I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE MANIFESTACIONES GENÉRICAS E IMPRECISAS DE ACTOS IMPUGNADOS EN LA DEMANDA (CONSECUENCIAS GENERADAS Y QUE SE SIGAN GENERANDO CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 1228, PUBLICADO EN LA EDICIÓN EXTRA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 26 DE MARZO DE 2015). II. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE UN AYUNTAMIENTO EN EL ESTADO DE OAXACA. EL CONGRESO LOCAL DEBE OTORGAR A LOS MIEMBROS DE AQUÉL GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEFENSA PREVIAS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 1228, PUBLICADO EN LA EDICIÓN EXTRA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 26 DE MARZO DE 2015, EN LA PARTE QUE ORDENA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, TEHUANTEPEC, Y COMO CONSECUENCIA NOMBRA UN ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL). III. FONDOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MUNICIPALES. NO SE CONFIGURA SU RETENCIÓN SI, CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL AYUNTAMIENTO, SE ENTREGAN A LA PERSONA DESIGNADA POR EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (VALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 1228, PUBLICADO EN LA EDICIÓN EXTRA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL 26 DE MARZO DE 2015, EN LA PARTE QUE APRUEBA RENUNCIAS PRESENTADAS POR CONCEJALES, ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DESAPARICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, TEHUANTEPEC Y DISPONE LA ENTREGA DE RECURSOS A LA PERSONA DESIGNADA POR EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2015. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA. 31 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio recibido el cuatro de mayo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juanito Carballo Jiménez, en su carácter de presidente municipal de Santa María Mixtequilla, Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
2. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
3. La Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
4. La Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.
Actos cuya invalidez se demanda:
1. El Decreto Núm. 1228, publicado en la edición extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintiséis de marzo de dos mil quince, mediante el cual, el Congreso Estatal aprobó las renuncias presentadas por diversos concejales propietarios y suplentes; ordenó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento; decretó su suspensión provisional; y nombró un administrador municipal.
2. Las consecuencias que se hayan originado y las que se sigan generando con motivo de la aplicación del referido decreto.
3. La suspensión provisional del Ayuntamiento.
4. El inicio del procedimiento de desaparición del órgano de gobierno municipal.
5. La determinación fáctica del Poder Ejecutivo del Estado de desconocer a la tesorera municipal y, por ende, la retención de los recursos que corresponden al Municipio.
6. Las órdenes o acuerdos tanto de la Secretaría General de Gobierno como de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca de retener las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio.
7. El inminente nombramiento de un administrador municipal por parte del Congreso del Estado.
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. El primer domingo de julio de dos mil trece, se llevó a cabo la elección de concejales de diversos Ayuntamientos en el Estado de Oaxaca, por el principio de mayoría relativa. El uno de enero de dos mil catorce, se celebró la primera sesión ordinaria de Cabildo, en la que se declaró instalado el Ayuntamiento del Municipio actor, con la presencia de la totalidad de los concejales.
2. En sesión ordinaria de Cabildo, de dos de enero de dos mil catorce, se ratificó el nombramiento de Leticia de la Madrid García como tesorera municipal, por el periodo comprendido de esa fecha hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.
3. El uno de enero de dos mil quince, el presidente municipal convocó a sesión ordinaria de Cabildo, con la finalidad de proponer el nombramiento del tesorero municipal que ocuparía el cargo durante dicho año; sin embargo, ésta no pudo llevarse a cabo por cuestiones políticas, por lo que, para evitar que dicho puesto se quedara acéfalo, nombró a Leticia de la Madrid García, hasta que el Cabildo designara a otra persona.
4. El referido nombramiento se hizo del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, siendo rechazada y generando de inmediato la suspensión en la entrega de los recursos correspondientes al Municipio hasta en tanto el Cabildo designara un nuevo tesorero municipal.
5. Desde ese momento se suscitó un conflicto político en el Cabildo, pues, ante la falta de recursos, el Ayuntamiento no ha podido prestar los servicios públicos a su cargo, ni pagar los salarios a los funcionarios municipales.
6. Posteriormente, el veinte de marzo de dos mil quince, el presidente municipal fue informado de manera verbal que, en sesión de dieciocho de marzo anterior, el Pleno del Congreso había aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación, mediante el cual ratificó las renuncias presentadas por diversos concejales propietarios y suplentes, ordenó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, su suspensión provisional y el nombramiento de un administrador municipal. En esa misma fecha, el presidente municipal solicitó que le fuera entregada la versión estenográfica de la referida sesión.
