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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN IMPUGNADA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL LESIONAR SU INDEPENDENCIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 255/2017. · Registro digital (IUS): 200302
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 255/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 14 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación y contenido de la demanda. Por escrito recibido el siete de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Congreso, del titular del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez del acto que se indica a continuación:

"Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del Decreto Número Dos mil tres publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad Número 5527 de fecha 23 de agosto de 2017 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a la C. Mercedes Bruno Ahuyón con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos."

El decreto impugnado es del tenor siguiente:

"DECRETO NÚMERO DOS MIL TRES POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MERCEDES BRUNO AHUYÓN.

"Artículo 1o. Se concede pensión por Jubilación a la C. Mercedes Bruno Ahuyón, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Temporal e Interinamente Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Segunda Sala de ese H. Cuerpo Colegiado."

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 85% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado."

"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley."

Los antecedentes narrados en la demanda son, en esencia, los siguientes:

1. El aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con sus necesidades reales. Lo anterior partiendo de que el presupuesto autorizado en el año 2013, para el Poder Judicial del Estado de Morelos, específicamente la partida correspondiente al Tribunal Superior de Justicia fue del orden de **********, mismo que es idéntico con las autorizaciones correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, caso contrario con el número de pensiones concedidas, puesto que éstas si han aumentados considerablemente.

2. Mediante oficio número CJE/2675/2016 de nueve de mayo del dos mil dieciséis se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos que autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de **********, que requiere para el pago de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio 2013 al 2017 no se había autorizado ningún incremento en ese rubro pese a que se han autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.

3. Por oficios números CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016 de uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de su Presidenta, envió a la Legislatura de dicha entidad, los anteproyectos de presupuesto de egresos de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, a efecto de solicitar un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que el Legislativo lo hubiera autorizado.

4. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos mediante oficio CJE/MMCVCL/2194/2016, remitió al Poder Legislativo local el anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia de la entidad señalada para el ejercicio fiscal de 2017, por el monto de **********.

Sin embargo, aun cuando el Poder solicitante consideró el incremento para el pago de pensiones y jubilaciones, éste no fue autorizado ni asignado por el Congreso del Estado de Morelos, el cual se entromete en las finanzas del Poder Judicial al emitir decretos en los cuales aprueba pensiones con cargo al presupuesto del citado Poder Judicial sin asignar el erario correspondiente para permitir hacer frente a las crecientes pensiones y a los incrementos de las mismas.

5. El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5527 el decreto número dos mil tres a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a la C. Mercedes Bruno Ahuyón con cargo a la inexistente partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El Poder actor señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123 apartado B, 126, 127 y 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Asimismo, formuló conceptos de invalidez en contra del decreto impugnado, el cual consideró violatorio de su esfera competencial en relación con los dispositivos antes mencionados.(2)

Finalmente, ofreció como pruebas diversas documentales públicas, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana.

SEGUNDO.—Registro, admisión, trámite y designación de Ministro instructor. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil diecisiete,(3) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 255/2017; asimismo, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Posteriormente, en proveído de once de septiembre del mismo año,(4) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Secretario General de Gobierno de la citada entidad, a quienes ordeno emplazar; y finalmente ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

TERCERO.—Contestación de demanda del Poder Legislativo. Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos(5) formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.

En el escrito de contestación se sostuvo la validez del decreto impugnado; se exhibieron copias certificadas de diversas documentales públicas y se ofreció la prueba presuncional e instrumental de actuaciones.

Cabe mencionar que en el apartado denominado "II. En cuanto a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda", el Poder Legislativo negó los hechos números 1, 2 y 3, manifestó que era parcialmente cierto el hecho número 4 y aceptó el hecho 5, destacando que, en relación con el hecho número 1, el presupuesto asignado al Poder Judicial en los años del 2013 al 2016 sí ha variado, pues en el año 2013 se previeron asignaciones por la cantidad de **********, en el año 2014 se redujo a **********, en el año 2015 se otorgaron **********, en el año 2016 las asignaciones fueron por ********** y para el año 2017 las asignaciones ascendieron a **********.

CUARTO.—Contestación de demanda del Poder Ejecutivo. Por escritos presentados el diez de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Secretario de Gobierno y el Consejero Jurídico, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, formularon contestación a la demanda,(6) en donde sostuvieron argumentos tendentes a sostener la validez de los actos que se les reclamaron y, consecuentemente la del decreto impugnado.

En los escritos de contestación se exhibieron diversas documentales públicas, así como, las pruebas presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones.

