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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS DEL PODER LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, EN EL QUE SE DETERMINÓ PROCEDENTE LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, ASÍ COMO LOS DECRETOS EMITIDOS POR EL CONGRESO DE ESA ENTIDAD, EN LOS QUE SE APROBÓ LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE LOS INTEGRANTES DE ESE AYUNTAMIENTO Y SE REALIZÓ EL NOMBRAMIENTO DE UN ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL O DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTE IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR NO SOSTIENE QUE AQUÉLLA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL O A UNA AFECTACIÓN A SU INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA (SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE JDC/310/2018 ANTES C.A./186/2018, ASÍ COMO EL ACUERDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE ESA SENTENCIA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (RETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FISCALES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 Y 33, FONDOS III Y IV, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO (RETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FISCALES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 Y 33, FONDOS III Y IV, ASÍ COMO CON LOS RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SE TRATA DE UN PLANTEAMIENTO DE TRANSGRESIÓN A ASPECTOS DE LEGALIDAD (RETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FISCALES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 Y 33, FONDOS III Y IV, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA)., Y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR CUANDO IMPUGNA LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, AL SER UN ACTO QUE NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES (RETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE PAGOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FISCALES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 Y 33, FONDOS III Y IV, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA)."

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 257/2019. · Registro digital (IUS): 200753
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, DISTRITO DE OCOTLÁN, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 257/2019. ACTOR: MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, DISTRITO DE OCOTLÁN, ESTADO DE OAXACA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 257/2019, promovida por el Municipio de San Baltazar Chichicápam, Distrito de Ocotlán, Estado de Oaxaca.

El tema jurídico a resolver consiste en determinar si: ¿debe sobreseerse en la controversia constitucional?

1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE.

1. 1.1 Presentación de la demanda de controversia. Por escrito recibido el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosa San Juan Luis, quien se ostentó como Síndica del Municipio de San Baltazar Chichicápam, Distrito de Ocotlán, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional contra el Poder Legislativo y el Tribunal Electoral, ambos de la citada entidad federativa, en la que impugna lo siguiente:

“IV. NORMA GENERAL O ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA, RECLAMO LO SIGUIENTE.

a) La violación al artículo 115, fracción I, tercer párrafo de la Constitución Federal, que realiza la LXIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al pretender dictar decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes con el que busca normar el funcionamiento del municipio actor, materializado en el acto de pretender privar del ejercicio del cargo a uno o varios integrantes del Ayuntamiento, sin que exista una causa justificada para ello, y sin que siga el procedimiento que marca la ley Orgánica municipal del Estado de Oaxaca.

b) El dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y asuntos Agrarios, mediante el cual acuerda que es procedente la revocación de mandato de los integrantes del Ayuntamiento que represento y turna al pleno para que conozca de dicho asunto, por no respetar las garantías constitucionales y convencionales, así como el derecho de audiencia, debida defensa y debido proceso.

c) El decreto, resolución, acuerdo, dictamen u (sic) cualquier otro documento que haya emitido la LXIV Legislatura donde se haya aprobado la revocación de mandato de los integrantes del Municipio actor.

Mismo que desconozco, porque hasta este momento no ha sido notificado legalmente a mi representada, violando los artículos 14, 16 y fundamentalmente 115, fracción I, tercer párrafo de la Constitución General de la República.

d) Los actos de ejecución que haya ordenado el pleno del Congreso del Estado de Oaxaca para dar cumplimiento ha (sic) dicho decreto, resolución, acuerdo, dictamen.

e) En caso que (sic) al momento de presentar la presente Controversia Constitucional, el Congreso no haya sesionado lo relativo a la revocación de mandato que se reclama, señaló como acto reclamado, el inminente decreto, resolución, acuerdo, y/o dictamen, que será revocar el mandato a los integrantes de este Ayuntamiento, solicitado a petición de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios.

f) El decreto, resolución, acuerdo, dictamen emitido o que esté próximo emitir la legislatura, en el sentido de nombrar a un encargado de la Administración Municipal o un encargado del despacho de la Presidencia Municipal, para el Municipio de San Baltazar Chichicápam, Ocotlán, Oaxaca.

g) La inminente revocación de mandato que será acordado por el Congreso del Estado, a cuyos datos de identificación desconozco, dado que el municipio actor no ha sido legalmente notificado.

