I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE [ARTÍCULOS 1, 8, 57, APARTADO B), 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y 109 DE SU REGLAMENTO, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCULOS 55, 56, 57, 59 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DEL ACTO IMPUGNADO AL HABER SIDO ABROGADO EXPRESAMENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A EZEQUIEL HONORATO VALDEZ CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. V. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 128/2017. PODER JUDICIAL DE MORELOS. 11 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y PRESIDENTE EDUARDO MEDINA MORA ICAZA. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE EL MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al 11 de julio de 2018, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 128/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
I.Antecedentes
1.Presentación de la demanda. El 6 de abril de 2017, el Poder Judicial de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo y del secretario de Gobierno, todos ellos del mismo Estado.
2.En su demanda solicitó la declaración de invalidez del Decreto Número 1434, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a Ezequiel Honorato Valdez con cargo al presupuesto del Poder Judicial de Morelos.
3.Asimismo, con motivo de su aplicación en el decreto impugnado, solicitó la declaración de invalidez de las siguientes disposiciones generales:
1) Por permitir a la Legislatura Local la emisión del Decreto impugnado, los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicados el 16 de enero de 2013, y
2) Por extensión de sus efectos, al modificar el sistema de pensiones, los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la misma ley; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de Morelos, publicada el 9 de mayo de 2007, y 109 del Reglamento del Congreso de Morelos, publicado el 12 de junio de 2007.
4.Registro, turno y admisión de la demanda. El mismo día, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, registrarla con el número 128/2017 y la turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
5.Al día siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los Poderes y el secretario demandados; ordenó emplazarlos a juicio para que formulasen su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestase lo que correspondiera a su representación.
6.Ampliación de la demanda. El 12 de julio de 2017, el Poder actor amplió la demanda en contra de los mismos Poderes y el secretario demandados para impugnar como hecho superveniente el Decreto Número 1852, mediante el cual se abrogó el diverso 1434 y se volvió a otorgar pensión por jubilación a Ezequiel Honorato Valdez con cargo al presupuesto del Poder Judicial de Morelos.
7.Al día siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la ampliación de la demanda; ordenó emplazar nuevamente a los Poderes y el secretario demandados para que formulasen la contestación respectiva y dar vista al procurador general de la República para que manifestase lo que correspondiera a su representación.
8.Suspensión. El 23 de octubre de 2017, el Poder actor solicitó abrir un incidente de suspensión para mantener las cosas en el estado que guardaban en ese momento, ya que tuvo conocimiento de la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito en el juicio de amparo 1045/2017, en la cual se ordenó al Congreso del Estado de Morelos dejar sin efectos el decreto impugnado en la ampliación de la demanda y, por ese motivo, a su juicio la presente controversia constitucional se quedaría sin materia.(1)
9. En vista de los efectos para los cuales se concedió la protección de la Justicia de la Unión, el Poder actor solicitó que la suspensión se le concediera, en específico, para que el decreto impugnado no fuera modificado o abrogado ni se emitiera uno nuevo en el que se apruebe un porcentaje mayor de pensión a Ezequiel Honorato Valdez, tal y como se desprende de la lectura de su promoción,(2) en la cual señaló:
"...el pasado veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se recibió oficio número 25612/2017, derivado del juicio de amparo número 1045/2017-III-RS, potestad del Juzgado Octavo de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, (autoridad que se declaró incompetente para conocer del asunto remitiendo los autos para conocimiento del Juzgado Primero de Distrito) promovido por Ezequiel Honorato Valdez, en atención a la violación del derecho de igualdad de género, ello dado el monto de pensión autorizado al citado servidor público cuando por los mismos años a una mujer se le concede un monto superior.
