I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 191/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, Poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, ostentándose como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional, en la que demanda la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:(1)
Entidad, poder u órgano demandado:
a) Congreso del Estado de Morelos.
b) Titular del Poder Ejecutivo.
c) Secretario de Gobierno.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
Reclama la invalidez por sí y por vicios propios del Decreto 1679, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5494, de tres de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a Sandra Torres Márquez, con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Del escrito de demanda hecho valer por la parte actora, se desprenden como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134.
TERCERO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. Que el aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales; sino que se ha mantenido intocado, partiendo desde el año dos mil trece, en que se asignaron recursos de $451'559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), ha sido igual para el ejercicio de dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, más no así el número de pensiones concedidas, que éstas sí han ido en considerable aumento.
2. Precisa que mediante oficio número CJE/2675/2016, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos, se autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de $56'000,000.00 (cincuenta y seis millones 00/100 M.N.), a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio 2013 al 2017, no se había autorizado partida presupuestaria en este rubro pese a que se han autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial; sin embargo, hasta la fecha la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.
3. Señala que en términos de los oficios números CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016, de uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, suscrito el primero por la otrora presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, y el último por la actora, donde se enviaron a la Legislatura del Estado de Morelos, los anteproyectos de presupuestos de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, se solicitó se autorizara un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que el Poder Legislativo hubiera autorizado los mismos.
4. Que aun y cuando el Poder Judicial consideró el incremento en el rubro de las pensiones jubilatorias no fue autorizado ni asignado como lo ha venido solicitando; sin embargo, la responsable, Congreso del Estado de Morelos, al emitir los decretos en los cuales aprueba las pensiones, se ciñe a decir que son con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin asignar el erario correspondiente que permita hacer frente a las crecientes pensiones y a los incrementos de las mismas, entrometiéndose en las finanzas del Poder actor, al señalar que debe darse el aumento a la pensión en función al salario mínimo, cuando en esa proporción no se aumentó el presupuesto, imponiendo una carga de erogar un gasto respecto del cual no ha recibido el ingreso del recurso.
5. Que el tres de mayo de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5494, el Decreto 1679, a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, determina otorgar pensión por jubilación a Sandra Torres Márquez, con cargo a la inexistente partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos, decreto que es materia de impugnación en la presente controversia constitucional.
CUARTO.—Conceptos de invalidez. El Poder Judicial del Estado de Morelos, hizo valer, esencialmente, los siguientes argumentos:
1. Que se vulneran en perjuicio del Poder Judicial actor, los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI inciso a), 127, de la Constitución Federal; 32 párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado de Morelos; que establecen los principios de fundamentación, motivación, división de poderes, autonomía en la gestión presupuestal, al haberse emitido por la Legislatura Local el Decreto 1679, por el que se concede pensión por jubilación a Sandra Torres Márquez y a través del cual, el Congreso del Estado de Morelos determina otorgar dicha pensión, con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin proporcionar numerario alguno a la partida presupuestaria de pensiones, en la medida que resulte suficiente para cubrir dicho rubro.
Que el mencionado decreto entra en franco choque con los preceptos referidos, que le reconocen al poder actor la potestad gubernativa de autonomía de gestión presupuestal y potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas, para otorgar pensiones o jubilaciones, y consecuentemente también la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna otra autoridad estatal.
Que la Legislatura del Estado de Morelos, se entromete inconstitucionalmente en la disposición del presupuesto del Poder Judicial en relación a las relaciones laborales de éste con sus trabajadores, al determinar con quebranto del orden constitucional el decreto impugnado, sin siquiera verificar la suficiencia de recursos presupuestales ni el impacto en las arcas del Poder Judicial, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda de ese Poder, al imponerle fuera de toda previsión o planificación gubernamental el deber de cubrir oportunamente una jubilación. Pues no basta la presunción de que existe una partida, para estimar que por estar contemplada en el presupuesto de egresos anualizado la partida destinada a pensiones, ésta necesariamente tiene fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues no debe perderse de vista que la pensión otorgada debe encontrarse garantizada por quien la expide, bien por estar comprendida dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente –en la especie 2017–, o porque existe una bolsa adicional a la que comprende a los jubilados anteriores, o porque al momento de emitirse el decreto se ordena el aumento o transferencia en la misma proporción en que deba cubrirse el referido gasto.
