Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (DETERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN DE MANDATO INSTRUIDO CONTRA LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, ESTADO DE OAXACA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE GOBIERNO PARA EL QUE FUE ELECTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, ESTADO DE OAXACA (PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE MANDATO INSTRUIDO CONTRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, OAXACA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2016. · Registro digital (IUS): 200250
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, OAXACA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2016. MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, OAXACA. 8 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE Y PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. HIZO SUYO EL ASUNTO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS; y, RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, Estado de Oaxaca, por conducto de Obed Hernández Morales, en su carácter de Presidente Municipal, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de dicha entidad federativa en contra de los siguientes actos:

a. El decreto por el cual ordena la suspensión de mandato, la desaparición del Ayuntamiento o la suspensión o revocación de mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca.

b. El procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo, decreto, orden o autorización verbal o escrita emitido (a) en el número de expediente que desconozco, por medio del cual ordena la suspensión de mandato o revocación de mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca.

c. La falta de notificación al procedimiento de suspensión o revocación de mandato de alguno de sus miembros y la posible afectación a la esfera jurídica del Municipio actor.

d. La invasión de la esfera competencial del Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, cometida por el Congreso del Estado de Oaxaca, mediante el decreto y dictamen emitido en el cual ordenó la suspensión o revocación de mandato de los miembros del Ayuntamiento del Municipio actor.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El Municipio actor señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

"1. En términos de los artículos 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 párrafo tercero fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2, 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, es un orden de gobierno, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo órgano de gobierno es el ayuntamiento del cual forma parte como presidente Municipal, por tanto, en términos del artículo 68 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, con las formalidades de ley comparezco.

Lo anterior ante la falta del Concejal que ostenta el carácter de Síndico Municipal, de comparecer en representación del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca.

En virtud de que a partir del primero de enero de dos mil quince no se ha presentado a laborar, mucho menos ha asistido a las sesiones de cabildo a las que se le ha convocado, ausentándose del ayuntamiento sin causa justificada y de sus obligaciones. Cabe manifestar que de manera general ya no se presenta a ejercer el cargo para el cual fue electo, y por consiguiente no ha brindado los servicios que está obligado a prestar a la ciudadanía, a pesar de los múltiples requerimientos que se le han hecho de manera verbal, de igual forma, de forma (sic) escrita y con las formalidades que marca la ley.

Derivado de lo anterior y ante los diversos requerimientos efectuados de forma verbal y escrita, a Erasto Hernández García, Síndico Municipal, no se ha presentado a ejercer el cargo y a cumplir las funciones inherentes a su cargo.

En esa tesitura con fecha cinco de febrero de dos mil quince, se tomó el acuerdo por la mayoría de los que integramos el Ayuntamiento, que para un mejor control de la asistencia del personal, y de los que integramos el Ayuntamiento se elaboraría un libro de asistencia que contendría ciertas formalidades.

Cabe hacer mención que de igual forma y a propuesta de los concejales municipales que se encontraban presentes se aprobó la disposición administrativa contenida en el artículo 82 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que obliga a los concejales que integramos el Ayuntamiento a asistir puntualmente a ejercer sus funciones, acta que anexo en copia certificada a la presente, así como la copia certificada del mes de julio del dos mil dieciséis, lo anterior debido al grosor de fojas, con las cuales se acredita la inasistencia del Síndico Municipal.

Por tal razón, mediante escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil quince, promovimos la revocación de mandato del Síndico Municipal, por abandono del cargo y faltar a más de tres sesiones de cabildo de forma consecutiva, lo anterior, a efecto de que el Congreso del estado (sic), se pronuncie en forma favorable y en su lugar asuma el suplente el cargo de Síndico Municipal, pues es urgente que exista un concejal municipal que lleve a cabo las funciones de Síndico Municipal; para probar mi dicho anexo a la presente copia certificada por la Secretaria Municipal del Acuse de recibo de fecha 23 de marzo del 2015, en donde consta el sello de recibido de la oficialía mayor del Congreso del Estado, esto con la finalidad de acreditar la falta de Síndico Municipal.