"El trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, dicto (sic) sentencia en la que se determinó conceder el Amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos:
"‘En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a EZEQUIEL HONORATO VALDEZ el amparo y la protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos:
"‘a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, las autoridades responsables deberán dejar sin efectos el Decreto mil ochocientos cincuenta y dos (1852) publicado el catorce de junio de dos mil diecisiete, en el periódico oficial «Tierra y Libertad»; ejemplar cinco mil quinientos tres (5503), por medio del cual se concedió a la parte quejosa pensión por jubilación, a razón del noventa por ciento del último salario del mencionado impetrante de garantías; y,
"‘b) En su lugar, dicte otro en el que en estricto acato la garantía de igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción I, inciso c), que reclama, lo cual significa que, se le debe dar idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el Artículo 58, fracción II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 100% (cien por ciento) del último salario del peticionario de garantías.’
"La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, por estar fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que se actualice a partir de la publicación del decreto combatido, esto es, desde el catorce de junio de dos mil diecisiete, lo anterior de conformidad con las tesis antes señaladas."
10.El 24 de octubre de 2017, el Ministro instructor negó la petición del Poder actor, en síntesis, porque su solicitud no recaía sobre el decreto impugnado o sus efectos, sino que pretendía evitar la eventual emisión de un nuevo decreto que dejase sin efectos el impugnado con motivo de lo ordenado en una ejecutoria de amparo, siendo que la suspensión no podía comprender otro medio de control constitucional.(3)
11.Requerimiento. El 16 de noviembre de 2017, el Ministro instructor requirió al titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito para que rindieran un informe sobre el estado procesal del juicio de amparo en cuestión y enviasen copia de la sentencia respectiva.(4)
12.Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el 19 de abril de 2018 se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria, en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
13.Radicación. El 23 de mayo de 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento de la presente.
II.Competencia
14.Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, ley reglamentaria),(6) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 5/2013,(8) ya que no se requiere de la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III.Certeza y precisión de los actos reclamados
15.Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(9) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.
16.En primer lugar, se solicitó la declaración de invalidez del Decreto Número 1434, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a Ezequiel Honorato Valdez con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos sobre el 90% del último salario percibido en su carácter de Juez de Primera Instancia, cuya existencia quedó acreditada con un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5476, de 22 de febrero de 2017.(10)
17.Luego, con motivo de su aplicación en el decreto impugnado, solicitó la declaración de invalidez de las siguientes disposiciones generales:
1)Los artículos 1, 8, 24 fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV en su párrafo primero, e inciso c), 54 fracción VII, 55, 56, 57, último párrafo, y del 58 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada el 17 de enero de 2013;
2)El artículo 56 de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, publicada el 9 de mayo de 2007;(11) y,
3)El artículo 109 del Reglamento del Congreso de Morelos, publicado el 12 de junio de 2007.
18.Sin embargo, no todas las disposiciones que fueron señaladas se aplicaron en el decreto impugnado.
19.De la lectura de su contenido, se aprecia que el Congreso Local sólo aplicó expresamente los siguientes artículos: 55, 56, 57, Apartado A), fracciones I, II, y III; 58, fracción I, inciso c), y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;(12) sin embargo, en la medida que su contenido está implícito, también de los siguientes:
1) El artículo 24, fracción XV,(13) por cuanto prevé la terminación de los efectos del nombramiento cuando los trabajadores han obtenido pensión por jubilación;
2) El artículo 43, fracción XIV,(14) por establecer el derecho de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos a recibir este tipo de pensión;
3) El artículo 45, fracción XV, inciso c),(15) por obligar a los poderes locales a cubrir las aportaciones para que aquellos puedan recibir pensión por este concepto;
4) El artículo 54, fracción VII,(16) por regular como una prestación de los trabajadores el derecho de los empleados públicos a recibir pensión por jubilación;
5) El artículo 65, fracción I,(17) por establecer la prelación para gozar de las pensiones de la ley como la que nos ocupa.
20.Por lo que respecta a los artículos 1, 8, 57, apartado B), 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil,(18) 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(19) y 109 de su reglamento,(20) todos del Estado de Morelos, no se aplicaron ni expresa ni implícitamente en el decreto impugnado, ya que no fueron tomados en cuenta para la concesión de pensión por jubilación que fue decretada a favor de Ezequiel Honorato Valdez.
