DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. NO ES DABLE EXIGIR DESDE SU PRESENTACIÓN, PRUEBAS DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDE.
QUEJA 19/2000. JUAN CARLOS ÍÑIGUEZ REYES.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los agravios anteriormente transcritos son fundados.
En efecto, según se desprende del auto de cinco de enero del año dos mil, la Juez de Distrito, con fundamento en los artículos 116, fracción IV, 36 y 146 de la Ley de Amparo, mandó aclarar la demanda presentada por Juan Carlos Íñiguez Reyes, para que, con la finalidad de fijar la competencia conforme al segundo de los preceptos aludidos, demostrara que transita por las diversas entidades a que alude en su escrito de demanda, ya que, dijo la a quo, señala como responsables a diversas autoridades con residencia fuera del Estado de Jalisco. Por escrito presentado el once de enero del año citado, el promovente de garantías pretendió dar cumplimiento a lo requerido. Como finalmente la Juez no encontró satisfecha la mencionada aclaración de demanda, tuvo ésta por no interpuesta por lo que ve a las autoridades foráneas que precisó en el auto aquí recurrido.
Tal determinación se considera incorrecta pues, como en esencia lo aduce el recurrente, basta que en una demanda de garantías se señale con precisión cuál es el acto que de cada autoridad de las designadas como responsables se reclama, y que se manifiesten bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, para que se tenga por cumplido el requisito que para la admisión de este tipo de demandas exige el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, y cuya omisión da lugar al requerimiento para subsanarlo, no así la falta de demostración de tales antecedentes, como de esa manera, implícitamente, lo consideró la a quo al emitir el desechamiento impugnado. Tal consideración desborda, pues, lo prescrito en el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, en tanto que el requisito formal de la demanda de garantías de que se habla no conlleva demostración, menos plena, de los hechos, sino únicamente, para efecto de tramitar y dar entrada a la demanda, el Juez de Distrito debe atender, y es suficiente, a la manifestación de los antecedentes de los actos reclamados, hecha bajo protesta de decir verdad del peticionario de garantías. De otra manera, se reduciría el procedimiento de amparo a la demostración de hechos y actos reclamados desde la presentación de la demanda, en perjuicio del promovente, lo cual no es dable, porque la ley que rige el juicio de garantías prescribe un procedimiento en el que se otorga oportunidad a las partes de probar sus afirmaciones, ya sea el quejoso, las autoridades responsables, e inclusive el tercero perjudicado, en una audiencia (artículos 151 y 155) en donde, entre otras cuestiones, se reciben y desahogan los medios de convicción ofertados. De ahí que sea inadmisible que se sancione con tan graves consecuencias (tener por no interpuesta la instancia constitucional) ante la falta de demostración, desde el planteamiento de la demanda, de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, al no estar contemplado ese requisito en el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo. En cuyas condiciones deviene ilegal el requerimiento realizado, vía aclaración de la demanda, para que el peticionario de amparo demostrara con constancias que circula por los diversos Estados de la República que se indican en el auto impugnado, con la finalidad, según la Juez, de fijar su competencia en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, puesto que ninguna disposición de tal legislación, menos de aquellas que contienen los requisitos que debe reunir la demanda de amparo, ni los motivos para mandar aclararla, señalan la posibilidad de que el Juez requiera el acreditamiento de un hecho, como en la especie, atinente a la finalidad de fijar la competencia del Juez ante quien se promueve la instancia constitucional de que se trate, pues el artículo 116 de la ley de la materia sólo obliga al requerimiento cuando haya irregularidades en el escrito de demanda (confusiones e imprecisiones), o no se hubieran exhibido las copias que señala el artículo 120 del ordenamiento legal invocado, pero de ninguna manera se permite coartar, por un lado, la posibilidad de que el promovente pruebe durante el procedimiento de amparo los hechos en que funde su demanda o la existencia de los actos que reclama y, por el otro, tampoco atentar contra el procedimiento jurisdiccional establecido para el amparo, en donde existen derechos y obligaciones procesales para las partes, correspondiendo a la parte quejosa aportar los elementos probatorios necesarios para acreditar, hasta en la audiencia constitucional, que se encuentra en las situaciones que inciden en la existencia del acto reclamado. Si la Juez estimaba insatisfecho el requerimiento de la precisión en el acto reclamado o de los antecedentes del mismo, debió requerir por éstos, no su demostración, mucho menos plenamente. Inclusive, el auto recurrido evidencia que el peticionario de garantías trató de demostrar la circunstancia de que circula por los diversos Estados de la República donde residen las autoridades por las que se desechó la demanda, mas lo cierto es que no procede jurídicamente realizar, previo a la admisión de la instancia respectiva, el examen sobre cuestiones referentes a hechos que se pueden probar hasta la audiencia constitucional. Es pertinente aclarar que no impide a este tribunal hacerse cargo del punto cuestionado, el hecho de que también sea el auto de requerimiento de aclaración de la demanda de amparo el que contiene las irregularidades aquí ponderadas, porque tal acuerdo no ocasiona, por sí mismo, el perjuicio irreparable al promovente, sino el aquí reclamado, que tuvo parcialmente por no interpuesta la demanda de garantías, de acuerdo con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 97/97, consultable en la página veintiuno del Tomo VI, diciembre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA.-Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión, según lo previsto en la fracción I del artículo 83 de la citada ley, se concluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo.". Consecuentemente, lo que procede es revocar el auto recurrido, para el efecto de que la Juez de Distrito provea nuevamente acerca de la admisión o rechazo de la demanda de garantías, en cuanto a las autoridades foráneas, pero absteniéndose de desecharla por los motivos que aquí se desestimaron.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Es fundado el presente recurso de queja.
SEGUNDO.-Se revoca el auto sujeto a revisión, pronunciado el doce de enero del año dos mil por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en este Estado, en el juicio de amparo indirecto número 28/2000, promovido por Juan Carlos Íñiguez Reyes, en los términos y para los efectos precisados en el considerando tercero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Rogelio Camarena Cortés, Jorge Alonso Álvarez Escoto y Ramón Medina de la Torre, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, firmando de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presidente de este tribunal, primero de los nombrados, quien fue el ponente en el presente asunto.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17428-c056ada0/demanda-de-amparo-desechamiento-de-la-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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