I. QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA ANTE LA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR, YA QUE FUERON ENTREGADOS AL MUNICIPIO ACTOR LOS RECURSOS MUNICIPALES -PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES-, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DE LAS CUENTAS AUTORIZADAS EN LOS ACUERDOS DE CABILDO (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE POR EL QUE OTORGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2015, PARA EL EFECTO DE QUE EL PODER EJECUTIVO DE OAXACA, SE ABSTUVIERA DE EJECUTAR CUALQUIER ORDEN, INSTRUCCIÓN O REQUERIMIENTO CON LA FINALIDAD DE INTERRUMPIR O SUSPENDER LA ENTREGA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO). II. QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA DADO QUE EN LA MEDIDA CAUTELAR SE PRECISÓ QUE NO PODÍA TENER POR EFECTO ORDENAR A LA AUTORIDAD DEMANDADA QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SE ENTREGARAN POR CONDUCTO DE DETERMINADA PERSONA, EN VIRTUD DE QUE CORRESPONDA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA EFECTUAR LOS PAGOS POR MEDIO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FACULTADAS PARA ELLO (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE POR EL QUE OTORGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2015, PARA EL EFECTO DE QUE EL PODER EJECUTIVO DE OAXACA, SE ABSTUVIERA DE EJECUTAR CUALQUIER ORDEN, INSTRUCCIÓN O REQUERIMIENTO CON LA FINALIDAD DE INTERRUMPIR O SUSPENDER LA ENTREGA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO).
RECURSO DE QUEJA 5/2016-CC, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2015. MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA. 1 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de febrero de dos mil diecisiete.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Interposición del recurso. Mediante escrito recibido el cuatro de abril de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Santiago Franco, quien se ostentó como Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, interpuso recurso de queja por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto por el que se concedió la suspensión de dieciocho de agosto de dos mil quince, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 46/2015.
SEGUNDO. Agravios. El recurrente expresó en síntesis lo siguiente:
a) Las autoridades responsables no han cumplido con la suspensión provisional, toda vez que negaron verbalmente la entrega de las participaciones y aportaciones federales del ejercicio fiscal de 2016 a la Comisión de Hacienda nombrada en sesión de veintinueve de julio de dos mil quince, integrada por David Jiménez García como Síndico Hacendario, Jesús Irving Mendoza Ramírez como Regidor de Hacienda y Abdías Isaí Alavez García como Tesorero Municipal.
b) No se ha notificado la determinación en la cual se expongan las razones para negar la entrega de los recursos económicos que corresponden a nuestro Ayuntamiento o los actos que se lleven a cabo para el cumplimiento del incidente, por lo que se deben pagar los intereses que se han generado con motivo de la retención de participaciones y aportaciones.
c) Las autoridades fueron notificadas debidamente por lista y por oficio de la suspensión de que se trata y teniendo conocimiento del contenido y los efectos del incumplimiento se han negado a pagar los recursos que corresponden al municipio.
d) Las autoridades han iniciado una serie de acciones de represión, intimidación, fabricación de delitos y violación a los derechos humanos de los integrantes del cabildo de San Pedro Mixtepec, con motivo de la negativa a firmar recibos por la cantidad de $68,000,000.00 (sesenta y ocho millones de pesos en moneda nacional 00/100) supuestamente en favor del municipio, pero que en realidad sería utilizado para financiar una campaña política.
TERCERO. Admisión y Trámite. Mediante proveído de cinco de abril de dos mil dieciséis, el Ministro instructor en la controversia constitucional de la cual deriva el presente recurso, admitió a trámite el asunto con el número de expediente 5/2016-CC y requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a la Secretaría de Finanzas, todos del Estado de Oaxaca, para que dejaran sin efectos la norma general o acto que dio lugar al recurso o rindieran un informe y ofrecieran pruebas en relación con la suspensión concedida, precisando los actos que han llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada.