21. Por esta razón, respecto de estas últimas disposiciones generales se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII,(21) en relación con el artículo 21, fracción II, ambos de la ley reglamentaria;(22) ya que se tendrían que haber impugnado con motivo de su publicación y, atendiendo a la fecha en que esto ocurrió, la presentación de la demanda resultaría notoriamente extemporánea porque el plazo legal para ello es de treinta días y la última reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos fue publicada el 8 de octubre de 2014, mientras que las disposiciones de Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su reglamento son del 9 de mayo y 12 de junio de 2007, respectivamente. En consecuencia, se debe sobreseer en el juicio respecto de todas éstas disposiciones generales con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria.(23)
22. Por tanto, si sólo pueden ser materia de la presente controversia constitucional aquellas disposiciones que de una u otra forma le fueron aplicadas al Poder actor en el decreto impugnado, para poder integrarlas a la litis se requiere, además, que sea la primera vez que se le aplicaron al Poder actor. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede.
23. De conformidad con el artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles,(24) supletorio por virtud del artículo 1o. de la ley reglamentaria, es un hecho notorio para esta Suprema Corte de Justicia que no es la primera vez que esto sucede, incluso, en la controversia constitucional 238/2016, el mismo Poder Judicial de Morelos señaló otro decreto como el que aquí se impugna como acto de aplicación de las mismas normas e, incluso, desde entonces ya se había desechado la demanda por esta misma circunstancia, lo cual fue objeto de impugnación en el recurso de reclamación 1/2017-CA, fallado por la Primera Sala el pasado 19 de abril, confirmando el desechamiento por los motivos apuntados.
24. Por consiguiente, si el decreto impugnado no constituye el primer acto de aplicación de los artículos 55, 56, 57, 58 y 66 de Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sino uno ulterior, también en este caso su impugnación es improcedente, ya que la presentación de la demanda resultaría notoriamente extemporánea atendiendo a su fecha de publicación y, por el mismo motivo, se debe sobreseer en el juicio respecto de estas otras disposiciones en los términos apuntados con anterioridad y en congruencia con el precedente de la controversia constitucional 84/2004, cuyo criterio se encuentra contenido en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA."(25)
25. Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala al resolver las controversias constitucionales 267/2017, 231/2017, 277/2017, 111/2017, 235/2017, 100/2017, 149/2017, 204/2017, 205/2017, 217/2016, 110/2017, 210/2017, 215/2017 y 152/2017, 203/2017 y 148/2017, 171/2017 y 172/2017, y 129/2017.
26. Por tanto, el estudio del escrito inicial de demanda debería constreñirse al Decreto Número 1434, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a Ezequiel Honorato Valdez con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor; sin embargo, su impugnación resulta igualmente improcedente, ya que también constituye un hecho notorio que el Congreso del Estado de Morelos abrogó el Decreto Número 1434 en cumplimiento a la ejecutoria del amparo antes referido.
27. Por este motivo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria, en relación con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 45 de dicho ordenamiento legal, ya que esta Suprema Corte no puede pasar desapercibido que el Decreto 1434 cesó en sus efectos por virtud del artículo 1o. del Decreto Número 1852,(26) el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación de conformidad con su segunda disposición transitoria,(27) como se puede confirmar con el ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5503, de 14 de junio de 2017,(28) que obra agregado al expediente.
28. Por consiguiente, al actualizarse una causa de improcedencia, procede sobreseer en la controversia constitucional respecto del decreto 1434 impugnado en el escrito inicial de demanda, de conformidad con la fracción II del artículo 20 del propio ordenamiento legal.(29)
29. En segundo lugar, como hecho superveniente se solicitó la declaración de invalidez del Decreto Número 1852, ya que en su texto, además de abrogar el diverso Número 1434, se volvió a otorgar pensión por jubilación a Ezequiel Honorato Valdez con cargo al presupuesto del Poder actor, pero en esta ocasión a razón del 90% del último salario percibido en su carácter de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, como se muestra a continuación:
"Decreto Número mil ochocientos cincuenta y dos por el que se abroga el diverso Número Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5476, el día veintidós de febrero de dos mil diecisiete, y se emite Decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación, al C. Ezequiel Honorato Valdez.
