I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN IMPUGNADA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL LESIONAR SU INDEPENDENCIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 319/2017. PODER JUDICIAL DE MORELOS. 15 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS, DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y PRESIDENTE EDUARDO MEDINA MORA ICAZA. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al 15 de agosto de 2018, emite la siguiente
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 319/2017, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
I. Antecedentes
1. Presentación de la demanda. El 11 de diciembre de 2017, el Poder Judicial de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y del secretario de Gobierno, todos ellos del mismo Estado.
2. En su demanda solicitó la declaración de invalidez del Decreto Número 2224, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a Jaime Gutiérrez Trejo con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
3. Registro, turno y admisión de la demanda. El mismo día, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, registrarla con el número 319/2017, y la turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
4. Al día siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los Poderes y el secretario demandados; ordenó emplazarlos a juicio para que formulasen su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestase lo que correspondiera a su representación.
5. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el 24 de mayo de 2018, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
6. Radicación. El 13 de junio de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avocó al conocimiento de la presente.
II. Competencia
7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria,(2) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno Número 5/2013,(4) ya que no se impugnan normas de carácter general.
III. Certeza y precisión de los actos reclamados
8. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(5) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional, y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.
9. En la demanda, se solicitó la declaración de invalidez del Decreto Número 2224, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a Jaime Gutiérrez Trejo con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, cuya existencia quedó acreditada con un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5544, de 25 de octubre de 2017.(6)
10. Por tanto, el Decreto Número 2224, por el que se determinó otorgar pensión por jubilación a Jaime Gutiérrez Trejo, constituye la materia de la presente controversia constitucional.
IV. Oportunidad
11. En atención a que el objeto de estudio de la presente controversia constitucional se trata de un acto, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda se debe computar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación o que se haya tenido conocimiento del mismo o de su ejecución, o al día siguiente en que el Poder actor se ostente sabedor del mismo, lo anterior de conformidad con la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria.(7)
12. En este caso, para el cómputo del plazo se tomará la publicación como fecha de conocimiento del decreto impugnado, esto es, el 25 de octubre de 2017; lo anterior, porque el Poder actor no manifestó tener conocimiento del acto en fecha distinta. Así, se tiene que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del 26 de octubre al 12 de diciembre de 2017;(8) lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la ley reglamentaria,(9) en relación con los incisos a), b), k), m) y n) del punto primero del Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.(10)
13. Por tanto, si el escrito por el que se promovió la controversia constitucional se presentó el penúltimo día del plazo, se concluye que su presentación fue oportuna.(11)
V. Legitimación
14. Legitimación activa. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(12) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
15. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por María del Carmen Verónica Cuevas López en su carácter de Magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, acreditando su personalidad con el acta de la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de 16 de mayo de 2016,(13) en la cual se le eligió para ocupar ese cargo.
16. La suscrita se encuentra legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con lo previsto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal, 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria, así como 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(14) Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 38/2003 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(15)
17. Legitimación pasiva. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria,(16) se les reconoció el carácter de parte demandada al secretario de Gobierno, así como a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Morelos.
18. a) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. En su representación compareció Ángel Colín López, quien acreditó su cargo con un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5566, de 3 de enero de 2018, en donde consta su nombramiento.(17)
19. Dicho secretario cuenta con legitimación pasiva al haber refrendado el decreto impugnado, facultad que le confiere el artículo 11, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.(18) Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 109/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, de rubro: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO."(19)
20. b) Poder Ejecutivo. En su representación compareció José Anuar González Cianci Pérez con la calidad de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de 19 de abril de 2017, en el cual consta su nombramiento de fecha 17 de abril del mismo año,(20) así como con el acuerdo publicado en el mismo medio oficial, el 11 de junio de 2015,(21) por el que el Gobernador del Estado autoriza al titular de la Consejería Jurídica para ejercer todas las atribuciones y facultades que requieran acuerdo previo.
21. En términos de los artículos 11, párrafo cuarto, 13, fracción VI, 14, 15 y 38, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(22) en relación con los artículos 1, 2, 4, fracciones I y V, 9 y 10, fracciones VIII y XXI del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo,(23) la consejería está facultada para representar al titular del Poder Ejecutivo en las controversias constitucionales.
22. c) Poder Legislativo. En su representación compareció Beatriz Vicera Alatriste con el carácter de diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, lo que acreditó con copia certificada del acta de sesión de 12 de octubre de 2016,(24) de la cual se desprende que fue electa para ocupar ese cargo.
