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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 124, FRACCIÓN I, 129 FRACCIÓN III, 168, PÁRRAFO PRIMERO, 188, FRACCIÓN VI, CUARTO, QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 124, FRACCIÓN I, 129 FRACCIÓN III, 168, PÁRRAFO PRIMERO, 188, FRACCIÓN VI, CUARTO, QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 110/2017. · Registro digital (IUS): 200408
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 110/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 7 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y PRESIDENTE EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE LA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del siete de marzo de dos mil dieciocho.

V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Por escrito recibido el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Francisco Muñoz Díaz, quien se ostentó como Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas generales que se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que se precisan:

2. AUTORIDADES EMISORA Y PROMULGADORA DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS:

a) Poder Legislativo del Estado de Puebla.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Puebla.

3. NORMAS GENERALES IMPUGNADAS:

4. Artículos 124, fracción I, 129, fracción III, 168, 188, cuarto, quinto y sexto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial Local el veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

5. SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se plantean son, en síntesis, los siguientes:

6. a) Los artículos 124, fracción I y 188 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla contravienen lo dispuesto por los artículos 1°, 6°, 16, párrafo segundo y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al prever supuestos distintos a los establecidos en la Constitución y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y desvirtuar la naturaleza asignada por esta última a los datos personales como información confidencial, creando una hipótesis en que pueden ser considerados “información reservada”.

7. Las normas impugnadas limitan la procedencia del recurso de revisión y prevén como causa de responsabilidad administrativa por incumplimiento a las obligaciones consignadas en ley una hipótesis que no podría actualizarse, pues existe una imposibilidad legal para considerar, tanto en uno como en otro caso, que se “reserven” datos personales, ya que la información confidencial no podría clasificarse como reservada, al regirse bajo un parámetro diverso.

8. Lo anterior incumple con el mandato constitucional derivado de la reforma de siete de febrero de dos mil catorce, en cuanto a regular la protección de los datos personales de la misma manera en todo el territorio nacional, de conformidad con la citada ley general. En efecto, las reservas, límites, restricciones, instituciones y figuras establecidos en esta última deben ser replicados en la legislación de cada entidad federativa, pues, al existir facultad expresa concedida al Congreso de la Unión, no tienen libertad de configuración en la materia -en términos del artículo 124 de la Constitución Federal-.

9. En este sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece dos criterios de clasificación, los cuales se constituyen como límites de acceso a la misma: en aras de proteger el interés público, el artículo 110 prevé la “información reservada” y a fin de resguardar la vida privada y los datos personales, el artículo 113 contempla la “información confidencial”. Para que la información sea clasificada como “reservada”, debe aplicarse la “prueba de daño” a la que se refiere el artículo 104 de la mencionada ley y acreditarse ciertos elementos; en cambio, los datos personales actualizan directamente el supuesto de información “confidencial”.

10. De esta forma, el Congreso del Estado de Puebla, al contemplar la hipótesis de “reservar datos personales”, contraviene su naturaleza y clasificación, además de que vulnera el principio de igualdad, pues discrimina respecto del derecho fundamental a su protección, haciendo nugatorio su ejercicio, ya que, al no poder actualizarse dicha hipótesis, no podría interponerse recurso de revisión, ni imponerse medidas de responsabilidad por un mal tratamiento de tales datos -a diferencia del resto de las entidades federativas y la Federación-.

11. b) El artículo 129, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla contraviene lo dispuesto por los artículos 1°, 6°, 16, párrafo segundo y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al prever supuestos distintos a los establecidos en la Constitución y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los cuales se traducen en la obstaculización del ejercicio del derecho a la protección de los datos personales a través de los medios de impugnación previstos en ley; así también, viola lo dispuesto por los artículos 25 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al imponer requisitos distintos para el ejercicio de acciones tendientes a proteger bienes jurídicos similares.

12. Por un lado, la norma impugnada prevé un requisito adicional a los establecidos como “únicos requisitos exigibles” en el artículo 105 de la citada ley general para la interposición del recurso de revisión, consistente en adjuntar al escrito copia de la solicitud mediante la cual se ejercieron los derechos ARCO, los documentos anexos a la misma y el correspondiente acuse de recibo.