Todos los anteriores actos se pretenden realizar, sin respetar, las garantías de audiencia, debido proceso, debida defensa, y sin seguir el procedimiento que establece la Ley orgánica municipal, porque el municipio actor no ha sido legalmente notificado, de ninguno de los actos reclamados.

Además, ninguno de los actos reclamados le ha sido notificado a mi representada, ya que tuvimos conocimiento de forma extraoficial.

DEL ÓRGANO CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMO DENOMINADO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, RECLAMO LO SIGUIENTE:

a) La violación a los artículos 115 fracción VIII, 123 apartado A y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materializado en el hecho de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, asumió competencia para conocer de un asunto de naturaleza laboral, que es competencia exclusiva de los Tribunales Laborales del Estado de Oaxaca, ya que en la acción la promovente del juicio natural, reclamó en esencia las siguientes prestaciones económicas: ‘a) Indemnización constitucional, b) El reconocimiento de la antigüedad genérica de servicio durante todo el tiempo que duró la relación jurídica laboral, c) El pago de los salarios devengados y no pagados, d) El pago de los salarios caídos, desde la fecha de nuestro injustificado despido y hasta que dé cabal cumplimiento al laudo que al respecto se dicte, e) El pago de 20 días de vacaciones en forma anual durante la vigencia de la relación jurídica de trabajo, con base en lo dispuesto por el artículo 23 de la ley del servicio civil para los empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, f) El pago de 25% de sueldo por concepto de prima vacacional y 15 días de sueldo por concepto de aguinaldo anual, g) El pago efectivo de 30 minutos de descanso obligatorio para tomar lo (sic) sagrados alimentos, en términos de los artículos 63 y 64 de la Ley Federal del Trabajo, h) El pago de 3 horas extraordinarias laboradas y no pagadas de lunes a sábado, conforme al artículo 30 de la ley del servicio civil para los empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, y (sic) i) El pago de 14 días por año, por concepto de prima de antigüedad, en términos del artículo 34, fracciones I y II de la ley del servicio civil para los empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez.’

b) La violación a los artículos 115, fracción VIII, 123 apartado A, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materializado en el hecho de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, sin tener facultades constitucionales, se asume como Tribunal en materia de Trabajo, para dirimir, tramitar, conocer y resolver un asunto laboral en donde la ciudadana Juanita López López, reclamó en esencia, las siguientes prestaciones ‘a) Indemnización constitucional, b) El reconocimiento de la antigüedad genérica de servicio durante todo el tiempo que duró la relación jurídica laboral, c) El pago de los salarios devengados y no pagados, d) El pago de los salarios caídos, desde la fecha de nuestro injustificado despido y hasta que dé cabal cumplimiento al laudo que al respecto se dicte, e) El pago de 20 días de vacaciones en forma anual, durante la vigencia de la relación jurídica de trabajo, con base en lo dispuesto por el artículo 23 de la ley del servicio civil para los empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, f) El pago de 25% de sueldo por concepto de prima vacacional y 15 días de sueldo por concepto de aguinaldo anual, g) El pago efectivo de 30 minutos de descanso obligatorio para tomar lo (sic) sagrados alimentos, en términos de los artículos 63 y 64 de la Ley Federal del Trabajo, h) El pago de 3 horas extraordinarias, laboradas y no pagadas, de lunes a sábado, conforme al artículo 30 de la (sic) del Servicio Civil para los empleados del H. Ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez, y (sic) i) El pago de 14 días por año, por concepto de prima de antigüedad, en términos del artículo 34, fracciones I y II de la ley del servicio civil para los empleados del H. Ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez, emitiendo una sentencia en perjuicio del Municipio actor, ocasionando con ello una violación al principio de división de poderes y las garantías constitucionales de legalidad, competencia, jurisdicción debido proceso y debida defensa.’

c) Violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos en que incurre el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al asumir competencia para admitir, tramitar, conocer y resolver un asunto laboral, sin tener facultades para ello, ya que de la lectura integral del artículo 144 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se tiene que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, no tiene facultades para conocer los actos reclamados por la ciudadana Juanita López López, los cuales eran de naturaleza puramente laboral.

d) La determinación por la cual el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca asume como su competencia el reclamo de prestaciones y diversas compensaciones económicas municipales como un derecho político electoral o derecho político, a pesar de que la reclamante del juicio electoral reclamó las prestaciones señaladas en los puntos a) y b).

e) Como consecuencia de la anterior determinación, reclamó la invalidez de la sentencia dictada en el expediente número JDC/310/2018 antes C.A./186/2018, así como del acuerdo de fecha diez de junio del año en curso, en la que se me requiere el pago de una cantidad líquida, misma que fue tramitada y resuelta sobre la base de dicha premisa y errónea interpretación.

f) La falta de competencia del Tribunal señalado como responsable para dictar la sentencia reclamada, ya que invade la esfera competencial del Municipio actor, porque el Tribunal Electoral en mención, sólo tiene facultades constitucionales y legales para conocer y resolver asuntos de naturaleza electoral, relacionado con derechos político-electorales, y en el acto se reclama que el Tribunal Estatal, asumió la competencia para resolver el reclamo de prestaciones económicas y laborales, a pesar de que la reclamante han (sic) culminado su relación laboral reclamó las prestaciones señaladas en los puntos a) y b).

g) La extralimitación de facultades constitucionales y legales en que incurre el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al conocer un asunto que no es de su competencia por no ser de naturaleza electoral, en perjuicio de la autonomía municipal del Ayuntamiento actor, ya que resuelve un asunto de naturaleza laboral, que versa con el pago de prestaciones económicas, con trabajadores del gobierno municipal 2014-2016, periodo que ya feneció.

h) La invasión de la esfera competencial en perjuicio del municipio actor al ordenar la revocación de mandato a los integrantes del Ayuntamiento que represento.

i) El mandato de ejecución u orden de embargo de bienes, participaciones y aportaciones municipales provenientes de la federación, dictada en contra del Municipio actor, sin que dicha autoridad tenga facultades para ello, contraviniendo los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, ARTÍCULO SEXTO de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca.

Se impugnan dichos actos, porque afectan gravemente los recursos financieros de mi representada, desde luego afectando su esfera de atribuciones, pues limita su ejercicio y priva de recursos que deben destinarse a la prestación de distintos servicios a la ciudadanía en la forma y medida que se expondrá en el presente ocurso.”

2. 1.2 Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 115, 123, apartado A, y 127, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. 1.3 Conceptos de invalidez. La parte actora formuló, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

a) Conceptos de invalidez contra actos del Congreso del Estado de Oaxaca.

• Se viola el artículo 115, fracción I, tercer párrafo de la Constitución Federal, cuya prerrogativa es preservar a los Ayuntamientos como institución Municipal, salvaguardando su integración como la continuidad de sus funciones de gobierno.

• Además, se violan las garantías de audiencia, defensa y legalidad, ya que la emisión del dictamen y decreto del Congreso de Oaxaca correspondiente a la suspensión de mandato de los integrantes del Ayuntamiento, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues dicha determinación se emitió sin notificar al Municipio actor del procedimiento; además, no se otorgó posibilidad para que conociera las bases que sirvieron para su instauración, a fin de estar en aptitud de comparecer en defensa legítima de sus intereses.

• El Congreso de Oaxaca aprobó –o está por aprobar–, a través de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios, un acto privativo de derechos contra el Ayuntamiento, ya que no está otorgando previamente la intervención al mismo; no ha notificado legalmente la existencia del procedimiento; y no ha dado oportunidad de probar y alegar.

b) Conceptos de invalidez contra actos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

• El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca extralimitó sus facultades violando los artículos 115, 123, apartado A, y 125 de la Constitución Federal, al asumir competencia y dictar sentencia en el expediente JDC/310/2018, antes C.A./186/2018, debido a que el asunto no se trata de un conflicto político-electoral. Así, se tiene que analizar la competencia del Tribunal demandado, pues no es válido que se sustente en un criterio puramente formal y orgánico como lo pretende, sino que debe examinarse si el acto emitido por dicho Tribunal, lo efectúo dentro del ámbito de su competencia.

