Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS ((INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 176/2017. · Registro digital (IUS): 200361
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 176/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA QUIEN SE RESERVA EL DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en el que emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 176/2017, en la que María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, y en representación de éste, demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo,(1) así como del secretario de Gobierno de la entidad, la invalidez de:

- El Decreto Número Mil Setecientos Noventa y Uno publicado en el Periódico Oficial de la entidad Número "5491", el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por el que el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Alma Delia Matilde Tapia Rendón, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la entidad.

I. Antecedentes y planteamientos de la demanda

1. Antecedentes. En la demanda se señalaron, en síntesis, como antecedentes del caso, los siguientes:

a) El Poder Judicial no ha tenido un incremento presupuestal desde el ejercicio dos mil trece, que se asignaron recursos del orden de $451'559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), mismo que es idéntico con los autorizados en los años dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Esta falta de incremento al presupuesto ha sido así a pesar de que el Poder Judicial actor ha solicitado, reiteradamente, un aumento en su presupuesto, principalmente para solventar los gastos correspondientes al pago de pensiones.

b) El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad Número "5491" el Decreto Mil Setecientos Noventa y Uno, a través del cual, el Poder Legislativo Local otorgó una pensión por jubilación a favor de Alma Delia Matilde Tapia Rendón, con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor –equivalente al noventa por ciento de su último salario percibido–.

2. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:

3. El decreto impugnado viola los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Federal; así como los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Estatal, por lo siguiente:

4. El Congreso Local, al otorgar la pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin proveer la ampliación del presupuesto para cubrir esa prestación laboral, afecta el presupuesto del Poder actor violando el principio de división de poderes, así como la autonomía e independencia, establecidos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución Federal, asimismo, transgrede los dispositivos 92-A y 131 de la Constitución Local.

5. Sin que el Poder actor haya autorizado e intervenido, el Congreso Local emitió el decreto impugnado, en el cual se obliga al Poder Judicial a realizar el pago de la pensión por jubilación disponiendo de manera arbitraria de la hacienda pública del Poder actor, lo que es posible apreciar con la redacción actual del decreto impugnado "... dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones". Lo que acredita la ausencia de análisis racional en torno a la capacidad y disponibilidad de recursos en la partida a que se remite el pago de la pensión.

6. La autoridad demandada se entromete en la disposición del presupuesto del Poder Judicial, al determinar que se cubra con cargo a la insuficiente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder actor, vinculándolo a realizar el pago de pensiones como ocurre con la ciudadana Alma Delia Matilde Tapia Rendón, sin verificar la suficiencia de recursos presupuestales ni el impacto en las arcas del Poder Judicial, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda de dicho Poder, al imponerle cubrir oportunamente una jubilación.

7. Con el decreto impugnado se actualizan todos los grados de violación al principio de división de poderes. Se entromete en la independencia del Poder Judicial, pues sin la intervención de éste, emite un decreto jubilatorio con impacto total en el presupuesto de egresos del Poder actor. Torna dependiente al Poder Judicial, porque se impide que tome decisiones o actúe de manera autónoma, la Legislatura Local trata al Poder actor como subalterno, en tanto lo compele a pagar en forma mensual, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones, sin otorgar la ampliación presupuestal respectiva. Se subordina al Poder actor al obligarlo a cubrir una pensión al noventa por ciento del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores, la cual será cubierta por el Poder Judicial del Estado, además, el decreto impugnado implica que el Poder Judicial no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que, además, debe someterse a la voluntad del Poder subordinante. Se ordena al Poder actor y además se cuantifica el monto de la pensión.

8. Si bien los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos otorgan al Congreso del Estado la atribución de ser el órgano resolutor en materia de pensiones, esta atribución materializada en el decreto impugnado lesiona la hacienda pública del Poder actor y su autonomía de gestión en el manejo de recursos, pues al prever que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores judiciales, así como la cuantía a la que deberán ascender las mismas, se actualiza la afectación aludida.

9. Lo anterior se reafirma con lo resuelto en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en las que la Suprema Corte resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil estatal, determinando el monto correspondiente.

10. No se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Poder actor corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador se vea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley y con cargo a la hacienda pública del Poder Judicial del Estado, el cual no cuenta con una partida presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete en el rubro de pensiones y jubilaciones, pues la Legislatura Local ha sido omisa en autorizar una ampliación presupuestal para que el Poder actor pueda cubrir las pensiones al personal que en dicho ejercicio viene jubilándose.

