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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN IMPUGNADA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL LESIONAR SU INDEPENDENCIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 157/2017. · Registro digital (IUS): 200291
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 157/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 10 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda. Por oficio recibido el quince de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez del Decreto número mil setecientos cincuenta y ocho publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5484, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a ********** con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.

SEGUNDO. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:

1. El aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales, sino que el contraste del presupuesto partiendo desde el año dos mil trece en que se asignaron recursos del orden de $451,559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.M.), con los recursos otorgados para el ejercicio en curso de $451,559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.M.) lo que corrobora que el monto del presupuesto de egresos ha sido igual para el ejercicio de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, más no así el número de pensiones concedidas, que éstas sí han ido en considerable aumento.

2. Mediante oficio número CJE/2675/2016 de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos, se autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de $56,000,000.00 (cincuenta y seis millones de pesos 00/100 m.n.) a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece a dos mil dieciséis, no se habían autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la legislatura local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.

3. Durante los ejercicios de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, no existió incremento presupuestal al Poder Judicial, lo cual se demuestra con los ejemplares del Periódico Oficial Tierra y Libertad correspondientes, siendo pertinente resaltar que incluso para los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis hubo una reducción al presupuesto de este Poder por parte del Congreso del Estado de Morelos.

4. A través de los oficios números TSJ/P70684/2013 y CJE/5510/2015 de veintiocho de agosto de dos mil trece y uno de septiembre de dos mil quince, suscritos por la anterior Presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, se solicitó al Congreso del Estado se autorizara un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que este último hubiera autorizado los mismos.

5. Mediante oficios números TSJ/P/0684/2013, CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016 de fechas veintiocho de agosto de dos mil trece, uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, suscritos los dos primeros por la otrora Presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos y el último por la suscrita, donde se envió a la Legislatura del Estado de Morelos, los anteproyectos de presupuestos de los años dos mil catorce, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, se solicitó se autorizara un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que tal Poder Legislativo hubiera autorizado los mismos.

6. A través del oficio CJEM/MCVCL/2194/2016, se remitió el anteproyecto de presupuestos de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El monto solicitado ascendió a la cantidad de $763,835,357.00 (setecientos sesenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.), requerido para hacer frente a las necesidades de operación y obligaciones de pago.

7. El presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Morelos, aun cuando esta autoridad consideró el incremento en el rubro de las pensiones jubilatorias, no fue autorizado ni asignado conforme se solicitó y la diversa autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, al emitir los decretos en los cuales aprueba las pensiones, se ciñe a decir que son con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin asignar el erario correspondiente, que permita hacer frente a las crecientes pensiones y a los incrementos de las mismas. De ahí que, el Poder Legislativo se entromete en las finanzas de este Poder, al señalar que debe darse el aumento a la pensión en función del salario mínimo, cuando en esa proporción no se aumentó el presupuesto; ello impone una carga de erogar un gasto respecto del cual no ha recibido el ingreso del recurso.

8. El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5484 el decreto número mil setecientos cincuenta y ocho a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.

TERCERO. Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez. El actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo, planteó los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

CUARTO. Trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil diecisiete(1), el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 157/2017; asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Posteriormente, en proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete(2), el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Secretario de Gobierno de la citada entidad; y finalmente ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO. Contestación de demanda del Poder Legislativo. Por escrito presentado el veinte de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos(3) formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.

En el escrito de contestación expuso argumentos para sostener la validez de las normas y decreto impugnados, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

Con la contestación se exhibieron copias certificadas de diversas documentales públicas y se ofreció la presuncional e instrumental de actuaciones.

SEXTO. Contestación a la demanda. Poder Ejecutivo y del Secretario de Gobierno. Por escritos depositados en la oficina de correos de la localidad el trece de julio de dos mil diecisiete, recibido el veinte siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) el Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, y este último por sí mismo dieron contestación a la demanda

En ellas, sostuvieron esencialmente iguales argumentos en relación con la validez del decreto y normas impugnadas, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

Con las contestaciones, se exhibieron diversas pruebas documentales públicas, y ofrecieron también la presuncional y la instrumental de actuaciones.

SÉPTIMO. Por contestada la demanda y señalamiento de fecha para celebración de audiencia. Por auto de ocho de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro Instructor tuvo por recibidos los oficios y anexos presentados por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, del Encargado de Despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador y del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, y de este último por sí mismo; además, tuvo por acreditada la personería para actuar en el presente asunto; por contestada la demanda, por designados a sus delegados; por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; desahogando el requerimiento al exhibir copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas; por ofrecidas las pruebas que acompaña a su escrito; se dio vista al actor y al Procurador General de la República, señalándose lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

OCTAVO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República no formuló opinión en el presente asunto.

