I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (LA ORDEN VERBAL O POR ESCRITO DE DESCONOCER LA DEBIDA MODIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, DISTRITO DE OCOTLÁN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONAL RETENCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDE RECIBIR POR CONDUCTO DEL TESORERO MUNICIPAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 21/2015. MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, DISTRITO DE OCOTLÁN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA. 6 DE ENERO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de enero de dos mil dieciséis.
V I S T O S; Y,
R E S U L T A N D O :
PRIMERO. Por oficio recibido el seis de abril de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Carranza García, en su carácter de Síndico del Municipio de San Baltazar Chichicapam, Distrito de Ocotlán de Morelos, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de los actos que a continuación se precisan, emitidos por las siguientes autoridades:
a) Del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca:
1. La orden verbal o escrita emitida por la Secretaría General de Gobierno para destituir a todos los miembros del Ayuntamiento y designar un Concejo Municipal integrado por miembros de su partido y afines a su gobierno de coalición.
2. La orden que la Secretaría General de Gobierno dio a la Secretaría de Finanzas para retener la entrega de las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio por el ejercicio fiscal dos mil quince.
3. El cumplimiento material por parte de la Secretaría de Finanzas de las órdenes que ha dado la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación al Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior y a la Secretaría General de Gobierno para retener la entrega de las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio por el ejercicio fiscal dos mil quince.
b) Del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca:
1. El procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización verbal o escrita, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en el expediente CPG/309/2014, derivado de la solicitud de desaparición del Ayuntamiento.
2. La orden verbal o escrita que la Comisión Permanente de Gobernación dio a la Secretaría de Finanzas para no reconocer, ni atender peticiones, gestiones o cambios provenientes del Cabildo, hasta en tanto sea decretada la desaparición del Ayuntamiento.
3. El procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización verbal o escrita, emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, para que la Secretaría de Finanzas retenga los enteros quincenales por concepto de participaciones (ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación) y mensuales por concepto de aportaciones (fondos III y IV del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación) que corresponden al Municipio por el ejercicio fiscal dos mil quince.
4. El oficio mediante el cual el Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior ordena a la Secretaría de Finanzas la retención y no entrega por conducto de la Comisión de Hacienda Municipal de los enteros quincenales por concepto de participaciones (ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación) y mensuales por concepto de aportaciones (fondos III y IV del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación) que corresponden al Municipio por el ejercicio fiscal dos mil quince.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. Un grupo de inconformes con los resultados de los comicios celebrados el siete de julio de dos mil trece tomó el Palacio Municipal el cinco de octubre de dos mil catorce; se iniciaron negociaciones con el grupo opositor ante la Secretaría General de Gobierno, sin llegar a una solución; esta dependencia, en ningún momento, solicitó apoyo a la Procuraduría General de Justicia, pese a que el Ayuntamiento se lo requirió en varias ocasiones; se solicitó entonces la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, sin que ésta atendiera la petición; el diez de enero de dos mil quince, el referido grupo atacó la casa que se habilitó para la atención de los ciudadanos, por lo que se solicitó apoyo a la Secretaría General de Gobierno, la cual acordó enviar elementos de la Procuraduría General de Justicia, quienes trasladaron al Regidor de Educación y a policías municipales que resguardaban el inmueble alterno a las oficinas de la subprocuraduría de la zona, poniéndolos a disposición y acusándolos de lesiones y daños, siendo finalmente consignados y procesados por el delito de tentativa de homicidio; el cuatro de febrero siguiente, la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso emplazó al Ayuntamiento al procedimiento iniciado para su desaparición, radicado bajo el expediente CPG/309/2014, sin que exista una causa grave que legalmente lo justifique.
2. Derivado de lo anterior, se han girado diversos oficios -que no han sido notificados al Municipio- para que, de manera arbitraria, la Secretaría de Finanzas suspenda la entrega de las participaciones y aportaciones federales correspondientes, por conducto de la Comisión de Hacienda Municipal, habiéndose dejado de recibir tales recursos de manera quincenal y mensual, lo cual ha afectado la prestación de los servicios públicos y demás funciones a cargo del Ayuntamiento.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:
1. Los actos que se impugnan son violatorios de los principios de legalidad y autonomía municipal, pues la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado admite a trámite la solicitud de desaparición del Ayuntamiento, sin analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia que se establecen en el artículo 58 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal, ni exponer los fundamentos y motivos de su determinación, dando por hecho lo señalado por los actores, quienes ofrecen pruebas discordantes con tal propósito. En el fondo, se pretende, por conveniencia política y partidaria, desestabilizar al Ayuntamiento e imponer a personas que ya fueron autoridades en el pasado.
