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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CASO EN EL QUE TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR SIN CONDICIONAR SUS EFECTOS AL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA ALGUNA.

Tipo de asunto: QUEJA 14/2006. · Registro digital (IUS): 19440
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARMANDO ADRIANO HERNÁNDEZ Y OTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, , Pág. 1193.

QUEJA 14/2006. ARMANDO ADRIANO HERNÁNDEZ Y OTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Es competente este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito para conocer del presente recurso de queja, conforme a lo establecido por los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, párrafo quinto, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atento a que se combate un auto dictado por un Juez de Distrito que pertenece a este circuito de amparo en el que se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados.

SEGUNDO. El acuerdo materia de la queja es del tenor siguiente:

"... Villahermosa, Tabasco, a veintisiete de enero de dos mil seis. Como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relacionado con el juicio de amparo número 139/2006-I-1, promovido por Armando Adriano Hernández y Octavio Alejandro Tamayo Delgado, contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, y otras autoridades. Pídanse a las autoridades responsables sus informes previos, respecto del acto reclamado, que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá en vía de corrección disciplinaria una multa por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo dispuesto por el artículo 132, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para tal efecto remítaseles a las responsables copia simple de la demanda de garantías. Ahora bien, es verdad que el artículo 131 de la Ley de Amparo dispone, sin hacer distinción alguna, que las audiencias incidentales deben celebrarse dentro de las setenta y dos horas posteriores a que hubiese transcurrido el término otorgado a las responsables para que rindan sus informes previos, también lo es que en el presente asunto se solicita la suspensión de actos reclamados a autoridades con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y en razón a la distancia tardan aproximadamente quince días en llegar los acuses de recibo de los oficios girados para solicitar tales informes, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente se fijan las nueve horas con cinco minutos del nueve de febrero próximo. En ese orden de ideas, no es dable conceder la medida cautelar solicitada en cuanto a: ‘... el arbitrario e incongruente juicio ejecutivo mercantil marcado con el número 673/2003/I, promovido por Julio César Méndez Hernández, endosatario en procuración de Daniel Gómez Piñón, mismo que es sustanciado por dicha autoridad responsable, en donde la antes citada de manera infundada requiere a las hoy autoridades señaladas como responsables ejecutoras mediante exhorto diversas cantidades derivadas de las licitaciones 18575037-033-02, 18575063-0404-03 y 18575071-016-03 a favor de Lomar Constructora, S.A. de C.V., que fueron reembargadas por los quejosos previamente en el juicio laboral 1942/2003 que se lleva ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. No obstante que el Juez responsable tiene pleno conocimiento de que existe un crédito reembargante preferente ...’. Toda vez que tales actos tienen el carácter de consumados desde el momento en que se emitieron, esto es, desde el momento en que el Juez responsable tramitó el juicio al que aluden los quejosos y emitió la orden de embargo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 557, de la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 371 del Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo.’