7. Al no habérsele entregado la información solicitada, el presidente municipal acudió a las oficinas del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, y se enteró de que el veintiséis de marzo de dos mil quince fue publicado en la edición extra el Decreto Número 1228, impugnado.
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:
1. La retención de los recursos correspondientes al Municipio actor es violatoria de los artículos 14, 16 y 115, fracciones II, párrafo primero, y IV, incisos b) y c), párrafo último, de la Constitución Federal, al no encontrarse sustentada en un procedimiento que garantizara la defensa del afectado, ni estar facultado el Poder Ejecutivo del Estado para actuar en este sentido.
En efecto, dentro de las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, establecidas en los artículos 34 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no se encuentra la retención de los recursos que corresponden a los Municipios, por concepto de participaciones y aportaciones federales, con motivo de la falta de acreditación de las autoridades municipales, pues ello equivale a un condicionamiento en la entrega de recursos respecto de los cuales el Estado sólo funge como intermediario entre la Federación y los Municipios; sin que pueda entenderse comprendida dentro de las facultades de fiscalización del Estado, pues, a través de ellas, no pueden imponerse límites o restricciones desvinculados del control de los fines para los que se utilizan, ni sanciones que impliquen embargo, afectación o gravamen, so pena de vulnerar lo dispuesto por los artículos 32, 36 y 49, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal.
2. En la emisión del Decreto Número 1228, no se observaron las garantías de audiencia y legalidad, tuteladas por los artículos 14, 16 y 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, dado que no se notificó al Ayuntamiento el inicio del procedimiento, ni se le permitió conocer las bases que sirvieron para su instauración, a fin de que compareciera en legítima defensa de sus intereses. Además, la suspensión provisional del Ayuntamiento, que generó la suspensión en la entrega de los recursos que corresponden al Municipio, es un acto contrario al Estado de derecho.
CUARTO.-El Municipio actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Mediante proveído de siete de mayo de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 25/2015 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
Por acuerdo de once de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca -no así a la Secretaría General de Gobierno, ni a la Secretaría de Finanzas, por tratarse de autoridades subordinadas al segundo de los Poderes mencionados-, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y mandó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.-El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca contestó la demanda en los siguientes términos:
1. El quince de octubre de dos mil catorce, integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor solicitaron al Congreso del Estado, la revocación de mandato del presidente municipal. Previo trámite legislativo, dicha solicitud fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación, radicándose bajo el expediente 284/2014.
2. Por escrito recibido en el Congreso Local el cinco de marzo de dos mil quince, el síndico municipal presentó su renuncia, al igual que la de otros concejales del Ayuntamiento, aclarando que éstas se presentaban ante la Legislatura y no ante el Ayuntamiento -como se prevé en el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal-, en virtud de que, al tratarse de siete concejales y constituir, por tanto, mayoría absoluta, éste se encontraba impedido para hacer la calificación respectiva.
Así también, solicitó que, en diligencia formal, se procediera a ratificar tales denuncias y, una vez que fueran calificadas, se iniciara el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento.
3. El cinco de marzo de dos mil quince, en diligencia formal ante la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso Estatal, los concejales propietarios y suplentes ratificaron las renuncias a sus cargos.
4. El diez de marzo de dos mil quince, los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación emitieron dictamen mediante el cual determinaron procedente que el Congreso, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 59, fracción IX, de la Constitución Local, y 34, 47, 58, fracción I, y 59 de la Ley Orgánica Municipal, aprobara las renuncias de los cinco concejales propietarios y los seis concejales suplentes y, ante la desintegración del órgano de Gobierno Municipal, ordenara el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, emplazando al efecto al presidente municipal y al regidor de Obras; además, ante el vacío de autoridad y estado de ingobernabilidad, por la falta absoluta de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, determinaron procedente su suspensión provisional y el nombramiento de un administrador municipal.
5. El dieciocho de marzo de dos mil quince, el Congreso del Estado aprobó el Decreto Número 1228, en los términos del dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación.
6. El nueve de abril de dos mil quince, el Congreso Estatal, a través de la Junta de Coordinación Política, designó a Joselito Jorge Ramírez Cuevas, como encargado de la administración municipal.
Con lo anterior, se acredita que la Legislatura Local actuó con base en las atribuciones que le otorgan las Constituciones Federal y Local, así como la Ley Orgánica Municipal, y que el Decreto Número 1228, reúne los requisitos de legalidad, fundamentación y motivación, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental.
