AMPARO CONTRA LEYES. CORRESPONDE AL JUZGADOR, Y NO AL QUEJOSO, ALLEGARSE DE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO, SI SE IMPUGNA POR VICIOS PROPIOS EL PROCESO LEGISLATIVO.
QUEJA 20/2005. JULIO CÉSAR HERRERA ORTIZ Y OTROS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son infundados en parte y, en otra fundados los agravios que hace valer la parte recurrente, según se pasa a exponer.
Para arribar a tal conclusión, es pertinente relatar algunos de los antecedentes que derivan del juicio de garantías número 146/2005, del que emana el auto recurrido, a los que se concede pleno valor jurídico en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, principalmente de los hechos o antecedentes de la demanda de amparo, dentro de los que resaltan.
Por escrito de dos de febrero de dos mil cinco, Julio César Herrera Ortiz y Adriana María Vallejo González, promovieron juicio de amparo indirecto contra los actos del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades.
Del examen integral de la demanda de amparo de que se trata, permite concluir que como actos reclamados, los quejosos, ahora recurrentes, precisaron.
I. La discusión, aprobación y expedición del decreto que reformó, adicionó, derogó y estableció diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo, en específico la reforma a los artículos 113 y 177 y la vigencia del diverso ordinal 2o., fracción I, incisos e) y h), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro.
II. Las diversas etapas del proceso legislativo que dio origen al citado decreto; y,
III. La promulgación, refrendo y publicación del decreto.
De esa demanda de garantías, por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, cuyo titular, mediante auto de cuatro de febrero del año en curso, la admitió a trámite, registrándola bajo el número de amparo 146/2005.
Mediante escrito de siete de abril del presente año, Carlos Alberto Ávila Muñoz en su carácter de autorizado de los quejosos en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, acudió ante el Juez Federal manifestando que en virtud de que las autoridades responsables, Cámaras de Senadores y Diputados, director del Diario Oficial de la Federación y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todos con residencia en México, Distrito Federal, habían rendido sus informes justificados, reconociendo la existencia de los actos legislativos reclamados, que por eso, con fundamento en el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, solicitaba se requiriera a las citadas responsables para que remitieran copia certificada de las constancias relativas al proceso legislativo que dio origen al decreto que reformó, adicionó, derogó y estableció diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, en específico lo relativo al artículo 2o., fracción I, incisos e) y h), del ordenamiento señalado en primer término.
Por proveído de ocho de abril de dos mil cinco, el Juez Federal determinó que no había lugar a acordar de conformidad su petición por los motivos ahí indicados.
Inconforme con esa determinación, la parte quejosa, hoy recurrente, interpuso el presente medio de impugnación en el que aduce como agravios, en síntesis, lo siguiente.
1. Que el artículo 152 de la Ley de Amparo no establece como obligación de la parte quejosa el solicitar ante los funcionarios o autoridades le expidan las copias o documentos que solicite y que pretenda ofrecer como prueba en el juicio de amparo, ya que para los quejosos, tal disposición prevé un derecho procesal, en cambio, agrega que para las autoridades representa una obligación ineludible el otorgar las copias o documentos solicitados por el inconforme; asimismo, para los Jueces de Distrito también es imperativo el obligar a las citadas autoridades para que otorguen las copias o documentos solicitados.
2. Que en ningún caso el derecho que el artículo 152 de la Ley de Amparo otorga a los quejosos es condición o requisito previo para que los Jueces de Distrito, cumplan con la obligación que les impone el artículo 78, último párrafo, de la ley de la materia.
3. Que el acuerdo recurrido viola el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho numeral dispone que el Juez de amparo "deberá" recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.
4. Que si bien las constancias que solicitó al Juez de Distrito requiera a las autoridades responsables no son pruebas rendidas ante éstas, pero las mismas constituyen actos emitidos dentro de un proceso legislativo, que son necesarias para resolver el fondo del asunto, las cuales constituyen "actuaciones procesales", dado que derivan de un proceso legislativo, invocando de apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE AGREGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."