. En cuanto al segundo de los actos reclamados, de la demanda de garantías se desprende que los aquí quejosos dicen ser actores en el juicio laboral 1942/2003 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; que con motivo de ese juicio la autoridad laboral ordenó, mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil tres, el embargo precautorio hasta por la suma de $749,146.50 (setecientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y seis 50.00) a favor de los actores en ese juicio laboral y aquí quejosos, cuestión que indiciariamente los impetrantes de amparo demuestran con el oficio 623 signado por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y con sello de recibido en la paraestatal Petróleos Mexicanos, de donde se advierte además la coincidencia de las licitaciones 18575037-033-02, 18575063-0404-03 y 18575071-016-03, con las que los quejosos aseguran, bajo protesta de decir verdad, que fueron embargados en el juicio ejecutivo mercantil del cual se duelen. En consecuencia, con apoyo en los artículos 124, 130 y 132 de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, para el efecto de que no se realice el traslado de la cantidad de $749,146.50 (setecientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y seis 50.00) que indiciariamente los quejosos acreditaron haber embargado preferencialmente en el juicio laboral, en las licitaciones aquí plasmadas; traslado que no deberá efectuarse ni a favor de los quejosos ni a favor de quien resulte actor en el juicio ejecutivo mercantil 673/2003/I del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, que los impetrantes aseguran fue promovido por Julio César Méndez Hernández, endosatario en procuración de Daniel Gómez Piñón; cuestión que deberá acatar la persona moral Petróleos Mexicanos, aquí señalada como autoridad responsable, la cual evidentemente en relación con el embargo que los impetrantes dijeron tener a su favor, actúa como auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que ordenó el aludido embargo y hasta en tanto se decida respecto de la suspensión definitiva. Consecuentemente, la medida cautelar que se concede surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, otorgue garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), misma que deberán depositar ante este juzgado en cualquier forma de las previstas por la ley, a fin de garantizar los posibles perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con la medida cautelar decretada; cantidad que se fija de manera discrecional, hasta en tanto se tengan los datos necesarios que remitan las autoridades responsables con sus respectivos informes, pues de éstos se constará si el embargo preferencial a que aluden los quejosos ya se llevó a cabo. A ese respecto cobra aplicación la jurisprudencia I.1o.T. J/22, de la Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, visible en la página 380, cuyos rubro y texto señalan: ‘SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL EMBARGO PRACTICADO EN EL JUICIO NATURAL NO EXIME DEL REQUISITO DE OTORGAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR. El embargo y la garantía aludidas, son de naturaleza distinta, pues mientras el primero se realiza para responder de lo que se demanda en el juicio respectivo, la garantía que se manda otorgar en el incidente de suspensión, es para hacer frente a los posibles daños y perjuicios que puedan causarse con la concesión de la medida suspensional, siendo evidente que ambas figuras jurídicas tienen su origen en causas distintas y su reclamación se hace a través de procedimientos especiales diferentes, por cuyas razones tales daños y perjuicios no pueden considerarse garantizados con el secuestro de bienes.’. Sustenta lo anterior, además, la jurisprudencia 528, visible en la página 347 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.’. Se tiene a la parte quejosa por señalando como domicilio para citas y notificaciones el despacho ubicado en la calle Dos de Abril número 298 altos, colonia Centro de esta ciudad y por autorizada únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo a la persona que menciona en su demanda de garantías, por no encontrarse registrada su cédula profesional ante este juzgado; y como representante común al primero de los quejosos, de conformidad con el artículo 20 del citado ordenamiento. Expídasele la copia certificada que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Freddy Gabriel Celis Fuentes, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante el secretario licenciado Mario Fernando Gallegos León, con quien legalmente actúa. Doy Fe ..."