NOVENO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 de la propia ley, se hizo relación de constancias, se tuvieron por exhibidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO. Returno del expediente y avocamiento en la Segunda Sala. Previo el dictamen de mérito, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

Consecuente, con ello, el quince de noviembre del propio año, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera al ponente para el dictado del proyecto correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo(5) y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6), se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:

“El decreto número mil setecientos cincuenta y ocho publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5484 de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos”.

TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.

El artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia(7) señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, mientras que para impugnar normas generales el plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada, o del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.

• Oportunidad respecto del decreto mil setecientos cincuenta y ocho.

En relación con el Decreto mencionado se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, esto es, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.

En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del viernes treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete al jueves dieciocho de mayo siguiente.

Ello, en el entendido que de conformidad con los artículos 2 y 3, fracción II de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional(8), en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(9) y con el punto primero, incisos a), b), h), y n), del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(10), en el cómputo citado deben descontarse los siguientes días inhábiles: uno, dos, ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril de dos mil diecisiete, así mismo, uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de la propia anualidad.

En estas condiciones, si la demanda se presentó el quince de mayo de dos mil diecisiete, su presentación resulta oportuna.

CUARTO. Legitimación activa. María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Morelos(11), está legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional(12), y 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos(13), así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”(14).

Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico al Poder Judicial de Morelos, corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.

QUINTO. Legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del Decreto impugnado; así como de las disposiciones cuya constitucionalidad se cuestiona.

Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero de la Ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del acta de sesión ordinaria de doce de octubre de dos mil dieciséis(15), y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(16).

En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió al juicio el Consejero Jurídico, representante legal del Gobernador de la entidad, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se publicó su nombramiento(17), cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 38, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos(18), en relación con los numerales 74 de la Constitución Política, 15 de la citada ley orgánica y 24 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, todos del Estado de Morelos, así como con el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 11 de junio de 2015.

La Secretaría de Gobierno local fue representada por su titular, Matías Quiroz Medina, quien justificó tal carácter con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de catorce de octubre de dos mil catorce, en el que se publicó su nombramiento(19).

Al respecto cabe destacar que los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos(20) y 21, fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado(21) facultan al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.

Conforme a lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.

SEXTO. Causales de improcedencia. Enseguida se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento hechas valer por las partes y las que se adviertan de oficio, al ser de estudio preferente.

Las autoridades demandadas adujeron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia(22), porque el Poder Judicial actor carece de interés legítimo para impugnar el Decreto de otorgamiento de pensión en cuestión, ya que a su parecer, éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.

Debe desestimarse dicha causa de improcedencia porque la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del Decreto por el cual se otorga una pensión a favor de un trabajador, es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99(23), de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.

Por otra parte, las autoridades demandadas hicieron valer como causa de improcedencia que la impugnación de resoluciones jurisdiccionales en la controversia constitucional constituye un motivo manifiesto de inejercitabilidad, de conformidad con la tesis de título y subtítulo: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.”(24)

Atento al contenido de dicha tesis y a fin de estudiar el planteamiento de improcedencia es pertinente traer a contexto lo establecido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.J. 77/98 y la tesis LXX/2004, de rubros: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.”(25) y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN.”(26)

Lo anterior, porque de su contenido válidamente pueden desprenderse elementos para establecer si efectivamente se está en el caso de actos relativos a una resolución jurisdiccional, o bien, si se trata de algún supuesto de excepción a la regla.

1) Son actos relativos a una resolución jurisdiccional.

a) Si aquel cuya invalidez se demanda se dictó por autoridad jurisdiccional.

b) Si le es atribuible.

c) Si se emitió en su cumplimiento.

2) Es un caso de excepción a la regla el acto relacionado con una resolución jurisdiccional, cuando se actualizan los supuestos siguientes:

a) Si en el cumplimiento se advierten datos relativos a la presunta invasión de la esfera competencial que el órgano accionante defiende en aras de preservar su ámbito de facultades; y además,

b) Sobre la materia de la controversia la determinación cuya invalidez se impugna se emitió en libertad de jurisdicción y ejercicio de facultades propias.

Para el caso que nos ocupa, esta Segunda Sala tiene como hecho notorio la resolución dictada el uno de julio de dos mil diecisiete, en el toca en revisión ********** deducido del juicio de amparo indirecto **********, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito(27), en la que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Magistrada **********, para el efecto de que su derecho a la obtención de una pensión por retiro se tramitara en términos de lo dispuesto en el Decreto novecientos treinta y ocho, y no se le aplicara el diverso Decreto dos mil catorce, ambos expedidos por el Congreso del Estado de Morelos.