13. Lo anterior incumple con el mandato constitucional derivado de la reforma de siete de febrero de dos mil catorce, en cuanto a regular la protección de los datos personales de la misma manera en todo el territorio nacional, de conformidad con la citada ley general. En efecto, las reservas, límites, restricciones, instituciones y figuras establecidos en esta última deben ser replicados en la legislación de cada entidad federativa, pues, al existir facultad expresa concedida al Congreso de la Unión, no tienen libertad de configuración en la materia -en términos del artículo 124 de la Constitución Federal-.

14. En este sentido, se rompe con el principio de homogeneización que se pretendió con la emisión de la ley general, lo cual conlleva una violación indirecta a la Constitución, al haber ésta ordenado que fuera aquélla la que regulara los procesos de producción normativa y las competencias de los órganos legislativos; además de que se vulnera el principio de igualdad, pues no existe uniformidad en el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales en toda la República, ya que, en el Estado de Puebla -a diferencia del resto de las entidades federativas y la Federación-, se imponen mayores cargas.

15. Del mismo modo, se vulnera el derecho de acceso a un recurso judicial efectivo, al exigirse un requisito diverso, carente de fundamento constitucional, para el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales. El legislador debe abstenerse de imponer requisitos que inhiban el ejercicio de un derecho o alteren su núcleo esencial; contrario a lo que hace el Congreso del Estado de Puebla, que torna nugatorio el derecho a un recurso sencillo y efectivo en la materia.

16. c) El artículo 168 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla contraviene lo dispuesto por los artículos 1°, 6°, 16, párrafo segundo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al ampliar el plazo para la emisión de la resolución en el procedimiento de verificación que lleven a cabo los organismos garantes de protección de datos personales; contrario a lo establecido en la ley general de la materia.

17. La norma impugnada dispone que la resolución del procedimiento de verificación será emitida una vez transcurrido el plazo de cincuenta días, lo cual excede el límite máximo de duración de tal procedimiento, establecido en el artículo 149 de la ley general, y transgrede el artículo octavo transitorio del decreto de expedición de esta última, en cuanto a la imposibilidad de modificar los procedimientos y plazos en perjuicio de los titulares de datos personales. En efecto, aun cuando, de su texto, no se advierte con claridad el plazo para dictar resolución en el mencionado procedimiento; de su interpretación sistemática con el diverso artículo 167, se desprende que ésta se pronunciará una vez que finalice el plazo referido, sin que se prevea, incluso, un tiempo límite para su emisión.

18. Lo anterior incumple con el mandato constitucional derivado de la reforma de siete de febrero de dos mil catorce, en cuanto a regular la protección de los datos personales de la misma manera en todo el territorio nacional, de conformidad con la citada ley general. En efecto, las reservas, límites, restricciones, instituciones y figuras establecidos en esta última deben ser replicados en la legislación de cada entidad federativa, pues, al existir facultad expresa concedida al Congreso de la Unión, no tienen libertad de configuración en la materia -en términos del artículo 124 de la Constitución Federal-.

19. En este sentido, se rompe con el principio de armonización que se pretendió con la emisión de la ley general y con el de progresividad y, correlativamente, no regresividad de los derechos humanos; además de que se vulnera el principio de igualdad, pues no existe uniformidad en el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales en toda la República.

20. d) Los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla contravienen lo dispuesto por los artículos 1°, 6°, 16, párrafo segundo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al ampliar injustificadamente los plazos para el cumplimiento de las obligaciones encaminadas al ejercicio y la protección de los datos personales, en contravención a los establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

21. Las normas impugnadas prorrogan la plena entrada en vigor del ejercicio del derecho a la protección de los datos personales, en términos del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expidió la ley general de la materia, pues, si bien se otorgó a las entidades federativas un plazo de seis meses para adecuarse a esta última, no se justifica que el Congreso del Estado de Puebla haya contemplado el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley local, para que los responsables observaran “deberes” incluso previstos en la citada ley general, como el relacionado con los avisos de privacidad que, conforme al artículo cuarto transitorio combatido, será exigible tres meses después de la entrada en vigor de la ley estatal.