23. Por consiguiente, como presidente de la mesa directiva del Congreso Local, es su representante de conformidad con el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica Congreso del Estado de Morelos(25) y, por ende, se encuentra legitimada para contestar la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado. Por otra parte, de la copia certificada que exhibe para acreditar su elección como presidente de la mesa directiva se desprende que su nombramiento se realizó por el periodo comprendido del 12 de octubre de 2016 al 31 de agosto de 2017; sin embargo, en términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos continúa ejerciendo dicha representación.(26)
VI. Causas de improcedencia
24. El Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno demandados adujeron que el Poder Judicial actor carece de interés legítimo para impugnar el decreto por el cual se otorga pensión por jubilación a un trabajador, ya que a su parecer, éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia, dando lugar a la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria.
25. Dicha causa de improcedencia se desestima, toda vez que no se puede determinar la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto de otorgamiento de pensión en cuestión sin analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno número P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(27)
26. Asimismo, consideran que la controversia constitucional es improcedente porque el acto impugnado deriva del cumplimiento de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional, puesto que el Decreto Número 2224, se emitió para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 453/2017, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, que concedió el amparo al quejoso (trabajador) para que el Poder Legislativo demandado emitiera un nuevo decreto, en donde se le asigne el porcentaje de pensión que recibiría una mujer por los mismos años de servicio prestados.
27. También debe desestimarse el motivo de improcedencia anterior, ya que la invasión a la esfera competencial que se alega en esta vía no fue materia de la litis en el juicio de garantías, puesto que sólo se ocupó de analizar la desigualdad de género en la asignación del porcentaje que corresponde a los trabajadores como pensión, lo que se desprende de la simple lectura de dicha ejecutoria, que obra agregada en los autos de la controversia constitucional 140/2017, y constituye un hecho notorio para esta Segunda Sala en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(28) de aplicación supletoria a la ley reglamentaria por virtud de su artículo 1o.,(29) en congruencia con el criterio jurisprudencial contenido en la tesis P./J. 43/2009, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.", aplicable a la materia por analogía.
VII. Estudio de fondo
28. El Poder actor sostiene en una parte de sus conceptos de invalidez que el decreto impugnado viola la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso Estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial Local.
29. Ello, aunado a que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva y, en el presente caso, no sucedió así.
30. A fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al Poder Judicial actor, resulta necesario explicar la mecánica bajo la cual funciona el sistema de pensiones en el Estado de Morelos.
31. Para ello, el presente análisis tiene como objetivo esclarecer tres puntos principales:
a) ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en el Estado de Morelos?
b) ¿Cómo se distribuye la carga financiera para el pago de las pensiones en esa entidad federativa?
c) ¿Ese sistema de pagos (reflejado en los decretos de pensión como el que aquí se impugna) respeta la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal?
32. En este contexto resulta pertinente precisar que desde el año de 1984, ante la preocupación que existía por parte del Gobierno del Estado de Morelos, de otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar, se creó el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.(30)
33. Esa institución, de conformidad con los artículos 4o., 5o. y 6o. de su ley, es un "organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el gobernador al efecto, en términos de la ley orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos", que tiene por objeto "procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales".
34. El patrimonio del citado instituto, de conformidad con el artículo 8o. de su ley, se integra con: un fondo social permanente; las aportaciones ordinarias y extraordinarias que realicen los entes obligados;(31) las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados; las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, salvo resolución judicial; un fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por cualquier título; los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en lo futuro adquiera o se adjudique el instituto; los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan o constituyan a favor del instituto, y con cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del instituto.
35. Y para el cumplimiento de sus fines, la ley respectiva establece:
• En el artículo 6o., que el instituto, para el cumplimiento de su objeto, de manera enunciativa mas no limitativa, tendrá como atribuciones:
I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;
II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio instituto;
III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente ley, su reglamento y demás normativa aplicable;
IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y demás normativa aplicable, y
V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el consejo directivo.
• Y en los artículos 63 y 64, se dispone que las prestaciones sociales que el instituto otorga a sus afiliados son las relativas a:
I. Servicios de odontología;
II. Servicios de optometría, y
III. Cualquier otra que proponga el director general a la aprobación del consejo directivo.
36. El artículo 29 prevé que tienen la calidad de afiliados: "I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados, y II. Los pensionistas que continúen cotizando al instituto".
37. Mientras que el artículo 30 establece que los derechos y las obligaciones del instituto con los afiliados "nacen concomitantemente con el pago de las cuotas y las aportaciones".
