DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTAN FACULTADAS PARA DICTAR LAS. DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO TRIBUNAL.
Por acuerdo de este Tribunal Colegiado, se transcribe a partir del considerando sexto de la sentencia que dio origen a la presente tesis.
"SEXTO.-La promovente del presente juicio de garantías aduce, en síntesis, en su único concepto de violación que la resolución que constituye el acto reclamado transgrede en su perjuicio las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que: la Sala responsable ordena reponer el procedimiento llevado a cabo en el juicio contencioso administrativo, para el efecto de que la autoridad administrativa perfeccione cierta prueba (en otras palabras, se le requiera a la demandada copia certificada legible o bien el original de un citatorio), lo que ocasiona que se infrinja el principio de igualdad procesal de las partes en la controversia, máxime si se considera que la materia administrativa es de estricto derecho; luego entonces, no es factible sostener que el precepto jurídico en que se funda la sentencia reclamada autorice al órgano jurisdiccional a que se repitan, amplíen o perfeccionen las probanzas ofrecidas por los interesados que intervengan en el litigio, sino que únicamente el artículo 66 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal le otorga facultades a las Salas para repetir y/o ampliar diligencias tendientes al desahogo de las pruebas que por su naturaleza lo necesiten, porque de lo contrario se llegaría al extremo de solicitar que se aporten nuevos documentos, señalándose a la contraparte la forma y términos en que debe ofrecerse y presentar sus pruebas. El argumento hecho valer es infundado, toda vez que el fallo combatido se encuentra emitido con estricto apego a la ley y, por tanto, no es factible de considerarse que pueda constituir violación de alguna de las garantías individuales mencionadas por la promovente. Para demostrar al aserto anterior, conviene hacer las siguientes anotaciones: En la mayoría de los asuntos que versan sobre materia administrativa y, por ende, en sus procedimientos contenciosos, opera el principio de estricto derecho, entendido éste como la imposibilidad de que el juzgador supla las deficiencias de la demanda respectiva, colme las omisiones en que haya incurrido el promovente en la parte impugnativa del acto reclamado, o de que se sustituya en la estimación jurídica de dicho acto, por tanto, si lo anterior es aplicable para el demandante, también lo es para su contraparte en la controversia. Así las cosas, en el juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, una de las normas que regulan la cuestión de probanza, establece un principio que pudiéramos llamar de equidad de obligación procesal de la carga de la prueba, al estimarse que no sólo el actor debe ofrecer aquellos medios probatorios que acrediten el ejercicio de su acción, sino también a la autoridad demandada incumbe defender sus actos, demostrando con las constancias conducentes, la legalidad de sus procedimientos. El principio a que hemos aludido está previsto expresamente en el artículo 63 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que textualmente dice: 'ARTICULO 63. En el escrito de demanda y en el de contestación deberán ofrecerse las pruebas. Las supervenientes podrán ofrecerse cuando aparezcan, y hasta la audiencia respectiva'. Lo precedente es equiparable a uno de los principios rectores de la carga de la prueba en materia procesal general, contenida en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: 'ARTICULO 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Por tanto, es necesario recordar e insistir que de conformidad con lo que entraña el principio de estricto derecho, el órgano jurisdiccional administrativo tiene el deber de resolver el debate que le es planteado por las partes y para estar en posibilidad de hacerlo, es decir, para poder cumplir con esa obligación, los que intervengan en el litigio tienen que hacer afirmaciones que concreten sus respectivos puntos de vista y demostrarle al juzgador la verdad de sus aseveraciones. En esta tesitura, la prueba es una carga, en cuanto que es una actividad optativa para las partes, pero que si no la desarrollan sufren las consecuencias de su inactividad procesal, que redundará en la improcedencia, bien sea de su acción, bien sea de la excepción opuesta, al no probar los hechos fundatorios de su dicho. Consecuentemente, en el momento de resolverse la polémica materia del juicio contencioso, la persona