"Artículo 1o. Se abroga el Decreto Número Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5476 el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, a razón del 90% del último salario percibido por el solicitante en su carácter de Juez de Primera Instancia, dejándolo sin efecto legal alguno.
"Artículo 2o. Se concede pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos desempeñando como último cargo el de: Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia.
"Artículo 3o. La pensión decretada deberá cubrirse al 90% de la última percepción mensual como Magistrado Numerario, a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público se haya separado de dicho cargo, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
"Artículo 4o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
"Disposiciones transitorias
"Primera. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
"Segunda. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ´Tierra y Libertad´.
"Tercera. Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos el contenido del presente decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento al proveído de fecha veintitrés de febrero del año en curso, así como, a la sentencia pronunciada en el juicio de garantías número 1091/2015, promovido por el C. Ezequiel Honorato Valdez." (énfasis añadido)
30. Por lo anterior, la materia de la presente controversia constitucional se constriñe al Decreto Número 1852, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a Ezequiel Honorato Valdez con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.
IV.Oportunidad
31. El artículo 27 de la ley reglamentaria prevé dos supuestos en los cuales el actor puede ampliar su demanda: 1) dentro de los quince días siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o 2) hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente, tal y como señala el criterio del Tribunal Pleno derivado del precedente de la controversia constitucional 29/99, contenido en la tesis P./J. 139/2000 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA."(30)
32. De acuerdo con los antecedentes narrados, el Decreto 1852 efectivamente constituye un hecho superveniente, al tratarse de un acto acontecido con posterioridad a la presentación de la demanda y antes del cierre de instrucción.
33. Por tanto, debe analizarse si la ampliación de la demanda se presentó dentro de los plazos que establece el artículo 21 de la ley reglamentaria, siguiendo el criterio del Tribunal Pleno derivado del recurso de reclamación 221/2002-PL, deducido de la controversia constitucional 33/2002, contenido en la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA CON MOTIVO DE UN HECHO SUPERVENIENTE, DEBE PROMOVERSE DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(31)
34. En atención a los antecedentes narrados, con fundamento en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria se debe tomar el día de publicación del decreto impugnado como la fecha en que el Poder Judicial actor tuvo conocimiento del mismo, esto es, el 14 de junio de 2017.
35. Con base en esa fecha, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del jueves 15 de junio al jueves 10 de agosto de 2017,(32) lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la ley reglamentaria,(33) en relación con los artículos 3 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(34) y los incisos a) y b), del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.(35)
36. Por consiguiente, si el escrito por el que se amplió la controversia constitucional se presentó el 12 de julio de 2017, la ampliación de la demanda se presentó de forma oportuna.(36)
V.Legitimación
37. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(37) las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para representarlos en términos de las normas que los rigen y, en todo caso, se presumirá que quienes comparecen a juicio gozan de la representación legal y cuentan con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
38. Legitimación activa. En el presente asunto el Poder Judicial del Estado de Morelos tiene reconocido el carácter de parte actora por haber promovido la controversia constitucional así como su ampliación, de conformidad con la fracción I del artículo 10 de la ley reglamentaria.(38)
39. En su representación suscribió la demanda María del Carmen Verónica Cuevas López con el carácter de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con el acta de la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de 16 de mayo de 2016,(39) en la cual se le eligió para desempeñar el primero de los cargos señalados y por virtud del cual ocupa, a su vez, el segundo de ellos, esto último con fundamento en los artículos 92, párrafo segundo, de la Constitución Política local(40) y 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(41)