38. Por su parte, el artículo 26 señala las obligaciones que tienen los entes obligados en relación con el instituto, de entre las que destaca la relativa a "Enterar en tiempo y forma las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los créditos otorgados"; mientras que el artículo 27, dispone que: "Además de lo previsto en el artículo anterior, los entes obligados deberán enterar al instituto, dentro de los primeros treinta días naturales a la fecha de corte de nómina, el monto de sus aportaciones, así como las retenciones realizadas a los afiliados por concepto de cuotas y créditos otorgados".
39. En el artículo 41 se menciona que: "Tienen el carácter de obligatorias las aportaciones a cargo de los entes obligados, cuya base de cotización será el 6% sobre las percepciones constantes de los afiliados, las cuales deberán quedar consignadas en sus respectivos Presupuestos de Egresos".
40. Y en el artículo 42 se establece que "Tienen el carácter de obligatorias las cuotas a cargo de los afiliados, cuya base de cotización será el 6% sobre sus percepciones constantes, mismas que serán retenidas por los entes obligados y enteradas al instituto en términos de lo dispuesto en la presente ley y demás normativa aplicable".
41. De todo lo anterior, se advierte que si bien el mencionado instituto recibe diversas aportaciones y pago de cuotas por parte de los Poderes del Estado y de los trabajadores de esos Poderes,(32) tales cuotas y aportaciones no se aplican al pago de pensiones, sino de los demás servicios y prestaciones sociales que otorga, en tanto que dicho instituto, actualmente, no tiene la obligación expresa de pagar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, o de administrar los recursos derivados de las aportaciones para esos conceptos.
42. Por otra parte, el miércoles 6 de septiembre de 2000, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que abrogó la ley del mismo nombre que había sido promulgada el 26 de diciembre de 1950.
43. En las consideraciones legislativas que sustentaron esa normatividad, el legislador sostuvo:
"Reflexión constitucional "Los actores políticos reconocemos que la Declaración de los Derechos Individuales del Hombre, heredados en nuestras luchas del siglo XIX por la libertad, y la declaración de los derechos sociales del trabajo y del campesino, integran los derechos humanos reconocidos y garantizados por el pueblo en su Constitución, derechos intocables por los gobiernos, no sólo por su origen, sino porque los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial nos debemos y somos obra del mismo pueblo, quien nos encomendó velar por la efectividad de esos derechos.
"Reconociendo el origen de nuestro sistema de gobierno, es corresponsabilidad de esta soberanía asegurar una existencia decorosa y libre del ciudadano, que le ponga al abrigo de la necesidad y le permita disfrutar honesta y razonablemente los beneficios de la economía, de la civilización y de la cultura.
"La distinción entre trabajadores y servidor público quedó en el pasado, por lo que la actuación del Estado debe subordinarse a los principios y normas fundamentales del derecho proclamados en la Constitución. Estamos convencidos de que los sistemas y procedimientos deben elevar el trabajo al valor supremo de la vida social.
"En este orden de ideas, el ordenamiento que se somete a su consideración no busca alcanzar un valor universal, y se limita a responder a los problemas sociales, económicos y de trabajo propios del mismo, en el que se atiende la evolución histórica, los factores reales de poder, el de los servidores públicos y la cultura.
"Con este ánimo, en el Estado de Morelos, perseguimos con la presente tres objetivos: El primero, incorporar en el texto que nos ocupa los principios que rigen el derecho del trabajo tratándose de empleados públicos; el segundo, adecuar a las condiciones vigentes la ley que rige al Estado desde el año de 1950; y tercero, garantizar a los sujetos de la ley, sus derechos y obligaciones.
"Cabe señalar que en esta ley se recogen las propuestas resultantes de la consulta a las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado, así como a empleados públicos y profesionales en la materia.
"Por lo anterior, presentamos ante Ustedes la iniciativa de Ley de Servicio Civil compuesta en la siguiente forma:
"Elementos de la reforma
"Se estructura con once títulos y 124 artículos, a saber:
"En el título primero se determinan plenamente los sujetos de la ley; la clasificación de los trabajadores, destacándose la creación de un tercer grupo de trabajadores, es decir, los eventuales; y las disposiciones generales propias de la ley que nos ocupa.