QUINTO.—Se tiene por contestada la demanda. Por autos de seis y catorce de noviembre de dos mil diecisiete,(7) el Ministro instructor tuvo por recibidos los oficios y anexos suscrito por la Presidenta de la mesa directiva del Congreso de Morelos, por el Secretario de Gobierno y por el Consejero Jurídico –en representación del Titular del Poder Ejecutivo demandado–, respectivamente; asimismo, les tuvo a los demandados por acreditada la personería para actuar en el presente asunto; por contestada la demanda; por designados a sus delegados; por señalados los domicilios para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por ofrecidas las pruebas que acompañaron a sus escritos, constancias con las que dio vista al actor y al procurador general de la República.

SEXTO.—Fijación de la audiencia de ley. En el último de los acuerdos citados en el punto que antecede –catorce de noviembre de dos mil diecisiete– se señaló lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

SÉPTIMO.—No intervención de la Procuraduría General de la República. La procuradora general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

OCTAVO.—Audiencia de ley y puesta en estado de resolución. Una vez substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el quince de enero de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por formulados los alegatos que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—Avocamiento. Previo dictamen del Ministro ponente, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

Consecuentemente, el treinta de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera al ponente para el dictado del proyecto correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos con motivo de la emisión de un acto consistente en un decreto mediante el cual se otorgó una pensión por jubilación a una trabajadora del Estado con cargo al presupuesto del poder actor; sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:

• El Decreto Número Dos mil tres publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5527 de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a Mercedes Bruno Ahuyón, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.

TERCERO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente, pues la impugnación del decreto impugnado se realizó dentro del plazo legal previsto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

A ese respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia(9) señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, mientras que para impugnar normas generales el plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada, o del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.

Ahora, se tomará como fecha de conocimiento del decreto impugnado la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.

En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves veinticuatro de agosto al viernes trece de octubre de dos mil diecisiete.

Ello, en el entendido que de conformidad con los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(10) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(11) y con el punto primero, incisos a), b) y h) del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) en el cómputo citado deben descontarse los siguientes días inhábiles: veintiséis y veintisiete de agosto, dos, tres, nueve, diez, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, así como el uno, siete, ocho y doce de octubre, todos de dos mil diecisiete. También se deben descontar del diecinueve al veintidós de septiembre del referido año, de conformidad con la circular 2/2017, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En estas condiciones, si la demanda se presentó el siete de septiembre de dos mil diecisiete, es indudable que su presentación resulta oportuna.

CUARTO.—Legitimación activa. María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Morelos,(13) está legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional,(14) y 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(15) así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(16)

Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico al Poder Judicial de Morelos, corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.

QUINTO.—Legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación, publicación y refrendo, respectivamente, del decreto cuya constitucionalidad se cuestiona.

Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció la diputada Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de presidenta de la mesa directiva, lo que se advierte del acta de sesión ordinaria de doce de octubre de dos mil dieciséis,(17) y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(18)

Por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos acudió el Consejero Jurídico José Anuar González Cianci Pérez, quien acreditó su personalidad con el ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Morelos de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se publicó su nombramiento,(19) cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(20)

La secretaría de Gobierno local fue representada por su titular Matías Quiroz Medina, quien justificó tal carácter con el ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de catorce de octubre de dos mil catorce, en el que se publicó su nombramiento.(21)

Al respecto cabe destacar que los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos(22) y 21, fracción XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado(23) facultan al secretario de Gobierno del Estado de Morelos para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.

Conforme a lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.

SEXTO.—Causales de improcedencia. Enseguida se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento hechas valer por las partes y las que se adviertan de oficio, al ser de estudio preferente.

El Congreso demandado adujo, al contestar la demanda, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia,(24) porque el Poder Judicial actor carece de interés legítimo para impugnar el decreto de otorgamiento de pensión en cuestión, ya que a su parecer, éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.

Debe desestimarse dicha causa de improcedencia porque la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión a favor de una trabajadora, es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99,(25) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

Por otra parte, el Poder Ejecutivo demandado sostiene que debe desestimarse la controversia constitucional tomando en consideración que los argumentos expresados por el poder actor se limitan a reclamar la invalidez del decreto impugnado sin precisar cuál es la parte considerativa que le causa perjuicio.

Por cuanto hace a este planteamiento debe decirse que de los artículos 22, 39 y 40 de la ley de la materia(26) se advierten, por una parte, los requisitos que debe contener la demanda de controversia constitucional, y por otra, la obligación de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de corregir el error de la cita de los preceptos invocados en la demanda y de examinar en su conjunto los razonamientos expuesto por las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada al momento de dictar la sentencia correspondiente, pudiendo, en su caso, suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios.