Aduce, que la franca vulnerabilidad económica que se genera con la emisión de decretos jubilatorios, sin la correspondiente garantía económica que asegure su cumplimiento, provoca que se violen los derechos de los trabajadores que pasan al retiro, en tanto, se impide que se realice su pago oportuno de su prima de antigüedad, proporcionales de su aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima quinquenal y monto de su pensión ante la innegable falta de recursos, ya que dichas prestaciones deben cubrirse al terminarse de forma definitiva la relación laboral por jubilación.
El Poder demandado, pierde de vista que a diferencia de los Ayuntamientos y diversos órganos del aparato gubernamental, el Poder Judicial no capta ingresos adicionales a los autorizados en el presupuesto anualizado, es decir, no percibe ningún ingreso extra que le permita hacer frente integral a las cargas impuestas de modo extraordinario –jubilaciones no previstas– al gasto ordinario programado –pago de emolumentos al personal activo–, o al menos mitigar de algún modo el impacto en sus finanzas, siendo netamente su capitalización, a través del presupuesto otorgado.
Que la esencia de la presente controversia, no es el que se excluya al Poder actor en la decisión, de a quienes en su carácter de trabajadores debe concederse pensión por jubilación, sino que se omita otorgar suficiencia de recursos para enfrentar dicho gasto.
Lo que de manera evidente y consciente fue transgredido por la Legislatura del Estado de Morelos, al emitir –sin intervención del Poder actor– el decreto referido, transgrediendo el principio de división de poderes y de autonomía de gestión presupuestal, señalado en el artículo 116 de la Constitución Federal, en correlación con el numeral 123, apartado B, de la citada norma constitucional, pues tal ente de gobierno califica y se entromete inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Poder Judicial y sus trabajadores, pues dispone de manera arbitraria y anárquica de la hacienda de ese poder, al imponerle –fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención– el pago de dichas pensiones, incluso indicando en todos los casos, que el pago de las pensiones (aún las de invalidez) operarán "una vez que el trabajador se separe de sus labores, inclusive erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones".
Que pese a que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales o de los Poderes del Estado de Morelos, la forma de proceder por el Congreso del Estado de Morelos, donde se autoriza a este último Poder la atribución de emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros Poderes Estatales se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal que consagran los artículos 17, párrafo V y 116, fracción III, de la Constitución Federal. Pues si bien, el régimen de pensiones debe necesariamente considerarse en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, pero esto tampoco implica que a través de las mismas el Congreso pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Poderes del Estado de Morelos y sus trabajadores, los cuales fungieron como servidores públicos a su cargo, ya que no debe perderse de vista que la propia Constitución Federal otorgó a los Poderes Judiciales la autonomía de la gestión presupuestal como un principio fundamental de la independencia de los mismos.
Que al resolver el Tribunal Pleno, la controversia constitucional 35/2000, promovida por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, consideró que la autonomía de la gestión presupuestal viene a ser una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y sin la cual se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcionamiento de la cuenta judicial y la inamovilidad de los juzgadores, por ser una circunstancia que condiciona la independencia judicial, la autonomía de la gestión presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y no disminuible, carrera judicial e inamovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales.
El Poder demandado no puede direccionar los recursos presupuestales del Poder actor para el pago de las pensiones en materia de seguridad social, máxime que la Legislatura Local no ha atendido la solicitud planteada para cubrir la obligación dineraria impuesta a través de los diversos decretos de jubilación emitidos a lo largo de la anualidad.
Que si bien los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, otorgan al Congreso del Estado la atribución de ser el órgano de resolución en materia de pensiones, la misma lesiona la hacienda pública del Poder Judicial y en consecuencia su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos.