5. Que atendiendo a lo anterior, no debe quedar al libre arbitrio del Juez Federal, la facultad de requerir o no las constancias que constituyen los antecedentes del proceso legislativo de donde emanan los actos reclamados, puesto que debe tenerse en cuenta que del contenido del escrito inicial de demanda de garantías, se advierte que se atribuyeron vicios propios al citado proceso legislativo, de ahí que las actuaciones procesales que se solicitó al Juez de Distrito recabara oficiosamente, guardan estrecha vinculación con el acto reclamado, de tal forma que de no tenerse a la vista, sería imposible resolver conforme a derecho la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado (proceso legislativo).
6. Que los dictámenes de las Cámaras de Diputados y Senadores, las actas de sesión de asamblea y las versiones estenográficas, constituyen los actos del proceso legislativo de donde surgió el decreto señalado como acto reclamado, de tal suerte que de su contenido el Juez de Distrito podrá conocer la verdad material sobre la verdad formal, principio que inspiró al legislador al reformar el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo.
7. Que el acuerdo recurrido también viola el diverso artículo 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que de su contenido se advierte que es una obligación ineludible de las autoridades responsables el acompañar a sus informes justificados copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.
8. Que las Cámaras de Senadores y Diputados, el director del Diario Oficial de la Federación y el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todos con residencia en México, Distrito Federal, rindieron su informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado; que por ello, al margen de la aplicación del artículo 78 de la Ley de Amparo, conforme al diverso numeral 149 de la ley en cita, es obligación del Juez de Distrito requerirles a dichas autoridades remitan las constancias con que apoyen sus respectivos informes justificados.
Son infundados los motivos de inconformidad identificados en esta ejecutoria con los números 1 y 2, tras atenderlos de manera aislada, no sistemática como más adelante se destacará; en ellos, la parte recurrente básicamente refiere lo siguiente:
a) Que el artículo 152 de la Ley de Amparo, no impone la obligación a la parte quejosa de solicitar ante los funcionarios o autoridades, le expidan las copias o documentos que se pretendan ofrecer en el juicio de amparo, sino que únicamente prevé un derecho procesal para el agraviado;
b) Que para las autoridades responsables y Jueces de Distrito, sí es imperativo obligar a las autoridades que otorguen las copias o documentos que se solicitan;
c) Que el derecho que otorga a los quejosos el artículo 152 de la Ley de Amparo, no es condición o requisito previo para que los Jueces de Distrito cumplan con la obligación que les impone el artículo 78, último párrafo, de la ley en cita.
Lo anterior es así, por las consideraciones siguientes:
En efecto, el artículo 152 de la Ley de Amparo, prescribe lo siguiente:
"Artículo 152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligación, la parte interesada solicitará del Juez que requiera a los omisos. El Juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el Juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.
"Al interesado que informe al Juez que se le ha denegado una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario.
"Cuando se trate de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales, a instancia de cualquiera de las partes."
Basta imponerse del contenido literal del precepto transcrito, para advertir que a fin de que el Juez de Distrito pueda formular requerimiento a los funcionarios o autoridades para que expida las copias o documentos solicitados por las partes, es necesario: a) que el promovente acredite que formuló la solicitud expresa ante la autoridad o funcionario; y b) que exista negativa expresa de dicha autoridad o funcionario o, en su caso, que se demuestre por parte de éstas una conducta omisiva en la expedición de lo solicitado.
Bajo la anterior tesitura, contrario a lo aducido por la parte recurrente, el artículo en comento sí impone la obligación a las partes en juicio (quejoso o tercero perjudicado), de cumplir previamente con los extremos que al efecto prevé, a fin de que el Juez de Distrito esté en aptitud legal de desplegar su actuación y requerir a la autoridad o funcionario omiso, que puede ser o no autoridad responsable en el juicio de amparo de que se trate, para que con la debida oportunidad, expida las copias o documentos que se les hubiere solicitado, pues es a las partes a quienes por regla general corresponde allegar a juicio los elementos de convicción que pretendan ofrecer y no al a quo.