TERCERO. Los recurrentes expresan los siguientes agravios:

"A. Fuente de agravios. Determina el Juez del conocimiento en la resolución que hoy se recurre en su parte medular lo siguiente: ‘En consecuencia, con apoyo en los artículos 124, 130 y 132 de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión que se solicita, para el efecto de que no se realice el traslado de la cantidad de $749,146.50 (setecientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y seis 50.00) que indiciariamente los quejosos acreditaron haber embargado preferencialmente en el juicio laboral en las licitaciones aquí plasmadas; traslado que no deberá efectuarse ni a favor de los quejosos ni a favor de quien resulte actor en el juicio ejecutivo mercantil 673/2003/I del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, que los impetrantes aseguran fue promovido por Julio César Méndez Hernández, endosatario en procuración de Daniel Gómez Piñón; cuestión que deberá acatar la persona moral Petróleos Mexicanos, aquí señalada como autoridad responsable, la cual evidentemente en relación con el embargo que los impetrantes dijeron tener a su favor, actúa como auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que ordenó el aludido embargo y hasta en tanto se decida respecto de la suspensión definitiva.’. De lo invocado en el párrafo anterior denotarán Magistrados, que parcialmente me causan perjuicios, porque si bien es cierto que dentro de todo se otorga a mi favor la suspensión provisional para que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras en el juicio de garantías se abstengan de hacer algún traslado de la cantidad que se hace mención en dichos puntos resolutivos, también lo es que al decretarlo de tal forma el Juez Primero de Distrito en la suspensión, éste no tomó en cuenta que las licitaciones embargadas pudieran ser por cantidades mayores a las que hace alusión el Juez responsable, tomando como principio que se pone en riesgo el crédito laboral preferente, al cual si a la fecha se suman los salarios caídos desde el año 2003 a la fecha, éste ya rebasa la cantidad a que se ha hecho mención por la que inicialmente se hizo el embargo preferencial, es por lo que apreciará órgano revisionista (sic) que el punto primero que se combate, donde se concede la suspensión provisional, carece de motivación y fundamentación, porque el Juez Primero de Distrito dejó de tomar en cuenta principalmente la naturaleza del asunto, porque si su razonamiento iba encausado a suspender que no se trasladara ninguna cantidad de dinero con respecto a las licitaciones embargadas por ambas partes, también lo es que nunca debió especificar cantidad alguna. Cuestión esta última de relevancia significativa en cuanto a la medida suspensoria, se trata de que el legislador al haber previsto y estructurado la antes citada institución, además de hacer posible que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución en muchos casos irreparables, también evita que el quejoso sufra privaciones mientras no se determine si el acto que se impugna por el medio extraordinario de defensa es o no inconstitucional, es decir, lamentablemente existió en el presente asunto un error en demasía en cuanto al pronunciamiento citado en el párrafo denominado ‘fuente de agravio’ en (sic) respecto a la forma en la cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados afectando, por ende, a la institución que acertadamente el legislador contempló en la ley de la materia, ya que al determinar la misma sólo por la cantidad de $749,146.50, deja al arbitrio de la autoridad responsable señalada como ordenadora en la demanda inicial de garantías para que los supuestos hoy terceros perjudicados puedan cobrar el remanente a cantidades distintas de lo que se embargó por la hoy clase trabajadora, dejando en estado de inseguridad jurídica a los hoy impetrantes de garantías sobre las prestaciones que se van generando por el transcurso del tiempo hasta (sic) se haga efectivo el laudo que desemboca la instancia laboral correspondiente, tales como indemnización constitucional, salarios caídos, horas extras, prima vacaciones (sic), etc. B. Fuente de agravios. Determina el Juez del conocimiento en la resolución que hoy se recurre en su parte medular lo siguiente: ‘Consecuentemente, la medida cautelar que se concede surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, otorgue garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) misma que deberá depositar ante este juzgado en cualquier forma de las previstas por la ley, a fin de garantizar los posibles perjuicios que pudiera ocasionarse al tercero perjudicado con la medida cautelar decretada; cantidad que se fija de manera discrecional, hasta en tanto se tengan los datos necesarios que remitan las autoridades responsables con sus respectivos informes, pues de éstos se constará si el embargo preferencial a que aluden los quejosos ya se llevó a cabo.’