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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ANALIZA LA OBJECIÓN A LA PERSONALIDAD DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR SER UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO.

Tipo de asunto: QUEJA 65/2006. · Registro digital (IUS): 20083
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MAURICIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 1808.

QUEJA 65/2006. MAURICIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Es conveniente, en principio, establecer que el auto impugnado donde se analiza la personalidad de la autoridad responsable, sí es recurrible en queja en atención a las siguientes consideraciones.

Primero, porque es una cuestión de previo y especial pronunciamiento de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Amparo, que establece que los incidentes que por su naturaleza sean de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de sustanciación; lo cual implica que tal cuestión debe quedar dilucidada totalmente antes de dictar sentencia en el juicio de amparo, puesto que para este efecto, deben quedar satisfechos todos los presupuestos procesales, incluso en el amparo, donde la demanda correspondiente se equipara a una demanda ordinaria, y el informe que rinde la responsable, equivale a la contestación de una demanda.

Lo anterior es así, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, que debe ser enmendado en el amparo indirecto (aquí sería la queja).

También ha afirmado la Corte que la resolución de personalidad "no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva". Tales razonamientos se encuentran en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del Tomo XIII, enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." (Lo subrayado es propio).

Consecuentemente, el punto central es que las cuestiones de personalidad son de previo y especial pronunciamiento, y como lo dijo la Corte generan perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, con lo cual se satisface la exigencia de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, pues el punto cuestionado es de naturaleza trascendental y grave, pudiendo causar daño al quejoso no reparable en sentencia definitiva; lo anterior porque como el Juez ya emitió su opinión de reconocerle personalidad a la autoridad responsable, en la sentencia ya no podría dar marcha atrás.

QUINTO. El recurso de queja resulta infundado.

Ciertamente, es infundado el agravio donde el recurrente, sustancialmente sostiene que el Juez de Distrito debió admitir el incidente y sustanciarlo conforme a derecho y no de entrada negar su admisión.

A efecto de dilucidar el tema, debe tenerse presente que en la especie, el quejoso (aquí recurrente), durante la sustanciación del juicio de amparo indirecto interpuso incidente de falta de personalidad como sigue (folio 118 del expediente de queja):

"Asimismo en vía incidental promuevo incidente de falta de personalidad del presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en virtud de que la constancia que acompaña para acreditar su carácter, no es la idónea, en virtud de que de la misma no se desprende que en sesión ordinaria o extraordinaria se le haya nombrado presidente del consejo, ya que de la constancia que se acompaña solamente se advierte una sesión extraordinaria en la que se toma constancia de los dos nuevos consejeros nombrados, pero no se advierte que el presidente del consejo haya sido nombrado como tal, y para demostrar este incidente de falta de personalidad, se ofrece como prueba la propia constancia acompañada por la autoridad correspondiente, solicitando que se admita esta incidencia y se orden (sic) sustanciar conforme a derecho."

Al respecto, el Juez Federal, en el auto recurrido, desechó de plano, por notoriamente frívolo, el incidente planteado bajo las siguientes consideraciones medulares:

1) El incidente se promovió contra Celso Rodríguez González, en razón de que al rendir su informe se ostentó como presidente y representante del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por lo que al haberse hecho presente con el carácter de autoridad pública, éste no representaba a alguna persona, sino que encarnaba a la propia autoridad en ejercicio de sus funciones.

2) De esa forma, en el caso planteado, debe prevalecer -salvo prueba en contrario- la presunción legal de que los documentos públicos se demuestran con la existencia de sellos, firmas u otros signos exteriores, los que harán fe en juicio sin necesidad de legalización.

3) Al corresponder al informe justificado la calidad de documento público, dado que contiene membrete, un ícono, sello y formato de carácter oficial, debe creerse que la persona que lo firma y ostenta el cargo público era en realidad el presidente del Consejo General del Poder Judicial del Estado, por así desprenderse del mismo documento.

4) Según el artículo 19 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables que se materializan a través de personas físicas, no tienen necesidad de acreditar su calidad de autoridad.