• Así, se viola el artículo 115, fracciones I, II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Tribunal demandado invadió la competencia del Municipio, al asumir competencia para conocer de un asunto laboral, que es competencia exclusiva de los Tribunales Laborales locales, pues en el juicio natural se reclamaron prestaciones económicas derivadas de una relación de trabajo entre el Municipio y Juanita López López, lo cual nada tienen que ver con la materia electoral.

• Se viola en perjuicio del Municipio las garantías de audiencia, debido proceso, debida defensa y legalidad, ya que los actos que se reclaman se realizaron por dicho Tribunal sin tener facultades legales para ello.

• Los artículos 116 de la Constitución General y 114 Bis de la Constitución de Oaxaca prevén, en esencia, que el Tribunal Electoral local conoce de conflictos surgidos por la elección de autoridades y representantes populares; además, la Ley de Medios de Impugnación local y los criterios del propio Tribunal Electoral han ampliado su competencia a todos aquellos conflictos que involucren derechos políticos, siempre y cuando estén ligados a la materia electoral.

• En el caso, no se colman los extremos de ser un acto en materia político-electoral, ya que Juanita López López tuvo una relación de trabajo durante el trienio 2014-2016 y culminó sus funciones, de tal manera que si, en su momento, no reclamó ante la autoridad competente el pago de sus remuneraciones, dicha prestación de orden económico, ya no se encuentra vinculada a su derecho político-electoral; por tanto, el Tribunal Electoral debió declinar competencia a la autoridad que era la legalmente competente.

• El criterio establecido por los tribunales electorales, parte de la premisa de interdependencia del ejercicio del derecho político electoral a la prestación económica, de tal forma que se sostiene que dicho derecho no puede ser ejercido si no se cumple el ejercicio del cargo, y en este caso si ya no existe mandato popular que cumplir, por tanto no se puede hacer retroactivo el cumplimiento de las obligaciones, máxime que Juanita López López había culminado en sus funciones cuando el Tribunal decidió conocer del asunto.

• Se debe considerar que, en la actualidad, las pretensiones de Juanita López López dejan de sustentarse en el desempeño de un cargo público para el que fue electa, porque dicho cargo ha concluido al haber terminado el periodo para el que fue electa.

• Por otra parte, se señala que, de manera excepcional, procede la presente controversia constitucional, aún y cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en sentido estricto, pues la cuestión examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano del Estado en aras de preservar su ámbito de facultades, es decir, no será el Tribunal Electoral quien deba definir lo que es electoral.

• La sentencia impugnada, dictada en el expediente JDC/310/2018 antes C.A./186/2018, afecta la esfera de atribuciones del Municipio, su patrimonio y su hacienda municipal, pues se le condenó al pago del monto total de las remuneraciones y compensaciones económicas a favor de Juanita López López, actora de dicho juicio, por lo que tal determinación afecta las atribuciones que se desprenden del artículo 113 de la Constitución local.

• Con dicha sentencia se merman los recursos destinados para satisfacer las necesidades de servicios y seguridad pública de la población; además, daña el patrimonio municipal, al disponer de los recursos económicos, siendo que el Municipio tiene la facultad de administrar libremente su hacienda.

• Es inconstitucional la orden de embargo o mandato de ejecución dictada por el Tribunal Electoral de Oaxaca contra el Municipio actor, pues transgrede los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, 9 y 49 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, el artículo Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, 13 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca y 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, de donde se desprende que los bienes, participaciones y aportaciones municipales provenientes de la Federación son inembargables.

• El Tribunal Electoral no tiene facultades para embargar bienes, participaciones, y aportaciones municipales por parte de la Federación que le corresponden al Municipio; por tanto, es inconstitucional el acto que se combate, porque afecta directamente los bienes del Municipio, y la vía idónea para combatirlo es la controversia constitucional.

• Finalmente, los ingresos y egresos del Municipio se encuentran estipulados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, por lo que no puede hacerse disposición de ningún monto económico si no está previamente contemplado en el presupuesto de egresos, de manera que el Municipio está impedido legalmente para disponer y realizarlo fuera de la norma; además, el Municipio es un órgano de Gobierno de interés público, que tiene garantizado un presupuesto anual.