a quien va dirigida la prueba (juzgador), debe sujetarse en todos sus actos a buscar la verdad 'tanquam est in actis' (en la forma en que aparece en actas), y recordando siempre que: 'quod non est in actis, non est in mundo' (lo que no está en actas no existe en el mundo), lo que se traduce en procurar resolver la verdad según lo alegado y probado por los que intervengan en el litigio. No obstante, ese criterio extremo no prevalece de modo absoluto en aquellos casos en que se ha hecho indispensable para el órgano jurisdiccional ampliar su información sobre la cuestión sujeta a debate, ello tendiente a buscar una 'verdad real', la que corresponde a los hechos y por lo mismo, si bien en medida inicialmente limitada, se le han reconocido facultades para decretar de motu proprio, diligencias para mejor proveer. Estas diligencias, también llamadas providencias para mejor proveer, son actos de prueba o instrucción decretados y realizados por iniciativa espontánea del juzgador para integrar su conocimiento y convicción acerca de los hechos controvertidos en un proceso sometido a su decisión, sin aportar nuevas alegaciones. Esta cuestión se reconoce expresamente en los artículos 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el presente asunto, y 66 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Dichos dispositivos establecen: 'ARTICULO 80. Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad'. 'ARTICULO 66. Las Salas del tribunal podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que la estime necesaria...'. La atribución contenida en los numerales transcritos reviste especial importancia en el caso a estudio, porque a simple vista parece que se desconoce lo que anteriormente hemos mencionado, es decir, que la carga de la prueba incumbe a las partes, ya que son ellas las que deben acreditar ante el juzgador los hechos constitutivos de su acción o los impeditivos o extintivos que hagan procedentes las excepciones respectivas, ello en virtud de que los preceptos en comento admiten que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal tenga facultades discrecionales para ordenar la práctica de diligencias probatorias, supliendo la deficiente actividad de cualquiera de las partes. Pero veamos a continuación el verdadero alcance de dichas disposiciones. Las normas jurídicas mencionadas con antelación, dejan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la práctica de cualquier diligencia probatoria, condicionándolo a que no se lesionen los derechos de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad. Consiguientemente, pueden presentarse dos hipótesis: que las partes no hayan ofrecido pruebas o que las hayan ofrecido, y encontramos: a) En el primer caso, sería atentatorio que la Sala, de oficio dijera qué medios de prueba debían aportar los contendientes, llegándose al absurdo de que ella pidiera pruebas testimoniales, documentales, y periciales, e indicara su alcance, como parece decirlo el artículo 66 al señalar que 'las Salas del tribunal podrán decretar en todo tiempo la recepción o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que lo estime necesario'. En otras palabras, esta facultad que aparentemente se le otorga al juzgador, no es factible de justificarse en materia administrativa porque sería convertirla en parte; además, porque con toda la equidad que quisiera obrar, estaría sustituyéndose a la actividad de los interesados, tratando de acreditar los hechos constitutivos de la acción o los extintivos o impeditivos de las excepciones respectivas. b) En el segundo caso, o sea cuando las partes hubieren ofrecido pruebas, pueden presentarse todavía dos supuestos: que la Sala estime necesarias pruebas distintas a las ofrecidas por éstas o que se trate de ampliar cualquiera de las que ellas hubieran ofrecido. 1. En el primer caso, se violaría también el principio que obliga al juzgador a respetar la carga de la prueba, porque se convertiría en parte diciendo qué pruebas desearía que se adicionaran para mejorar la situación de cualquiera de los contendientes. 