DOCUMENTOS INDUBITADOS PARA EL COTEJO DE FIRMAS EN PERICIAL GRAFOSCÓPICA DEL JUICIO DE AMPARO. DEBEN TENERSE COMO TALES LOS DESCRITOS LIMITATIVAMENTE EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE AMPARO.
QUEJA 53/2007. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Es infundada la queja interpuesta contra el auto de cuatro de diciembre de dos mil siete, dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, en los autos del juicio de amparo 2658/2007.
La parte conducente del proveído impugnado se refiere a la negación de proveer de conformidad la solicitud de requerir al Juez Primero de lo Civil para que remita al Juzgado de Distrito de mérito la cédula profesional del quejoso, aquí recurrente, José Luis Jiménez Vázquez, a fin de tomarla como elemento de comparación en el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía, grafometría y documentoscopía por él ofrecida, bajo la consideración de que el Juez Federal no tiene la certeza de que la firma estampada en dicho documento haya sido plasmada por el nombrado quejoso y, por lo mismo, que sea apto para el desahogo de la prueba pericial citada.
Contra lo anterior, el agraviado esgrime básicamente los siguientes argumentos:
a) La prueba pericial fue ofrecida en tiempo y forma.
b) El Juez de Distrito no tiene facultades para variar el cuestionario propuesto por el oferente de la prueba pericial para su desahogo, ni modificar o cambiar los documentos que contienen las firmas señaladas como indubitables que servirán como elemento de comparación.
c) En forma indebida el Juez Federal prejuzga sobre la autenticidad de la cédula profesional ofrecida como elemento de comparación, pasando por alto que se trata de un documento público, mismo que merece, de inicio, pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Son ineficaces los agravios del recurrente, como a continuación se expone.
El artículo 151 de la Ley de Amparo, en lo referente a la prueba pericial, establece ciertas reglas para su ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo, tales como son las de anunciarla dentro de los cinco días hábiles anteriores al señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar con el del ofrecimiento ni el de la audiencia, el que se exhiba el cuestionario o interrogatorio al tenor del cual rendirán su dictamen los peritos, debiendo entregar una copia más para cada una de las partes, a fin de que estén en posibilidad de ampliar el cuestionario. Sin embargo, no obstante la existencia de dichas reglas, en ninguna de ellas queda comprendida, de manera expresa, cuando un documento privado es objetado negando o cuestionando su autenticidad, cuál es la firma indubitable para efectos de su cotejo.
Ante la insuficiente reglamentación de la prueba pericial en la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su artículo 2o., lo conducente es acudir a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente a los artículos 138, 139 y 140, los que literalmente establecen:
"Artículo 138. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un documento privado. Para este cotejo se procederá con sujeción a lo que se previene en el capítulo IV, de este título."
"Artículo 139. La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos indubitados, con que deba hacerse, o pedirá, al tribunal, que cite al interesado para que, en su presencia, ponga la firma, letra o huella digital que servirá para el cotejo."
"Artículo 140. Se considerarán indubitados para el cotejo:
I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo;
II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida, en juicio, por aquel a quien se atribuya la dudosa;
III. Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido judicialmente declarada propia de aquel a quien se atribuya la dudosa, exceptuando el caso en que la declaración haya sido hecha en rebeldía;
IV. El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique, y
V. Las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia del secretario del tribunal, o de quien haga sus veces, por la parte cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar, y las puestas ante cualqueir (sic) otro funcionario revestido de la fe pública."
De los preceptos legales transcritos se obtiene que las partes pueden objetar un documento privado cuando se niegue su autenticidad o porque se ponga en duda la misma, caso en que se podrá pedir la prueba por cotejo de firmas y letras, la cual consiste en la demostración de la autenticidad de una firma mediante su comparación con otra reconocida como auténtica, para lo cual la parte que lo solicite: a) designará el documento o documentos indubitables con que deba hacerse o, b) pedirá al tribunal que cite al interesado para que en su presencia ponga la firma o letras que servirán para el cotejo.
Los documentos indubitados son: aquellos que las partes de común acuerdo reconozcan como tales; los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa; los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido judicialmente declarada propia de aquel a quien se atribuya la dudosa; el escrito impugnado, en la parte que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique; las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal, o de quien haga sus veces, por la parte cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar, y las puestas ante cualquier otro funcionario revestido de fe pública.
