I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 74, FRACCIONES XI Y XII, Y 90, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra de los artículos 74, fracciones XI y XII y 90, fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial de la entidad de veintiséis de julio de dos mil diecisiete.
I. TRÁMITE
1. Presentación del escrito, autoridades (emisora y promulgadora) y normas impugnadas. Por escrito de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del citado instituto, promovió la presente acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas generales antes referidas.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
3. Normas generales cuya invalidez se impugnan. En la presente acción de inconstitucionalidad se impugnan los artículos 74, fracciones XI y XII y 90, fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial de la entidad de veintiséis de julio de dos mil diecisiete.
4. Conceptos de invalidez. El promovente en sus conceptos de invalidez, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
5. Primer concepto. El artículo 90, fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos es contrario a los artículos 1º, 6º, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-M y 116 de la Constitución Federal, al establecer el concepto de "Seguridad Nacional", como una limitante y restricción a la protección y ejercicio de los datos personales, sin que la entidad federativa cuente con libertad de configuración para establecerlo. Asimismo, se violan los principios de progresividad y universalidad previstos en el artículo 1º constitucional, al haber establecido una limitante a un derecho fundamental que crea una distorsión en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.
6. Segundo concepto. El artículo 74, fracciones XI y XII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos es contrario a los artículos 1º, 6º, 16, segundo párrafo y 116, fracción VIII de la Constitución Federal, al establecer supuestos jurídicos aplicables en el Estado de Morelos que solo son competencia federal, por tanto, el Congreso local invade facultades de la federación al pretender establecer causales de improcedencia que solo por disposición constitucional y legal corresponden exclusivamente a la federación.
7. Artículos constitucionales que el promovente señala como violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 1º, 6º, apartado A, fracciones I, III, IV, VI, 17, 73, fracción XXIX-S, así como el quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce.
8. Admisión y trámite. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 113/2017,(1) promovida por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
9. Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete,(2) el ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes. También solicitó a la Procuraduría General de la República su opinión.
10. Informes de las autoridades demandadas. Dado el sentido del fallo resulta innecesario sintetizar los informes rendidos por los poderes ejecutivo y legislativo de la entidad, los cuales obran en las páginas 63 a 72 y 206 a 212 vuelta, respectivamente, del expediente principal.
11. Opinión del Procurador General de la República. El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, ante la falta de titular de la institución, manifestó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de la materia, por haber cesado los efectos de las normas impugnadas, ya que fueron derogadas mediante decreto publicado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho en el periódico oficial de la entidad, por lo que procede sobreseer en términos del artículo 20, fracción II de la citada norma legal.
12. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto se envió el expediente al ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
13. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Primera Sala para su radicación y resolución.
II. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción II y Tercero, del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, resultando innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. SOBRESEIMIENTO
15. Es innecesario el estudio relativo a la oportunidad y legitimación del promovente de la acción, dado el sentido del fallo.
16. Esta Primera Sala considera que, en el caso, tal como lo señaló la Procuraduría General de la República, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con los artículos 59, 65 y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, porque han cesado los efectos de las normas impugnadas en la acción de inconstitucionalidad.
17. En efecto, conviene recordar que el promotor de la acción impugnó los artículos 74, fracciones XI y XII y 90, fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial de la entidad de veintiséis de julio de dos mil diecisiete; sin embargo, mediante reforma publicada en el periódico oficial de la entidad de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho se derogaron las fracciones de los artículos impugnados.
18. Al respecto, conviene hacer referencia a lo determinado por el Tribunal Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 11/2015 y 28/2015, en donde se precisó el entendimiento de lo que debe entenderse por un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos a través de una acción de inconstitucionalidad.(3)
19. En dichos precedentes el Tribunal Pleno señaló que no cualquier modificación normativa puede provocar el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, pues se requiere que sea una modificación sustantiva o material, que implique verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. En este sentido quedan excluidas aquéllas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en las que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.
20. En estas condiciones conviene transcribir el texto de los artículos impugnados y la redacción que resultó de su reforma, a fin de realizar un análisis comparativo y determinar si en el caso existió una modificación sustantiva o material:
Ver transcripción
21. La transcripción anterior hace evidente que en el caso existe un nuevo acto legislativo. Los artículos 74, fracciones XI y XII y 90, fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, que establecían, por una parte, las causas por las que no procedería el ejercicio de los derechos ARCO [de acceso, rectificación y cancelación de datos personales, así como la oposición al tratamiento de los mismos], y por otro, la transferencia de datos personales sin consentimiento del titular por razones de seguridad nacional, dejaron de existir en la vida jurídica, ya que fueron derogados mediante la reforma publicada en el periódico oficial de la entidad de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por lo que no cabe duda que si hubo una modificación sustantiva, porque las normas dejaron de existir.
22. En estas condiciones, podemos concluir que efectivamente existe un nuevo acto legislativo respecto de las normas generales impugnadas, pues se llevó a cabo un procedimiento de reforma y además los cambios fueron sustantivos en las mismas, lo que actualiza los dos requisitos necesarios para considerar que se trata de un nuevo acto legislativo (criterios formal y sustantivo o material).
23. Finalmente, de conformidad con la tesis aislada XLVIII/2006(6) de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA", debe señalarse que si bien el decreto por el que se derogaron las normas impugnadas no precisa disposiciones transitorias que prevean la entrada en vigencia del mismo, de acuerdo con el artículo 7 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos,(7) el decreto surtió sus efectos al día siguiente de su publicación en el periódico oficial local, esto es a partir del veintidós de marzo de dos mil dieciocho.
24. Por todo lo anterior, esta Primera Sala estima que debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 59, en relación con los diversos 19, fracción V y 20, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de la materia, por virtud de que han cesado los efectos de las normas impugnadas, ya que, como quedó acreditado, estamos en presencia de un nuevo acto legislativo que imposibilita analizar las normas impugnadas, máxime que en este tipo de medios de control no hay efectos retroactivos ya que en el caso no se trata de normas de naturaleza penal.
Por lo expuesto y fundado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
R E S U E L V E:
ÚNICO.- Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese por medio de oficio a las partes y archívese el expediente como concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó su derecho a formular un voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de esta Primera Sala.
Firman la Presidenta de la Sala y el Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA
MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
PONENTE
MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
________________
1. Foja 33 del expediente principal.
2. Foja 34 del expediente principal.
3. De este criterio derivó la tesis P./J. 25/2016 (10a.), de rubro, texto y datos de identificación: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema". Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35. Octubre de 2016. Tomo I. Página: 65.
4. "ARTÍCULO 3°. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
(...)
XI. Derechos ARCO, a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;".
5. "ARTÍCULO 3°. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
(...)
XI. Derechos ARCO, a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;".
6. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIII, Marzo de 2006. Página: 1412. El texto de la tesis es el siguiente: "La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Ahora bien, para estimar actualizada esta causa de improcedencia, debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva."
7. "ARTÍCULO 7.- ENTRADA EN VIGOR. Las Leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día con tal de que su publicación haya sido anterior".
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200414-6a213cc8/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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