CUARTO. Informes del Poder Legislativo y Ejecutivo. El Congreso del Estado rindió el informe que le fue solicitado, en el que manifestó lo siguiente:
a) Es cierto lo expuesto en los párrafos 1 y 2 del recurso de queja, añadiendo que la demanda se admitió por auto de dieciocho de agosto de dos mil quince y al momento de contestar la demanda de controversia constitucional el Congreso local negó los actos impugnados, toda vez que no existe procedimiento mediante el cual se haya ordenado retener los recursos del actor u orden a la Secretaría de Finanzas de que no atienda al Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec.
b) Es cierto lo expuesto en el párrafo 3, respecto a que en acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil quince se concedió la suspensión al municipio actor, sin que haya sido para los efectos que expone, sino para que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas se abstenga de ejecutar cualquier instrucción que tenga como finalidad interrumpir o suspender la entrega de los recursos económicos por participaciones y aportaciones federales al municipio. Asimismo, el auto aclara que no tiene por objeto que se ordene a la autoridad que entregue los recursos por conducto de determinadas personas, sino a través de quienes se encuentren facultados para recibirlos, conforme a la normativa aplicable y atento a las constancias con las que cuente para acreditarlo.
c) Respecto al párrafo 4, contestó que no ha emitido orden o autorización para retener las aportaciones y participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, o para que no se atienda ningún tipo de petición o gestión de su parte.
d) Con relación al párrafo 5, expuso que en virtud de que no ha emitido los actos que se le atribuyen se ve imposibilitada para notificarlos.
e) En respuesta a los agravios, expuso que los mismos son infundados toda vez que el Congreso no ha dado ninguna orden a la Secretaría de Finanzas para retener las aportaciones y participaciones que corresponden al Municipio o para que no se atiendan las peticiones o gestiones que realice el ayuntamiento actor.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas y el Consejero Jurídico, ambos del Gobierno del Estado de Oaxaca, en sendos escritos, manifestaron en síntesis lo siguiente:
1. Informe en el recurso de queja
a) Con relación a los antecedentes de la queja, manifestó que son ciertos los hechos 1 y 2; respecto al antecedente identificado con el numeral 3, negó que el efecto de la suspensión fuera para que se ministraran los recursos económicos por conducto de la Comisión de Hacienda integrada por los Ciudadanos David Jiménez García, Jesús Irving Mendoza Ramírez y Abdías Alavez García, sino por conducto de la persona legalmente facultada y atento a las constancias que se tengan para ello.
b) Los recursos del ejercicio fiscal 2016 se han entregado en forma legal, oportuna y por medio de las personas que de acuerdo a las constancias que tuvo a su disposición se encontraban facultadas para ello, por lo que se ha acatado la suspensión concedida.
c) Negó el hecho número 4 porque no ha ordenado retener o suspendido de hecho el pago de los recursos del municipio y manifestó que exhibe las documentales para acreditar este último extremo. Agregó que la parte promovente no exhibe prueba alguna en apoyo a que su dicho relativo a que se constituyó en la Secretaría de Finanzas, donde aduce le fueron negados los recursos ni precisa qué funcionario se constituyó en esta oficina, a qué hora o quién lo atendió por lo que tampoco hay indicios de que sea verídico. Igualmente, niega lo relativo a los motivos para no entregar los recursos que corresponden al municipio, aduciendo de nueva cuenta que ha ministrado en forma legal y oportuna los mismos por conducto de la persona legalmente facultada para ello.
d) Conforme al artículo 54 de la Ley Orgánica Municipal la Comisión de Hacienda es un órgano de consulta y vigilancia, por lo que la Secretaría de Finanzas no ha violado la autonomía municipal tutelada por el artículo 115 de la Constitución General.
2. Contestación a los agravios
a) Son infundados los agravios primero y segundo, toda vez que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo en ningún momento ha violado la suspensión concedida, sino ha ministrado en forma oportuna, a través de las personas legalmente facultadas y mediante el medio autorizado para ello los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en favor del municipio.
b) La suspensión se concedió para que no se ejecute cualquier orden o acuerdo que tenga como finalidad retener los recursos económicos que corresponden al ayuntamiento, sin que tenga por efecto ordenar que los recursos se entreguen por conducto de personas determinadas porque corresponde a las dependencias del Poder Ejecutivo efectuar los pagos conforme a las constancias o pruebas fehacientes que le hayan presentado las autoridades municipales.