11. De este modo, la violación de los principios de autonomía e independencia judiciales implica necesariamente la violación del principio de división de poderes, ya que los primeros están inmersos en el último, cita en apoyo a sus argumentaciones, los criterios jurisprudenciales, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES, PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.", "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."

12. Se vulnera la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial, al ordenar el pago de las prestaciones que refiere el decreto impugnado, sin haber proporcionado previamente ese recurso económico, lo que implica necesariamente una afectación a la autonomía presupuestal. Cita en apoyo la tesis de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."

13. Así entonces, la actualización de una intromisión, dependencia y/o subordinación del Poder Judicial Local y/o por parte de alguno de los otros dos Poderes Estatales –en este caso el Legislativo– son elementos que necesariamente conllevan una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que el decreto impugnado carece de validez constitucional.

14. El artículo tercero del decreto impugnado viola los artículos 16, 116, fracción III, y 126 de la Constitución Federal, y 134 y 131 de la Constitución Local, por disponer arbitrariamente el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo. Se vulnera la garantía de seguridad jurídica, división de poderes, autonomía e independencia judicial, la limitante de realizar pago alguno que no esté contemplado en el presupuesto de egresos respectivo; el ejercicio eficiente de los recursos para satisfacer los objetivos a que están destinados. El Poder Judicial no niega la responsabilidad de hacer frente a la obligación del pago de la pensión, sin embargo, para poder dar cumplimiento requiere de presupuesto suficiente, que no puede estar supeditado a la potestad del órgano legislativo, del cual no se tiene la certeza del monto que otorgará, y más aún porque es creciente el número de trabajadores que han decidido pensionarse.

15. El artículo tercero del decreto impugnado genera incertidumbre jurídica cuando indica que el monto de la pensión será calculado tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general, ya que si bien el presupuesto de egresos va considerado un incremento salarial, éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo, puesto que el primero depende del propio presupuesto de egresos autorizado, y el segundo por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

16. Se genera inseguridad jurídica, al no contar con un factor o indicador que defina o permita prever o requerir una cifra debidamente afianzada en datos duros, como lo sería el Índice Nacional de Precios de diciembre del año anterior, para de este modo proporcionar los recursos dinerarios suficientes para no colocar al Poder Judicial en desestabilización económica, al tener que cubrir los aumentos de las pensiones a su cargo y al mismo tiempo no disminuir los salarios de Jueces y Magistrados.

17. Finalmente, se irroga un perjuicio al Poder Judicial en relación con el artículo 134 constitucional, porque no se consideró otorgar recursos para hacer frente a los pagos derivados del decreto de pensión impugnado, asimismo, es inválido establecer en el decreto impugnado el aumento de la pensión conforme al salario mínimo, ya que el porcentaje en que se ha aumentado en los últimos años es superior al tres por ciento que establece la Ley de Disciplina Financiera.

18. Artículos constitucionales señalados como violados. El Poder Judicial actor señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también refiere violación a los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

II. Trámite de la controversia constitucional

19. Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete.(2)

20. El presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 176/2017, y de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(3)

21. El Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda. En el mismo auto, se requirió al Poder Legislativo Local para que, al dar contestación a la demanda, enviara a este Alto Tribunal copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el decreto impugnado, y al Poder Ejecutivo de la entidad para que remita el ejemplar del Periódico Oficial en el que conste la publicación del decreto controvertido.(4)

22. Contestación del Poder Legislativo.(5) La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en representación de ese Poder, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, que:

a) Los hechos marcados con los números 1, 2 y 3 no son ciertos, ya que en los años de dos mil trece al dos mil dieciséis, sí ha variado el presupuesto tal como se señala: $585'365,000.00 (quinientos ochenta y cinco millones, trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), $565'198,000.00 (quinientos sesenta y cinco millones, ciento noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.), $570'679,000.00 (quinientos setenta millones, seiscientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) y $554'679,000.00 (quinientos cincuenta y cuatro millones, seiscientos setenta y nueve «mil» pesos 00/100 M.N.), respectivamente, para el dos mil diecisiete se prevén asignaciones por la cantidad de $572'669,000.00 (quinientos setenta y dos millones, seiscientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.).

b) Por otra parte, entre los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil diecisiete hubo un ajuste en la asignación presupuestal correspondiente al Tribunal Superior de Justicia, por la cantidad de $13'546,000.00 (trece millones, quinientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) para reasignarse a la partida de la aportación inicial del fondo para el haber de retiro de los Magistrados del Poder Judicial del Estado; lo anterior, en correlación con el último párrafo del artículo trigésimo séptimo del Decreto Número Mil Trescientos Setenta y Uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

c) Por lo que respecta al hecho marcado con el número 4, es parcialmente cierto, habida cuenta que el decreto del cual se solicita su invalidez, es con cargo al Poder Judicial.