2. En la segunda situación, sería la ampliación de pruebas ya rendidas. Ello si puede admitirse que la Sala trate de ampliar las pruebas ofrecidas y rendidas por las partes, cuando éstas hayan dejado dudas sobre los hechos tratados de demostrar. Dicha facultad es admisible porque las partes han satisfecho ya la obligación que tienen de rendir pruebas, pero si la Sala tiene una duda que aclarar, debe hacerlo para desvanecer esa incógnita, pero esto, una vez que hayan sido rendidas las pruebas. Por tanto, la atribución que se ha concedido a las Salas del tribunal de lo Contencioso Administrativo para practicar diligencias 'para mejor proveer' quedan bajo este último supuesto, ya que trata de ampliar aquellas diligencias de pruebas, cuyos resultados pueden ser: aclarar el debate y permitirle formarse un juicio exacto de los hechos controvertidos. Consecuentemente, la facultad otorgada a las Salas del Tribunal Contencioso Administrativo, previsto en el artículo 66 de la Ley que rige a dicho órgano jurisdiccional, debe entenderse como aquella atribución de ampliar las diligencias probatorias una vez desahogadas, siempre que sean conducentes esas ampliaciones para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados y guardando para ambas partes absoluta igualdad y sin violar sus derechos. A este respecto, es importante destacar que la noción de diligencias para mejor proveer parte del supuesto de que el material probatorio ya ha sido aportado en su totalidad al proceso por las partes y de que una vez considerado por el juzgador, éste encuentra aspectos dudosos o insuficientes en las pruebas, o falta de precisión en sus resultados para formar una convicción, de suerte que mientras éstas no se hayan desahogado íntegramente, no existe razón para disponer las medidas que nos ocupan. La razón de ser de lo indicado con antelación, obedece a que esclarecer las cuestiones de hecho es tan importante como esclarecer el derecho, ya que la debida aplicación de éste dependerá de lo demostrado con aquéllas. Una vez elaboradas las consideraciones precedentes, lo conducente es avocarnos al conocimiento de la cuestión efectivamente planteada. Este tribunal estima que no le asiste la razón a la parte quejosa, porque la Sala responsable al dictar la resolución que constituye el acto reclamado en la presente vía, no está supliendo la deficiente actividad de la autoridad demandada (una omisión de una prueba no aportada al juicio de nulidad), sino lo que únicamente está ordenando es la perfección de una probanza, en virtud de que tal y como fue ofrecida no le permite conocer la verdad real de los hechos que constituyen los antecedentes de la actuación administrativa impugnada, situación que es perfectamente legal de conformidad con la ley de la materia. En efecto, el fallo combatido se sustenta fundamentalmente en: II. Una vez efectuado el estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, se concluye que el primero de ellos es parcialmente fundado y suficiente para revocar la sentencia que se revisa, en razón de lo que a continuación se expone: Argumenta el citado recurrente que existe violación a los artículos 43, 71, fracción V y 72, fracción II, de la ley que rige a este tribunal, en virtud de que la juzgadora, al pronunciar el fallo negó infundadamente la improcedencia planteada en el sentido de que la presentación de la demanda es extemporánea, habiendo dejado de estimar que la notificación de la resolución fiscal impugnada fue legalmente practicada desde el día veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno, toda vez que previamente a dicha diligencia se dejó el citatorio correspondiente y que, por tanto, la simple circunstancia de que la copia certificada de dicho citatorio sea ilegible, no puede ocasionar que se considere que el procedimiento de notificación y la notificación misma sean ilegales, pues en todo caso la Sala del conocimiento debió requerir a las demandadas la exhibición de las pruebas originales para su cotejo. La parte fundada del agravio que se estudia es la relativa a que la sentenciadora, al dictar el fallo que se recurre, indebidamente concluyó que son ilegales tanto el procedimiento de notificación como la notificación misma de la resolución fiscal impugnada, practicada el día veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno, por el simple hecho de que la copia certificada del citatorio de fecha veintiocho del mismo mes y año en cita es ilegible; en efecto, la referida juzgadora indebidamente tomó en consideración lo antes expuesto para negar el sobreseimiento del juicio, habiendo dejado establecido lo que a continuación se reproduce en la sentencia que se recurre, al analizar y resolver la causal de improcedencia planteada por las autoridades demandadas, en el sentido de que la presentación de la demanda es extemporánea. 