SÉPTIMO.-Al dar contestación a la demanda, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca señaló lo siguiente:
a) Causas de improcedencia
1. Debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en los artículos 11, 19, fracción VIII, y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, por falta de legitimación de quien promueve con el carácter de presidente municipal, pues, además de que, con las documentales que adjunta a la demanda, no acredita ocupar el referido cargo, no se encuentra facultado para representar legalmente al Municipio, dado que, conforme al artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, la representación jurídica de dicho ente corresponde al síndico. Al respecto, debe tenerse en cuenta, como hecho notorio, la sentencia dictada en el recurso de reclamación 25/2011-CA, interpuesto por el Municipio de Putla Villa de Guerrero, Estado de Oaxaca.
En todo caso, al haberse decretado la suspensión provisional del Ayuntamiento y nombrado un administrador municipal -conforme al Decreto Número 1228-, es este último el facultado para representar legalmente al Municipio.
2. Debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción VII, 20, fracción II, y 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, por extemporaneidad en la impugnación del acto consistente en la suspensión en la entrega de los recursos que corresponden al Municipio, por conducto de Leticia de la Madrid García, como supuesta tesorera municipal, desde que inició el ejercicio fiscal dos mil quince, esto es, a partir de la primera quincena de enero de dicho año, ya que si, desde esta fecha, tenía conocimiento de tal situación, debió combatirla dentro de los treinta días siguientes y no hasta el cuatro de mayo de dos mil quince, en que promovió la demanda.
3. Debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII, y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, por falta de interés legítimo del Municipio actor.
Por una parte, el presidente municipal no ha remitido el acta de sesión de Cabildo que acredite válidamente la designación de Leticia de la Madrid García, como tesorera municipal, en la que se hayan observado las formalidades establecidas en los artículos 43, fracción XIX -aprobación por el Ayuntamiento-, 48, párrafo primero -quórum de la mitad más uno para su instalación-, y 92, fracción IV -fe pública del secretario-, de la Ley Orgánica Municipal. La persona mencionada fue nombrada en dicho cargo sólo por el ejercicio fiscal dos mil catorce y, para seguir desempeñándolo durante el ejercicio fiscal dos mil quince, debió ser designada en una sesión de Cabildo que cumpliera con los requisitos de validez que establece el citado ordenamiento. Por otra, ante la emisión del Decreto Número 1228 y la designación de Joselito Jorge Ramírez Cuevas, como administrador municipal, la Secretaría de Finanzas del Estado ha ministrado legal y oportunamente los recursos que corresponden al Municipio actor, por conducto de Sandra Tapia Pastrana, nombrada por aquél como tesorera municipal el diez de abril de dos mil quince; tal como se demuestra con las documentales que se adjuntan a la contestación, de las que se advierten las sumas entregadas al Municipio mediante cheques y transferencias.
En este sentido, el Poder Ejecutivo Estatal, en ningún momento, ha desconocido por derecho propio a Leticia de la Madrid García como tesorera municipal y, menos aún, ha retenido o suspendido la entrega de los recursos que corresponden al Municipio actor, los cuales han sido ministrados por conducto de la persona legalmente autorizada para tal efecto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6o., penúltimo párrafo, y 9o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.
Por lo anterior, también se actualiza el motivo de sobreseimiento establecido en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria, ya que, como se constata con las documentales que se anexan, no existe la supuesta retención o suspensión en la entrega de recursos, impugnada por el Municipio actor.
Además, la ministración de los recursos por conducto de Sandra Tapia Pastrana, funcionaria legalmente facultada para ello, no afecta la esfera jurídica del Municipio, al que se dota de fondos suficientes para cumplir con sus funciones, sino, en todo caso, agravia el interés personal del presidente municipal, quien ni siquiera anexa la nómina de los trabajadores que tiene a su cargo para acreditar los pagos que supuestamente se les adeudan.
4. Debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción II, y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, por impugnarse actos de naturaleza electoral -competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, del Tribunal Estatal Electoral- relacionados con la falta de reconocimiento de Leticia de la Madrid García, como tesorera nombrada por el presidente municipal.
De esta forma, lo que se plantea es una presunta violación al derecho político-electoral a ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, como el que se hizo valer, de modo similar, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado con el expediente JDC/42/2014 y acumulado JDC/43/2014, ante el Tribunal Estatal Electoral, el cual se invoca como hecho notorio.