Que no obstante, que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales y municipales, esta forma de proceder que autoriza al Congreso Estatal la conducta reprochada y en aplicación de las disposiciones legales reclamadas, se apartan del principio de autonomía en la gestión presupuestal que otorga al Poder Judicial, el artículo 116 constitucional, pues no se explica por qué si el trabajador mantuvo la relación de trabajo con el Poder actor, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador se vea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley citada, y con cargo a la hacienda pública del Poder Judicial del Estado de Morelos, el cual como se ha precisado no cuenta con una partida presupuestal para el ejercicio 2017 en el rubro de pensiones y jubilaciones, pues como se ha señalado, la Legislatura Local ha sido omisa en autorizar una ampliación presupuestal para que ese Poder actor pueda cubrir las pensiones al personal que en dicho ejercicio viene jubilándose.
Por las razones expuestas, solicita se declare la invalidez del Decreto 1679, donde se concede pensión por jubilación a Sandra Torres Márquez, y en donde la autoridad demandada determina otorgar dicha pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial y de su misma hacienda pública.
2. Por otra parte, el Poder Judicial actor, considera que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI inciso a); 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Local, que establecen los principios de fundamentación, motivación, congruencia presupuestal, autonomía de la gestión presupuestal y de las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales, al haber emitido la Legislatura Local el decreto impugnado.
Que el Máximo Tribunal ha considerado que la violación a los principios de independencia y autonomía no es una cuestión que pueda analizarse con un parámetro bivalente gracias al cual pueda determinarse si la violación se acreditó o no, sino que se trata de una cuestión gradual, por ser valores que admiten niveles de completitud y, por ende, de afectación; considerando, por tanto, que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respeten el principio de división de poderes y que son la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación.
Que en el decreto impugnado, fue para el efecto de que el Poder Judicial cubriera a Sandra Torres Márquez, el pago de la pensión por jubilación decretada a razón del 70% de su último salario y a partir del día siguiente a aquel en que éste se separe de sus labores, así como realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones; precisando, que si bien es cierto, que el referido trabajador, prestó sus servicios para el Poder Judicial, también lo es, que el Congreso demandado debió proporcionar los recursos económicos para realizar ese pago.
Que el decreto combatido constituye una orden expresa por parte del Poder Legislativo Local, dirigida al Poder Judicial, pues indica que sea el Poder actor quien sufrague el pago de la pensión jubilatoria al trabajador referido, con cargo al erario público del Poder Judicial; lo que hace evidente, que dicha actuación genera un Estado de dependencia y subordinación del Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo, al entrometerse directamente en la ejecución y/o aplicación del presupuesto del Poder Judicial Local que, además, ya se encuentra destinado a determinados fines, cuestión que impacta directamente al principio de autonomía en la gestión presupuestal del que deben gozar los Poderes Judiciales Estatales, por ser precisamente este elemento el que propicia la salvaguarda de la independencia en la actuación del Poder Judicial, como lo ha dejado sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas ejecutorias que ha dictado al respecto.
Por lo que, si como se ha precisado, la actualización de una intromisión, dependencia y/o subordinación del Poder Judicial Local y/o por parte de alguno de los otros dos Poderes Estatales –en ese caso el Legislativo–, son elementos que necesariamente conllevan una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que el decreto en cuestión carece de validez constitucional.
En este sentido, la orden impugnada implica una subordinación del Poder Judicial al Legislativo Estatal, cuestión que se encuentra prohibida por la Constitución Federal, al generar una violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, máxime que dicha Legislatura no dota de los recursos adicionales al Poder actor y mucho menos autoriza la ampliación o creación de la partida presupuestal correspondiente, pues de la lectura integral de la Constitución Local, la ley orgánica que rige al Congreso del Estado de Morelos, y la Ley del Servicio Civil de esta entidad federativa, se advierte que dicho Congreso Estatal está facultado para emitir decretos arbitrarios obligando a otros Poderes a acatar sus determinaciones e influyendo en su hacienda pública, y en el caso no existe justificación legal para la expedición de un decreto como el que se impugna.
Por tales circunstancias, considera que se debe declarar la invalidez del decreto impugnado, y de igual forma analizar la subordinación y dependencia en la que se encuentra este Poder Judicial, toda vez que, el Legislativo Local deberá incrementar o dotar de los recursos suficientes en la partida de pensiones, a efecto de no vulnerar los derechos de los trabajadores de este Poder Judicial.