'Al respecto, esta Sala considera infundado dicho argumento en virtud de que, de las documentales anexadas como prueba para los efectos señalados, no se desprende el que se haya seguido un procedimiento legal de notificación, toda vez que dicho citatorio resulta totalmente ilegible, y del acta de notificación, se desprende que la citada diligencia no fue entendida por la actora ni por persona legalmente autorizada para tales efectos, como se advierte de la misma documental exhibida por las responsables, la cual se encuentra a foja 35 de autos en la parte destinada para la firma del notificado y en la cual se asentó por el C. Notificador, que el notificado: «No firmó por no estar autorizada», por lo que a juicio de esta Tercera Sala es infundada la causal de improcedencia...'. De la lectura practicada sobre el texto transcrito, se advierte que, tal y como lo sostiene la autoridad recurrente, al negar el sobreseimiento pedido por las demandadas, la Sala del conocimiento se concretó a estimar que dichas responsables no llevaron a cabo un procedimiento legal de notificación, toda vez que el citatorio del día veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno es ilegible y que, consecuentemente, también es contraria a derecho la notificación misma de la resolución fiscal impugnada, practicada con fecha veintinueve del mes y año en cita, toda vez que la misma no se entendió con la parte actora ni con persona legalmente autorizada al efecto; en concepto de esta Sala Superior, la consideración de la sentenciadora es ilegal, ya que el simple hecho de que sea ilegible la copia certificada del citatorio del día veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, misma que obra a foja 34 del expediente del juicio original, de ninguna manera puede ni debe servir de base para estimar que el procedimiento de notificación, que concluyó con la notificación de la resolución fiscal combatida, sea contrario a derecho, habida cuenta de que, en todo caso, la Sala del conocimiento debió requerir a las autoridades demandadas la exhibición de una diversa copia certificada legible de esa documental pública, o bien el propio original del citatorio en cuestión, para los efectos del correspondiente cotejo y así estar en plena posibilidad de resolver si la mencionada notificación es legal o no; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 66 de la ley que rige a este tribunal, que a la letra previene: 'ARTICULO 66. Las Salas del tribunal podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que lo estimen necesario ...'. Por tanto, si la Tercera Sala del conocimiento se apoyó en una ilegible copia certificada del citatorio del día veintiocho de noviembre de 1991, para considerar ilegal el procedimiento de notificación llevado a cabo por las demandadas y negar así el sobreseimiento pedido por esas mismas autoridades, sin requerirles la presentación de otra documental legible o el propio original del citatorio para mejor proveer; resulta evidente que la sentencia que se revisa sí ocasiona, parcialmente, el agravio 'que los recurrentes hacen valer y, en consecuencia, es procedente la revocación de ese mismo fallo, para los efectos de que la juzgadora reponga el procedimiento de que se trata, a partir del auto en que se tiene a las responsables contestando la demanda y ofreciendo las pruebas a que se refieren en su oficio correspondiente, requiriéndolas a fin de que, con apoyo en el artículo 66 de la ley que rige a este tribunal, exhiban a juicio copia certificada legible del citatorio del día veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno o bien el propio original de dicho instrumento público, corriéndole traslado a la parte actora con esa probanza y el oficio de notificación del veintinueve del mes y año en cita, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la causal de improcedencia y sobreseimiento que plantean las autoridades demandadas, relativa a la extemporaneidad de la presentación de la demanda'. De la transcripción precedente se desprende, sustancialmente, que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal decretó reponer el procedimiento con la finalidad de que la Sala de origen requiriera a las autoridades demandadas, la exhibición de copia legible o el original del documento en el que consta el citatorio, apoyando su determinación en el artículo 66 de la ley del antecitado tribunal. Ahora bien, tal conclusión se encuentra plenamente apegada a derecho, toda vez que, como anteriormente hemos mencionado, el artículo 66 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo les concede facultad a las Salas que lo integran de repetir o ampliar cualquier diligencia probatoria una vez desahogadas las probanzas, cuando lo estime necesario, para esclarecer la litis planteada