Posteriormente, mediante sesión extraordinaria de cabildo de fecha veintitrés de julio de dos mil quince se aprobó y se autorizó para que el suscrito con fundamento en el artículo 68 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, asuma la representación jurídica del ayuntamiento en los litigios, ante la ausencia del Síndico Municipal, mientras el Congreso del Estado de Oaxaca determina lo procedente respecto a la solicitud de revocación de mandato del Síndico Municipal, lo anterior con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al ayuntamiento que hoy represento, ello porque ante la falta de Síndico Municipal solo el Congreso del Estado puede determinar su revocación de mandato, para aprobar lo anterior anexo a la presente copia certificada por la secretaria municipal del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha veintitrés de julio del dos mil quince.

Misma acta que fue ratificada el veintinueve de julio de dos mil dieciséis mediante sesión de cabildo y se me autorizó para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, comparezca ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a defender al nivel de gobierno municipal en contra de actos que afectan su integración y vulneran su autonomía municipal, para demostrar mi dicho anexo a la presente copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis.

Por tal motivo y ante la ausencia del Síndico municipal, el suscrito comparece en representación del Ayuntamiento, a efecto de que no se cometa una ilegalidad.

La representación jurídica que adquiero ante la falta del Síndico Municipal deriva de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, específicamente la fracción VI del artículo 68, que me faculta para promover en nombre y representación de los intereses del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca.

Por lo que solicito a su señoría se me reconozca dicha personería.

Así mismo anexo diversas documentales que describo en el capítulo correspondiente con la cual acredito la falta o ausencia del Síndico Municipal para comparecer en esta instancia Constitucional.

1. Mediante el sistema de partidos políticos fuimos electos para fungir como Concejales del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, para el período 2014-2016. Desde el inicio de la administración municipal del Ayuntamiento que represento, se ha cumplido plena y cabalmente con cada una de las funciones de los concejales.

Desde el día en que tomamos posesión tanto el suscrito como los regidores del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, hemos venido trabajando con normalidad en el Ayuntamiento, haciendo la priorización, de obra y brindando los servicios municipales que establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

A pesar de lo anterior, resulta que los ciudadanos Erasto Hernández García, Síndico Municipal, Germán Velasco Mendoza, Regidor de Parques y Panteones y Germán Serra Santiago, Regidor de Turismo y Medio Ambiente, desde el día primero de enero del 2015, se han ausentado sin causa justificada y ya no se presentan a ejercer el cargo para el que fueron electos, no han brindado los servicios a los que están obligados a pesar de haber sido requeridos en varias ocasiones de manera verbal y en los últimos días de manera escrita y con las formalidades que marca la ley.

El día veintiocho de julio de dos mil dieciséis acudimos al Congreso del Estado a presentar nuestros informes patrimoniales como lo marca la ley de la materia, el suscrito en compañía de otros tres concejales más que forman parte de cabildo municipal de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, sin embargo al pasar a la oficialía de partes, nos dijo el que atendía que no nos podía recibir y que mejor pasáramos a la oficialía mayor, por lo que nos dirigimos a ese lugar, cuando llegamos nos hicieron esperar alrededor de una hora y posteriormente nos atendieron y nos dijeron que no nos iban a recibir ninguna documentación porque los suscritos ya no éramos las autoridades municipales de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca.

Lo anterior nos causó sorpresa por lo que cuestionamos a la persona que nos atendía diciéndole que estaba equivocada por que los integrantes del Ayuntamiento jamás hemos recibido notificación o aviso de que hemos sido revocados de nuestros cargos.

La persona que en ese momento nos atendía nos mencionó que por órdenes de la diputada presidenta de la Comisión Permanente de gobernación ya no se nos recibiría ninguna documentación y que ese era el motivo por el cual nos habían hecho esperar, porque la diputada Presidenta de la Comisión de Gobernación quería hablar con nosotros para decirnos que se aprobaría un decreto en el que se nos suspendería el mandato que nos encomendó el pueblo de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca.

Sin embargo la diputada nunca llegó, atento a lo anterior, solicitamos que se nos proporcionara más información acerca de lo que nos acababan de decir, pero tal información nos fue negada y nos dijo la persona que nos atendía que mejor habláramos con la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, porque ella no podía decirnos más.

Sin embargo estuvimos esperando por otras cuatro horas a la Diputada Lilia Arcelia Mendoza, quien es la Presidenta de la Comisión de Gobernación, pero esta nunca llegó.

