Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE RESOLVER EN ÉL LA PRELACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, POR SER COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEL ORDEN COMÚN. CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. NO PROCEDE CONTRA TERCEROS ADQUIRIENTES DE BUENA FE (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 180, PUBLICADA EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 147).

Tipo de asunto: QUEJA 3/2006. · Registro digital (IUS): 19382
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HERIBERTO ALFONSO JUÁREZ GÓMEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1879.

QUEJA 3/2006. HERIBERTO ALFONSO JUÁREZ GÓMEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Es fundado el agravio formulado.

En principio es necesario establecer que el recurso de queja en sus modalidades previstas en las fracciones IV y V del artículo 95 de la Ley de Amparo, tiene por objeto, según sea el caso, esclarecer y fijar los alcances y efectos de la sentencia de amparo, pues su materia implica la interpretación del sentido del fallo protector, siendo entonces que la resolución de una queja de esta naturaleza se convierte en parte integrante de la ejecutoria de amparo, al consistir, propiamente, en una explicación de los efectos de la resolución constitucional; criterio que se obtiene de lo previsto en la jurisprudencia 47, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página sesenta y dos, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Actualización 2002, del tenor literal siguiente: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCION DE LA SENTENCIA DE AMPARO. SU RESOLUCIÓN FIJA LOS ALCANCES Y EFECTOS DE ÉSTA. La resolución que se dicta en el recurso de queja interpuesto por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia de amparo, necesariamente supone su análisis y la precisión de sus alcances y efectos, pues la materia sobre la que versa dicho recurso consiste en la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada en el juicio de garantías y, una vez interpretada esta resolución, en la fijación de sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo. En este sentido, la resolución de la queja fundada forma parte integrante de la sentencia de amparo, es decir, se trata de una unidad de resoluciones, pues la dictada en el mencionado recurso no es más que la interpretación del fallo protector. De no entenderlo así, se llegaría al extremo de aceptar el incumplimiento de la queja declarada fundada por exceso o defecto en la ejecución y de reconocer la autonomía e independencia de esta resolución respecto de la sentencia de amparo.", en esta tesitura, el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del recurso de queja, contemplado en la fracción V del citado numeral 95 de la ley en consulta, tiene facultades para interpretar la sentencia de amparo y establecer sus consecuencias pues, de lo contrario, se haría nugatoria la existencia de dicha inconformidad, al coartar la posibilidad de pronunciarse en función del debido cumplimiento de los fallos de garantías, sobre todo atendiendo a que se trata de una cuestión de orden público, lo cual se corrobora de la aplicación al caso de la tesis de jurisprudencia 408, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y dos, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo."

Ahora bien, tomando en cuenta que, efectivamente, en el fallo de amparo no se tuvo en cuenta que una porción del bien del que había sido privado el quejoso, fue transmitida a través de un contrato de compraventa a un tercero, haciendo constar dicho acto en la escritura pública cuya cancelación reclama el ahora recurrente, se estima asiste razón a éste, pues el exceso en la ejecución de un fallo constitucional se entiende como aquel acto en que la autoridad va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se tenía conocimiento cuando se resolvió el juicio de amparo, que por ese motivo no pueden estar vinculados con el efecto restitutorio del mismo, dado que, al momento de dictarse aquel fallo protector, no formaron parte de la litis constitucional, como sucede en el caso con la traslación de dominio en cuya defensa acude el promovente de la queja; aspecto que se recoge de la jurisprudencia 183, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y nueve, Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto versan: "EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO. La forma correcta de ejecutar un fallo constitucional que protege, es dictar nueva sentencia que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor exacto de ese fallo. Hay exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido. Hay defecto de ejecución cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, y tanto cuando hay exceso como defecto, procede la queja y no un nuevo amparo."