ante cualquiera de ellos. Expliquémonos: si bien es cierto que en materia administrativa, a la cual pertenece el caso que nos ocupa, rigen los principios de estricto derecho y de equidad de la obligación procesal de la carga de la prueba, no menos cierto es que la ley que regula el acto le concede al juzgador la facultad de dictar diligencias para mejor proveer, tendientes a producirle una convicción más firme que la que pudo obtener con las pruebas proporcionadas, lo que de ninguna manera significa que se contravengan los principios antes aludidos, ya que esta atribución discrecional le incumbe sólo al tribunal que haga uso de aquélla, siempre y cuando respete la igualdad de las partes y sus derechos, además de que no debe alterar el procedimiento sustancialmente ni dejar sin defensa a ninguno de los contendientes. Esto es, la providencia probatoria ordenada no rompe el principio de igualdad de las partes, porque la Sala puede llevarla a cabo a favor de cualquiera de las que intervengan en el litigio, si así lo considera conveniente, corriéndosele traslado de lo decidido a éstas para que manifiesten lo que a su interés convenga, es decir, respetando sus derechos, como aconteció en la especie al indicarse así en la sentencia reclamada. Por otra parte, el artículo 66 multicitado sí les concede facultades a las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para repetir o ampliar cualquier diligencia probatoria, las cuales únicamente son posibles de ordenarse su práctica cuando los medios probatorios ya han sido aportados y desahogados, pero que en el momento de realizar su estimación encuentran aspectos dudosos o insuficientes, o que carecen de exactitud en sus resultados para formar una convicción. Así, en el asunto a estudio la responsable ordenó por medio de una diligencia probatoria, requerir a la autoridad demandada la exhibición de una documental, la cual ya había sido ofrecida al contestar la demanda, entonces, no se trata de un nuevo medio probatorio aportado a la controversia, sino de la repetición de éste porque resultó una vez desahogado insuficiente para conocer la realidad de la circunstancia controvertida, por tanto, no se están incluyendo nuevos elementos a la litis, ni la juzgadora se convirtió en parte diciendo qué pruebas desea que se adicionen para mejorar la situación de alguno de los interesados, actuación que sí sería violatoria de garantías individuales. Al propio tiempo, es menester señalar que es equívoco lo aducido por la quejosa en el sentido de que las diligencias probatorias sólo son posibles de ordenarse en aquellos casos que la probanza lo requiera para su debido desahogo, pero no en esta controversia que se trata de la exhibición de una documental que se desahoga por su propia naturaleza. Ello es así, en virtud de que el medio de prueba (documental, testimonial, pericial, entre otros) es en sí el elemento o instrumento utilizado por las partes para demostrar sus afirmaciones ante el órgano jurisdiccional y si alguna de ellas necesita para su desahogo alguna diligencia, así será acordado; no obstante, estas providencias no pueden confundirse con las dictadas de motu proprio por el juzgador, las cuales se realizan ya agotado el período probatorio, ordenadas llevarse a cabo cuando al ser desahogadas las probanzas resultan insuficientes para llegar al cabal conocimiento de la cuestión debatida o planteada en cada proceso, llamadas comúnmente diligencias 'para mejor proveer', las que de ninguna manera aluden a la serie de actuaciones previas al desahogo de algunas pruebas. Consecuentemente, resulta infundado el concepto de violación esgrimido y lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 77, 78, 79, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.-LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A Matilde Díaz de George, en contra de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y tres, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el juicio contencioso administrativo número RRV-632/93-III-269/93.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Genaro David Góngora Pimentel, Fernando Lanz Cárdenas y Carlos Alfredo Soto Villaseñor, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, siendo relator el segundo de los nombrados. Firman los CC. Magistrados con el secretario de acuerdos que autoriza y da fe."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2004-62fa6ade/diligencias-para-mejor-proveer-las-salas-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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