2. Los actos que se impugnan vulneran los principios de libre administración de la hacienda pública e integridad de los recursos municipales, así como el sistema nacional de coordinación fiscal, que constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano; así también, son violatorios del principio de legalidad, pues la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado no ha notificado al Municipio actor sobre la orden que recibió de la Comisión Permanente de Gobernación de dicho órgano legislativo para que, a través de la Secretaría de Finanzas, se suspendiera la entrega de los recursos que legalmente le corresponden, dejándolo en estado de indefensión.
CUARTO. El actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Federal.
QUINTO. Por acuerdo de siete de abril de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 21/2015 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
En auto de nueve de abril siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca -no así a la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y las Comisiones Permanentes de Gobernación y Vigilancia de la Auditoría Superior de la entidad, por tratarse de órganos internos o subordinados de dichos Poderes-, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y mandó dar vista a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca contestó la demanda en los siguientes términos:
a) Causas de improcedencia
1. Debe sobreseerse en la controversia, por inexistencia de los actos consistentes en la orden emitida por el Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado para que la Secretaría de Finanzas retenga los recursos que corresponden al Municipio actor y el cumplimiento material de dicha orden por parte de dicha dependencia, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria, ya que, por el contrario, de los recibos de las transferencias bancarias respectivas, se advierte que le han sido ministradas, de forma legal y oportuna -por conducto de los funcionarios facultados para ello, a las cuentas autorizadas por el Cabildo en sesión de nueve de enero de dos mil quince y en los plazos fijados al efecto- las participaciones y aportaciones correspondientes a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Secretaría de Finanzas se encuentra impedida para retener o suspender el pago de tales recursos, de conformidad con los artículos 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, 113, fracción II, inciso b), de la Constitución Local, 6, párrafo segundo y 9, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal y 8 y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado.
Lo anterior no es desvirtuado por el Municipio actor, que lo único que pretende es evitar que se inicie o continúe con el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento y no, como erróneamente intenta hacer notar, que se le dejaron de entregar los recursos federales que por ley le corresponden.
2. Debe sobreseerse en la controversia, ante la ausencia de conceptos de invalidez respecto de la supuesta retención o suspensión de las participaciones y aportaciones correspondientes a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII y 22, fracción VII, de la Ley Reglamentaria, pues, de la lectura integral de la demanda, no se advierte que se hayan formulado razonamientos lógico-jurídicos de los que se desprenda, al menos, la causa de pedir, o bien, el agravio que causa al Municipio el referido acto.
3. Debe sobreseerse en la controversia, por falta de interés legítimo del Municipio actor, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, pues, en modo alguno, se invade su esfera competencial, ni vulnera su autonomía y hacienda, dado que la Secretaría de Finanzas del Estado ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 6, penúltimo párrafo y 9, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, ministrando de forma legal y oportuna -por conducto de los funcionarios facultados para ello, a las cuentas autorizadas por el Cabildo en sesión de nueve de enero de dos mil quince y en los plazos fijados al efecto- las participaciones y aportaciones correspondientes a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación, como se advierte de los recibos de las transferencias bancarias respectivas.
Lo anterior se corrobora con los términos en que fue otorgada la suspensión, "para que las autoridades demandadas se abstengan de ejecutar cualquier orden, instrucción o requerimiento verbal o escrito que tenga como finalidad retener, descontar o afectar de cualquier forma los recursos económicos que legalmente le corresponden al Municipio actor, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en la presente controversia constitucional".
