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Modo: Corpus Pro

SECRETARIO DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EL DERECHO A QUE SE GARANTICE SU INTEGRIDAD FÍSICA, LA DE SU CÓNYUGE Y DE DETERMINADOS FAMILIARES, DESPUÉS DE CONCLUIR SU ENCARGO, SE SATISFACE AUN CUANDO SEA SUSTITUIDO ALGUNO DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS DESIGNADOS PARA TAL FIN.

Tipo de asunto: QUEJA 144/2007. · Registro digital (IUS): 20758
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FELIPE ZAMBRANO PÁEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 2384.

QUEJA 144/2007. FELIPE ZAMBRANO PÁEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-En su primer agravio el recurrente, en esencia, aduce que el a quo indiscutiblemente contravino el principio de congruencia al emitir la resolución recurrida, al no estudiar la totalidad de los agravios hechos valer en el recurso de queja que se interpuso en su oportunidad, lo cual lo dejó en estado de indefensión, ya que afirma, no estuvo en aptitud de saber cómo consideró el a quo su agravio, es decir, si éste resultó inoperante o infundado, toda vez que no hace el más mínimo estudio a su argumento.

Apoyó sus argumentos en los siguientes criterios de rubros:

"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, OMISIÓN DEL ESTUDIO TOTAL DE LOS. IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS."

"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, FALTA DE ESTUDIO DE LOS."

El anterior argumento se estima infundado, como se pasa a explicar a continuación.

Contrario a lo alegado por el inconforme, el Juez de Distrito no contravino el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia, puesto que al resolver sostuvo lo siguiente:

"Tercero. En esencia, el quejoso aduce que las autoridades responsables incurren en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que la situación del servicio de seguridad que se debería brindar al quejoso y a su familia con motivo de la concesión del amparo, no se está dando en los mismos términos que se venía dando.

"En ese sentido señala que, a raíz de la interposición del anterior recurso de queja, las autoridades responsables ordenaron la sustitución de todos los elementos de policía comisionados a su protección y a la de su familia, por lo que, a su consideración, dichas autoridades están cumpliendo de manera defectuosa el fallo protector, ya que deberían respetar los oficios de comisión de fechas veintisiete de octubre del año dos mil seis, firmados por el entonces director administrativo de la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey, en los cuales se otorgó al quejoso el derecho de contar con seguridad personal para él y para su familia, a cargo de Javier Guajardo Rodríguez, Francisco Ríos Fernández, Luz Martínez Zaragoza, Armando Solís Macías, Jesús Filiberto Olvera Berlanga y Aniceto Ruiz García.

"Es decir, en síntesis, el quejoso alega que se le están cambiando los elementos comisionados a su protección, y ello provoca que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo sea defectuoso.

"Lo anterior es infundado, como se demuestra enseguida.

"...

"Por tanto, se evidencia que el servicio de seguridad personal del quejoso y su familia, si bien sufrió una modificación en cuanto a dos de los escoltas que en lo específico cumplen con el servicio encomendado, ésta no origina un cumplimiento defectuoso a la ejecutoria de amparo, pues tal servicio se continúa prestando en los términos precisados en la ejecutoria dictada por la superioridad, esto es, con el mismo número de personas a cargo de su seguridad, de ahí lo infundado del presente recurso de queja.

"Además, la quejosa no demuestra con prueba alguna que el reemplazo de escoltas efectivamente se vea mermado, por lo que tal acto no puede considerarse un cumplimiento defectuoso a la ejecutoria de amparo.

"Por lo expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 95, fracción IV de la Ley de Amparo, se resuelve:

"Único. Se declara infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, promovido por Alberto Barrera Cantú, en su carácter de abogado autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo por Felipe Zambrano Páez, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, en términos del cuerpo de la presente interlocutoria."