c) En términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles se niega que exista una orden o acuerdo para retener o suspender la ministración de recursos que corresponde al recurrente o que no se haya efectuado su pago, por lo que corresponde a éste acreditar su dicho.
d) Se exhibe copia del oficio de treinta y uno de agosto de dos mil quince a través del cual la Procuraduría Fiscal informa a la Tesorería (autoridad encargada de ministrar los recursos) la suspensión concedida por esta Suprema Corte en la controversia constitucional 46/2015. Asimismo, se exhiben los comprobantes de pago de cada quincena pagada.
e) De igual manera, se exhiben 8 documentales que la autoridad administrativa tomó en consideración para ministrar los recursos económicos provenientes de los ramos 28 y 33 fondos III y IV del Presupuesto de Egresos de la Federación que a juicio de la autoridad cumplen con los requisitos de validez y legalidad establecidos en el artículo 8-A, párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal y 68, fracción XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca vigente, en estrecha vinculación con el artículo 2, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Dichos documentos fueron presentados ante la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por José Antonio Aragón Roldán, Presidente Municipal del ayuntamiento actor.
f) La autoridad expone las razones por las cuales considera que dichas documentales cumplen con los requisitos de validez y legalidad. Asimismo, manifiesta que al tratarse de documentos públicos hacen prueba plena de su contenido, en términos del artículo 130 del Código Fiscal de la Federación y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia que nos ocupa.
g) La Secretaría de Finanzas ha cumplido las determinaciones judiciales y las emitidas por el propio órgano municipal recurrente, tales como la sentencia emitida por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-953/2015 y el acuerdo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 46/2015 en el cual se concedió la suspensión al municipio actor. En este sentido, mediante oficio S.F./P.F./D.C./D.C.S.N./6588/2015 de diecinueve de noviembre de dos mil quince, se informó que en respeto a las designaciones de sesión de veintinueve de julio de dos mil quince se ministrarían los recursos económicos por conducto de Abdías Isaí Alavés García, Tesorero Municipal de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, conforme al acta de sesión de cabildo de primero de enero de dos mil catorce, en términos de los artículos 115 de la Constitución General; 113 de la Constitución local; 2, 29, 30, 36, 37, 43, 45,46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
h) La Comisión de Hacienda es un órgano de consulta y vigilancia al interior del ayuntamiento de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, por lo que la Secretaría de Finanzas no puede violar la autonomía municipal como se hace valer, ya que la única función que tiene esta última es ministrar los recursos provenientes de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, lo cual se ha realizado puntualmente a través de las personas legalmente facultadas por el ayuntamiento.
i)El dos de enero de dos mil dieciséis el ayuntamiento de San Pedro Mixtepec notificó a la Secretaría de Finanzas del Estado el acta de sesión de la misma fecha en la que se designaron las cuentas bancarias en que deben depositarse los recursos que corresponden al municipio.
j) El quince de marzo siguiente, el Presidente Municipal presentó diversas documentales que motivaron que a partir de la segunda quincena de dicha mensualidad se ministraran los recursos en la cuenta señalada en el escrito de diez de marzo de dos mil dieciséis.
QUINTO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo se celebró la audiencia prevista en el artículo 57, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, en la cual se hizo relación de las constancias, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
SEXTO. Radicación en la Primera Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de queja derivado de la controversia constitucional 46/2015, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General 5/2013,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un recurso de queja en controversia constitucional en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Procedencia. En primer lugar se analizará la procedencia del recurso.
El artículo 55, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(4) dispone que el recurso de queja es procedente contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión. Por lo tanto, si el Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca interpone el presente recurso por estimar que las autoridades demandadas en la controversia constitucional 46/2015 han incurrido en violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se concedió la suspensión, es procedente.
TERCERO. Oportunidad. Procede analizar si el recurso de queja fue interpuesto oportunamente por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
El artículo 56, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(5) dispone que el recurso de queja por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión deberá interponerse hasta en tanto se falle la controversia constitucional en lo principal.
En este sentido si el recurso de queja fue recibido el cuatro de abril de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en esta fecha no se había dictado sentencia definitiva en la controversia constitucional de la que deriva el incidente de suspensión en el cual se emitió el auto cuya violación es materia del recurso de queja, es evidente que resulta oportuno el recurso.