4. 1.4 Radicación y turno. Mediante proveído de once de julio de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar esta controversia bajo el número 257/2019 y designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

5. 1.5 Admisión. Por auto de quince de julio de dos mil diecinueve, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados al Poder Legislativo y al Tribunal Electoral, ambos del Estado de Oaxaca, de los cuales ordenó su legal emplazamiento, a fin de que formularan su contestación; les requirió copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados; y finalmente, mandó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. 1.6 Contestación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nació el diez de septiembre de dos mil diecinueve, Miguel Ángel Carballido Díaz, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dio contestación a la demanda, donde adujo lo siguiente: • Primero. No son ciertos los actos que se reclaman a esta autoridad, atendiendo a las consideraciones que se anotan en los siguientes apartados.

• Segundo. Toda vez que los actores del juicio natural consideraron que la vía idónea para reclamar sus derechos violentados era la laboral, en una primera instancia presentaron su demanda ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca el dos de marzo de dos mil dieciséis, siendo que sus cargos como integrantes del Ayuntamiento de San Baltazar Chichicápam, Ocotlán, Oaxaca, concluyeron el treinta y uno de diciembre de ese año.

Así, por auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, se declaró competente para conocer de la controversia planteada únicamente por los ciudadanos Antonio San Germán Martínez, Hilario Castellanos Santiago y Eliseo Vásquez, declinando competencia en favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por cuanto hace a la ciudadana Juanita López López.

Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local se declaró competente para conocer de la controversia planteada por la ciudadana Juanita López López.

El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el referido Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca sobreseyó en el juicio al considerar que el conflicto suscitado era de naturaleza electoral.

El doce de julio de dos mil diecisiete, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, emitió el laudo correspondiente por el que se declaró incompetente para conocer de la controversia sometida a su consideración, declinando competencia a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Mediante oficio JAESPO/SGA/1131/2018, de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca remitió al Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, los autos del expediente laboral 23/2016 para efecto de que resolviera el conflicto competencial suscitado entre dicha Junta y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el referido Tribunal Colegiado resolvió el conflicto competencial, declarando competente al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

• Tercero. El seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral de Oaxaca, el oficio TJAO/SGA/1138/2018, por el que la Secretaria General del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, remitió el expediente principal 443/2016 de su índice, para que este Tribunal Electoral resolviera la controversia planteada.

• Así, se formó el expediente JDC 310/2018 antes C.A.186/2018, del índice del Tribunal Electoral de Oaxaca, en el cual se tramitó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Juanita López López y quienes se ostentaron como concejales, propietaria y suplente, respectivamente, del Ayuntamiento de San Baltazar Chichicápam, Ocotlán, Oaxaca, en el que se demandaron del referido Ayuntamiento, 1. La indemnización constitucional; 2. El reconocimiento de la antigüedad genérica de servicio durante todo el tiempo que duró la relación jurídica laboral; 3. El pago de los salarios devengados y no pagados del uno de enero al 16 de febrero de dos mil dieciséis; 4. El pago de los salarios caídos, desde la fecha de nuestro injustificado despido y hasta que se dé cabal cumplimiento al laudo que al respecto se dicte; 5. El pago de veinte días de vacaciones en forma anual durante la vigencia de la relación jurídica de trabajo, con base en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez; 6. El pago del 25% del sueldo por concepto de prima vacacional y quince días de sueldo por concepto de aguinaldo anual del uno de enero de dos mil catorce al dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria; 7. El pago en efectivo de treinta minutos de descanso obligatorio para tomar los sagrados alimentos, por laborar jornadas continuas de ocho horas, del uno de enero de dos mil catorce al quince de febrero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 63 y 64 de la Ley Federal del Trabajo; 8. El pago de tres horas extraordinarias, laboradas y no pagadas de lunes a sábado de cada semana, contados a partir del uno de enero de dos mil catorce al quince de febrero de dos mil dieciséis, conforme al artículo 30 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez; 9. El pago de catorce días por año, por concepto de prima de antigüedad, en términos del artículo 34, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez.