2. El Congreso del Estado y la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado ha emitido actos o emitirán actos de suspensión de mandato de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, 'de plano', lo cual es totalmente inconstitucional, pues no se ha cumplido con la garantía de audiencia que tutelan los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sin procedimiento alguno o procedimiento ilegal plagado de irregularidades decretó o decretará la suspensión de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, sin ser escuchado en defensa y sin haber exhibido las pruebas correspondientes como lo ordena el artículo 115 de la Constitución Federal, por tal razón promuevo controversia constitucional a falta de Síndico Municipal.

Este acto de violencia que quebranta el Estado de Derecho, proviene de un Congreso que no se apega en sus actos a derecho, a la letra de la ley, a las constancias legales. Lo más grave y peligroso de esto es que, con su conducta se ha violentado y vulnerado el Estado de Derecho ya que históricamente, el Congreso del Estado ha transgredido la ley desapareciendo de plano a los ayuntamientos de diversos municipios en nuestro Estado y revocando a sus miembros sin causas justificadas como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hasta el momento no tengo en mi poder comunicación oficial o notificación legal alguna que haga evidente el estado que guardan jurídicamente las cosas. Además de que del comportamiento de las responsables resulta inminente la inconstitucional e ilegal suspensión de los integrantes del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, lo que ha dado como consecuencia un estado de hecho y no de derecho como debería ser lo correcto, lo cierto es que la suspensión de los concejales municipales integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, 'de plano', vulneran el orden constitucional.

Finalmente, debo decir que el Estado debe tener como prerrogativa principal preservar a los Ayuntamientos como Institución Municipal salvaguardándolo tanto en su integración como en la continuidad del ejercicio de sus funciones de gobierno, debido a que tienen lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual, por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la Legislación Local; Por lo tanto, la mutilación de ese plazo en cualquiera de los supuestos señalados, contraría la voluntad popular causando una afectación al ente municipal."

CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez que estimó pertinentes.

QUINTO. Trámite. Por acuerdo de Presidencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 295 y 296) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 91/2016 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento.

Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil dieciséis, la Ministra Instructora tuvo al promovente por presentado con la personalidad que ostenta, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Estado de Oaxaca, admitió la demanda, y ordenó emplazar como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, así como dar vista a la Procuradora General de la República (fojas 297 y 298).

SEXTO. Contestación de la demanda del Poder Legislativo Local. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado (fojas 305 a 314) manifestó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en virtud de que el procedimiento de suspensión de mandato seguido en contra del Presidente Municipal e integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor no ha emitido el Decreto que contenga la declaratoria correspondiente.

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia prevista en los artículos 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I(2) y 11, fracción V,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, dado el sobreseimiento que se decreta respecto de los actos impugnados.

SEGUNDO. Certeza de los actos de invalidez. El artículo 41, fracción I,(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias que se dicten con base en esta ley deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados, por lo que en cumplimiento de esta disposición procede analizar, en primer lugar, la existencia de los actos reclamados que se deduzcan del estudio integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia 98/2009 del Tribunal Pleno cuyo rubro es "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(5)

En el resultando primero de esta ejecutoria se señalaron los actos cuya invalidez demandó el Municipio actor, a saber:

a. El decreto por el cual ordena la suspensión de mandato, la desaparición del Ayuntamiento o la suspensión o revocación de mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca.

b. Al Congreso del Estado de Oaxaca, el procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo, decreto, orden o autorización verbal o escrita emitido (a) en el número de expediente que desconozco, por medio del cual ordena la suspensión de mandato o revocación de éste de alguno de los miembros del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca.

c. La falta de notificación al procedimiento de suspensión o revocación de mandato de alguno de sus miembros y la posible afectación a la esfera jurídica del Municipio actor.

d. La invasión de la esfera competencial del Municipio actor, cometida por el Congreso local oaxaqueño, mediante el decreto y dictamen en el cual ordena la suspensión o revocación de mandato de los miembros del Ayuntamiento del municipio promovente.

Ahora bien, aun cuando en autos obran constancias que acreditan el inicio de procedimiento de suspensión de mandato contra el Presidente Municipal e integrantes del Ayuntamiento, radicado con el número de expediente CPG/551/2015; no se advierte la emisión de un dictamen, resolución, acuerdo, decreto, orden o autorización, verbal o escrito, mediante el cual se ordene la suspensión de mandato de alguno de ellos.