De lo expuesto se advierte que el Juez Federal resolvió de plano el fondo del incidente planteado, en tanto indicó las razones por las que estimaba que el documento consistente en el informe justificado, era apto para acreditar el carácter de la autoridad responsable, ya que se trataba de un documento público, con membrete, un ícono, sello y formato de carácter oficial, por lo que debía creerse que la persona que lo firma y ostenta el cargo público, en realidad era el presidente del Consejo General del Poder Judicial del Estado.

Asimismo, agregó que según el artículo 19 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables que se materializaban a través de personas físicas, no tenían necesidad de acreditar su calidad de autoridad.

En esas condiciones, se advierte que el Juez, en realidad, resolvió el fondo del incidente planteado, y en esa medida, resultaría ocioso ordenar que admitiera el incidente y se sustanciara, pues eventualmente, el Juez Federal llegaría a la misma conclusión, en el sentido de que del documento público consistente en el informe justificado se advierte el carácter de quien comparece como autoridad responsable, y que las autoridades responsables no están obligadas a acreditar su carácter.

Además, es correcto que el Juez de Distrito hubiera resuelto de plano el fondo del incidente planteado, sin dar trámite al incidente, pues la objeción se hizo atendiendo al documento exhibido (informe justificado), razón por la que no era necesaria prueba especial para evidenciar tal objeción.

En diverso aspecto, es infundado el agravio donde se alega que el Juez de Distrito perdió de vista que el incidente de falta de personalidad no se planteó objetando el documento que exhibió Celso Rodríguez González en cuanto a su autenticidad, sino que el incidente se interpuso en el sentido de que Celso Rodríguez González expresó en su escrito, que acreditaba que era presidente y representante del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco con el documento que acompañaba, y en el caso, del texto del documento, se advertía que no se decía nada en relación a su representación; por lo que lo que se expresaba en el informe no coincidía con el contenido del documento.

Lo incorrecto de tal argumento, atiende a que, contrario a lo aseverado por el inconforme, el Juez de Distrito no perdió de vista lo alegado en el incidente en el sentido de que del texto del documento objetado no se advertía que Celso Rodríguez González dijera algo en relación a su representación.

En efecto, en cuanto a ello, el juzgador indicó precisamente que Celso Rodríguez González, al rendir su informe, se ostentó como presidente y representante del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y que tal manifestación debía prevalecer -salvo prueba en contrario- dado que la presunción legal de los documentos públicos se demostraba con la existencia de sellos, firmas u otros signos exteriores, los que harán fe en juicio sin necesidad de legalización.

Es decir, el Juez Federal sí dio contestación a la forma en que fue planteado el incidente, pues indicó las razones por las que estimaba que lo manifestado por Celso Rodríguez González, en el sentido de que era presidente y representante del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, debía prevalecer dada la presunción legal de los documentos públicos, como es el informe justificado.

A mayor abundamiento, el argumento planteado deviene ineficaz, toda vez que no controvierte la totalidad de las consideraciones que fundan el acuerdo recurrido.

Ciertamente, el Juez Federal también indicó que según el artículo 19 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables que se materializaban a través de personas físicas, no tenían necesidad de acreditar su calidad de autoridad, sin que tal fundamento del acuerdo atacado hubiere sido controvertido por el recurrente; razón por la que el agravio en estudio resulta jurídicamente ineficaz, pues tal razonamiento del Juez Federal que da sustento al fallo atacado, subsiste por falta de impugnación.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 3a./J.30 13/89, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23, del Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que precisa:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."

Es infundado el agravio planteado en el sentido de que la tesis que invocó el juzgador no tiene aplicabilidad porque es una tesis emitida por otro Tribunal Colegiado de un circuito distinto, y de conformidad con los artículos 192 al 196 de la Ley de Amparo, no tiene fuerza definitiva, además de que dicha tesis no establece categóricamente lo que alude el Juez en su motivación.