"En el título segundo se establece que la falta de nombramiento no priva al trabajador de los derechos que le otorga la presente ley, y tal omisión es imputable al patrón; así mismo se prohíbe el traslado de trabajadores para prestar sus servicios en dependencia distinta a la de su adscripción ya sea como comisionado o de índole similar para dependencias de un mismo Poder, Ayuntamiento o entidad paraestatal.
"En los títulos tercero y cuarto se precisan, atendiendo las características de los horarios de trabajo que se han adoptado en las actuales administraciones, la jornada, así como los descansos laborales, horarios en los que participa el sindicato de burócratas correspondiente, en su fijación; así mismo se establece que el salario se incrementará anualmente previo acuerdo entre las autoridades competentes, sin menoscabo de incremento que se haga al salario mínimo a nivel nacional o según lo establezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
"En el título quinto que es la parte toral de la ley que se presenta, se trasladan por supuesto los derechos y obligaciones de los trabajadores y del Gobierno del Estado y Municipios que se contenían en la ley que por virtud de ésta se abroga, pero se amplían tales derechos y obligaciones con el propósito de adecuar a las circunstancias que prevalecen en la actualidad, con lo cual otorgamos certeza jurídica a los sujetos señalados.
"Respecto de las obligaciones del Gobierno del Estado y de los Municipios con sus trabajadores, se establecen, entre otras, la reinstalación a sus plazas y al pago de los salarios caídos en caso de que el laudo en estado de ejecutoria, resulte favorable al trabajador.
"En el título sexto, se plasman las prestaciones sociales a favor de los trabajadores tales como las siguientes: IMSS, ISSSTE e ICTSGEM, centros de desarrollo infantil, casa, departamentos y terrenos a precios accesibles, despensa familiar mensual, préstamos y servicios médicos, capacitación permanente, doce meses de salario mínimo general del trabajador fallecido para gastos funerales, entre otro; además de estímulos y recompensas a trabajadores distinguidos consistentes en nota de mérito, gratificación en efectivo o en especie, premio a la perseverancia y lealtad al servicio, impresión de tesis de titulación y becas económicas, y se reconoce como beneficiario de las pensiones que otorga la presente ley al cónyuge supérstite o concubino.
"En el título séptimo se establecen la instrucción de actas y medidas disciplinarias que se le impondrán al trabajador por incumplimiento de sus obligaciones o por la comisión de faltas graves así calificadas por la presente ley, mismas que deberán constar en los mecanismos establecidos para este efecto.
"Por último, en los títulos octavo, noveno, décimo y undécimo se establece la organización colectiva de los trabajadores; las bases generales de trabajo, de las cuales destacamos que deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios; el procedimiento en materia de huelga; la integración y competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y las sanciones aplicables resultado de la desobediencia a las resoluciones del mismo."
44. En este contexto, en los títulos quinto y sexto de la ley, denominados "De los derechos y de las obligaciones" y "Del régimen de seguridad social", respectivamente, el legislador estableció, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
• En su artículo 43, fracciones VI, VII y XIV, que los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán, entre otros, derecho a "Disfrutar de los beneficios de la seguridad social que otorgue la Institución con la que el Gobierno o los Municipios hayan celebrado Convenio", a "Disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su caso" y a obtener "Pensión por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada y por Invalidez".
• En el artículo 45, fracción XV, que los Poderes del Estado y sus Municipios están obligados con sus trabajadores a: "XV. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes correspondientes, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes: a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad; c) Pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte; d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en alguna Institución de Seguridad Social; e) Establecimiento de centros vacacionales, de guarderías infantiles y de tiendas económicas; f) Establecimiento de escuelas de la administración pública en las que se impartan los cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud profesional; g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su dependencia el arrendamiento o la compra de habitaciones baratas; y h) La constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus salarios básicos para integrar un fondo de la vivienda, a fin de establecer sistemas que permitan otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas, para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos.—Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos".
• En el artículo 54, fracciones I y VII, se establece que los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: "I. La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; ... VII. Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales aplicables;".
Mientras que en el siguiente precepto (55), se precisa que: "Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen".
• De donde destaca que el pago de las pensiones correría a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, pero a través de las instituciones que para el caso ellos determinen.
• No obstante lo anterior, en el artículo 56 se señala que: "Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.—El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento".
45. En relación con el precepto anterior resulta necesario mencionar que en sesión de 8 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno, al resolver las controversias constitucionales 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008,33 señaló que "... de conformidad con el artículo 56 de la ley impugnada en el Estado de Morelos, corresponde en exclusivo al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200399-7e770c15/i-controversia-constitucional-autonomia-del-poder-judicial-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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