3. Que el artículo 3o. del decreto cuya invalidez se demanda, vulnera en perjuicio del Poder actor, los artículos 16, 116, fracción III, 126 de la Constitución General de la República; 134 y 131 de la Constitución del Estado de Morelos.
Lo anterior, toda vez que, el Estado se encuentra obligado a cubrir el derecho mínimo a la seguridad social, que comprende entre otras cosas, y para el caso a estudio, que sea otorgada una pensión y dependiendo del reconocimiento de la antigüedad en un empleo, ésta es la que produce una diferencia en la cuantía de la pensión por jubilación, en el caso de la pensión por cesantía en edad avanzada, la exigencia de un mínimo de diez años laborados y acreditar el requisito de la edad. Como es sabido, este derecho a la seguridad social que pertenece a los llamados de la segunda generación, constituyendo una obligación de hacer del Estado, y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas del mismo.
Ante esto, es innegable que para hacer frente a dicha obligación y ante la problemática que esto representa, fue inminente generar reformas y mecanismos para que el Estado Mexicano no absorbiera por completo la carga en cuanto al pago de jubilaciones al ser ésta incosteable, por lo que, se vio en la necesidad de realizar una modificación sustancial en el sistema de pensiones, entre las que destaca la creación de las Afores para coadyuvar en tal cometido. Ahora, en el caso de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en donde por un lado se cotiza al Instituto Mexicano del Seguro Social y se puede en su momento acceder al beneficio de la pensión por jubilación o por cesantía en edad avanzada; por otro lado, la Ley del Servicio Civil de la entidad establece los supuestos para acceder a tales derechos. Continuando inmutable la obligación del Estado de cubrir en su totalidad los montos de las pensiones que se otorguen a los trabajadores que hayan prestado sus servicios al Gobierno del Estado de Morelos, acreditándose la carga año con año, sin que en este rubro exista hasta el momento, ni mayor reglamentación al respecto.
En ese contexto, señala que de acuerdo al principio de división de poderes, en el ámbito estatal, no niega la obligación de hacer frente a la misma, pero es necesario plantear que para poder dar cumplimiento se requiere de presupuesto suficiente que no puede estar supeditado a la potestad del órgano legislativo, del cual no se tiene la certeza del monto que otorgará, porque en el anteproyecto que presenta el Poder Judicial actor, plantea las necesidades para cumplir con su función constitucional de impartición de justicia, y lo que de ésta derive, pero lo peticionado no se ve reflejado en el presupuesto que se autoriza, más aún porque es creciente el número de trabajadores que han decidido ejercer su derecho a pensionarse, ya sea por años trabajados, aún con el mínimo requerido (dieciocho años), o bien, por cesantía en edad avanzada, aun cuando su capacidad, fuerza e intelecto les permitirá seguir laborando por más tiempo.
Que el poder demandado viola lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, al generar incertidumbre jurídica con lo establecido en el artículo tercero del acto cuya invalidez se demanda, cuando indica que el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. Al respecto, destaca que si bien dentro del presupuesto de egresos va considerado un incremento salarial, éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo, ya que el primero depende del propio presupuesto de egresos autorizado con partidas específicas para su aplicación, y en el segundo, por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo público descentralizado, cuya integración y funcionamiento se encuentra desligado de lo que comprende a los trabajadores que prestan sus servicios al Gobierno del Estado.