En ese tenor, como firma indubitada para efectos del cotejo a desahogarse en la pericial respectiva, no puede tenerse como tal la contenida en cualquier documento ya sea público o privado, sino únicamente aquellos que se ubiquen en los supuestos establecidos de manera limitativa en el artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por tanto, las partes pueden pedir el cotejo de firmas plasmadas en un documento privado cuando se niegue su autenticidad o porque se ponga en duda la misma, ofreciendo la prueba de cotejo de firmas a través de un perito y, si bien es cierto que el oferente tiene el derecho de designar el documento indubitado, también lo es que ese derecho no es irrestricto, ya que debe ceñirse a los documentos limitativamente descritos en el artículo 140 invocado, atendiendo a que el legislador de manera expresa señaló escrupulosamente los tipos de documentos que "se consideran indubitados para el cotejo", en aras de brindar una adecuada certeza jurídica a las partes, razón por la cual deben estimarse como los únicos idóneos para ese fin, ya que en caso de adoptarse una postura contraria e interpretar que esa descripción legislativa es enunciativa y no limitativa quedaría a discreción de las partes y del juzgador la calificación sobre la idoneidad de los documentos indubitables, propiciando así una indeseable incertidumbre jurídica en el desahogo de una probanza de significativa trascendencia que fue, precisamente, lo que el legislador pretendió evitar.
Bajo esa tesitura, la cédula profesional, no obstante ser un documento público, no se ubica dentro de los supuestos del artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2o., que establece cuáles son los documentos considerados como indubitados para el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento privado, como en la especie, pues el quejoso ofreció la prueba pericial en comento con la finalidad de "... acreditar fehacientemente que los escritos en apariencia signados por el quejoso, de fecha posterior a la demanda inicial y dirigidos al Juez natural, dentro del expediente número 515/1998, radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, relativo al juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compraventa, por el hoy quejoso y Gloria Jiménez Vázquez, no fueron firmados por su puño y letra ...", lo que se advierte de su escrito de ofrecimiento respectivo (fojas 1 y 2 del recurso de queja).
Lo anterior es así, pues si bien la cédula profesional tiene el carácter de documento público con pleno valor probatorio en término de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y conforme a ello se reconoce su autenticidad y la certeza de la información en ella contenida; sin embargo, ello no implica que se encuentre en los supuestos de ser un documento indubitado para efecto de cotejo de firmas en términos del artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que si bien es cierto que la cédula profesional la expide el director general de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, al interesado, en ejercicio de sus funciones con efectos de patente para ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales de conformidad con los artículos 3o., 21 y 23, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal y su reglamento, en la cual aparece el retrato y firma del profesionista; también lo es que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues no es un documento que reconozcan las partes de común acuerdo; ya que no se trata de un documento privado cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio, por aquel a quien se atribuya la dudosa, de documento cuya letra, firma o huella digital haya sido judicialmente declarada propia de aquel a quien se atribuya la dudosa, ni de un escrito, en la parte que se reconozca la letra como suya a aquel a quien perjudique, no se trata de alguna firma puesta en actuación judicial en presencia del secretario, y menos aún puede considerarse que la firma que calza la cédula profesional fue puesta ante "funcionario revestido de la fe pública", pues de conformidad con el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal y su reglamento, la Dirección General de Profesiones, se encargará de la vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas, quien se reitera está facultado para expedir la cédula con efectos de patente para ejercicio profesional y para identidad del interesado en todas sus actividades profesionales, esto en ejercicio de funciones, pero no dar fe de la firma que calza la cédula profesional.
Ilustra lo antes considerado, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, Tercera Parte, Tomo LXVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"PROFESIONES, DATOS QUE DEBE CONTENER LA CÉDULA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE.-De la interpretación de los artículos 31 y 32 del Reglamento de la Ley de Profesiones se infiere que los únicos datos que deben asentarse en la cédula personal son los relativos al número de registro correspondiente y a la fecha de dicho registro. En efecto, los citados preceptos establecen, respectivamente: ‘Hecha la inscripción, se devolverán al interesado los documentos que acompañó, con la nota de haber quedado hecho el registro y con la expresión del número y de la fecha. La inscripción constituirá, respecto de profesionistas, la patente para el ejercicio de sus actividades y, tratándose de colegios de profesionistas, será la constancia de la autorización respectiva’, y ‘con los datos de que habla el artículo anterior, se entregará al profesionista la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. En esta cédula aparecerán el retrato y la firma del profesionista’."
