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Modo: Corpus Pro

SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA.

Tipo de asunto: QUEJA 63/94. · Registro digital (IUS): 2003
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MANUEL RODRIGUEZ GORDILLO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 1994, , Pág. 307.

RECURSO DE QUEJA 63/94. MANUEL RODRIGUEZ GORDILLO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios formulados son fundados.

El acto reclamado se hizo consistir en el siguiente: "De la ordenadora reclamo: La resolución dictada por la Junta de Almirantes de la Armada de México, en la que se pronuncia el fallo relativo al juicio número 016/93, seguido en contra del quejoso, por supuestas faltas graves, en la que se me impone la sanción de dos años en depósito, así como las consecuencias legales que se le pretendan dar a dicha resolución, por encontrarse éste viciado en su procedimiento y en flagrante violación a las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Carta Magna. De las ejecutoras, reclamo la ejecución del acto reclamado a la ordenadora, en debido cumplimiento a la resolución pronunciada por la ordenadora, con todas las consecuencias de hecho y derecho".

Ahora bien, el artículo 124 de la Ley de Amparo, señala:

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se cosiderará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneran la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El Juez de Distrito, al conceder la suspensión procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

Del precepto legal transcrito se infieren tanto los requisitos que deben satisfacerse para que proceda el otorgamiento de la suspensión a petición de parte como la improcedencia de la misma cuando se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo.

El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos. Estos argumentos fueron sostenidos por este órgano colegiado al resolver los incidentes de suspensión en revisión números 2203/93, 2393/93, 2463/93 y QA-XI-3/93, derivados de los juicios de amparo números 192/93, 292/93, 219/93 y 419/93, promovidos por Industrial e Inmobiliaria Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Clubes de Leones de la República Mexicana, Asociación Civil, Margarita Valencia Vda. de Torres y otra y Mercedes Lendizábal de Hernández y coagraviados, respectivamente, en sesiones de siete y veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, y cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de votos, bajo la ponencia del señor Magistrado Genaro David Góngora Pimentel.

La suspensión provisional tiene como efecto suspender la ejecución material del acto reclamado en tanto se resuelva sobre la definitiva, pero se hace improcedente cuando no existe ejecución que suspender.

En el caso concreto la sola emisión o dictado de la resolución administrativa que se reclama es un acto consumado y por ende es correcto que el Juez de Distrito haya negado la suspensión provisional, pero sólo en cuanto a su dictado.

Sin embargo, no es exacto que se niegue la suspensión provisional respecto de las consecuencias de dicha resolución, esto es en cuanto a la ejecución material, de la resolución impugnada que tiene como finalidad el depósito de dos años para el quejoso.

El depósito en materia militar en términos del artículo 68 de la Ley de Disciplina de la Armada de México consiste en lo siguiente:

"ARTICULO 68. El pase a depósito consiste en la permanencia en el activo, sin cargo y con pérdida de la antigüedad y los derechos escalafonarios hasta por el término de dos años en la unidad que disponga la superioridad."

La aplicación del depósito a miembros de la milicia se establece como un correctivo o sanción disciplinaria por infringirse un precepto reglamentario de las leyes militares, como se desprende de los artículos 48 y 49 de la Ley de Disciplina de la Armada de México, que establecen:

"ARTICULO 48. Todo el que infrinja un precepto reglamentario se hará acreedor a un correctivo disciplinario, de acuerdo con su jerarquía en la armada y la magnitud de su falta. Si constituye un delito, quedará el infractor sujeto al proceso correspondiente de acuerdo con el Código de Justicia."

"ARTICULO 49. Son infracciones a esta ley y se sancionarán disciplinariamente según la gravedad de la causa, las siguientes faltas:

I. Las conductas que afecten a la moral, a la disciplina, a la dignidad y al prestigio y buen nombre de la institución.

II. Los vicios de embriaguez y el uso de drogas y psicotrópicos.

III. Los juegos prohibidos por la ley.

IV. Las infracciones a los reglamentos o bandos de policía y buen gobierno.

V. La disolución escandalosa.

VI. La negligencia profesional no delictuosa.

VII. El incumplimiento de las deudas contraídas, siempre que afecten el prestigio de la Armada de México.

VIII. Las órdenes contrarias a las leyes y reglamentos de la Armada de México.

IX. Otras conductas contrarias a la disciplina naval."

Por otra parte, el artículo 30 de la ley citada, dispone:

"ARTICULO 30. El personal que se encuentre en situación de disposición o de depósito por resolución de organismo disciplinario competente, quedará sujeto a que se le nombren comisiones del servicio, de acuerdo a su grado o empleo y a cumplir con la rutina de la unidad en que se encuentre encuadrado no debiéndosele nombrar cargo alguno entre tanto."