Que el artículo tercero del decreto combatido, pone de manifiesto, que el legislador local, viola la división de poderes y transgrede la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial, al disponer arbitrariamente el aumento automático del importe de la pensión, en relación con el incremento porcentual del salario mínimo, sin embargo, no establece que de manera automática se transfieran los recursos dinerarios en la misma medida en que se aumente el monto de las pensiones, amén de que no previene que con base en el registro o padrón de pensionados y jubilados a cargo al presupuesto del Poder Judicial se realice una vez definida la cantidad global que comprenda los meses del ejercicio fiscal que falten por cubrirse, en relación a dichas pensiones la transferencia de los recursos equivalentes y suficientes para cumplir dicha obligación, pues al no hacerlo, dispone arbitrariamente de los recursos etiquetados previamente para fines específicos, y que por lo mismo, no pueden distraerse para ningún otro fin, aun cuando sea para el pago de pensiones, pues trastoca la facultad del Consejo de la Judicatura Estatal, consignada en el artículo 117, fracciones XV y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Por lo anterior, solicita se declare la invalidez del decreto impugnado, por no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social, que no se refieren a aumento al salario mínimo como referente para incrementos de las pensiones, sino al Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, para garantizar el poder adquisitorio de dicha pensión, pues a consecuencia del aumento porcentual de la pensión en relación al incremento al salario mínimo en el caso de los jubilados del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin traer aparejado un aumento igual o equivalente (en el mismo porcentaje que el aumento al salario mínimo) provoca inestabilidad económica al Poder actor, situación que desde luego afecta su autonomía financiera, al ordenarse irracionalmente la aplicación del aumento automático del monto de la pensión, se obtiene como en la especie un resultado que pone en relieve una diferencia considerable entre las percepciones de los Magistrados en retiro y sus homólogos activos.
4. El decreto impugnado es contradictorio al artículo 126 de la Constitución Federal, que refiere que no puede realizarse gasto que no esté comprendido en el presupuesto, ya que no puede perderse de vista que impone una carga que, ya sea por jubilación o cesantía en edad avanzada, genera inestabilidad económica.
Es imposible, que de los recursos otorgados al Poder Judicial del Estado de Morelos, para el ejercicio dos mil diecisiete, se pueda hacer frente al pago, sin que se desestabilice financieramente a la institución.
Que el Poder Legislativo demandado fue omiso en responder y, por tanto, en asignar el recurso solicitado; no obstante ello, ha continuado aprobando pensiones a trabajadores sin otorgar la partida presupuestal correspondiente.
Considera inválido establecer en el decreto jubilatorio, el aumento de la pensión conforme al salario mínimo, pues el porcentaje, en que ha aumentado en los últimos años es superior al 3% que establece la referida Ley de Disciplina Financiera, de igual forma los trabajadores jubilados no ganan el salario mínimo, y los trabajadores activos no tienen aumento en el mismo porcentaje, por lo que es materialmente imposible actualizar cada año el porcentaje de los trabajadores jubilados conforme al salario mínimo en razón de que existen casos en los que los jubilados ganan más que los trabajadores activos.
QUINTO.—Registro, admisión y trámite de la controversia. Por acuerdo de quince de junio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 191/2017.
Asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(2)
Mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil diecisiete,(3) el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas, reconociendo como tal a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, así como al secretario de Gobierno de la referida entidad, para que formularan su respectiva contestación, además, requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que, al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con el decreto impugnado, así como el ejemplar del Periódico Oficial en que éste aparezca publicado; asimismo, ordenó dar vista a la procuradora general de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. La diputada Beatriz Vicera Alatriste, ostentándose como presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:
I. En cuanto a los hechos: En su orden correlativo manifestó (1) que no es cierto, habida cuenta de que el presupuesto asignado al Poder Judicial en los años de dos mil trece a dos mil dieciséis, sí ha variado; (2) que no es cierto, ya que de la lectura del acuse de recibo que anexa el poder actor, se aprecia con claridad que éste fue presentado en la junta política y de gobierno, y no así, al Congreso del Estado como tal, toda vez que, el Congreso del Estado se integra por una asamblea, que integra al Poder Legislativo; (3) que no es cierto, ello en virtud de que entre los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil diecisiete, hubo un ajuste de la asignación presupuestal correspondiente al Tribunal Superior de Justicia; (4) es parcialmente cierto su correlativo, habida cuenta de que el decreto del cual se solicita su invalidez, es con cargo al Poder Judicial; y, (5) que es cierto.
II. Improcedencia de la controversia constitucional.
La presente controversia constitucional es improcedente, en términos del artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la fracción I, inciso h), del propio artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que, el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial de la entidad, en este sentido, la actora carece de interés legítimo para promover el presente medio de control constitucional.
Lo anterior, toda vez que, para la existencia del interés legítimo, se requiere de una afectación que resientan en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; actualizándose dicho interés, cuando la cond
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200341-faa5259c/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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