catastral, realizada el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en las oficinas del director de Información Geográfica y Catastro del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla;

l) Que de dicha supervisión, se advierte que el programa de avalúos que tiene instalado la Dirección de Información Geográfica y Catastro del Municipio actor, presenta deficiencias en comparación con el sistema que maneja el Gobierno del Estado, pues no calcula obras complementarias ni los metrajes completos, según lo aceptado por los propios funcionarios municipales;

m) Que ante dichas irregularidades, es como se justifica la actuación del Instituto Registral del Estado de Puebla sobre la Dirección de Información Geográfica y Catastro del Municipio actor, esto, en razón de que la materia catastral es de orden público y el objeto que persigue el Gobierno del Estado es proporcionar certeza jurídica a las operaciones registrales y catastrales realizadas por la sociedad;

n) Que el Ayuntamiento carece del instrumento idóneo que lo faculte para ejercer las atribuciones en materia catastral, lo que conlleva a no realizar y desarrollar las funciones y operaciones técnicas catastrales y demás acciones que establece la Ley de Catastro del Estado de Puebla y su reglamento, situación que genera incertidumbre jurídica en perjuicio de los gobernados y de su patrimonio inmobiliario, lo que se traduce en una evidente violación a sus derechos fundamentales;

ñ) Que con base en lo anterior, es como se emite el oficio SFA-SI-RICEP-DG-4931/2016, por el que se conmina al Municipio actor a abstenerse de ejercer facultades en materia catastral, previstas en la ley de la materia y su reglamento, hasta en tanto cuente con un convenio de colaboración suscrito con el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, que integre los procesos y procedimientos que permitan establecer mecanismos de control y supervisión de la información Catastral, a fin de otorgar certeza jurídica a los usuarios de los servicios catastrales prestados por el Municipio actor;

o) Que la circular impugnada en nada afecta al patrimonio del Municipio actor, ya que en primer lugar, el actor confunde la causación del impuesto predial y sobre adquisición de bienes inmuebles, con los efectos de la circular reclamada;

p) Que los elementos esenciales de toda contribución son: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y fecha de pago. Así, tratándose de impuestos reales, en cuanto al elemento base, éste se concibe como el monto al que se le aplica la tasa o tarifa prevista en la Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal de que se trate y cuyo resultado es el impuesto a pagar;

q) Que por tanto, la integración de la base de los impuestos es una cosa totalmente diferente al momento de la causación, esta última surge cuando los contribuyentes actualizan las hipótesis normativas de los impuestos mencionados;

r) Que no le asiste la razón al Municipio actor cuando afirma que conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán para el ejercicio fiscal 2016, va a obtene

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28380-f8b3d044/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.