Como puede advertirse de los artículos 30, 48, 49 y 68 de la Ley Disciplinaria de la Armada de México, el depósito implica en cierta forma y como sanción o castigo militar el confinamiento de la persona a un determinado lugar, sin que pueda gozar de los beneficios que le otorga la ley militar o reconocimiento, sino por el contrario le genera la pérdida de derechos ya obtenidos, como es la antigüedad, pues el que se le obligue a realizar actividades rutinarias, comisiones de servicio de acuerdo a su grado o empleo, la obligación de permanecer activo, sin ningún cargo y con la pérdida de la antigüedad y de los derechos escalafonarios hasta por el término de dos años en la unidad a la que sea asignado, constituyen actos que por el solo transcurso del tiempo van a traducirse en irreparables pues el depósito lo obligará a sujetarse a determinado lugar y actividad sin poder gozar de los beneficios que ya ha obtenido y que pudiera obtener conforme al ordenamiento militar aplicable, pues si bien materialmente pueden tener reparación, moralmente es irreparable la reparación del acto, al aplicársele un acto que pudiera resultar ilegal.

Por tanto, si el acto reclamado se hizo consistir en la ilegalidad de la resolución administrativa que dictó la Junta de Almirantes de la Armada de México en un diverso procedimiento seguido en contra del quejoso por supuestas faltas graves, porque en concepto del quejoso no se le dio la oportunidad de defenderse ante las propias responsables, imponiéndole dos años de depósito, basta considerar que la ejecución del acto reclamado implica la realización de actos que pueden deparar un perjuicio grave al quejoso, para que se otorgue la suspensión provisional; además, el hecho de que el dictado de la sentencia constituya un acto consumado, no implica que su ejecución deba estimarse consumada.

Luego entonces, si el depósito en cierta forma constituye la privación de ascensos, de antigüedad, de beneficios en favor del quejoso, es incuestionable que por la propia naturaleza del acto debe ser suspendible provisionalmente.

Ello no significa que el otorgamiento de la suspensión provisional en el caso concreto permita el incumplimiento de una orden militar, porque hay que destacar que la ejecución de la sentencia reclamada que dictó el órgano militar no deviene de un acto propio de la actividad, de protección o defensa que tiene encomendada la milicia, sino es sólo un acto interno que se originó ante la supuesta transgresión a disposiciones de leyes militares, es decir, constituye un medio correctivo que no impide el cumplimiento de las actividades militares.

Por ende, con mayor razón si se está reclamando la ilegalidad de la imposición de esa medida disciplinaria o correctiva no debe permitirse su ejecución hasta en tanto se determine la legalidad o ilegalidad de ésta.

Cabe advertir, que si bien no se exhibió la resolución impugnada porque argumenta el quejoso que materialmente no le fue entregada sino sólo notificada sin copia de la misma, no trae como consecuencia que su emisión y ejecución o consecuencias se tengan consumadas para que resulte improcedente la suspensión provisional, pues es suficiente que el juzgador atienda a las manifestaciones expresadas por el quejoso en su demanda de amparo de que existe el peligro inminente de que se ejecute un acto que por propia naturaleza ocasione perjuicios de difícil o imposible reparación para que proceda el otorgamiento de la suspensión provisional, siempre que no se contravenga el orden público y el interés social, ya que las manifestaciones que se contienen en la demanda de amparo y la apreciación de la naturaleza del acto reclamado son los únicos elementos con que cuenta el juzgador para resolver sobre la suspensión provisional, partiendo, incluso, del supuesto de que los actos reclamados son ciertos y que su ejecución es inminente, como se informa de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"SUSPENSION PROVISIONAL, PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.-Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo."; visible con el número 2a./J. 5/93, en la página 12 de la Gaceta número 68, correspondiente al mes de agosto de 1993, del Semanario Judicial de la Federación.

Así entonces, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, el artículo 130 de la Ley de Amparo, prevé la facultad discrecional al juzgador para que otorgue la suspensión provisional; esta facultad discrecional está condicionada a que proceda esa suspensión del acto reclamado en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, por ende, si se reclama no sólo el dictado o emisión de una resolución que requiere de ejecución material para su cumplimiento, sino también sus consecuencias, el juzgador atendiendo a esa facultad discrecional que le otorgó el legislador deberá distinguir entre la emisión y ejecución material del acto y determinar en cada supuesto si procede otorgar o no la suspensión provisional y no limitarse a considerar las consecuencias o ejecución del acto reclamado como un acto integrado a la emisión de la resolución controvertida, como sucedió en la especie, en que se limitó a negar la suspensión por estimar que el acto reclamado ya estaba consumado, cuando se reclamaron también sus consecuencias, es decir, su ejecución.