Sirve de apoyo, por su idea jurídica, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DIFERIMIENTO POR FALTA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS AUTORIDADES. DEBE SOLICITARSE POR PARTE INTERESADA. Cuando los funcionarios o autoridades sean omisos en expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ofrecerlas como pruebas en un juicio constitucional, sólo a solicitud de éstas el Juez Federal, con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo, requerirá a las autoridades respectivas para que con la debida oportunidad expidan las copias o documentos que se les hubieren solicitado, pues es a las partes a quienes corresponde allegar al juicio los elementos de convicción que pretenden ofrecer y no al a quo, quien únicamente podrá hacerlo de oficio cuando se trate de personas protegidas por la suplencia de la queja deficiente."
Sin embargo, esta disposición no aplica si las pruebas que las partes pretendan allegar al sumario constitucional, son aquellas que en términos de los artículos 78, último párrafo y 149, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado de manera oficiosa a recabar para estar en aptitud legal de fallar el juicio, entonces en estos casos debe estimarse que no será obligatorio para las partes demostrar la previa solicitud a la autoridad y que ésta se negó a expedir las constancias respectivas, para pedir al Juez Federal que sea él quien requiera a las omisas la entrega de las copias o documentos que se aportarán como pruebas al juicio, merced a la obligación comentada que pesa sobre el Juez a quo.
En consecuencia, lo desacertado del planteamiento hecho por los inconformes se circunscribe a la naturaleza adjetiva contenida en el artículo 152 de la Ley de Amparo, pues es inexacto que, cuando se esté en su supuesto, no contenga un deber o carga procesal hacia el quejoso, porque si pretende probar un hecho o desvirtuar, verbigracia, el informe justificado negativo, tiene el deber procesal de solicitar, primero ante la autoridad, la expedición de copias y ante la negativa u omisión, acudir entonces ante el Juez Federal para que éste obligue a la autoridad contumaz a entregárselas.
Dicho en otras palabras, tras una interpretación sistemática y armónica de los artículos 79, último párrafo, 149, párrafo segundo y 152 de la Ley de Amparo, es dable concluir que contrario a lo alegado por la parte recurrente, el precepto citado en último término no confiere a las partes en el juicio de garantías una facultad potestativa en el sentido de cumplir o no con los parámetros que establece, sino que impone una obligación, y ésta ocurre cuando corresponde a las partes la carga de la prueba, por ejemplo, en los supuestos del artículo 149, párrafo tercero, de la ley en cita, esto es, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación quedará a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, hipótesis en la que el Juez de Distrito no está obligado a recabar de manera oficiosa tales elementos de prueba, de tal forma que si el inconforme pretende aportar pruebas para acreditar la inconstitucionalidad del acto respectivo, es entonces cuando nace su obligación de cumplir con lo preceptuado por el artículo 152 de la Ley de Amparo, pues no podrá solicitar al Juez Federal las recabe de oficio, en términos de los citados artículos 78, último párrafo y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
Sin embargo, cuando las constancias o documentos que se pretenden aportar como pruebas a juicio, son de las que el Juez de Distrito está obligado a recabar de oficio, entonces no será necesario que las partes cumplan con las exigencias del artículo 152 de la Ley de Amparo.
Así las cosas, el artículo en cita, por regla general, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, sí impone una obligación, salvo los casos de excepción comentados entre otros.
De ahí lo infundado de los motivos de inconformidad marcados con los números 1 y 2 de la presente ejecutoria.
En cambio, son fundados los restantes agravios identificados en el presente fallo, marcados con los números 3 a 8, los cuales se analizan en su conjunto dada su estrecha vinculación, en los que en resumen se manifiesta que las constancias que solicitó al Juez Federal, requiriera a las autoridades responsables que indica, están comprendidas en las que éste debe recabar de oficio en términos del artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, exponiendo las razones suficientes jurídicamente en cuanto a la causa de pedir.
Para arribar a la anterior determinación, resulta imprescindible acotar lo dispuesto por el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, que señala:
"El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."
Como se ve, el transcrito artículo establece que el Juez de amparo "deberá" recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante las responsables no obren en autos y "estime necesarias" para resolver el asunto.
Como preámbulo, es necesario plasmar el alcance interpretativo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó darle al último párrafo del precepto legal transcrito, al resolver la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia que más adelante se invocará.
En efecto, en el paquete de reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se propuso que debía sustituirse de la disposición reglamentaria en comento la palabra "podrá" por "deberá".
Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que al haberse impuesto al juzgador la obligación de recabar de oficio las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos, pero se estimen necesarias para la solución del asunto, la intención que tuvo el legislador al dejar abierta esta última estimativa, se encausó a respetar esa apreciación subjetiva propia del arbitrio judicial, pero sujeta a la condición de que las pruebas no obrasen en autos y, principalmente, que reunieran esa circunstancia de necesidad para resolver el asunto.
Agregó el Pleno del Máximo Tribunal del país, que el propósito de la reforma era congruente con el principio contenido en el artículo 17 constitucional, en cuanto a que con ello se alcanzarían los objetivos de la impartición expedita de la justicia, haciéndose del juicio de amparo un medio de control constitucional más eficaz, conforme a lo cual se brindaría al gobernado una mejor aplicación a la justicia, que al hacer tal apreciación subjetiva, el juzgador está obligado a tomar en cuenta otros elementos objetivos que le permitan llegar al conocimiento real y verdadero sobre si la prueba es necesaria para la solución del asunto.
Destacó que para lograr el anterior propósito es necesario examinar lo siguiente:
a) Si la prueba fue rendida ante la responsable;
b) Que dicha prueba no obre en autos; y,
c) A qué grado es necesario tenerla a la vista.
El Pleno de la Corte señaló que la última apreciación subjetiva (a qué grado es necesario tenerla a la vista), presentaba varias dificultades en tanto que con ello se deja al arbitrio del juzgador el calificar la circunstancia de la necesidad de la prueba y, por consiguiente, de allegarla o no oficiosamente al juicio, pero que atendiendo a la connotación del adjetivo "necesario", tal expresión se traduce en "lo que es menester indispensable o hace falta para un fin", teniendo el vocablo diversas sinonimias, entre otras, la de ser: forzoso, obligatorio, imperioso, inexcusable, indispensable, imprescindible, esencial y vital; que conforme a esto, por pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, deben entenderse todos aquellos elementos de convicción que son imperiosos, indispensables y vitales para un fin.
Enfatizó, el Pleno del referido Tribunal, que la calificación de necesidad de una prueba debía hacerse atendiendo a la estrecha vinculación que la misma tiene con el acto reclamado, de tal forma que de no tenerse a la vista ese medio de convicción, el juzgador se encuentre en una imposibilidad jurídica de hacer el pronunciamiento correspondiente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues agregó que de no ser así, se propiciaría que se deje a la apreciación subjetiva de los Jueces de Distrito resolver que en determinado caso no procede cumplir con esa obligación que expresamente impone la ley, a pesar de advertir que la prueba obra ante la responsable pero no fue remitida, bajo el pretexto de que su proceder lo avala lo preceptuado por el artículo 149 de la Ley de Amparo, conforme a lo cual se decidiría que la calificación de necesidad de una prueba, para allegarla de oficio al juicio, sería una potestad, desvirtuándose una obligación que solamente corresponde a los Jueces de Distrito, en términos de la modificación al tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que atenúa el principio general contenido en el diverso tercer párrafo del numeral 149 del citado ordenamiento relativo a que corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones que deduzcan en los juicios de garantías.
También el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que era necesario abordar otro aspecto fundamental relacionado con el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, relativo a si dentro de la connotación de "pruebas rendidas ante la responsable", debían comprenderse las "actuaciones procesales" y, por ende, si respecto de éstas subsistía para el juzgador la obligación del acopio oficioso de pruebas.
Y al respecto señaló que, en congruencia con la finalidad perseguida con la reforma al tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, debía estimarse que al referirse literalmente a "pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto", la intención del legislador no fue otra que la de imponer al juzgador la obligación de recabar, indistintamente, todos aquellos elementos de convicción, pruebas y actuaciones necesarias para emitir un fallo encaminado a alcanzar ese ideal de equidad y justicia.
Finalmente, el Pleno del más Alto Tribunal del país, en lo que aquí interesa, analizó otro aspecto fundamental, pues señaló que el segundo y tercer párrafos del artículo 149 de la Ley de Amparo, preceptúan:
"Artículo 149 ... Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.
"Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."