La tesis aislada a que se refiere el recurrente es consultable en la página 728, del Tomo X, agosto de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, cuyos rubro y texto dicen:

"AUTORIDADES RESPONSABLES. NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR EL CARÁCTER CON EL QUE COMPARECEN AL JUICIO DE AMPARO. No existe en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, precepto legal alguno que imponga como obligación a las autoridades responsables el acreditamiento expreso del carácter con el que comparezcan en el juicio de garantías; pues inclusive, el artículo 19 de dicha ley establece la no representación de las autoridades responsables en los juicios de amparo, con la excepción que ahí se señala referente al titular del Poder Ejecutivo de la Unión, y los diversos 131 y 149 de la ley en comento imponen la obligación a las autoridades de rendir sus respectivos informes previos y con justificación, haciéndolo con la oportunidad que ahí se señala y acompañando en su caso las constancias que estimen conducentes para defender la constitucionalidad del acto reclamado, pero en manera alguna exigen el acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúan."

Lo infundado de tales argumentos, atiende a que si bien el criterio de que se trata es una tesis aislada que no tiene el carácter de obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, nada impide que el Juez de Distrito la mencione en su resolución, pues su cita se hace en apoyo a los argumentos contenidos en su resolución, lo cual no solamente es correcto, sino conveniente, a fin de poner de manifiesto a las partes que su determinación es conforme con un criterio emitido por un Tribunal Colegiado. Es decir, lo que importa es lo considerado por el Juez, pues la cita de la tesis solamente se hace en apoyo a tal fundamento del fallo.

Además, la circunstancia de que la tesis aislada pertenezca al índice de un Tribunal Colegiado de un circuito distinto, no impide que el Juez la cite para apoyar su resolución, pues la tesis, en caso de compartirse su criterio, es aplicable en toda la República ya que interpretó la Ley de Amparo, y no una legislación local o estatal.

Sirve de apoyo la tesis que se comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 291, del Tomo VIII, octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:

"TESIS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUE NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA, PUEDEN SER APLICADAS POR UN JUEZ DE DISTRITO AUN CUANDO SE ENCUENTRE EN CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DISTINTA A LA DEL TRIBUNAL COLEGIADO QUE LAS SUSTENTÓ. El hecho de que una tesis que no constituye jurisprudencia sustentada por un Tribunal Colegiado de Circuito con jurisdicción territorial diferente a la en que se encuentre domiciliado el Juzgado de Distrito que la invoca y transcribe en su asunto impugnado, no impide su aplicación, toda vez que si la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito es de aplicación obligatoria para todos los Jueces de Distrito, en los términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, por analogía, las tesis que no forman jurisprudencia pueden ser aplicadas por los Jueces de Distrito, independientemente de la circunscripción de una y otra autoridad, si estima que es aplicable al caso concreto en particular, se entiende siempre que no sea contrario con una tesis de su propio circuito."

Es también aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 344, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:

"SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA. Cuando en una sentencia se cita y transcribe un precedente o una tesis de jurisprudencia, como apoyo de lo que se está resolviendo, el Juez propiamente hace suyos los argumentos de esa tesis que resultan aplicables al caso que se resuelve, sin que se requiera que lo explicite, pues resulta obvio que al fundarse en la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en ella."

Es también infundada la parte del agravio en estudio donde el recurrente alega que la tesis citada por el Juez no establece categóricamente lo que alude el Juez en su motivación.

Lo infundado de tal argumento obedece a que, contrario a lo aducido, la tesis sí establece lo aludido por el Juez Federal, pues como se lee del acuerdo recurrido (folio 131 vuelta), el juzgador indicó que: "... según el artículo 19 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables que se materializan a través de personas físicas, no tienen necesidad de acreditar su calidad de autoridad que dicen tener ..."; de lo que se advierte que el Juez sí consideró que las autoridades responsables que se materializaban a través de personas físicas no tenían necesidad de acreditar la calidad que decían tener, y la cita de la tesis sólo fue en apoyo a tal argumento.

En las relatadas condiciones, ante la ineficacia de los agravios planteados, lo procedente es declarar infundado el recurso de queja.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de queja.

Notifíquese; anótese en el registro, envíese testimonio de esta resolución al Juez de Distrito y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados presidente Julio Ramos Salas y Hugo Gómez Ávila, quien fue el ponente. Vota en contra el Magistrado Jorge Alfonso Álvarez Escoto.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20083-2d6a7f4d/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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