d) Finalmente, es cierto el hecho marcado con el número 5, en virtud de que el veintiséis de abril del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad" Número "5491", el Decreto Número Mil Setecientos Noventa y Uno, a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a la ciudadana Alma Delia Matilde Tapia Rendón, con cargo a la inexistente partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial del Estado.

e) Resulta improcedente la controversia constitucional, en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la fracción I, inciso h), del propio artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Poder Judicial del Estado de Morelos no cuenta con un interés legítimo para acudir a esta vía, ya que para la existencia de éste, se requiere de una afectación que resienta en su esfera de atribuciones, la cual no demuestra ya que con la expedición del Decreto Mil Setecientos Noventa y Uno, por el que se otorga pensión por jubilación a la C. Alma Delia Matilde Tapia Rendón, el Congreso del Estado de Morelos no pretende ejercer de manera directa los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial. Cita en apoyo a sus argumentaciones, la tesis número 1a. CLXXXI/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR EN ESTA VÍA LA LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, POR VICIOS PROPIOS, CUANDO EL ACTOR CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO."

f) El decreto en cuestión, fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado, la cual establece el procedimiento que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener su pensión, ya sea por jubilación, por cesantía en edad avanzada, viudez u orfandad, asimismo, la naturaleza jurídica de los derechos adquiridos, así como quienes son los obligados a cumplir en materia de presentaciones sociales, tal como lo establecen los artículos 43, 45, del 54 al 58, 65 y 66 de la citada normatividad.

g) El Poder actor en ningún momento precisa qué parte del decreto impugnado adolece de validez, sino que alega que el acto de invalidez es el decreto, mas no la parte considerativa del acto, razón por la cual, es improcedente.

h) Con la expedición del decreto impugnado, en nada se violentan los requisitos de fundamentación y motivación. Conforme al artículo 127 de la Constitución Federal, las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales estatales el mecanismo legal para que sus trabajadores accedan a las prestaciones ahí previstas. Por lo que no se vulnera el principio de división de poderes, porque debe prevalecer el principio de colaboración para satisfacer los fines del Estado.

i) No existe alguna intromisión en las actividades propias del Poder actor, tales como administrar justicia o imponerle la realización de determinada conducta.

j) No se vulnera la autonomía presupuestal del Poder actor, porque hasta este momento no se ha afectado ninguna partida presupuestal de dicho Poder y, en consecuencia, las actividades encomendadas por el artículo 17 constitucional, es decir, la función de impartición de justicia a los justiciables, no se ve involucrada ni transgredida.

k) El acto legislativo que reconoció el derecho de pensión por jubilación impugnado, se emitió con fundamento en el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local, por lo que constituye un decreto, entendido como un acto materialmente administrativo, y de la interpretación sistemática de los artículos 40, fracción II, y 50 de la Constitución Local; 3o. de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y 56, 57 y 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado, el Congreso de la entidad es el único que tiene la facultad para sustanciar el trámite en el que determine por decreto el pago de la pensión, así como para aclarar, reformar, derogar o abrogar dicha determinación, e incluso para analizar la eficacia de la misma.

l) No pasa por alto que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil, en la parte que otorgaba al Congreso Local la facultad de emitir los decretos en materia de pensiones, fue declarado inválido por la Suprema Corte, mediante resoluciones de ocho de noviembre de dos mil diez y tres de mayo de dos mil doce, en las controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010, el decreto impugnado fue emitido en el dos mil dieciséis, y ya que el Congreso Local actualmente cuenta con la facultad de aclarar, reformar, derogar o abrogar sus propios decretos, e incluso para verificar la eficacia de los mismos, es que aún se encuentra en posibilidad de resolver lo procedente respecto a la ejecución del decreto en el que otorgó la pensión impugnada.

m) El artículo 49 de la Constitución Federal, no resulta aplicable en el ámbito estatal, pues se refiere al ámbito federal, por lo que no existe violación a ese precepto constitucional.