4. Debe sobreseerse en la controversia, por extemporaneidad en la impugnación de la supuesta retención de los recursos federales que le corresponden por el ejercicio fiscal dos mil quince, conforme al artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VII y 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria, pues debió combatirla dentro de los treinta días siguientes al primero de enero (en que inició el ejercicio fiscal), al nueve de enero (en que se llevó a cabo la sesión de Cabildo en la que se autorizó a la Secretaría de Finanzas la entrega de recursos a través de transferencia bancaria) o al quince de enero (en que se efectuó la primera ministración de recursos).
b) Refutación a los conceptos de invalidez
Resultan infundados los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor, en cuanto a la supuesta retención o suspensión de los recursos federales que le corresponden, pues, como se advierte de los recibos de las transferencias bancarias respectivas, la Secretaría de Finanzas no ha llevado a cabo tal retención o suspensión, sino que ha entregado a dicho Municipio, de forma legal y oportuna -por conducto de los funcionarios facultados para ello, a las cuentas autorizadas por el Cabildo en sesión de nueve de enero de dos mil quince y en los plazos fijados al efecto- las participaciones y aportaciones provenientes de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a los artículos 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, 113, fracción II, inciso b), de la Constitución Local y 2, fracciones I, VI y VII, 8, 11, 13 y 23 A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado; lo cual no es desvirtuado por el demandante.
La Secretaría de Finanzas se encuentra impedida para retener o suspender el pago de los referidos recursos, pues únicamente funge como mediadora administrativa entre la Federación y los Municipios, calculando y distribuyendo las participaciones y aportaciones que les corresponden, conforme a las disposiciones que emita la Legislatura y en términos de las leyes de coordinación fiscal federal y estatal; por lo que, en modo alguno, se invade la esfera competencial, ni vulnera la autonomía y hacienda del Municipio actor.
SÉPTIMO. El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca contestó la demanda en los siguientes términos:
a) No son ciertos los actos que se atribuyen a los Presidentes de las Comisiones Permanentes de Gobernación y de Vigilancia de la Auditoría Superior, del Congreso Estatal, consistentes en las órdenes emitidas para que la Secretaría de Finanzas retenga las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio actor.
b) La controversia constitucional resulta improcedente, dado que se impugnan actos emitidos dentro de un procedimiento que no ha concluido. El procedimiento de desaparición del Ayuntamiento del Municipio actor continúa en etapa de instrucción y, por tanto, no ha adquirido definitividad, pues no se ha elaborado el dictamen a que se refiere el artículo 65, incisos D) y E), de la Ley Orgánica Municipal y, por ende, no se ha dictado -ni es inminente- resolución definitiva. En este sentido, debe sobreseerse, con fundamento en la fracción II del artículo 20, en relación con la fracción VI del artículo 19, de la Ley Reglamentaria de la Materia, tal como se hizo al resolver la diversa controversia constitucional 2/2014.
c) Sin perjuicio de lo anterior, es cierto que el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, ciudadanos del Municipio de San Baltazar Chichicapam presentaron ante el Poder Legislativo del Estado demanda de desaparición del Ayuntamiento; previo trámite legislativo, se radicó el expediente CPG/309/2014, del índice de la Comisión Permanente de Gobernación; en la instrucción de dicho expediente, se han observado todas las formalidades esenciales del procedimiento que se establecen en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, pues el cuatro de febrero de dos mil quince, el Ayuntamiento fue debidamente notificado y emplazado por conducto del Síndico, como representante legal, y el dieciocho de febrero siguiente, éste dio contestación a la demanda.
Empero, no es cierto que, con la tramitación del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, se vulnere la esfera de competencia del Municipio actor, pues el Congreso Estatal se encuentra facultado para tal efecto, de conformidad con los artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 59, fracción IX, de la Constitución Local y 58 a 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado que, a su vez, obligan a garantizar los derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, los cuales, en el caso, han sido respetados, como se advierte del referido expediente.
OCTAVO. La Procuradora General de la República no formuló opinión en el presente asunto.
NOVENO. Substanciado el procedimiento en esta controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, por no impugnarse normas de carácter general y sobreseerse en el presente asunto.
SEGUNDO. En primer término, debe determinarse la existencia de los actos impugnados.
Como se recordará, en la presente controversia, el Municipio de San Baltazar Chichicapam, Distrito de Ocotlán de Morelos, Estado de Oaxaca, impugna los siguientes actos:
a) Del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca:
1. La orden verbal o escrita emitida por la Secretaría General de Gobierno para destituir a todos los miembros del Ayuntamiento y designar un Concejo Municipal integrado por miembros de su partido y afines a su gobierno de coalición.
2. La orden que la Secretaría General de Gobierno dio a la Secretaría de Finanzas para retener la entrega de las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio por el ejercicio fiscal dos mil quince.