22. Lo anterior incumple con el mandato constitucional derivado de la reforma de siete de febrero de dos mil catorce, en cuanto a regular la protección de los datos personales de la misma manera en todo el territorio nacional, de conformidad con la citada ley general. En efecto, las reservas, límites, restricciones, instituciones y figuras establecidos en esta última deben ser replicados en la legislación de cada entidad federativa, pues, al existir facultad expresa concedida al Congreso de la Unión, no tienen libertad de configuración en la materia -en términos del artículo 124 de la Constitución Federal-.

23. En este sentido, se rompe con el principio de armonización que se pretendió con la emisión de la ley general; además de que se vulnera el principio de igualdad, pues no existe uniformidad en el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales en toda la República.

24. TERCERO. Los preceptos que se consideran infringidos son los artículos 1°, 6°, apartado A, fracciones I, III, IV y VI, 16, párrafo segundo, 17, 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el siete de febrero de dos mil catorce; 25 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

25. CUARTO. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 110/2017 y, por razón de turno, designó al Ministro Eduardo Medina Mora I., para que actuara como instructor en el procedimiento.

26. En auto de veintiocho de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus informes.

27. QUINTO. En sus informes, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla manifestaron coincidentemente lo siguiente:

28. El treinta de agosto de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado, así como su denominación; que, conforme a su artículo primero transitorio, entró en vigor el mismo día de su publicación.

29. Entre las normas que fueron objeto de reforma, se encuentran las impugnadas en la presente acción de inconstitucionalidad, las cuales, por tanto, han cesado en sus efectos, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; debiendo sobreseer en este medio de control constitucional, de conformidad con el artículo 20, fracción II, del propio ordenamiento (ambos preceptos aplicables en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la ley de la materia).

30. El texto vigente de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla es acorde con los principios y bases que en la materia prevén tanto la Constitución Federal como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, precisamente, en el sentido pretendido por el accionante.

31. SEXTO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

32. SÉPTIMO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

C O N S I D E R A N D O:

33. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción II y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece, dado el sentido de esta resolución.

34. SEGUNDO. De la lectura integral del escrito inicial, se advierte que, aun cuando el accionante señala como impugnado el artículo 188 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en su totalidad, sólo combate la fracción VI de dicho precepto,(1) junto con el artículo 124, fracción I,(2) los cuales, considera, limitan la procedencia del recurso de revisión y establecen como causa de responsabilidad administrativa por incumplimiento a las obligaciones consignadas en ley una hipótesis que no podría actualizarse, al existir imposibilidad legal para considerar, tanto en uno como en otro caso, la “reserva” de datos personales (primer concepto de invalidez).

35. Así también, aun cuando señala como impugnado el artículo 168 de la citada ley, en su totalidad, sólo combate el párrafo primero de este precepto,(3) el cual, considera, amplía el plazo para la emisión de la resolución en el procedimiento de verificación que lleven a cabo los organismos garantes de protección de datos personales, contrario a lo establecido en la ley general de la materia (tercer concepto de invalidez).

36. Por consiguiente, en el presente asunto, deben tenerse como impugnados los artículos 124, fracción I, 129, fracción III, 168, párrafo primero, 188, fracción VI, cuarto, quinto y sexto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

37. TERCERO. Por cuestión de orden, se debe primero analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.

38. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

“ARTÍCULO 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.”

39. Conforme al precepto citado, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiese publicado la norma impugnada.

40. En el caso, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla se publicó en el Periódico Oficial Local el veintiséis de julio de dos mil diecisiete; por tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el veintisiete de julio y concluyó el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.

41. La acción de inconstitucionalidad se presentó el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, según consta al reverso de la foja treinta y tres del expediente; por lo que debe concluirse que fue presentada oportunamente.

42. CUARTO. Acto continuo, se procede a analizar la legitimación del promovente.

43. El artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

“ARTÍCULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

(...)

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

(...)

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e (...).”

44. Por su parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, de la Ley Reglamentaria de la Materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que las rigen, estén facultados para representarlos:

“ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (...).”

“ARTÍCULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.”

45. En el caso, suscribe el escrito Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; lo que acredita con la copia certificada de su credencial, expedida por el Director General de Administración de dicho Instituto, de la que se desprende que ocupa dicho cargo (foja cuarenta del expediente).