CUARTO. Legitimación. La demanda de controversia constitucional que dio origen al incidente de suspensión del que deriva este recurso fue promovida por Hugo Santiago Franco, quien se ostentó como Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, cuya personalidad fue reconocida en la controversia constitucional 46/2015.(6)
El recurso de queja fue suscrito por Hugo Santiago Franco, en su carácter de síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, por lo que fue interpuesto por parte legítimada.
QUINTO. Causas de improcedencia. El Poder Legislativo no hizo valer causa de improcedencia alguna en su informe. Por su parte, el Secretario de Finanzas y Consejero Jurídico, ambos del Gobierno del Estado de Oaxaca, en diversos escritos hicieron valer las causas de improcedencia que se analizan a continuación.
En primer lugar, se hace valer que la parte recurrente no se encuentra legitimada para promover el presente recurso atento a los siguientes argumentos:
a) Se actualiza la causa de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción II, y 11 ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, por falta de interés legítimo de la parte actora, porque no se exhibió el acta de la sesión de cabildo en la cual conste la designación de los síndicos y regidores del ayuntamiento y menos aún de la toma de protesta de ley para ejercer el cargo público de síndico municipal del ayuntamiento.
b) Si bien el síndico presentó credencial a su nombre, expedida por la Secretaría General del Estado de Oaxaca, así como copia de la credencial de elector y constancia de mayoría expedidas en su favor, dichos documentos no acreditan su interés legítimo.
c) Se invoca el recurso de reclamación 25/2011 promovido por el Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.
Es infundada la causa de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Es necesario precisar que si bien en sus argumentos menciona que la parte recurrente "carece de interés legítimo", lo que pretenden acreditar es que Hugo Santiago Franco carece de facultades para representar al Municipio en el presente asunto, por lo que así se analizará el planteamiento.
El recurso de queja fue interpuesto por Hugo Santiago Franco, quien se ostentó como Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, cuya personalidad fue reconocida en la controversia constitucional 46/2015 en la cual se dictó la suspensión de la cual deriva el presente asunto.
En este sentido, si la parte recurrente tiene reconocida personalidad, como representante de la parte actora en la controversia constitucional en la cual se dictó la suspensión cuyo cumplimiento se analiza, es evidente que se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de queja por violación o defecto en aquella suspensión, conforme al artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia.(7)
A mayor abundamiento, en la controversia constitucional 46/2015 se ofrecieron como pruebas para acreditar la representación del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, las siguientes:
1. Credencial expedida por la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político del Estado de Oaxaca a nombre de Hugo Santiago Franco, que lo acredita como Síndico Procurador del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila.(8)
2. Credencial del Instituto Federal Electoral a nombre de Hugo Santiago Franco.(9)
3. Constancia de Mayoría y Validez expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.(10)
4. Constancias de Asignación de la Elección Municipal por el Principio de Representación Proporcional.(11)
5. Acta de sesión ordinaria de cabildo de uno de enero de dos mil catorce, en la cual consta la asignación de regidurías, quedando Hugo Santiago Franco como Síndico Procurador, así como su toma de protesta.(12)
Así, es inexacto que no se exhibiera en el juicio de origen el acta en la cual conste la designación de los síndicos y regidores del ayuntamiento o la toma de protesta de ley para ejercer el cargo público de síndico municipal del ayuntamiento. Lo anterior, porque a foja 82 del expediente principal de la controversia constitucional 46/2015 obra copia certificada de la sesión ordinaria de cabildo de primero de enero de dos mil catorce en la cual obra la designación y toma de protesta de Hugo Santiago Franco como Síndico Procurador.