Bajo ese contexto, de los citados numerales no se desprende obligación alguna para que la Entidad o Poder actor señale de manera destacada en la demanda la parte del acto impugnado que le causa agravio, pues basta que se formule en los conceptos de invalidez la argumentación mediante la cual pretenda demostrar que el acto o norma que impugna contraviene alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que este Tribunal Constitucional examine esos razonamientos en su conjunto, así como los que hayan formulado las demás partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Además, contrario a lo aseverado por el Congreso demandado, esta Segunda Sala considera que de la demanda se advierte claramente la causa de pedir del Poder actor a través de los conceptos de invalidez que formula, de manera que procede desestimar la causal de improcedencia hecha valer, lo anterior, de acuerdo con lo sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2005 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.—Si bien es cierto que los conceptos de invalidez deben constituir, idealmente, un planteamiento lógico jurídico relativo al fondo del asunto, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede admitir como tal todo razonamiento que, cuando menos, para demostrar la inconstitucionalidad contenga la expresión clara de la causa de pedir. Por tanto, en el concepto de invalidez deberá expresarse, cuando menos, el agravio que el actor estima le causa el acto o ley impugnada y los motivos que lo originaron, para que este Alto Tribunal pueda estudiarlos, sin que sea necesario que tales conceptos de invalidez guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo."(27)

Dilucidado lo anterior y al no haberse planteado por las partes alguna otra causa de improcedencia ni advertirse de oficio otra por esta Segunda Sala, se procede al estudio del fondo del asunto.

Sin que sea óbice a lo anterior que el Poder Judicial actor haya (o no) pagado la pensión concedida en el decreto impugnado, pues los pagos que en su caso se hayan realizado en cumplimiento al mandamiento del Congreso, que precisamente constituye la materia de impugnación en la presente controversia, se habrían realizado a fin de no afectar los derechos del trabajador pensionado, lo cual no podría causar perjuicio en detrimento de los derechos del Poder actor de combatir mediante controversia constitucional las invasiones a su esfera competencial.

SÉPTIMO.—Estudio. El Poder actor sostiene en una parte de sus conceptos de invalidez que el decreto impugnado viola la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.

Ello, aunado a que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así.

A fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al Poder Judicial actor, resulta necesario explicar la mecánica bajo la cual funciona el sistema de pensiones en Morelos.

Para ello, el presente análisis tiene como objetivo esclarecer tres puntos principales:

• ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en el Estado de Morelos?

• ¿Cómo se distribuye la carga financiera para el pago de las pensiones en esa entidad federativa?

• ¿Ese sistema de pagos (reflejado en los decretos de pensión como el que aquí se impugna) respeta la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal?

En este contexto resulta pertinente precisar que desde el año de 1984, ante la preocupación que existía por parte del Gobierno del Estado de Morelos de otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar, se creó el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.(28)

Esa institución, de conformidad con los artículos 4o., 5o. y 6o. de su ley, es un "organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos", que tiene por objeto "procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales".

El patrimonio del citado instituto, de conformidad con el artículo 8o. de su ley, se integra con: un fondo social permanente; las aportaciones ordinarias y extraordinarias que realicen los entes obligados;(29) las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados; las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, salvo resolución judicial; un fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por cualquier título; los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en lo futuro adquiera o se adjudique el Instituto; los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan o constituyan a favor del Instituto, y con cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del instituto.

Y para el cumplimiento de sus fines, la ley respectiva establece:

• En el artículo 6o., que el instituto, para el cumplimiento de su objeto, de manera enunciativa mas no limitativa, tendrá como atribuciones:

"I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;

"II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto;

"III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente ley, su reglamento y demás normativa aplicable;

"IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y demás normativa aplicable; y,

"V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo.

• Y en los artículos 63 y 64, se dispone que las prestaciones sociales que el Instituto otorga a sus afiliados son las relativas a: "I. Servicios de odontología; II. Servicios de optometría, y III. Cualquier otra que proponga el director general a la aprobación del Consejo Directivo."

• El artículo 29 prevé que tienen la calidad de afiliados: "I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados, y II. Los pensionistas que continúen cotizando al instituto."

• Mientras que el artículo 30 establece que los derechos y las obligaciones del instituto con los afiliados "nacen concomitantemente con el pago de las cuotas y las aportaciones".

• Por su parte, el artículo 26 señala las obligaciones que tienen los entes obligados en relación con el Instituto, de entre las que destaca la relativa a "Enterar en tiempo y forma las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los créditos otorgados"; mientras que el artículo 27 dispone que "Además de lo previsto en el artículo anterior, los entes obligados deberán enterar al instituto, dentro de los primeros treinta días naturales a la fecha de corte de nómina, el monto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200302-6cce8cac/i-controversia-constitucional-autonomia-del-poder-judicial-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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