Así es, el artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no establece que como documento indubitado para efectos del cotejo de firmas deba tenerse como tal a los documentos públicos en general, ni que la firma o huella digital deba otorgarse en presencia de cualquier funcionario público en ejercicio de sus funciones sino, precisamente, ante aquellos funcionarios que están revestidos de fe pública. De lo que se colige, que sólo en esos casos, según lo estableció el legislador, la firma se considera indubitable, entendiéndose por ello, aquella de la que no exista duda o que se tenga la certeza de que proviene del puño y letra de su autor, porque contiene grafismos habituales inherentes a quien la suscribió.
Cabe señalar que la prueba pericial en el juicio de amparo es desahogada por quien tiene conocimientos especiales sobre una rama científica o artística; está dirigida por el propio oferente, ya que por virtud de la ley, está obligado a presentar el cuestionario o interrogatorio sobre el que debe versar el peritaje, de suerte que el experto a quien se designe no puede apartarse de los lineamientos que le son especificados por la parte interesada y, en su caso, eventualmente las directrices podrán ser ampliadas por virtud de lo que las demás partes estimen conveniente agregar al cuestionario, en aras del equilibrio e igualdad procesal, con el fin de esclarecer los hechos sujetos a comprobar con la prueba pericial, y que lo anterior tiene un sustento lógico y jurídico, en virtud de que son las partes las que tienen la carga de probar los hechos en que fundan sus pretensiones, como lo dispone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o.; asimismo, que los hechos que una de las partes pretenda acreditar a través de la prueba pericial, son conocidas por la misma con la amplitud que su situación personal le permite, y es en función de ello que determina el beneficio procesal que espera obtener con su desahogo, de ahí que esté a su cargo la expresión de los puntos específicos a esclarecer con el dictamen correspondiente; sin embargo, la circunstancia de que el juzgador federal haya considerado que la firma contenida en la cédula profesional no se considera indubitable para efectos del cotejo de las firmas que pretende el oferente de dicha prueba, y lo requiriera para que comparezca ante el local del juzgado, debidamente identificado, para que ante la presencia judicial plasme su firma, no transgrede los principios que regulan las pruebas en el juicio de amparo, pues su proceder se ciñe a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que si bien es cierto que la parte que objete un documento, negando o cuestionando su autenticidad porque la firma que obra en el mismo no corresponde a su puño y letra, y solicite el cotejo de esa firma, debe señalar el documento indubitado para tales efectos, también lo es que no implica que pueda señalar cualquier documento, sino aquel que cumpla con los requisitos del numeral en comento.
Por otra parte, el acuerdo recurrido ningún perjuicio causa al recurrente, pues el cotejo que se realiza con firmas puestas en actuaciones judiciales ante la presencia del juzgador, por la persona cuya firma o letra se pretende comprobar, es idóneo, porque legalmente se consideran esas firmas indubitadas, lo cual lejos de provocar un estado de indefensión, procura a las partes mayor certeza y seguridad jurídica, consecuentemente, el acuerdo en estudio no es contrario a las normas que rigen el procedimiento de amparo.
Bajo esa tesitura, al resultar ineficaces los agravios para demostrar la ilegalidad del acuerdo recurrido, lo procedente es declarar infundado el recurso de queja.
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 95, fracción VI y 99 de la Ley de Amparo; y, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se resuelve:
ÚNICO.-Es infundado el recurso de queja interpuesto por José Luis Jiménez Vázquez contra el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil siete, dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, en el juicio de amparo indirecto 2658/2007 de su índice.
Notifíquese; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este tribunal; con testimonio autorizado de este fallo, devuélvanse los autos del juicio a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados, presidente J. Jesús Contreras Coria y Luis García Sedas, siendo ponente el segundo de los nombrados contra el voto particular de la Magistrada Ma. Carmen Pérez Cervantes.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20992-52fe32ec/documentos-indubitados-para-el-cotejo-de-firmas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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