En segundo lugar se hace valer que el acto materia de la queja no existe o ha cesado, por lo que debe sobreseerse en la misma, conforme a lo siguiente:
a) Se solicita se decrete el sobreseimiento, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que no existe constancia o documento alguno que acredite que la Secretaría de Finanzas retuvo o suspendió la entrega de los recursos económicos; por el contrario, se exhibe cuadernillo de copias certificadas de los comprobantes que amparan la entrega de participaciones y aportaciones ministradas al gobierno municipal.
b) Al negarse los actos reclamados, recae en la parte recurrente la carga de acreditar su existencia, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo esto no ha acontecido.
c) El recurrente únicamente hace valer argumentos vagos, imprecisos y sin fundamento legal y documental para probar la supuesta falta de ministración de recursos económicos.
d) Se actualiza el supuesto normativo contenido en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que no existen los actos materia del presente recurso, pues como se acredita con las pruebas ofrecidas, se han ministrado los recursos económicos en forma oportuna, por conducto de las personas legalmente facultadas para ello, y a través del medio legalmente autorizado.
e) Se debe sobreseer con fundamento en la fracción VIII del artículo 19 y fracción II del numeral 20, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, porque la Secretaría de Finanzas en ningún momento ha invadido la esfera de derechos contemplados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque no ha suspendido la entrega de recursos, sino ha cumplido con los artículos 6, penúltimo párrafo y 9, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal que establecen que las participaciones serán cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno, así como que no podrán ser objeto de deducción, embargo, afectación o retención.
f) Se debe sobreseer en la controversia constitucional con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que los actos reclamados son inexistentes, pues la Secretaría de Finanzas se encuentra legalmente imposibilitada para realizar la retención, de conformidad con en el artículo 115, fracción IV, párrafo primero, inciso b) de la Constitución General; 113, fracción II, inciso b) de la Constitución local; y 6, párrafo segundo, 8, 8-A y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal.
g) El acto que se reclama en el presente recurso de queja ha cesado, toda vez que de las documentales públicas que se exhiben a título de prueba, descritas en los numerales 1 y 2 del capítulo de pruebas se advierte que se han ministrado oportuna y legalmente los recursos económicos reclamados, por lo que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 20, fracción III de la Ley de la materia.
En este sentido, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca hacen valer, medularmente, que los actos materia del presente recurso de queja no existen o han cesado, porque se han ministrado oportunamente los recursos económicos que corresponden al municipio. Estos argumentos son inatendibles.
Al respecto, es importante tener presente que cuando una causa de improcedencia involucra una argumentación relacionada con el fondo de asunto, debe desestimarse y declararse la procedencia.(13) El fondo del presente asunto consiste en determinar si las autoridades han cumplido con la suspensión concedida el dieciocho de agosto de dos mil quince, en la cual se determinó que "a fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada, para que el Poder Ejecutivo de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas estatal se abstenga de ejecutar cualquier orden, instrucción o requerimiento que tenga como finalidad interrumpir o suspender la entrega de los recursos económicos por participaciones y aportaciones federales posteriores a la presente fecha al municipio actor hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
Al respecto, cabe mencionar que, contrariamente a lo pretendido por el promovente, la medida cautelar no puede tener por objeto que se ordene a la autoridad antes indicada que los recursos se entreguen por conducto de determinadas personas y, por tanto, a efecto de cumplir con la suspensión otorgada, el Poder Ejecutivo del Estado tendrá que efectuar los pagos correspondientes a través de quienes se encuentren facultados para recibirlos conforme a la normativa aplicable, y atento a las constancias con las que cuente para acreditarlo".(14)
Las autoridades demandadas argumentaron en sus informes que no existe constancia o documento que acredite que la Secretaría de Finanzas ha retenido o suspendido la entrega de los recursos económicos que corresponde al municipio; que las mismas se han ministrado oportunamente por conducto de las personas facultadas para ello y por el medio autorizado; que corresponde al municipio acreditar la existencia de los actos impugnados sin que haya acontecido así en la especie, ya que el municipio se limitó a hacer valer argumentos vagos, imprecisos y sin fundamento y que no existen los actos que se impugnan o que han cesado.
En este sentido, debido a que tales argumentos están relacionados con el fondo del asunto deben declararse inatendibles, pues implican valorar si se encuentra acreditado que las autoridades demandadas en la controversia constitucional han interrumpido o suspendido la entrega de las aportaciones y participaciones federales de la parte actora.
Finalmente, las autoridades del ejecutivo local hacen valer que se actualiza la causa de improcedencia y sobreseimiento prevista en la fracción VIII del artículo 19, fracción II del artículo 20 y fracción VII del artículo 22 de la Ley Reglamentaria de la materia porque el recurrente no expresó concepto de invalidez que explique por qué considera que la Secretaría de Finanzas no ha pagado los recursos económicos que corresponden al municipio respecto del ejercicio fiscal 2016 y su planteamiento no reúne los requisitos para advertir su causa de pedir.