De lo anterior se observa que el Juez de Distrito no vulneró el principio de congruencia como lo sostiene el inconforme, toda vez que sí resolvió el punto toral de los agravios vertidos en el escrito del recurso de queja interpuesto en contra de las autoridades responsables: secretario de Policía Preventiva Municipal de Monterrey y director operativo de la Secretaría de Policía Preventiva de Monterrey, Nuevo León, por defecto en la ejecución de la resolución dictada por este tribunal, que consistió en que las autoridades responsables habían cumplido de manera defectuosa el fallo protector, al ordenar la sustitución de todos los elementos de policía comisionados a su protección y a la de su familia, y no respetar los oficios de veintisiete de octubre de dos mil seis, firmados por el entonces director administrativo de la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey, en los cuales le otorgaron el derecho de contar con seguridad personal para él y para su familia, a cargo de Javier Guajardo Rodríguez, Francisco Ríos Fernández, Luz Martínez Zaragoza, Armando Solís Macías, Jesús Filiberto Olvera Berlanga y Aniceto Ruiz García; asimismo, se desprende que el a quo tampoco dejó en estado de indefensión al ahora recurrente, puesto que sí examinó dichos argumentos, los cuales estimó infundados, al establecer que el servicio de seguridad personal del quejoso y su familia, si bien sufrió una modificación en cuanto a dos escoltas que en lo específico cumplen con el servicio encomendado, ello no originó un cumplimiento defectuoso de la ejecutoria de amparo, pues tal servicio se continúa prestando en los términos precisados en la ejecutoria dictada por la superioridad, esto es, con el número de personas a cargo de su seguridad y la de su familia.

En tal virtud, el Juez Federal no transgredió en perjuicio del recurrente el principio de congruencia, puesto que, al analizar los argumentos vertidos en su escrito de queja por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, estimó que los mismos resultaban infundados, ya que el hecho de que las autoridades responsables hayan sustituido unos elementos policiacos por otros, sin reducir el número de ellos, no era suficiente para estimar que se contravenían los alcances de la ejecutoria de amparo, puesto que concluyó que el servicio de seguridad se continuaba prestando en los mismos términos.

A mayor abundamiento, este tribunal comparte el criterio del a quo, toda vez que las autoridades responsables denominadas secretario de Policía Preventiva y director operativo de la Secretaría de Policía Preventiva, ambos del Municipio de Monterrey, Nuevo León, no dejaron de cumplir lo ordenado en la ejecutoria aquí dictada, sino que solamente ordenaron variar un escolta por otro, sin que en ningún momento se le retirara al inconforme o a su familia la seguridad que le fue otorgada de conformidad con los artículos 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y 5o., fracción XIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey.

Por otro lado, en el segundo agravio el inconforme medularmente sostiene que la resolución emitida por el Juez de Distrito no se encuentra apegada a derecho, en primer lugar, porque existe criterio firme emitido por el Tribunal Supremo de la nación, el cual sostiene que las ejecutorias de amparo deben cumplirse al pie de la letra y, en segundo, porque es de explorado derecho que las autoridades responsables son las obligadas a cumplimentar las ejecutorias de amparo.

Sostiene que el hecho de que los policías preventivos Armando Solís Macías y Luz Martínez Zaragoza dejen de prestar el servicio de seguridad personal del quejoso y de su familia, deja de cumplimentar la sentencia de amparo, situación que no está permitida por las leyes, ya que la Ley de Amparo ordena a las autoridades responsables a dar cumplimiento en veinticuatro horas a la sentencia de amparo, por lo que es indudable que ninguna autoridad responsable puede negarse a ello, aun cuando su superior jerárquico así lo ordene, ya que estaría cometiendo una conducta ilegal.

En el tercer agravio medularmente alega que sería injusto permitir a la autoridad responsable denominada Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey dejar a su sólo arbitrio la designación de los escoltas que lo deben cuidar, ya que dicha tarea debe forzosamente ser realizada conjuntamente por las dos partes, es decir, por la referida secretaría y por el propio quejoso, ya que no se puede designar, o bien, permitir que se designe a cualquier persona, ya que se deben tomar en cuenta muchas situaciones importantes, para no designar como escolta a una persona no capacitada para dicho puesto, o bien, simplemente a una persona que sienta algún tipo de resentimiento con el quejoso.