3. El cumplimiento material por parte de la Secretaría de Finanzas de las órdenes que ha dado la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación al Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior y a la Secretaría General de Gobierno para retener la entrega de las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio por el ejercicio fiscal dos mil quince.
b) Del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca:
1. El procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización verbal o escrita, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en el expediente CPG/309/2014, derivado de la solicitud de desaparición del Ayuntamiento.
2. La orden verbal o escrita que la Comisión Permanente de Gobernación dio a la Secretaría de Finanzas para no reconocer, ni atender peticiones, gestiones o cambios provenientes del Cabildo, hasta en tanto sea decretada la desaparición del Ayuntamiento.
3. El procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización verbal o escrita, emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, para que la Secretaría de Finanzas retenga los enteros quincenales por concepto de participaciones (ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación) y mensuales por concepto de aportaciones (fondos III y IV del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación) que corresponden al Municipio por el ejercicio fiscal dos mil quince.
4. El oficio mediante el cual el Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior ordena a la Secretaría de Finanzas la retención y no entrega por conducto de la Comisión de Hacienda Municipal de los enteros quincenales por concepto de participaciones (ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación) y mensuales por concepto de aportaciones (fondos III y IV del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación) que corresponden al Municipio por el ejercicio fiscal dos mil quince.
Ahora bien, el Poder Ejecutivo del Estado niega la existencia de los actos identificados con los numerales 1, 2 y 3 del inciso a), sobre la base de que, por un lado, no le compete la destitución de los miembros del Ayuntamiento, ni la designación de un Concejo Municipal y, por otro, que ha entregado oportunamente los recursos que corresponden al Municipio por concepto de participaciones y aportaciones federales por el ejercicio fiscal dos mil quince, en relación con lo cual remitió copia certificada de diversas transferencias bancarias(1) mediante las cuales realizó los siguientes pagos:
- Fondo Municipal de Participaciones, de la primera quincena de enero a la primera quincena de abril de dos mil quince.
- Fondo de Fomento Municipal, de la primera quincena de enero a la primera quincena de abril de dos mil quince.
- Fondo de Fomento Municipal, tercer ajuste dos mil catorce.
- Fondo Municipal sobre las Ventas Finales de Gasolina y Diesel, de diciembre de dos mil catorce a febrero de dos mil quince.
- Fondo de Compensación, de diciembre de dos mil catorce a febrero de dos mil quince.
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de enero a marzo de dos mil quince.
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, de enero a marzo de dos mil quince.
De igual forma, el Poder Legislativo del Estado niega la existencia de los actos identificados con los numerales 3 y 4 del inciso b), sin que, de autos, se advierta constancia alguna que acredite la existencia del diverso acto identificado con el numeral 2 del propio inciso.
En consecuencia, resulta fundado el motivo de sobreseimiento aducido por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales, en relación con la inexistencia de los actos referidos, debiendo sobreseerse en la controversia, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la Materia.(2)
Por otro lado, la existencia del acto identificado con el numeral 1 del inciso b), sólo por lo que respecta al procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, se acredita con la copia certificada del expediente 309/2014, de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado, remitido por el Poder Legislativo Local al dar contestación a la demanda;(3) debiendo sobreseerse, con fundamento en el precepto legal antes citado, respecto de los actos que el Municipio actor hace consistir en el "dictamen", "resolución", "acuerdo" o "autorización verbal o escrita", derivados del referido procedimiento, al no advertirse que se hubiesen emitido en dicho expediente.
TERCERO. Esta Segunda Sala advierte, sin embargo, que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia hecha valer por el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, relacionada con la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la Materia,(4) ante la falta de definitividad del único acto que se tiene como impugnado, como a continuación se demuestra:
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "De la Suspensión y Desaparición del Ayuntamiento, Suspensión o Revocación de sus Miembros", establece, entre otros, las causas graves de desaparición de Ayuntamientos(5) y el procedimiento relativo.(6)
De los preceptos relativos, se advierte que el procedimiento de desaparición de Ayuntamientos inicia con la solicitud formulada por el titular del Ejecutivo del Estado, los legisladores locales, los integrantes del Ayuntamiento respectivo o los ciudadanos vecinos del Municipio ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, que dará cuenta al Pleno o, en su caso, a la Diputación Permanente, para que se turne a la Comisión Permanente de Gobernación, la cual estará a cargo de la instrucción del caso: determinará si la solicitud satisface los requisitos de ley; citará a los denunciantes para ratificarla; ordenará notificar personalmente, correr traslado y emplazar al o los integrantes del Ayuntamiento para que presenten su contestación; fijará día y hora para una audiencia de pruebas; concederá a las partes un plazo para rendir por escrito sus alegatos; elaborará un dictamen que, en caso de proponer la desaparición del Ayuntamiento, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso y publicado en el Periódico Oficial Local.