. En este mismo orden de ideas, apreciarán Magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en turno, que el Juez responsable de Distrito al momento de razonar el segundo párrafo descrito en líneas anteriores pareciera que toma en cuenta superficialmente las facultades que le otorga el artículo 125 de la Ley de Amparo en vigor, pues éste se olvida que al fijar el monto de la garantía que debe exhibir el quejoso debe tomar como base la naturaleza del asunto, tomando también en cuenta que los impetrantes del juicio de garantías se trata de la clase trabajadora, por ello al momento de fijar la cantidad de veinte mil pesos como garantía, hace humanamente imposible el cumplimiento de dicha disposición, en consecuencia, dejarnos en estado de indefensión por la excesiva e inasequible garantía fijada en el mismo. Por lo anterior solicito a su señoría nos otorgue la protección de la Justicia Federal, para los efectos de que el Juez responsable se pronuncie conforme a derecho respetando los lineamientos que se hacen valer para todos los efectos legales correspondientes a que haya lugar. No obstante lo anterior, es menester hacer alusión que la tesis de jurisprudencia I.1o.T. J/22, de la Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, visible en la página 380, que invoca el hoy responsable como fundamentación a la consideración hecha alusión en el párrafo precedente, es del todo indebida, ya que de la lectura de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en cita, se puede observar que es la clase patronal la que solicita la suspensión de los actos hoy reclamados y no la clase trabajadora, partiendo por tanto de premisas diversas inaplicables al presente asunto. Siendo aplicable a la consideración anterior el criterio emitido por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del país, que a la letra dice: No. Registro 178,780, tesis aislada, materia común, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, tesis 1a. XXIII/2005, página 723. ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO LA TESIS REDACTADA CONTIENE ELEMENTOS O SUPUESTOS JURÍDICOS NO ABORDADOS EN LA EJECUTORIA QUE LA ORIGINÓ, DEBE ATENDERSE A ESTA ÚLTIMA PARA VERIFICAR SU EXISTENCIA. Si del análisis de una tesis y de la ejecutoria que la originó se advierte que la primera contiene elementos o supuestos jurídicos no abordados en ésta, debe atenderse a la ejecutoria y no a la tesis redactada, a fin de verificar la existencia de la contradicción de criterios, pues si se toma en cuenta que las tesis se redactan en forma sintética a fin de controlarse y difundirse -en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo- y que ello vuelve a dicho criterio genérico y abstracto, es evidente que en ocasiones tales características impiden que contengan todos los elementos necesarios para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis, en tanto que para su actualización se exige que al resolverse los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió.’. No. Registro 196,619, tesis aislada, materia común, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, tesis II.A.1 K, página 829. ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA. ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito goza de facultad discrecional para fijar el monto de la garantía en los casos en que procede la suspensión provisional, también resulta cierto que la discrecionalidad de su actuar, en ese aspecto, no debe hacerse en forma caprichosa o arbitraria, sino que debe razonar el porqué consideró prudente la imposición de dicha garantía, lo cual debe atender a las constancias de autos, la naturaleza del asunto y el tiempo probable de duración del juicio, con la finalidad de no vulnerar la igualdad procesal de las partes.’. No. Registro 199,765, tesis aislada, materia común, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, tesis VI.2o.69 K, página 558. ‘SUSPENSIÓN. MONTO DE LA GARANTÍA PARA OBTENERLA. DEBE SER FIJADO CON BASE EN LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO GENERADOR DEL ACTO RECLAMADO. De la recta interpretación del artículo 125 de la Ley de Amparo se deduce que el Juez de Distrito, al fijar el monto de la garantía que debe exhibir el quejoso para gozar de la suspensión de los actos reclamados, debe hacerlo tomando como base las prestaciones reclamadas en el mismo, a efecto de garantizar los perjuicios que dicha medida cautelar pueda ocasionar al tercero perjudicado; por tanto, si el Juez a quo establece una fianza desproporcionada y excesiva respecto de las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emana el acto reclamado, infringe la disposición legal citada.’. Solicitando por último Magistrados resolver dicho recurso de plano, sin sujetarse al trámite normal de presidencia, debido a la importancia y urgencia del mismo, tal y como lo establece la jurisprudencia identificada en la Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, tesis XX.2o. J/2, página 990, de rubro: ‘QUEJA. TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE RESOLVERSE DE PLANO, SIN SUJETARSE AL TRÁMITE NORMAL DE PRESIDENCIA.’, la cual dispone que el recurso de queja contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional, previsto en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, debe resolverse de plano, es decir, sin trámite alguno, como lo ordena el último párrafo del artículo 99 del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, es factible prescindir de las diligencias que normalmente realiza el presidente del Tribunal Colegiado para poner en estado de resolución los asuntos, señaladas en el diverso 184, esto es, sin acordar sobre la admisión ni el turno respectivo, pues en este supuesto, por tratarse de un asunto urgente, ya que debe resolverse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el secretario de Acuerdos debe dar cuenta, desde luego, al presidente para que éste convoque al Pleno del Tribunal a sesión extraordinaria, siendo el órgano colegiado quien ordenará formar el toca y registrarlo con el número que corresponda; asimismo, designar al Magistrado respectivo para que redacte la sentencia de acuerdo con el sentido de la votación y con base en los hechos y los fundamentos legales que se hayan tomado en consideración, previa admisión del recurso si fue interpuesto dentro del término de veinticuatro horas que para tal efecto prevé el artículo 97, fracción IV, de la ley mencionada ..."

CUARTO. Como antecedentes del presente asunto, los cuales se desprenden de las constancias que integran el expediente de queja, se indica que deriva del juicio de amparo promovido por Armando Adriano Hernández y Octavio Alejandro Tamayo Delgado, en contra de actos derivados del juicio ejecutivo mercantil 673/2003/I del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, respecto del cual dichos quejosos afirman tener el carácter de personas extrañas.

En lo que interesa a este recurso, debe mencionarse que en el auto recurrido el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante auto de veintisiete de enero de dos mil seis, dictado en el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo 139/2006-I-1, se pronunció en relación con la suspensión provisional de los actos reclamados, determinando negarla respecto del juicio ejecutivo mercantil 673/2003/I antes referido, al tratarse de un acto consumado, y concederla en contra del diverso acto consistente en el embargo precautorio hasta por la suma de setecientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos.

El Juez de Distrito determinó conceder la medida suspensional solicitada en contra del último acto en mención, para el efecto de que no se realice el traslado de la cantidad de setecientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos, que indiciariamente los quejosos afirmaron haber embargado preferencialmente como actores en el diverso juicio 1942/2003 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el entendido que dicho traslado no debía efectuarse ni a favor de los quejosos ni de quien resultara actor en el juicio ejecutivo mercantil 673/2003/I del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, que los solicitantes del amparo aseguran fue promovido por Julio César Méndez Hernández, endosatario en procuración de Daniel Gómez Piñón, resolución que debería acatar la persona moral Petróleos Mexicanos hasta en tanto se decidiera respecto de la suspensión definitiva.

Asimismo, el juzgador federal precisó que la medida cautelar surtía efectos desde luego, en la inteligencia de que dejaría de hacerlo si la parte quejosa, dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho proveído, no otorgara garantía por la cantidad de veinte mil pesos, la cual debía ser depositada ante dicho juzgado en cualquiera de las formas previstas por la ley, a fin de garantizar los posibles perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con la medida cautelar decretada; agregando dicho Juez de Distrito que tal cantidad se fijaba de manera discrecional hasta en tanto se tuvieran los datos necesarios que remitieran las autoridades responsables en sus respectivos informes, de los que se constatara si el embargo preferencial al que hicieron referencia los quejosos ya se llevó a cabo.

En contra de tal determinación la parte recurrente expone como agravios los siguientes:

a) Que si bien fue correcto que se concediera la suspensión provisional solicitada en contra del embargo reclamado, lo cierto es que se debió otorgar sin señalar cantidad específica alguna, toda vez que el monto asegurado podría variar por el transcurso del tiempo hasta que se cumpla el laudo respectivo, atendiendo a las prestaciones demandadas en el juicio laboral.

b) Que el Juez de Distrito al fijar el monto de la garantía no tomó en cuenta que las licitaciones embargadas pudieran ser mayores a las referidas por el Juez responsable, con lo que se podría poner en riesgo el crédito laboral preferente a favor de los quejosos en el juicio obrero en el que afirman ser actores, al poder cobrar el remanente la parte señalada como tercero perjudicada en el juicio de amparo.

c) Que el Juez de Distrito al fijar el monto de la garantía lo hizo de forma desproporcional, al no tomar en consideración que los quejosos representan la parte trabajadora en el juicio laboral respectivo y se encuentran en imposibilidad de acatar tal obligación.

Una vez precisado lo anterior, debe mencionarse que los agravios antes precisados con los incisos a) y b), por su íntima relación, se analizarán conjuntamente, y su estudio conduce a determinar que resultan infundados.

Se arriba a tal determinación en virtud de que del cuaderno relativo al recurso que se resuelve, se aprecia que la razón por la cual el Juez de Distrito determinó conceder la medida suspensional solicitada en contra del embargo reclamado, para el efecto de que no se realizara el traslado precisamente de la cantidad de setecientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos, se debió a que tal cantidad fue la que indiciariamente los quejosos afirmaron haber embargado preferencialmente como actores en el diverso juicio 1942/2003 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; por ello esa decisión se considera correcta.

Lo anterior es así, porque para determinar la procedencia de la medida suspensional provisional el juzgador debe apreciar cada caso concreto y determinar, tomando en cuenta lo que se le plantea, si no se perjudica el interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en caso de concederse; además, debe analizar si de negarse dicha medida serían de difícil reparación los daños y perjuicios que la ejecución de los actos cause al agraviado; ello significa que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; constituyendo el primero de ellos un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, análisis que debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que se impugnan, dado que esto se determina en la sentencia de fondo; mientras que el segundo, es decir, el peligro en la demora, implica valorar las dificultades que tendrían que vencerse para la reparación del daño causado al promovente.

Además, tratándose de la suspensión provisional debe partirse de la veracidad de lo que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad y del contenido de los documentos que se exhiben, pero, como se dijo, en acatamiento a los requisitos a que alude el artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que son los únicos elementos con que cuenta el juzgador para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, es decir, partir del supuesto, comprobado o no, de que son ciertos los actos reclamados, sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen los requisitos previstos en la disposición legal en comento.

El trámite de la solicitud de suspensión se reglamenta en el artículo 131 de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 131. Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el Juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el Juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

"Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

"No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo anterior."

La disposición

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19440-e4453510/suspension-provisional-caso-en-el-que-tratandose-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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