Derivado de lo anterior, la Junta Política y de Gobierno de la LIII Legislatura del Estado de Morelos, emitió resolución en la cual estimó que la Magistrada tiene derecho a solicitar una pensión por jubilación conforme al procedimiento y condiciones previstas en el artículo octavo transitorio de la reforma a la Constitución local contenida en el Decreto novecientos treinta y ocho, de dieciséis de julio de dos mil ocho; y, por otro lado, que no se le debe aplicar lo dispuesto en el diverso dos mil catorce que impugnó en amparo.

Así, la Legislatura tuvo a bien expedir el Decreto mil setecientos cincuenta y ocho, mediante el cual otorgó pensión por jubilación a la citada Magistrada, disponiendo que sea cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones y jubilaciones. Decreto que constituye el acto impugnado en la presente controversia.

De ahí que, en principio, el acto impugnado no es una resolución jurisdiccional, tampoco sentencia de amparo ni su ejecución, sino un decreto legislativo en el cual se vio reflejado lo resuelto por la Junta Política antedicha, que dio cumplimiento a aquella ejecutoria de amparo; más aún, en la sentencia, únicamente se dispuso el derecho de la Magistrada, a solicitar su pensión por retiro, y que la determinación de ello se fundara en términos del Decreto novecientos treinta y ocho; sin embargo, el órgano legislativo, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales dispuso el otorgamiento y forma de pago de la pensión, a cargo de la partida presupuestal del Poder Judicial de la entidad, empero, el juzgador no ordenó lo atinente.

Tal determinación, pone de relieve la existencia de elementos relativos a la presunta invasión de esferas competenciales del Poder Judicial del estado y que hace valer en su demanda, bajo la perspectiva de que está disponiendo de su presupuesto.

Por tanto, esta Sala considera que en el caso concreto se actualiza la hipótesis de excepción antes puntualizada, ya que la sentencia no constriñó a dictar determinación en específico, sino que permitió libertad de jurisdicción.

En efecto, a virtud de la ejecutoria de amparo, la Junta Política de Gobierno emitió su dictamen y la Asamblea Legislativa, en uso de sus propias atribuciones pronunció el Decreto impugnado mil setecientos cincuenta y ocho; no se aprecia que en el juicio de amparo se hubiera ordenado al Poder Legislativo emitir el Decreto que es objeto de impugnación en la controversia constitucional; y, toda vez que en la especie, lo que se considera violatorio de la autonomía e independencia del actor es justamente esa determinación de fondo, en su calidad de poder estatal -legitimado para promover el medio de control constitucional de conformidad con el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal-, considerando que el acto viola su autonomía e independencia, debe estimarse procedente.

Al no advertir esta Segunda Sala la actualización de alguna causa de improcedencia ni que se hubiere hecho valer, procede el estudio de los conceptos de invalidez que se plantean.

SÉPTIMO. Estudio. El Poder actor sostiene en una parte de sus conceptos de invalidez que el Decreto impugnado viola la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.

Ello, aunado a que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así.

A fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al Poder Judicial actor, resulta necesario explicar la mecánica bajo la cual funciona el sistema de pensiones en Morelos.

• ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en el Estado de Morelos?

• ¿Cómo se distribuye la carga financiera para el pago de las pensiones en esa entidad federativa?

• ¿Ese sistema de pagos (reflejado en los decretos de pensión como el que aquí se impugna) respeta la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal?

En este contexto resulta pertinente precisar que desde el año de 1984, ante la preocupación que existía por parte del Gobierno del Estado de Morelos de otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar, se creó el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.(28)

Esa institución, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 de su ley, es un “organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos”, que tiene por objeto “procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales”.

El patrimonio del citado Instituto, de conformidad con el artículo 8 de su ley, se integra con: un fondo social permanente; las aportaciones ordinarias y extraordinarias que realicen los entes obligados(29); las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados; las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, salvo resolución judicial; un fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por cualquier título; los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en lo futuro adquiera o se adjudique el Instituto; los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan o constituyan a favor del Instituto, y con cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del Instituto.

Para el cumplimiento de sus fines, la ley respectiva establece:

En el artículo 6, que el Instituto para el cumplimiento de su objeto, de manera enunciativa mas no limitativa, tendrá como atribuciones:

“I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;

II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200291-d841d996/i-controversia-constitucional-autonomia-del-poder-judicial-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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