Sostiene que ello es así, toda vez que cuando fue secretario de Policía Preventiva Municipal de Monterrey, Nuevo León, llevó a cabo muchos operativos en contra de la delincuencia, además, despidió a más de doscientos elementos de policía durante su gestión; actos que sin duda alguna dejaron a más de dos personas inconformes dentro de la corporación policiaca que tuvo a bien dirigir, luego entonces, permitir designar a cualquier persona para ocupar el puesto de escolta del quejoso y de su familia, sería no sólo injusto, sino también inhumano, ya que resultaría demasiado peligroso que ello suceda.

Agrega que muchas personas pueden sentir algún tipo de resentimiento en contra del quejoso, por haber sido un servidor público transparente y con cero tolerancia a la corrupción policiaca, lo que lo hace muy vulnerable a ciertos ataques, mismos que pueden ser organizados y/o perpetrados desde el interior de la misma corporación de policía, tal y como se demuestra con diversos reportajes publicados en el periódico "El Norte".

Finalmente, manifiesta que es muy peligroso autorizar lo que el a quo está autorizando, es decir, que el secretario de Policía decida unilateralmente qué elementos de policía lo deben cuidar, sin hacer previamente, como se propuso con antelación, ordenar se realice diversos exámenes de confianza y aptitudes, así como diversos en materia de psicometría e investigar previamente si tienen algún tipo de antecedente negativo, tanto en las dependencias que siguen procedimientos administrativos de responsabilidad, como son la Coordinación de Asuntos Internos de la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey y la Comisión de Honor y Justicia de los cuerpos de Seguridad Pública, Policía y de Tránsito del Municipio de Monterrey, adscrita a la Contraloría Municipal de Monterrey, y avalados por el quejoso una vez hechos los anteriores trámites, puesto que, como todos sabemos, en la Policía existen muchos elementos de policía no muy dignos de nuestra confianza, tal como se demuestra con diversas notas periodísticas.

Ahora bien, en virtud de que los agravios segundo y tercero se dirigen sobre una misma cuestión, se analizan en forma conjunta, los cuales se estiman infundados, como se pasa a explicar.

En primer lugar, es importante recordar que existe defecto en la ejecución de una sentencia en la que se concedió el amparo, cuando las autoridades responsables dejan de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, dejar de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata.

Ahora, como ya quedó establecido con antelación, el Juez Federal el veintidós de enero de dos mil siete le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al ahora inconforme, para el efecto de que le fuera brindado el servicio de seguridad personal a él y a su familia, de conformidad con los artículos 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y 5o., fracción XIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey, así como en los términos en que se le venía dando previo al acto que motivó el juicio de garantías.

Por su parte, el secretario de Policía Preventiva y el director operativo de la Secretaría de Policía Preventiva, ambos del Municipio de Monterrey, Nuevo León, interpusieron recurso de revisión contra tal determinación, el cual fue resuelto por este órgano jurisdiccional por unanimidad de votos el diez de mayo de dos mil siete, el cual determinó confirmar dicha sentencia y, en consecuencia, le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al ahora recurrente, enfatizando que el amparo otorgado versó sobre el acto reclamado y las condiciones en que se venía prestando, no en relación directa a las personas que lo proporcionaban, consideradas en lo individual; de suerte que los elementos comisionados para ese servicio podrían ser sujetos a nuevas comisiones, evaluaciones o, incluso, sanciones.

Como se ve, los alcances de la ejecutoria solamente eran para que se le siguiera prestando al recurrente y a su familia el servicio de seguridad, con independencia de los elementos que la prestarían, pues a fin de cuentas se da cumplimiento a los artículos 4o. de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y 5o., fracción XIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey, que establecen que las autoridades municipales encargadas de la seguridad preventiva tendrán la obligación de brindar la protección requerida a los titulares y coordinadores de los cuerpos policiacos que en ellos se mencionan, entre ellos, al secretario de la Policía Preventiva Municipal, la cual será brindada para la salvaguarda de la integridad física tanto del servidor público como la de su familia.

Por tanto, el hecho de sustituir a los elementos con los que contaba el ahora inconforme para su seguridad personal y la de su familia no contraviene los alcances de dicha ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se dijo, el defectuoso cumplimiento se configura únicamente cuando las autoridades responsables dejan de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, lo cual no sucedió en el caso concreto.