Vale establecer que resulta acertado el planteamiento de quien interpone la queja a la luz del criterio que este Tribunal Colegiado sustenta en relación con los derechos que ostentan los terceros adquirientes de buena fe, mismos que, se considera, no pueden ser afectados a través del juicio de garantías, lo que ha llevado a declarar improcedente el amparo cuando la cuestión de fondo solicitada pueda llevar a vulnerar la esfera jurídica de un sujeto con esas características, ya que al ser -el juicio de amparo- un medio de control constitucional, no puede estimarse correcto que éste sirva de instrumento para violar garantías individuales, entre las que destaca la de audiencia y debido proceso legal, consagradas en el artículo 14 de la Constitución General de la República; entonces, siguiendo esta premisa, debe considerarse extensivo el referido argumento a los supuestos en que habiendo sido concedido el amparo a un gobernado la sentencia protectora no debe ir hasta el grado de violar las garantías individuales de un tercero bajo el sustento de lo dispuesto en el numeral 80 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues ante el conflicto de aplicar lo previsto en este ordenamiento o la Carta Magna, siempre debe prevalecer esta última, atendiendo al mandato expreso de su cardinal 133 que establece el principio rector del sistema jurídico mexicano, conocido como la supremacía constitucional; por lo tanto, en el preciso caso que se analiza, se estima que se privaría de su propiedad a un tercero, sin ser oído y vencido en juicio, so pretexto del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, máxime cuando se está en presencia de la prelación de títulos de propiedad, al no ser posible jurídicamente dilucidar en el procedimiento constitucional, cuál de ellos debe prevalecer, dado que esa actividad corresponde a los tribunales del orden común, donde las partes están en aptitud de hacer valer sus acciones y defensas, idea que tiene también su apoyo en la tesis VII.2o.C.93 C, de este propio órgano colegiado, publicada en la página dos mil doscientos noventa y cuatro, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la letra: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA PRIVACIÓN DE UN BIEN DENTRO DE UN JUICIO EN EL QUE EL QUEJOSO NO FUE OÍDO Y VENCIDO, Y AQUÉL FUE ADQUIRIDO POR UN TERCERO DE BUENA FE, PUES CON SU CONCESIÓN SE VIOLARÍAN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE ÉSTE. La causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del numeral 73, en relación con el 80, ambos de la Ley de Amparo, se actualiza cuando el acto reclamado consiste en la privación de un bien dentro de un juicio en el que no fue oído y vencido el quejoso, éste ya culminó y el bien fue adquirido por un tercero de buena fe, pues tal acto debe considerarse consumado de un modo irreparable, puesto que no pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, ya que ello implicaría privar al adquirente de buena fe de su propiedad aparentemente adquirida conforme a derecho, toda vez que la legitimidad de tal adquisición no emana del acto reclamado, sino de la fe pública registral, buena fe que se presume mientras la autoridad competente no declare lo contrario, pues no puede privársele de su propiedad sin ser oído y vencido en juicio, ya que sería paradójico que para restablecer al quejoso en el goce de sus derechos subjetivos, se violaran las garantías individuales de un tercero.", así como el diverso criterio de este mismo Tribunal, cuyo número es VII.2o.C.94 C, visible en la página mil cuatrocientos ochenta y cinco, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la voz y contenido: "JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE RESOLVER EN ÉL LA PRELACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, POR SER COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEL ORDEN COMÚN. Cuando se está en presencia de una prelación de títulos de propiedad, no es dable jurídicamente dilucidar tal situación en el juicio de garantías pues, de hacerlo, se estaría resolviendo la prevalencia de uno de los títulos previo el análisis de los defectos que pudieran invalidar alguno de ellos, lo que evidentemente es competencia de las autoridades jurisdiccionales del orden común, ya que es en ese ámbito donde las partes tienen más completas sus acciones y defensas por lo que, ahí definida la situación, sí puede plantearse en la vía de amparo que proceda, la posible violación de garantías por la valoración al respecto efectuada."

Por lo tanto, partiendo de la base de que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 90/2005, del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Tuxpan, Veracruz, tuvo como efecto dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, así como la cancelación e inscripción de los títulos de propiedad invocados como actos reclamados en la demanda de garantías, sin haber formado parte de aquella contienda la existencia de un diverso acto traslativo de dominio a favor de un tercero, respecto de una fracción del predio en controversia, entonces, este Tribunal Colegiado de Circuito considera, con base en lo previamente expuesto, que aquel fallo amparador no puede alcanzar los derechos adquiridos por Heriberto Alfonso Juárez Gómez, relacionados con la escritura pública cuya cancelación reclamó a través del recurso de queja por exceso en el cumplimiento del fallo, sin que esto implique la afectación del derecho reconocido al quejoso en el juicio constitucional, pues ante la prelación de títulos de propiedad, y al haber logrado la insubsistencia de lo actuado en el expediente del cual demandó falta de audiencia, tiene expeditos sus derechos para, a través de la vía ordinaria, defenderse de la acción de prescripción intentada en su contra y, por consecuencia, en audiencia de parte, la acción para nulificar el acto de compraventa celebrado por su demandante.

No pasa inadvertido que el Juez Federal citó en el acuerdo recurrido, las tesis de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPREMACÍA DE LA LEY DE AMPARO.", "SENTENCIA DE AMPARO, EJECUCIÓN DE." y "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE. PROCEDE CONTRA TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO.", sin embargo, dichos criterios son aislados y, por lo tanto, carentes de fuerza vinculativa sobre las decisiones de este Tribunal Colegiado, al no cumplir con los requisitos del artículo 192 de la Ley de Amparo.

Por su parte, respecto a la tesis de jurisprudencia de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE.", citada como apoyo también por el a quo, debe considerarse que la misma no contempla los aspectos destacados en las tesis de jurisprudencia citadas como sustento de la presente decisión, entre ellas, la que establece con claridad que en el recurso de queja se pueden fijar los alcances de la sentencia amparadora, así también, aquella que establece: "Hay exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido."; y los criterios sustentados por este propio órgano jurisdiccional, pues además de emanar de asuntos posteriores al citado por el Juez de Distrito, se advierte que aquella tesis relativa a los terceros adquirientes de buena fe frente a la ejecución de sentencia de amparo, se contrapone con la opinión que este Tribunal Colegiado sostiene en las tesis invocadas previamente, lo cual no contraviene lo dispuesto en el cardinal 192 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el decreto que reformó la Ley de Amparo, contenido en el Diario Oficial de la Federación, de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, concretamente en el artículo sexto transitorio de aquella publicación, se estipuló: "Sexto. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las reformas y adiciones que contiene el presente decreto, en las materias cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo a las propias reformas, podrá ser interrumpida y modificada por los propios Tribunales Colegiados de Circuito.", precepto del que emana la facultad para que este Tribunal Colegiado estime debe interrumpirse el criterio contenido en la jurisprudencia que con el número 180, es consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Segunda Sala, Quinta Época, página ciento cuarenta y siete, del rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE. Tratándose del cumplimiento de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe, derechos que se lesionen con la ejecución del fallo protector, pueden entorpecer la ejecución del mismo.", por las razones ya apuntadas, así como porque se comparte lo sostenido en la diversa jurisprudencia 350, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos noventa y cinco, Tomo IV, Materia Civil, jurisprudencia SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "REGISTRO PÚBLICO. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES EN EL. Para que pueda cancelarse una inscripción en el Registro Público, debe oírse a la persona en cuyo beneficio se hizo el registro, porque las prevenciones del artículo 14 constitucional están por encima de cualquier otro precepto legal.", la cual es aplicable en lo conducente al criterio seguido en esta resolución, estimando trascendente destacar, que dentro de los precedentes que integraron la jurisprudencia cuya vigencia se interrumpe, concretamente en el recurso de queja 43/1942, del índice de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existió voto particular en contra del sentido de la decisión, emitido por el ministro Emilio Pardo Aspe, en el sentido de: "La tesis del proyecto mencionado no redunda en estabilidad de la propiedad raíz, ya que los derechos reales no inscritos se oponen contra terceros y porque es contrario a la institución el dejar condicionada la validez de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad a las contingencias de juicios que no están obligados a conocer los quejosos.", opinión que se recoge como parte integrante de la presente ejecutoria, asimismo, no está de más indicar, como una diversa razón para anular la eficacia de la tesis de que se trata, que de la lectura de las ejecutorias que dieron pie a la elaboración de aquel criterio, es decir, los expedientes de queja número 275/1942, 43/1942, 673/1942, 617/1941 y 517/1946, se desprende que tres de ellos fueron resueltos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (275/1942, 673/1942 y 517/1946), uno por la entonces Tercera Sala de ese Alto Tribunal (43/1942) y uno más por la otrora Cuarta Sala de aquel órgano jurisdiccional superior (617/1941), situación que implica, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Amparo vigentes tanto en aquella época como en la actualidad, que no pueden constituir jurisprudencia por emanar sus precedentes de diversas Salas de la Suprema Corte, aun cuando el tema tratado fuera de la materia común, pues para que las ejecutorias de las Salas de ese Alto Tribunal constituyan jurisprudencia deben haber resuelto, sin interrupción, cinco asuntos aprobados al menos por cuatro Ministros y, en el caso, se aprecia que ninguna de las tres Salas que participaron en la integración del criterio de referencia, sustentó los cinco criterios a que hacía referencia el artículo 193 de la Ley de Amparo, actualmente 192, párrafo segundo, de dicho cuerpo normativo, careciendo de eficacia por tal motivo.

Conviene invocar como soporte de esta decisión, la jurisprudencia 301 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 15/93, que aparece publicada en la página doscientos cincuenta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz y contenido: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA. De lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de enero de 1988, que entró en vigor el 15 del mismo mes y año, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta facultad sólo pueden ejercerla respecto de jurisprudencias que hubiesen sido establecidas hasta esta última fecha y cuando versen sobre cuestiones que sean de la competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados, esto es, que se refieran a temas respecto de los cuales no sea competente de modo directo la Suprema Corte de Justicia, aunque pueda llegar a conocer de ellos en virtud del ejercicio de su facultad de atracción.", así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 132/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos noventa y cuatro, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA INTERRUMPIR Y MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA.-El artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 11 de enero de 1988, que entró en vigor el 15 de ese mes y año, establece que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal facultad sólo opera respecto de jurisprudencias sustentadas con anterioridad a esa fecha y cuando versen sobre cuestiones que sean de la competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados, además de que no puede ejercerse indiscriminadamente, en tanto que deben reunirse los siguientes requisitos de procedencia: a) que el Tribunal Colegiado interesado exprese, en la ejecutoria que emita, los datos de identificación de la tesis jurisprudencial de que se trate y transcriba su texto; b) que se establezcan las causas o motivos para apartarse del criterio establecido; y, c) que se exponga fundada y motivadamente el nuevo criterio que se sustente.", por lo que, con la facultad antes indicada, previa tesis que de la presente ejecutoria se apruebe, de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo remítase copia a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como al Semanario del mismo para su publicación.

En las relatadas circunstancias, procede declarar fundado el recurso de queja, para el efecto de que el encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Tuxpan, Veracruz, deje subsistente la inscripción por cuanto hace a Heriberto Alfonso Juárez Gómez.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 95, fracción V, 98 y 99 de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja interpuesto por Heriberto Alfonso Juárez Gómez, contra la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil cinco, en el juicio de amparo número 90/2005, del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan.

Notifíquese; anótese en el libro de gobierno, remítase testimonio de la presente resolución a la autoridad recurrida y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados Agustín Romero Montalvo, Isidro Pedro Alcántara Valdés y José Manuel de Alba de Alba, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19382-341fea7d/juicio-de-amparo-no-procede-resolver-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.