De las constancias que obran en el expediente,(7) se advierte que, en el caso, la solicitud de desaparición del Ayuntamiento del Municipio actor, junto con el ofrecimiento de diversas pruebas documentales (públicas y privadas) y testimoniales, fue formulada por ciudadanos y vecinos del mismo el diecinueve de diciembre de dos mil catorce ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado que, por instrucciones de los Secretarios de la Sexagésima Segunda Legislatura, la remitió para su atención a la Comisión Permanente de Gobernación el veinticuatro de noviembre siguiente.
El dieciséis de enero de dos mil quince, la Comisión emitió el acuerdo de radicación del expediente, registrándolo con el número 309/2014; asimismo, determinó que la solicitud reunía los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal y citó a los promoventes para que ratificaran el escrito relativo.
El veintiséis de enero siguiente, se llevó a cabo la diligencia de ratificación y el veintiocho de enero, se ordenó notificar de manera personal, correr traslado y emplazar a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor, por conducto del Síndico, para que presentaran su contestación, lo cual tuvo lugar el dieciocho de febrero, junto con el ofrecimiento de diversas pruebas documentales (públicas, privadas y "de actuaciones") y testimonial.
El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Comisión emitió un acuerdo en el que señaló las once horas del veinticuatro de febrero siguiente para que se llevara a cabo la audiencia de pruebas, a la que comparecieron representantes de las partes actora y demandada, quienes realizaron diversas manifestaciones; adicionalmente, los representantes de la primera ofrecieron nuevas pruebas documentales (públicas y privadas), "de fama pública" y testimoniales. La Comisión se reservó el acuerdo respecto de todas las pruebas ofrecidas por las partes hasta ese momento.
El veinticinco de febrero siguiente, se ordenó dar vista a la parte demandada con el escrito de ofrecimiento de pruebas de los actores y a estos últimos con la contestación de demanda y el ofrecimiento de pruebas de aquélla; desahogando la vista únicamente los actores, mediante escrito recibido el diez de marzo.
El veinte de marzo de dos mil quince, la Comisión emitió un acuerdo de calificación de pruebas, en el que determinó cuáles eran de admitirse y cuáles debían desecharse. El veinticuatro y veinticinco de marzo siguientes, se requirieron informes a diversas autoridades, en atención a las pruebas ofrecidas por las partes. El veintiséis, treinta y treinta y uno de marzo, se llevaron a cabo las diligencias de desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de diversas personas.
El quince de abril siguiente, se acordaron diversas promociones que fueron presentadas, entre ellas, la relativa al auto de suspensión dictado en la presente controversia, respecto de la cual la Comisión determinó "continuar con el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Baltazar Chichicapam, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en observancia a la suspensión provisional decretada, es decir, sin pronunciar el dictamen con propuesta de suspensión o desaparición del Ayuntamiento de San Baltazar Chichicapam, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, ni aplicar la medida provisional contenida en el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, de designar encargado del Municipio que de manera provisional ejerza funciones mientras se instruye el procedimiento y, en su caso, ejecutar las resoluciones de desaparición del Ayuntamiento y/o suspensión o revocación de mandato de sus integrantes, hasta en tanto no se decida sobre la suspensión definitiva de los actos impugnados en la controversia constitucional antes descrita".(8)
De los antecedentes relatados, se advierte que el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento del Municipio actor aún no concluye, pues la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso Estatal no ha emitido el dictamen respectivo -en el que puede o no proponer su desaparición- y, por ende, éste no se ha sometido a consideración del Pleno, aprobado por una mayoría calificada de sus integrantes, ni publicado en el Periódico Oficial.
Será, en todo caso, cuando se emita el decreto que declare la desaparición del Ayuntamiento por parte del Congreso Local, que el Municipio actor estará en posibilidad de impugnar el procedimiento correspondiente, pues dicho acto reviste carácter definitivo y puede acreditar un principio de afectación susceptible de analizarse en este medio de control constitucional.
Al respecto, resulta aplicable la tesis P./J. 12/99, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200071-befe8ee7/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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