Por tanto, al no haberse acreditado su existencia, debe sobreseerse en la controversia respecto de tal acto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Materia.(6)

Por otra parte, en relación con los actos identificados en los incisos c) y d), consistentes en la falta de notificación al procedimiento y la invasión de esferas por parte del Congreso del Estado de Oaxaca, no pueden considerarse como actos destacados en tanto que se trata de violaciones que se atribuyen al procedimiento instruido por el Congreso Local demandado y en todo caso sería motivo de análisis en el concepto de invalidez formulado en contra de éste.

En este sentido, el único acto impugnado cuya existencia se encuentra acreditada en el expediente es el procedimiento de suspensión de mandato del Presidente Municipal y de la totalidad de los concejales del Ayuntamiento.

TERCERO. Improcedencia. En el presente asunto resulta innecesario pronunciarse sobre la legitimación de las partes y la oportunidad, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria(7) en relación con el único acto que constituye la materia de la presente controversia constitucional.

La disposición en comento contempla la cesación de los efectos de la norma general o acto impugnado como causa de improcedencia en la controversia constitucional. Máxime, que la resolución que llegue a dictarse no puede tener efectos retroactivos, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley Reglamentaria.(8)

El alcance de las disposiciones acabadas de reproducir, en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretada por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J.54/2001, cuyo rubro y texto señala:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir el agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria."(9)

El anterior criterio resulta aplicable al caso concreto, porque el procedimiento de suspensión de mandato llevado en contra de Obed Hernández Morales y otros concejales municipales se impugna en la medida que afecta la integración del órgano de gobierno municipal; sin embargo, dicho procedimiento ya no puede surtir ningún efecto en relación con la misma, ya que el funcionario en cuestión concluyó el periodo para el que fue electo el mes de diciembre del año próximo pasado, como se deduce de la copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez del once de julio de dos mil trece expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en favor de la planilla de Concejales electos para dicho Municipio, así como de la credencial expedida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca que lo acredita como Presidente Municipal para el periodo de enero de dos mil catorce a diciembre de 2016,(10) las cuales fueron anexadas a la demanda para acreditar el carácter de éste como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villa de Tamazulápam del Progreso, Estado de Oaxaca.

Lo anterior se corrobora tomando en consideración que los concejales que integren los ayuntamientos en el Estado de Oaxaca son electos para periodos de tres años y toman posesión el día primero de enero del año que corresponda, de acuerdo con la fracción I del artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca.(11)

En estas condiciones, aun y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y se llegare a declarar, en su caso, la invalidez de los actos impugnados, la sentencia no podría surtir plenos efectos, toda vez que la misma no podría tener efectos retroactivos, como se señaló con anterioridad.

Por este motivo, en el presente asunto resulta aplicable el criterio de esta Segunda Sala plasmado en la tesis 2a. CXLV/2003, cuyos rubro y texto señalan:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, de rubro: 'CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.', determinó que tal figura se actualiza en materia de controversias constitucionales cuando la norma o acto impugnados dejan de producir los efectos que motivaron su promoción, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria. Ahora bien, toda vez que la preservación de la autonomía del Municipio a través de la salvaguarda de la integración de su Ayuntamiento se encuentra estrechamente vinculada con la duración de su periodo de gobierno, es inconcuso que si reclama actos que le causan perjuicio por atentar contra su integración, aquéllos habrán cesado en sus efectos, al concluir dicho periodo."(12)

Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con el artículo 45, ambos de la Ley Reglamentaria, procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 20(13) del propio ordenamiento legal.

Similares consideraciones fueron tomadas por esta Segunda Sala, al resolver la Controversia Constitucional 71/2016, en sesión de veintidós de febrero de dos mil diecisiete.(14)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.

Notifíquese por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Ministro Presidente Eduardo Medina Mora I. El señor Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas. Ausente la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos (ponente). El señor Ministro Alberto Pérez Dayán hizo suyo el asunto.

Firman el Ministro Presidente y el Ministro que hizo suyo el asunto, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

_______________________________________

MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.

MINISTRO QUE HIZO SUYO EL ASUNTO:

_______________________________________

ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

___________________________________________

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre [...] i). Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; [...]"

2. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]"

3. "Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]"

V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda. [...]"

4. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener: I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]."

5. Novena Época, Registro: 166985, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, Materia(s): Con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200250-f5705243/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.