40. Ahora, si bien en la Constitución Política local no existe una disposición expresa que haga referencia a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial local ante los órganos jurisdiccionales, ya que su artículo 86 sólo señala que su ejercicio se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes,(42) lo cierto es que el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos le otorga facultades al presidente del primero de ellos para representar a dicho Poder ante los otros poderes del Estado,(43) aunado a que el órgano que preside, por disposición del primer párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(44) es la máxima autoridad de dicho Poder en todas aquéllas cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura local, el cual es la máxima autoridad en los asuntos de su competencia de acuerdo con el artículo 113 del mismo ordenamiento legal.(45)
41. Resulta directamente aplicable al caso el criterio sostenido por el Tribunal Pleno al fallar la controversia constitucional 33/2000, cuyas consideraciones quedaron reflejadas en la tesis P./J. 38/2003 de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(46)
42. Legitimación pasiva. En el presente asunto se les reconoció el carácter de demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos ellos del Estado de Morelos: el primero por haber emitido los decretos impugnados, el segundo por la publicación de los mismos y el tercero por el refrendo respectivo, lo anterior de conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria.(47)
43. Poder Legislativo. En su representación compareció Beatriz Vicera Alatriste con el carácter de presidenta de la mesa directiva, personalidad que acreditó con copia certificada del acta de sesión de 12 de octubre de 2016,(48) donde se desprende que fue electa para ocupar dicho cargo por el período comprendido del 12 de octubre de 2016 al 31 de agosto de 2017.
44. Ahora, por disposición del artículo 24 de la Constitución Política local, en el Estado de Morelos el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el Congreso local(49) y su representación corresponde al presidente de la mesa directiva, esto último de conformidad con el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(50)
45. Por consiguiente, al haber acreditado ocupar el cargo apuntado, como representante legal de dicho órgano legislativo se encuentra legitimada para actuar en nombre del Poder Legislativo del Estado de Morelos.
46. Poder Ejecutivo. En representación de éste Poder comparecieron a dar contestación a la demanda José Anuar González Cianci Pérez, con el carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y Oscar Pérez Rodríguez, en su calidad de director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, quienes acreditaron la personalidad que ostentan: el primero con el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 9 de septiembre de 2015, donde consta su nombramiento de fecha 28 de agosto del mismo año,(51) mientras que el segundo con copia certificada de su nombramiento de 1o. de diciembre de 2016.(52)
47. Ahora, por disposición del artículo 57 de la Constitución Política del Estado, en el Estado de Morelos el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el gobernador(53) y su representación corresponde al consejero jurídico cuando el propio gobernador así lo acuerde, de conformidad con los artículos 74 de la Constitución Política local(54) y 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(55) en relación con los artículos 10, fracción XXI, y 24 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo.(56)
48. Por tanto, si el acuerdo referido en el párrafo anterior fue publicado el 11 de junio de 2015 en el medio oficial correspondiente,(57) donde se puede apreciar que el titular de la Consejería Jurídica fue autorizado por el propio gobernador para ejercer todas las atribuciones y facultades que requieren de acuerdo previo del gobernador, tomando en cuenta que el encargado de despacho puede asumir legalmente las funciones del titular de la Consejería Jurídica en su ausencia, esto por disposición del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(58) entonces, en la presente controversia constitucional sólo el primero de los funcionarios señalados anteriormente cuenta con legitimación procesal para actuar en nombre del Poder Ejecutivo demandado.
49. Secretario de Gobierno. En el presente asunto compareció Matías Quiroz Medina en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con un ejemplar del Periódico Oficial de 14 de octubre de 2014, donde consta su nombramiento en dicho cargo,(59) a quien se le debe reconocer legitimación para intervenir en el juicio al haber hecho ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 11, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos,(60) siguiendo el criterio del Tribunal Pleno contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 109/2001 de rubro: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO."(61)
VI.Causas de improcedencia
50. Las autoridades demandadas adujeron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria,(62) porque el Poder Judicial actor carece de interés legítimo para impugnar el Decreto de otorgamiento de pensión en cuestión, ya que en su opinión éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200367-94c9a021/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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