Por otra parte, si bien es cierto que las autoridades responsables, secretario de la Policía Preventiva Municipal de Monterrey, Nuevo León y director operativo de dicha secretaría, ordenaron la sustitución del segundo comandante de nombre Armando Solís Macías y la policía preventivo Luz María Martínez Zaragoza; también es verdad que dichas autoridades al momento de rendir su informe con justificación informaron al Juez de Distrito lo siguiente: "Es falso lo que refiere el quejoso en relación a que existe defecto en la ejecución de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, siendo oportuno señalar que respecto a uno de los elementos de seguridad, esto es, el primer comandante Javier Guajardo Rodríguez, se ordenó su sustitución por el primer comandante Enrique González Gómez, y respecto del segundo comandante Armando Solis Macías y respecto a la policía preventivo Luz Martínez Zaragoza, los referidos elementos mediante oficios 669/2007/CJ y 670/2007/CJ fueron sustituidos por otros elementos para llevar a cabo la misma función de proporcionar la seguridad al exsecretario y quejoso Felipe Zambrano Páez y a su familia, sustitución emitida de conformidad con las disposiciones aplicables al caso como se desprende de los mismos y con lo cual se mantendría el servicio de seguridad en los mismos términos en que se estaba otorgando el mismo, hecho que se justifica con las copias certificadas de los oficios con los cuales se justifica la sustitución."

Además, conviene aclarar que el propio inconforme reconoce que el servicio de seguridad se le sigue prestando tanto a él como a su familia, aun con diversos elementos policiacos, por lo que está claro que no existió un defectuoso cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo.

En tal virtud, al haberse observado que el servicio de seguridad personal que como servidor público le fue concedido a través del juicio de amparo, y confirmado mediante recurso de revisión por este órgano jurisdiccional, si bien sufrió alteraciones en cuanto a que las autoridades responsables le hayan designado dos escoltas distintos a los que tenía con anterioridad, ello no significa que se haya originado un defectuoso cumplimiento a la ejecutoria de amparo, puesto que el fin se encuentra cumplido, es decir, el ahora recurrente y su familia siguen contando con seguridad que les otorgan las instituciones de Seguridad Pública del Estado o del Municipio, con el mismo número de personas a cargo, tal como lo previenen los artículos 4o. de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y 5o., fracción XIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey.

Por otro lado, el hecho de que el recurrente manifieste en sus agravios que no puede permitírseles a las autoridades responsables designar a cualquier persona para que lo escolten a él y a su familia, pues afirma, que cuando se desempeñó como secretario de Policía de Monterrey, Nuevo León, llevó a cabo muchos operativos en contra de la delincuencia, y despidió a más de doscientos elementos de policía durante su gestión, lo cual provocó el descontento de muchas personas; ello tampoco provoca el defectuoso cumplimiento en la ejecución de la sentencia en la que se concedió el amparo, puesto que, se reitera, el servicio de seguridad personal del ahora inconforme y su familia se continúa prestando en los términos precisados en la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional, además de que el defectuoso cumplimiento debe demostrarse fehacientemente y no con base en suposiciones en cuanto al cumplimiento defectuoso que dice ocurrirá en su perjuicio.

En tal virtud, el solo hecho de que las autoridades responsables denominadas secretario de Policía Preventiva Municipal de Monterrey, Nuevo León, y director operativo de dicha secretaría, hayan sustituido unos elementos policiacos por otros, sin reducir el número de escoltas que inicialmente le fueron proporcionados al recurrente para su seguridad y la de su familia, ello no puede considerarse un defectuoso cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como lo sostuvo el Juez de Distrito.

Consecuentemente, al resultar infundados los agravios vertidos por el recurrente, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en el artículo 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el presente recurso de queja.

Notifíquese.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Rodolfo R. Ríos Vázquez y Eduardo López Pérez, el primero como presidente y ponente, contra el voto particular del Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20758-4199eccb/secretario-de-policia-preventiva-municipal-de-monterrey-nuevo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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