Por otra parte, el que el artículo 122 de la Ley de Amparo establezca que procede la suspensión de oficio o a petición de parte no significa que necesariamente deba otorgarse por la sola petición del quejoso, sino que para que prospere esa petición deberá cumplirse con los requisitos que señala el artículo 124 de la ley de la materia.

En el caso específico, le asiste la razón al recurrente, porque como ya se precisó con anterioridad atendiendo a que la ejecución del acto reclamado implica la pérdida de beneficios que ya obtuvo y de los que pudiera obtener un miembro de la fuerza naval, ello depara consecuencias de difícil reparación por el sólo transcurso del tiempo al sujetarlo a actos que lo limitan incluso en su libertad de actuación conforme al grado que como militar ostenta actualmente el quejoso y que le privan de beneficios adquiridos ante la presunción de la existencia de faltas graves, si lo que está reclamando es precisamente la ilegalidad que originó el procedimiento que se le siguió y la resolución que recayó al juicio administrativo número 016/93, por estimar ilegal el que se le imponga como sanción el depósito de dos años.

El argumento del recurrente en relación a la aplicación de la tesis de jurisprudencia que invocó el juzgador bajo la voz de "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE", es parcialmente fundado ya que su aplicación es inexacta en cuanto a las consecuencias o ejecución reclamada de la resolución administrativa, pero es infundado en cuanto se aplicó a la emisión o dictado de la misma, porque esta emisión sí reviste el carácter de acto consumado.

En las relacionadas condiciones al resultar fundados los agravios expuestos, procede modificar el auto recurrido quedando subsistente la negativa de la suspensión provisional en relación a la emisión dictada de la resolución reclamada, pero no así respecto de las consecuencias o ejecución de la misma, porque en contra de dichos actos sí procede conceder la suspensión provisional. Debiendo tomar el Juez Federal dentro del término de la vigencia de la suspensión provisional, las medidas que considere pertinentes, para impedir que el promovente del amparo se sustraiga del cumplimiento de la resolución de la Junta de Almirantes de la Armada de México, en caso de que fuera negada la suspensión definitiva que en su oportunidad se pronuncie.

No pasa desapercibido para este órgano revisor el criterio visible en la página 712, del Tomo I, Octava Epoca, que dice:

"SUSPENSION, NO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN MILITAR.-La fracción segunda del artículo 124 de la Ley de Amparo, medularmente dispone: que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público. Y se considera que sucede así cuando de concederse la suspensión provisional, se permita el incumplimiento de una orden militar ya que tanto los militares en servicio activo como los que se encuentran procesados o sentenciados, por el solo hecho de encontrarse enrolados dentro del sistema castrense tienen la obligación de acatar y cumplir las órdenes dirigidas tanto a unos como a otros, siempre y cuando éstas sean emitidas por una autoridad militar y enfocadas a satisfacer las necesidades primordiales del ejército."

Sin embargo, este criterio no es aplicable al caso concreto porque basta advertir que la resolución que se impugna no está enfocada a satisfacer una necesidad primordial del ejército, no obstante que haya sido emitida por una autoridad militar, ya que dicha resolución contiene la imposición de una sanción como medio correctivo o disciplinario y no la orden de cumplir con una necesidad del ejército o de los deberes que corresponden al grado del quejoso.

Estimar lo contrario y permitir que por el sólo hecho de ser un sujeto activo dentro de la armada de México, procesado o sentenciado, se niegue la suspensión del acto reclamado cuando se reclama la ilegalidad de la aplicación de normas militares implicaría consentir que las autoridades militares apliquen caprichosamente actos que pueden resultar ilegales o inconstitucionales, sin que tuviera oportunidad el quejoso de no sujetarse a determinados actos ante la imposición quizá indebida de sanciones, sino con posterioridad a su cumplimiento, lo que rompe con la figura de la suspensión que evita el que se realicen actos que por su presunta legalidad o ilegalidad puedan ocasionar perjuicios graves al promovente del amparo dada su ejecución.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en el artículo 99, fracción IV, Segunda Parte de la Ley de Amparo; se resuelve:

UNICO.-Es procedente y fundado el recurso de queja interpuesto.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Carlos Alfredo Soto Villaseñor, Genaro David Góngora Pimentel y Fernando Lanz Cárdenas, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.

Firman los ciudadanos Magistrados con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2003-c541ccff/suspension-preservar-la-materia-del-juicio-es-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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