Al respecto, señaló que tomando en cuenta el propósito que tuvo el legislador en la modificación del tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, se encaminó a atenuar el principio que conforme al tercer párrafo del diverso numeral 149, generalmente se había venido sustentando, en el sentido de que correspondía exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones que se dedujeron en los juicios de garantías, agregó, que dicha innovación vino a despejar toda duda, relación con los casos en que corresponde al quejoso la carga de probar y aquellos en que el Juez de Distrito debe proceder al acopio oficioso de pruebas, pues puntualizó que la primera hipótesis no dejaba lugar a dudas de los casos en que correspondía al quejoso la carga de la prueba a que se refiere el tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo.
Tal supuesto indicó se actualiza cuando la autoridad es omisa en rendir dicho informe, entonces corresponde al quejoso la carga de la prueba, puesto que dicho supuesto no puede quedar contemplado en la obligación que el artículo 78 de la Ley de Amparo, impone al Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas; en cambio, sostuvo que la obligación de la autoridad responsable de recabar pruebas de oficio, se refiere a la hipótesis contemplada en el párrafo segundo del artículo 149 de la invocada ley, cuando la autoridad acepta la existencia del acto reclamado.
Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:
"PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra ‘podrá’ por ‘deberá’, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquellas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."
Atendiendo a las anteriores razones que plasmó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria de referencia, es posible advertir que puntualizó y explicó tres vertientes fundamentales que deben ser atendidas para poder determinar, en qué supuestos corresponde a los Jueces de Distrito la obligación directa de recabar de manera oficiosa los documentos o constancias, a saber:
A) El Juez de amparo deberá recabar pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime "necesarias" para la resolución del asunto, debiendo entender dicha necesidad, como la estrecha vinculación que la misma tiene con el acto reclamado, de modo tal que de no tenerse a la vista ese medio de convicción, el juzgador se encuentre en una imposibilidad jurídica de hacer el pronunciamiento correspondiente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclame.
B) Que el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, al referirse literalmente a "pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto" debe entenderse como la obligación que se impone al juzgador, de recabar, indistintamente, todos aquellos elementos de convicción, pruebas y actuaciones necesarias para emitir un fallo; y,
C) Que el Juez Federal está obligado a recabar pruebas de oficio, cuando se esté en la hipótesis contemplada en el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, cuando la autoridad acepta la existencia del acto reclamado, enviando al efecto diversas constancias para apoyar la legalidad del mismo, omitiendo remitir entre las mismas la relativa al acto reclamado, entonces surge la obligación del Juez de Distrito.
Tales supuestos, como bien lo alega la parte recurrente a través de los agravios que se ilustraron en esta ejecutoria con los números 3 a 8, se encuentran plenamente satisfechos, motivo por el cual, como bien lo arguye ésta, el Juez a quo no debió imponerle la carga probatoria que dispone el artículo 152 de la Ley de Amparo, por existir una excepción a esta regla, atendiendo a que las documentales que solicitó fueron requeridas a las autoridades responsables son las que el Juez de Distrito está obligado a recabar de oficio, en términos del tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, según se pasa a demostrar.
En efecto, como lo alega la parte recurrente, del contexto integral de la demanda de garantías, se advierte que señaló como actos reclamados los siguientes:
I. La discusión, aprobación y expedición del decreto que reformó, adicionó, derogó y estableció diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo, en específico la reforma a los artículos 113 y 177 y la vigencia del diverso ordinal 2o., fracción I, incisos e) y h), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro.
II. Las diversas etapas del proceso legislativo que dieron origen al citado decreto; y,
III. La promulgación, refrendo y publicación del decreto.
Y en lo que aquí interesa, por ilustrativo al punto, resulta pertinente transcribir los puntos 1.3, 2.3, y 6 a 12 del apartado de "actos reclamados" de la demanda constitucional:
"1.3. Específicamente le reclamamos a la Cámara de Senadores, como parte del proceso legislativo de donde surgió el decreto antes mencionado, la discusión y aprobación del dictamen de 10 de noviembre de 2004 que fue sometido a su consideración por parte de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de ese mismo órgano legislativo, por virtud del cual se reformaron los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se creó el artículo segundo, fracció
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20115-d070883f/amparo-contra-leyes-corresponde-al-juzgador-y-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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