46. De acuerdo con el artículo 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, corresponde al Director General de Asuntos Jurídicos su representación legal, así como la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad a nombre del mismo:

“ARTÍCULO 32. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones:

I. Representar legalmente al Instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos de toda índole, cuando requiera su intervención y para absolver posiciones;

II. Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban presentarse, asimismo, los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, promover o desistirse, en su caso, de los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran; (...).”

47. Sin perjuicio de lo anterior, la fracción VI del artículo 41 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige como requisito para promover acciones de inconstitucionalidad contar con la aprobación de la mayoría de los Comisionados del Instituto;(4) lo que, en la especie, se acreditó con la copia certificada del acuerdo ACT-EXT-PUB/24/08/2017.03, aprobado por unanimidad, en sesión extraordinaria del Pleno de dicho Instituto celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas treinta y cuatro a treinta y nueve del expediente).

48. En consecuencia, debe estimarse que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa y que quien suscribe el escrito relativo es en quien recae la representación legal de dicho organismo.

49. Finalmente, debe señalarse que, en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), constitucional, el mencionado Instituto es un órgano legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter local, como la impugnada, por considerar que vulnera el derecho a la protección de los datos personales, como plantea el promovente, en particular, respecto de los artículos 124, fracción I, 129, fracción III, 168, párrafo primero, 188, fracción VI, cuarto, quinto y sexto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

50. QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento que se hubiesen hecho valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal.

51. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla aducen que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, que textualmente dispone:

“ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).”

52. Del artículo antes transcrito, se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o el acto impugnado, lo cual implica que hayan dejado de surtir efectos jurídicos.

53. La causa de improcedencia mencionada resulta aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 65 de la citada Ley Reglamentaria, que prevé la aplicabilidad de las causas de improcedencia que se establecen en el artículo 19, con excepción de determinados supuestos:

“ARTÍCULO 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor, de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.”

54. Luego, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es dable afirmar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.

55. Lo anterior puede ser resultado de la modificación de la norma impugnada; sin embargo, deben satisfacerse dos aspectos: (i) uno de carácter formal, consistente en haber llevado a cabo un procedimiento legislativo y (ii) otro de carácter material, consistente en que el cambio sea sustantivo, es decir, que impacte en el sentido normativo; tal como se desprende de la siguiente tesis de jurisprudencia:

“Época: Décima Época

Registro: 2012802

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I

Materia(s): Común

Tesis: P./J. 25/2016 (10a.)

Página: 65

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.”

56. Ahora bien, en el caso, el promovente solicitó la invalidez de los artículos 124, fracción I, 129, fracción III, 168, párrafo primero, 188, fracción VI, cuarto, quinto y sexto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, del tenor literal siguiente:

“ARTÍCULO 124. El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos:

I. Se reserven los Datos Personales sin que se cumplan las formalidades señaladas en la Ley de Transparencia y normativa que resulte aplicable; (...).”

“ARTÍCULO 129. El Titular deberá acompañar a su escrito los siguientes documentos:

(...)

III. La copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus Derechos ARCO y que fue presentada ante el Responsable y los documentos anexos a la misma, con su correspondiente acuse de recepción; (...).”

“ARTÍCULO 168. Una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el Instituto de Transparencia deberá emitir la resolución que legalmente proceda, debidamente fundada y motivada, y notificarla al Responsable verificado y al denunciante. (...).”

“ARTÍCULO 188. Serán causas de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, las siguientes:

(...)

VI. Reservar, con dolo o negligencia, Datos Personales sin que se cumplan las características señaladas en (sic) Ley de Transparencia. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa, que haya quedado firme, respecto del criterio de clasificación de los Datos Personales; (...).”

“TRANSITORIOS

(...)

CUARTO. Los Responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de ésta.

QUINTO. Los Responsables deberán observar lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo II de esta Ley, a más tardar un año después de la entrada en vigor de ésta.

SEXTO. El Instituto de Transparencia deberá expedir los lineamientos, parámetros, criterios y disposiciones de las diversas materias a que se refiere la presente Ley, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de ésta. (...).”

57

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200408-c8c5161e/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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