Es infundado dicho argumento por partir de una premisa inexacta, toda vez que el municipio recurrente sí hizo valer argumentos en contra de la violación o defecto en el cumplimiento de la suspensión. En resumen, argumentaron que la suspensión fue notificada a las autoridades responsables, quienes no han cumplido con la misma toda vez que han negado la entrega de participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33 a la Comisión de Hacienda nombrada en sesión de veintinueve de julio de dos mil quince, integrada por David Jiménez García como Síndico Hacendario, Jesús Irving Mendoza Ramírez como Regidor de Hacienda y Abdías Isaí Alavez García como Tesorero Municipal, sin que exista determinación que funde o motive dicho actuar.
En consecuencia, al no advertirse diversas causas de improcedencia de oficio procede analizar el fondo del asunto.
SEXTO. Estudio de fondo. El municipio recurrente aduce que las autoridades responsable se negaron verbalmente a pagar los enteros quincenales y mensuales de las participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33 (fondos III y IV) del ejercicio fiscal 2016 a través de los funcionarios que conforman la comisión de hacienda: David Jiménez García, Síndico Hacendario, Jesús Irving Mendoza Ramírez, Regidor Hacendario y Abdías Isaí Álvarez García, Tesorero Municipal, facultados mediante acta de sesión de cabildo de veintinueve de julio de dos mil quince. Como consecuencia, reclama el pago de intereses que se hayan generado con motivo de la retención de participaciones y aportaciones federales.
A fin de dar respuesta a los agravios del Municipio recurrente, es necesario analizar el alcance de las disposiciones que regulan la suspensión y el recurso de queja por violación en la ejecución del auto por el que se haya concedido la medida cautelar.
Al respecto, este Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que los juicios de controversia constitucional conllevan un régimen de responsabilidades para las autoridades que intervienen en la controversia, que los vincula a cumplir las resoluciones dictadas en el proceso y que prevé las sanciones aplicables cuando no acatan las decisiones de esta Suprema Corte, por haber sido intención de la reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que éste contara con dos tipos de facultades: la relativa al imperio necesario para hacer cumplir sus resoluciones y la concerniente a la posibilidad de sancionar a quien incurra en desacato de sus determinaciones.(15)
Así, en el último párrafo del artículo 105 de la Constitución General,(16) se prevé que en caso de incumplimiento de las resoluciones que declaran la nulidad de los actos y normas materia de la controversia, la autoridad contumaz será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda, en términos de los artículos 107, fracción XVI de la Constitución General.(17)
Por su parte, en los artículos 55, fracción I y 58, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(18) respecto a la violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión, se estableció que la autoridad responsable será sancionada en los términos del Código Penal por el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurriera, aunado a que debe considerarse que las autoridades que desacaten las resoluciones dictadas en las controversias constitucionales, además de las sanciones que han quedado precisadas, se sujetan al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en los artículos 108 al 114 de la Constitución General.(19)
Así entonces, el aludido últim
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200245-01dd5ea1/i-queja-relativa-al-incidente-de-suspension-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. RECURSO DE QUEJA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO QUEDA SIN MATERIA EL QUE SE INTERPONE POR VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN CUANDO SE RESUELVE LA CONTROVERSIA RESPECTIVA (SUPUESTA V (QUEJA)
- I. QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA ANTE LA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR, YA QUE NO SE INFRINGIERON LOS LINE (QUEJA)
- I. QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA ANTE LA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR, YA QUE NO SE INFRINGIERON LOS LINE (QUEJA)
- I. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DETERMINAR SI SE VIOLÓ, DEBE ANALIZARSE LO DETERMINADO EN EL PROVEÍDO EN EL QUE SE CONCEDIÓ, ASÍ COMO LAS CONDUCTAS ASUMIDAS POR (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.- (31)
- RECURSO DE QUEJA DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE SU DESISTIMIENTO. (P./J. 3/2014 (10a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (9)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (P./J. 72/96)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis