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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO ES SUPLETORIO DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 1/2002. · Registro digital (IUS): 16908
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ ÓSCAR REYES RODRÍGUEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, , Pág. 709.

QUEJA 1/2002. JOSÉ ÓSCAR REYES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son inoperantes los agravios transcritos.

El recurrente manifiesta que a fin de adicionar el cuestionario exhibido por el quejoso para el desahogo de la prueba pericial que ofreció, solicitó que el oferente exhibiera su credencial de elector para que los peritos analizaran la firma que aparece en ella, pero la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que se tomarían en cuenta las firmas que el quejoso asiente ante la presencia judicial porque así fue como se ofreció la prueba, lo dejó indefenso, ya que jurisprudencialmente se ha determinado que para el mejor desahogo de la pericial, es necesario que se analicen firmas estampadas antes de la controvertida y, por ello, solicitó que el quejoso exhibiera su credencial de elector, pues ésta es de fecha anterior a aquella en la que se estamparon las firmas dubitables; que el Juez de Distrito dejó de ser imparcial en el desahogo de la prueba de mérito, pues las resoluciones que se dicten en los juicios no deben tratar de favorecer o perjudicar a alguna de las partes, y si en el caso solicitó el análisis pericial de la firma que aparece al reverso de la credencial de elector del quejoso, por ser una firma indubitable impuesta ante una autoridad administrativa federal con anterioridad a las controvertidas, el Juez de amparo debió acordar favorablemente su petición, ya que de otra manera quedará indefenso porque sólo se analizarán como firmas indubitables las asentadas ante el propio Juez con posterioridad a las dubitables, donde el quejoso pudiera variar dolosamente los rasgos de sus firmas; que en términos del artículo 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la mencionada ley, el tercero perjudicado tiene derecho de nombrar perito y hacer la adición correspondiente al cuestionario exhibido para el desahogo de la prueba pericial y la autoridad debe velar porque se desahogue conforme a las formalidades exigidas por la ley, por lo que si en el caso adicionó el cuestionario y solicitó se requiriera al quejoso para que exhibiera su credencial de elector, el Juez Federal debió hacer el requerimiento a fin de que los peritos tuvieran mayores elementos para emitir su dictamen, pues de otra manera éste sería parcial en favor del quejoso.

Son inoperantes dichos agravios, en virtud de que el recurrente no controvierte eficazmente los argumentos del Juez de Distrito que le sirvieron de base para negarle su petición de requerir al quejoso la exhibición de su credencial de elector, mismos que se hicieron consistir sustancialmente en que la prueba pericial en grafoscopía se ofreció señalando como firma indubitable la que se estampara ante el propio Juez de Distrito; esto es, que el citado Juez estimó que por haberse ofrecido la pericial limitada a tener como firma indubitable la asentada ante esa propia autoridad, no cabría la posibilidad de admitir alguna otra firma como referencia para su análisis.

Sin embargo, como se indicó, el recurrente se limita a señalar que esa denegación lo dejó indefenso, que el Juez actuó de manera parcial al no obsequiarle su petición, que jurisprudencialmente se ha determinado la necesidad de analizar firmas asentadas con anterioridad a la cuestionada en el desahogo de una prueba pericial, que la credencial de elector contiene la firma del quejoso asentada con anterioridad a la cuestionada. Pero no demuestra razonadamente por qué se le deja indefenso, sobre todo partiendo del hecho de que se le dio vista con el cuestionario sobre el que versaría la prueba y se le tuvo por nombrado perito admitiéndose la adición que hizo al cuestionario propuesto, lo que evidencia que se le ha dado oportunidad de controvertir las aseveraciones del quejoso. Por otro lado, no señala el número de la jurisprudencia que, según dice, no fue observada por el Juez de Distrito, aunado a que tampoco precisa el órgano jurisdiccional que la emitió, su rubro y tesis, por lo que este tribunal se encuentra impedido para analizar los agravios en los que se aduce inobservancia al criterio de dicha jurisprudencia, pues siendo la materia civil de estricto derecho, queda a cargo del recurrente exponer con claridad sus argumentos a fin de que sean analizados y si en el caso incumplió con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, esta omisión no puede ser subsanada.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número VI.2o. J/21 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, visible en la página ciento uno del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA O DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SU INVOCACIÓN POR LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO.-Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró y el rubro y tesis de aquélla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que si la quejosa no cumple con dichos requisitos, el Tribunal Colegiado se encuentra legalmente impedido para determinar si se ha violado o no, en su perjuicio, por el a quo el criterio que aquélla sostiene.".

De la misma manera, el recurrente no especifica en qué consistió la actuación parcial del juzgador, pues el hecho de que haya admitido una prueba en los términos propuestos, no indica que al momento de resolver deje de valorar la prueba analizando si cumplió o no con los requisitos formales y de fondo requeridos.

Tampoco argumenta en contra de la parte medular del desechamiento de su petición, pues no expone las razones jurídicas del porqué la prueba puede ser variada y atender, en su desahogo, a firmas no señaladas para su examen.

Por lo demás, el recurrente reiteradamente sostiene que la determinación del Juez de Distrito lo dejó indefenso, que si adicionó el cuestionario debió acordarse favorablemente su petición, que no debe haber parcialidad en los juicios y que la firma impuesta en la credencial de elector es anterior a la cuestionada; sin embargo, como ya se señaló, no combate la parte medular del acuerdo recurrido en el que se dijo que no procedía requerir al quejoso la exhibición de su credencial de elector porque sólo se tomarían en cuenta como firmas indubitables para el cotejo las estampadas ante el propio juzgado, porque la pericial se ofreció en esos términos. Y el recurrente no precisa si en el desahogo de dicha prueba puede o no variar los del ofrecimiento, y menos aún indica los fundamentos legales que apoyen el hecho de que en adición del cuestionario propuesto se analice la veracidad o no de firmas no cuestionadas, esto es, que pueda variarse el fin o motivo de la prueba.

Por tanto, como el recurrente es dogmático en cuanto a sus manifestaciones y, por otro lado, no combate las razones dadas por el Juez de Distrito en el auto recurrido, se hace evidente la inoperancia de dichos agravios.

Se cita sobre el particular la jurisprudencia número 581 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página trescientos ochenta y seis del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. INOPERANCIA DE LOS.-Son inoperantes los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente, cuando no combate eficazmente los motivos y fundamentos en que se sustentó el Juez de Distrito para emitir la sentencia constitucional, pues la simple afirmación genérica en el sentido de que la resolución impugnada le causa perjuicio resulta insuficiente por sí sola para demostrar la ilegalidad de tal acto.".

Independientemente de lo anterior, debe decirse, a mayor abundamiento, que para el desahogo de la pericial tendiente a demostrar la autenticidad o falsedad de una firma, deben tenerse en cuenta en el análisis grafoscópico correspondiente, las firmas autógrafas, es decir "originales", impuestas directamente por su autor, bien sea con anterioridad o posterioridad a la cuestionada, siendo éstas las únicas que pueden ser sujetas a estudio por los peritos para determinar sus elementos; pero no pueden tomarse en cuenta firmas que aparecen impuestas en una copia, pues sus elementos no podrán ser debidamente apreciados de esa reproducción fotográfica. Luego, si la firma estampada en una credencial de elector es bien sabido que no es autógrafa, sino que se obtiene por medios tecnológicos, resulta intrascendente que, para efectos de la pericial en el caso, esa firma se haya impuesto con anterioridad a la dubitada, si de cualquier manera no puede ser sujeta a examen; además, no debe perderse de vista que la firma materia del análisis pericial no es la que calza la citada credencial de elector, como tampoco lo será para tomarla como indubitable en relación con las que fueron materia de objeción, pues en los términos del ofrecimiento de la prueba de mérito, y al tenor del acuerdo admisorio, se tendrán en cuenta como firma o firmas indubitables las que estampe el quejoso ante el Juez de Distrito.

Se aplica, en lo que interesa, la tesis del Octavo Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página doscientos cuarenta y nueve del Tomo XV-1, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBA PERICIAL. LA FIRMA SEÑALADA COMO INDUBITABLE PARA EL COTEJO DEBE SER AUTÓGRAFA.-Tratándose de la prueba pericial grafoscópica tendiente a demostrar la autenticidad o falsedad de una firma impugnada de falsa, se requiere que las firmas señaladas como indubitables para el cotejo se encuentren estampadas en forma autógrafa, pues sólo de esta manera el perito puede apreciar correctamente los elementos necesarios y trascendentes de acuerdo a su ciencia, que evidencien comparativamente con la firma dubitada, si ésta es o no auténtica e imputable a la persona que se dice la suscribió; en cambio por cuestión lógica se ha estimado que no todos esos elementos pueden apreciarse en una reproducción fotográfica de una firma, pues en este tipo de reproducciones no se puede apreciar por ejemplo el grado de apoyo en la letra, la firmeza del pulso en la suscripción, elementos que en su caso pueden ser determinantes para que el perito dictamine sobre la autenticidad o falsedad de una firma.".

Cabe agregar, asimismo, que tratándose de la prueba pericial no existe supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, pues el artículo 151 de dicha ley contiene las reglas especiales relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de la citada prueba; así lo sostuvo este tribunal en la tesis publicada en la página setecientos treinta y seis del Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "-Tratándose de la prueba pericial no existe supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, en virtud de que del contenido del artículo 151 de este último ordenamiento legal, se advierte la existencia de reglas especiales relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba de que se trata, distintas de las que establecen otros ordenamientos, entre ellos el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues mientras que en el juicio de garantías queda a cargo del Juez de Distrito la designación del perito que debe emitir su dictamen con base en el cuestionario presentado por el oferente, en el procedimiento civil federal corresponde a las partes la integración de la prueba designando a sus propios peritos, según lo disponen los artículos 145, 146 y 147 del aludido Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la prueba en comento se desahoga mediante el dictamen que rinda el perito designado por el Juez de Distrito, aun sin la concurrencia de los peritos nombrados por las partes y en cambio, en el procedimiento civil federal deben rendir invariablemente su dictamen todos y cada uno de los peritos que intervengan, incluyendo el tercero en discordia que en su caso sea nombrado por el tribunal.".

Por eso, el Juez de Distrito tuvo por formulada la adición al cuestionario exhibido por el quejoso con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, siendo que el último de dichos actos prevé, en su parte relativa: "... El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia ...".

Ahora bien, la formulación de repreguntas o adición al cuestionario debe interpretarse en el sentido de que esa adición debe estar directamente relacionada con los hechos que la probanza pretenda probar y no con cualquiera otra cuestión accesoria "que le interese" al que adiciona; es decir, quien adicione el cuestionario propuesto no puede introducir aspectos diversos a aquellos materia de la prueba, porque de otra manera rebasaría su objetivo cambiando el sentido de la pretensión de quien la propuso; además, de estimar el adicionante que deben tomarse en cuenta otros elementos diferentes a los señalados por el oferente de la prueba, está en aptitud, a su vez, de ofrecer otra prueba, incluso de la misma naturaleza, lo que no impedirá al juzgador analizar y valorar su resultado otorgándole el que legalmente le corresponda.

En las condiciones anteriores se declara infundada la presente queja.

Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 95, 97 y 99 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el presente recurso de queja.

Notifíquese; comuníquese la presente resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. Elisa Tejada Hernández y Raúl Armando Pallares Valdez, así como por el secretario Humberto Schettino Reyna, en funciones de Magistrado, en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fue ponente el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16908-ba545d39/prueba-pericial-el-codigo-federal-de-procedimientos-civiles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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