• Desahogados los trámites correspondientes, el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se resolvió el citado juicio para la protección de los derechos político electorales, donde de la lectura integral de los hechos narrados en la demanda, se advirtió que los agravios hechos valer por la actora, consistían en la violación a su derecho político electoral de ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo, previsto en los artículos 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 24, fracción II de la Constitución de Oaxaca, razón por la cual el Tribunal Electoral local se declaró competente para conocer de dicho juicio.

• Asimismo, se declararon improcedentes de estudio las prestaciones plasmadas en los puntos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9, al derivar de una relación obrero patronal, además que el vínculo entre ambos no constituía una relación de supra subordinación entre la actora y los integrantes del Ayuntamiento, sino una relación administrativa que tuvo su origen en una elección popular.

• De ahí que esta autoridad, Tribunal Electoral de Oaxaca, con el caudal probatorio arrojado en el expediente, sólo analizó y resolvió las cuestiones relacionadas con el derecho que el actor adquirió de forma inherente con la elección del cargo para el cual fue electa por medio del voto popular, como es la destitución del cargo como regidora del Ayuntamiento de San Baltazar Chichicápam Ocotlán, Oaxaca, la omisión del pago de dietas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciséis, y el pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, año en el que feneció su ejercicio del cargo que le fue conferido como regidora de Seguridad Pública del referido Ayuntamiento.

• En ese tenor, este Tribunal estimó que respecto a la destitución del cargo que venía desempeñando la actora como Regidora de Seguridad Pública en el Ayuntamiento en cuestión, y que de forma ilegal determinó el Ayuntamiento de San Baltazar Chichicápam, Ocotlán, Oaxaca, destituirla, dicho agravio resultó inatendible, en virtud de que el acto reclamado ya se había consumado de modo irreparable debido a que el cargo de elección popular para el que fue electa correspondió al periodo 2014-2016.

• A su vez, este órgano jurisdiccional estimó fundado el agravio planteado por la actora, ante la negativa del Presidente Municipal de San Baltazar Chichicápam, Ocotlán, Oaxaca, de realizar el pago de dietas correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil dieciséis, así como el pago del aguinaldo correspondiente al año de dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, al considerar que vulneró su derecho político de ser votada en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, incluidas el de recibir las remuneraciones que en derecho les correspondan.

• Lo anterior, como se razonó en la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, los integrantes de los Ayuntamientos tienen derecho a recibir una remuneración adecuada al ejercicio de su encargo, este criterio ha sido reiterado por la Sala Superior, conforme a lo siguiente: 1. Las remuneraciones o retribuciones de quienes ostentan un cargo como Presidente Municipal, Síndico o Regidor, están sometidas a un esquema diferenciado al de los trabajadores de los Ayuntamientos; y 2. Quienes desempeñan la titularidad de una Presidencia Municipal, Regiduría o Sindicatura, tienen el carácter de Servidores Públicos de los Ayuntamientos, toda vez que tal relación deriva del procedimiento a través del cual fueron electos.

• Es así que, por tratarse de cargos públicos de elección popular, este tipo de servidores públicos no están en la categoría de trabajadores del Municipio, porque no mantienen una relación de subordinación frente al Ayuntamiento, sino que forman parte íntegra de él, y en consecuencia no están regidos por los derechos y obligaciones contempladas en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, es decir, no tienen derechos laborales.

• En ese tenor, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 115 y 127 de la Carta Magna, los integrantes de los Ayuntamientos, (como síndicos y regidores) tienen el derecho de una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, misma que deberá ser proporcional a sus responsabilidades y la cual podrá componerse de diversos conceptos, como dietas, aguinaldos u otras prestaciones.

• En consecuencia, se condenó al Ayuntamiento de San Baltazar Chichicápam, Ocotlán, Oaxaca, a pagar a Juanita López López, el monto correspondiente a las dietas adeudadas durante el periodo de enero a diciembre de dos mil dieciséis y el pago de aguinaldo correspondiente a dos mil quince y dos mil dieciséis.

• Así, lo manifestado por la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200753-77c2e662/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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