Por lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria, en relación con los artículos 99 de la Constitución Federal y 184, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
5. Debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II, y 22, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, ante la falta de conceptos de invalidez en los que se expongan las razones por las que resulta válido el nombramiento expedido el uno de enero de dos mil quince a favor de Leticia de la Madrid García, como tesorera municipal, o aquellas por las que el acta de sesión de Cabildo de dos de enero de dos mil catorce, en la que sólo se le designó para ejercer el cargo durante dicho año, debe entenderse también para dos mil quince y, en este sentido, la afectación que resiente el Municipio con la entrega de los recursos que le corresponden a través de Sandra Tapia Pastrana; sin que éstas deriven de los argumentos relativos a la retención o suspensión en la entrega de los recursos o que éstos deben ministrarse por conducto de la persona mencionada en primer término.
b) Refutación de conceptos de invalidez
Los conceptos de invalidez son infundados, pues la Secretaría de Finanzas no ha retenido los recursos del Municipio actor, tal como se desprende de las copias certificadas anexas, en las que constan los comprobantes de pago de dichos recursos.
De acuerdo con los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Federal, 113, fracción II, inciso b), de la Constitución Local, y 2, 8, 11, 13 y 23 A de Ley de Coordinación Fiscal Estatal, el Poder Ejecutivo sólo funge como mediador administrativo entre la Federación y los Municipios para la correcta entrega de los recursos previstos en el presupuesto de egresos de la Federación, relativos a los ramos 28 y 33, lo cual presupone que se entreguen a la persona facultada para ello, quien, por regla general, es la designada por el Ayuntamiento.
No obstante, conforme a los artículos 58, fracción I, y 59 de la Ley Orgánica Municipal, cuando no sea posible el funcionamiento de un Ayuntamiento por falta de la mayoría de sus integrantes, el Congreso podrá decretar la suspensión provisional y nombrar un administrador, quien ejercerá todas las funciones del Ayuntamiento (incluidas las relativas al nombramiento del tesorero municipal) hasta que se emita la resolución correspondiente en el procedimiento de desaparición.
En la especie, dada la renuncia de la mayoría absoluta de los concejales del Ayuntamiento del Municipio actor, el Congreso decretó su suspensión provisional y designó a Joselito Jorge Ramírez Cuevas, como administrador municipal, quien, con fecha diez de abril de dos mil quince, nombró a Sandra Tapia Pastrana, como tesorera municipal, y por oficio MSMM/AM/OF-001/2015, de veintidós de abril siguiente, informó a la Secretaría de Finanzas las cuentas bancarias aprobadas para el depósito de las participaciones y aportaciones federales.
En consecuencia, la Secretaría de Finanzas, en observancia a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Federal y 113 de la Constitución Estatal, hizo entrega de dichos recursos, a través de los mecanismos autorizados y por conducto de la persona referida.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo Estatal tampoco desconoció el nombramiento de Leticia de la Madrid García, como tesorera municipal, pues éste nunca fue válido, al haber sido emitido sin cumplir los requisitos y el procedimiento exigidos por la Ley Orgánica Municipal; además, no consta que dicha persona hubiese protestado el cargo.
OCTAVO.-La procuradora general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
NOVENO.-Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO.-En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, por no impugnarse normas de carácter general y sobreseerse en el presente asunto.
SEGUNDO.-En primer término, deben precisarse los actos que se tendrán como impugnados en la controversia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) y la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(2)
El Municipio actor impugna expresamente los siguientes actos:
1. El Decreto Número 1228, publicado en la edición extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintiséis de marzo de dos mil quince, mediante el cual, el Congreso Estatal aprobó las renuncias presentadas por diversos concejales propietarios y suplentes; ordenó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento; decretó su suspensión provisional; y nombró un administrador municipal.
2. Las consecuencias que se hayan originado y las que se sigan generando con motivo de la aplicación del referido decreto.
3. La suspensión provisional del Ayuntamiento.
4. El inicio del procedimiento de desaparición del órgano de Gobierno Municipal.
5. La determinación fáctica del Poder Ejecutivo del Estado de desconocer a la tesorera municipal y, por ende, la retención de los recursos que corresponden al Municipio.
6. Las órdenes o acuerdos tanto de la Secretaría General de Gobierno, como de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, de retener las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio.
7. El inminente nombramiento de un administrador municipal por parte del Congreso del Estado.
Pues bien, los actos identificados con los números 4 y 7, no se tienen como impugnados de manera independiente, pues son parte del Decreto Número 1228, identificado con el número 1 -cuya existencia se acredita con el ejemplar de la edición extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de veintiséis de marzo de dos mil quince-(3) y no se impugnan de manera destacada; en cambio, el acto identificado con el número 3, aunque también es parte del citado decreto, sí se combate de forma específica, por lo que debe tenérsele como impugnado en sí mismo.