23. Contestación del gobernador(6) y del secretario de Gobierno del Estado.(7) Ambas autoridades del Estado de Morelos fueron esencialmente coincidentes en sus respectivas contestaciones de demanda, sosteniendo, en síntesis, que:

a) Se presenta la falta de legitimación "ad causam" del Poder actor, porque carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer, respecto del gobernador y del secretario de Gobierno, ya que no han realizado algún acto que invada o afecte su competencia. Así como también se actualiza la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, porque no han realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera competencial del Poder actor.

b) Es cierto, únicamente, en cuanto a la promulgación y publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Decreto Número Mil Setecientos Noventa y Uno, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, a través del cual, se otorga pensión por jubilación a Alma Delia Matilde Tapia Rendón.

c) Resulta evidente que el poder público que representan se encuentra llamado a la presente controversia constitucional, cumpliendo el actor con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado el decreto impugnado, para la adecuada tramitación y resolución de la misma, encuentran su fundamento, al respecto, la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."

d) Se destaca que el refrendo, promulgación y publicación se realizaron con estricto apego a las facultades legales con que cuenta el gobernador del Estado y secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad con lo establecido por los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Local; 10, 11, fracción II, y 21, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 10 y 11, «fracción» XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

e) Por cuanto a lo señalado respecto a verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del secretario de Gobierno, se precisa que el titular del Poder Ejecutivo de Morelos, en términos de las facultades constitucionales y legales con las que cuenta, mandó promulgar y ordenó publicar en estricto apego a la normatividad aplicable; por lo que en ningún momento incurrió en violación a los dispositivos constitucionales.

f) Resulta infundado que se viole en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que no se viola ni la autonomía de su hacienda, ni la libre administración.

g) Una pensión es una prestación económica que forma parte de los beneficios a los que tiene derecho un empleado cuando deja de trabajar y obtiene su jubilación, cuando se cumplen los requisitos y las condiciones marcadas por la legislación correspondiente. Estas pensiones actualmente son otorgadas a cargo del Estado, independientemente de que los trabajadores burocráticos gocen del derecho de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; afiliación que les permite, además, acceder a las pensiones, prestaciones, seguros y servicios que se otorgan a través de las citadas instituciones conforme a la normativa aplicable.

h) Finalmente, existen diversas pensiones con cargo al presupuesto asignado al Poder actor, emitidas por el Poder Legislativo del Estado, que se fundamentaron en los mismos ordenamientos impugnados, en las que no se promovieron controversias constitucionales. Ello puede corroborarse en los Decretos de pensión Números "65" y "94" publicados el nueve y treinta de diciembre de dos mil quince, y "2169", publicado el veintidós de abril de dos mil quince, todos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de la entidad.

24. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República, se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional, no obstante que fue debidamente notificado del auto de admisión.

25. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

26. Radicación. Previo dictamen del Ministro ponente el asunto quedó radicado en la Primera Sala.

III. Competencia

27. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el punto tercero, en relación con el punto segundo, fracción I, ambos del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece.

IV. Oportunidad

28. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece, en sus fracciones I y II, el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(8)

29. Tratándose de actos:

a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y,

c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

30. En el caso de normas generales:(9)

d. A partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y,

e. A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

31. El Decreto Mil Setecientos Noventa y Uno impugnado,(10) es un acto, por el que el cómputo para la presentación de la demanda debe realizarse tomando en cuenta el día en que el Poder Judicial actor se ostentó sabedor del mismo, esto es, el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, fecha que este decreto se publicó en el Periódico Oficial de la entidad.(11)

32. Tomando esa fecha como referente, se concluye que la demanda se interpuso de manera oportuna, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia, culminó el nueve de junio de dos mil diecisiete,(12) siendo que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de junio de dos mil diecisiete, tal como se advierte del reverso de la hoja cuarenta del expediente, por lo que se encuentra dentro del plazo legal referido.

V. Legitimación activa

33. El Poder Judicial de Morelos compareció por conducto de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la entidad, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien demostró tener tal cargo con la copia certificada del acta de la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la cual acompañó a su demanda,(13) de la que se advierte que fue declarada presidenta para el periodo comprendido del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis al diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, y cuyas atribuciones, para ostentar la representación jurídica del Poder actor, están previstas en el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos;(14) y, finalmente, el Poder actor es un órgano legitimado para promover la presente controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción (sic) h), de la Constitución Federal.

VI. Legitimación pasiva

34. En el auto de admisión de doce de junio de dos mil diecisiete, se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.(15)

35. El Poder Legislativo del Estado de Morelos es representado por la diputada Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de presidenta de la mesa directiva, quien acreditó su personalidad con copia certificada del acta de la sesión ordinaria de doce de octubre de dos mil dieciséis, en la cual consta su designación en tal cargo,(16) y sus atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(17)

36. El Poder Ejecutivo del Estado fue representado por José Anuar González Cianci Pérez, en su carácter de encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de la entidad, quien acreditó su personalidad con el original del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de once de junio de dos mil quince,(18) en el que consta el acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200361-054dc146/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.