Respecto del acto identificado con el número 2, se sobresee en la controversia, dada la manifestación genérica e imprecisa del mismo, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII(4) -en relación con el 22, fracción IV-,(5) y 20, fracción II,(6) de la ley reglamentaria de la materia, y la tesis de jurisprudencia P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(7)
La existencia del acto identificado con el número 5, se acredita de la siguiente forma:
• Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil catorce, diversos concejales del Ayuntamiento solicitaron al Congreso del Estado que declarara el abandono del cargo de Juanito Carballo Jiménez, como presidente municipal, y revocara su mandato, ante la falta de presentación de los informes requeridos por los demás miembros del Ayuntamiento respecto de la administración municipal y su posterior y constante inasistencia a las sesiones ordinarias del Cabildo.(8)
• El veinte de octubre de dos mil catorce, el oficial mayor del Congreso Local remitió a la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, el escrito referido para que se integrara el expediente correspondiente, el cual fue registrado con el número 284/2014.(9)
• A través de escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil quince, recibido por la comisión instructora el diez de marzo siguiente, el presidente municipal dio contestación a la solicitud y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.(10)
• Por escrito recibido el cinco de marzo de dos mil quince, el síndico municipal presentó su renuncia y la de once concejales propietarios y suplentes y solicitó que, una vez ratificadas y aprobadas, se iniciara el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, dada la situación de ingobernabilidad generada con su desintegración.(11)
• Una vez llevadas a cabo las diligencias de ratificación, la Comisión Permanente de Gobernación sometió a consideración del Pleno del Congreso del Estado el dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las renuncias presentadas por los concejales propietarios y suplentes y, al no existir concejales suficientes para integrar el Ayuntamiento, se ordena el inicio del procedimiento de desaparición, se decreta su suspensión provisional y se nombra un administrador que se haga cargo del Municipio.(12)
• Dicho decreto fue aprobado en sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de dieciocho de marzo de dos mil quince y publicado en el extra del Periódico Oficial de la entidad el veintiséis del mismo mes y año, con el número 1228.(13)
• En consecuencia, el nueve de abril de dos mil quince, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado nombró a Joselito Jorge Ramírez Cuevas, como encargado de la administración municipal, quien, en sesión de esa misma fecha, tomó la protesta de ley.(14) Al día siguiente, el administrador municipal nombró a Sandra Tapia Pastrana, como tesorera municipal.(15)
Por otra parte, de las constancias remitidas por el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda, se advierte que la Secretaría de Finanzas ha realizado el pago de las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio actor, a través de Sandra Tapia Pastrana y Joselito Jorge Ramírez Cuevas, desde el treinta de diciembre de dos mil catorce a la fecha.(16)
En este sentido, si Sandra Tapia Pastrana fue nombrada como tesorera municipal hasta el diez de abril de dos mil quince, resulta incongruente que le hayan sido entregados los recursos pertenecientes al Municipio actor desde la última quincena de diciembre de dos mil catorce; por lo que, frente al dicho de quien promovió la controversia, en cuanto a que notificó a la Secretaría de Finanzas el nombramiento de Leticia de la Madrid García, como tesorera municipal, negándose aquélla a aceptarlo, es dable concluir que dicha dependencia del Poder Ejecutivo Estatal desconoció a la mencionada persona en tal cargo, por lo menos, hasta en tanto se nombró a la nueva tesorera municipal por el encargado de la administración municipal, esto es, hasta el diez de abril de dos mil quince.
Ahora bien, en relación con el acto identificado con el número 6, debe sobreseerse en la controversia, con fundamento en el artículo 20, fracción III,(17) de la ley reglamentaria, pues, en autos, no obra constancia alguna que demuestre su existencia; resultando fundado, de esta manera, el motivo de sobreseimiento aducido por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Por tanto, sólo serán materia de análisis en esta controversia constitucional los siguientes actos:
1. El Decreto Número 1228, publicado en la edición extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintiséis de marzo de dos mil quince, mediante el cual, el Congreso Estatal aprobó las renuncias presentadas por diversos concejales propietarios y suplentes; ordenó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento; decretó su suspensión provisional; y nombró un administrador municipal.
2. La suspensión provisional del Ayuntamiento, declarada en virtud del citado decreto.
3. El desconocimiento del nombramiento de Leticia de la Madrid García, como tesorera municipal y, por ende, la retención de los recursos que corresponden al Municipio actor por parte del Poder Ejecutivo del Estado.
TERCERO.-A continuación, procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente.
Al efecto, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(18) del que se desprende que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la ley que lo rige; al en que se haya tenido conocimiento de éste por el actor; o al en que este último se ostente sabedor del mismo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26875-a1dc83d5/i-controversia-constitucional-debe-sobreseerse-respecto-de-manifestaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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