INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. EL ARTÍCULO 493 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO FACULTA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA QUE, A SU JUICIO, AUMENTE LA INDEMNIZACIÓN HASTA EL MONTO DE LA QUE CORRESPONDERÍA POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.
ACLARACIÓN DE SENTENCIA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 186/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL CITADO CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE ESE CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de octubre de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandra Salazar Salinas, en su carácter de tercera perjudicada en el juicio de amparo directo 386/2001-III del índice del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del mencionado circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el destacado tribunal al resolver el amparo directo 386/2001-III y el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del propio circuito al resolver el amparo directo 343/1988.
SEGUNDO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de quince de marzo de dos mil seis, determinó:
"PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis que ha sido denunciada en autos.
"SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que han quedado precisados en el último considerando de esta resolución."
La tesis de jurisprudencia que resultó con motivo de la contradicción de tesis en cuestión es la siguiente:
" Para que la Junta ejerza la facultad que le confiere el citado numeral, de aumentar el monto de la indemnización hasta la que correspondería por una incapacidad permanente total, se requiere que la incapacidad parcial permanente del trabajador se traduzca en la pérdida absoluta de sus facultades para desempeñar su profesión; así, para determinar el aumento de la indemnización, la Junta deberá apreciar la importancia de la profesión y la posibilidad del trabajador para desempeñar una de categoría similar susceptible de producirle ingresos semejantes, aspectos para los cuales podrá valerse de todo tipo de pruebas permitidas. Por tanto, la Junta no puede variar el grado de incapacidad permanente que, en su momento, ya se determinó por medio de prueba pericial, sino que sólo está facultada para aumentar en forma discrecional la indemnización en los términos referidos."
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver, de oficio, la presente aclaración, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente y por analogía, en relación con los diversos numerales 223 a 226 del propio código, también aplicables supletoriamente en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, en virtud de que en la resolución dictada por este órgano colegiado el quince de marzo de dos mil seis, en la contradicción de tesis 186/2005-SS, entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del citado circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de ese circuito, a la que se hizo referencia en el último resultando de esta resolución, se advierte una imprecisión que debe ser corregida.
Para demostrar la procedencia de la presente aclaración de sentencia resulta pertinente tomar en consideración el contenido de la siguiente jurisprudencia:
"ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." (Tesis P./J. 94/97, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 6).
De la tesis transcrita se desprenden, en síntesis, las siguientes afirmaciones:
a) La aclaración de sentencias es una institución que tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos que se cometieran al dictar un fallo.
b) La aclaración de sentencias es aplicable en materia de amparo, a pesar de su falta de regulación expresa, en virtud de que el artículo 17 constitucional consagra el derecho de los gobernados a que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial; además de que al existir discrepancia entre la sentencia, entendida como acto jurídico, y la sentencia, como documento, es necesario modificar este último para adecuarlo a aquélla.
Las consideraciones que anteceden sustentan el criterio de que la aclaración de sentencia es aplicable en materia de amparo, aun ante su falta de regulación en la ley de la materia, consideraciones que deben hacerse extensivas en este asunto, en que se trata de una contradicción de tesis, por mayoría de razón, ya que se trata de un problema de seguridad jurídica, que debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando cuál es el criterio jurídico que debe prevalecer para la solución de una controversia.
La importancia de una contradicción de tesis ha sido reconocida incluso en diversas ejecutorias dictadas por este Alto Tribunal, las que dieron origen a la siguiente tesis:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA DENUNCIA RESPECTIVA DEBE RESOLVERSE CON PRIORIDAD POR TRATARSE DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La multiplicación de Tribunales Colegiados lógicamente provoca que la contradicción entre tesis sostenidas por unos y otros sea un fenómeno que al presentarse sólo pueda superarse a través de la denuncia respectiva, la que debe resolverse con prioridad a otros asuntos por tratarse de una afectación a la seguridad jurídica." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 1a./J. 106/2001, página 8).
En tales condiciones, si la solución de un conflicto de tesis contradictorias, entraña un problema de seguridad jurídica, el cual debe ser resuelto con prioridad por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las consideraciones que dieron origen a la aplicación de la aclaración de sentencia a los juicios de amparo, deben también aplicarse, por mayoría de razón, a las resoluciones pronunciadas en una contradicción de tesis, en la que deba realizarse alguno de los supuestos enumerados en la tesis de jurisprudencia citada con antelación, a saber, hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos.
Las anteriores consideraciones, dieron origen a la tesis sustentada por esta Segunda Sala, que es del tenor siguiente:
"ACLARACIÓN DE SENTENCIAS. PROCEDE TRATÁNDOSE DE LAS DICTADAS AL RESOLVER UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS. Las consideraciones que sirvieron de apoyo al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar en la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS.’ (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, página seis) deben hacerse extensivas, por mayoría de razón, a los casos en que se trate de hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, que se hayan cometido al resolver una contradicción de tesis, puesto que en tal supuesto se trata de un asunto que entraña la afectación a la seguridad jurídica, ocasionada por la existencia de tesis discrepantes, que debe ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Novena Época, Segunda Sala, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, tesis 3, página 6).
SEGUNDO. De la resolución pronunciada por esta Segunda Sala el quince de marzo de dos mil seis, en la contradicción de tesis 186/2005-SS, entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del citado circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de ese circuito, se advierte lo siguiente:
En la foja 23 correspondiente al considerando sexto de la resolución destacada, se asentó: "cláusula 137 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", siendo que la cláusula 137 en realidad corresponde al "Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana", denominación que es la correcta, según se observa de la resolución emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 343/1988 que se transcribió en el considerando cuarto de la ejecutoria y de cuya cláusula 137 se extrajo la referencia al artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo que propiamente fue la materia de la contradicción.
TERCERO. Una vez precisada la cuestión que debe ser corregida oficiosamente, esta Segunda Sala aclara la sentencia de quince de marzo de dos mil seis, dictada en la contradicción de tesis 186/2005-SS, entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del citado circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de ese circuito, para determinar que el texto de la sentencia, una vez corregida la cuestión que se precisó con anterioridad, debe ser el siguiente:
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de marzo de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alejandra Salazar Salinas, en su carácter de tercera perjudicada en el juicio de amparo directo 386/2001-III, del índice del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del mencionado circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el destacado tribunal al resolver el amparo directo 386/2001-III y el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del propio circuito al resolver el amparo directo 343/1988 y dio a conocer a esta Segunda Sala lo siguiente:
"Que en mi carácter de tercera perjudicada, dentro del amparo directo 386/2001-III, tramitado y fallado en el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Penal del Décimo Noveno Circuito, con domicilio en ciudad Victoria, Tamaulipas, con fundamento en lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Amparo, vengo a denunciar la disparidad de criterios existentes en las resoluciones dictadas por el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Penal del Décimo Noveno Circuito en el juicio de garantías invocado y el establecido por el entonces Tribunal Colegiado Único del Décimo Noveno Circuito y ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Noveno Circuito, en el amparo directo 343/88. Soporto mi apreciación, en las observaciones siguientes: I. El entonces Tribunal Colegiado Único del Décimo Noveno Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del mismo circuito, en el amparo directo 343/88 promovido por Petróleos Mexicanos, en sesión de 15 de junio de 1990, al negar el amparo a la descentralizada, estableció que el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, es válido para ampliar la incapacidad del actor y aplicarlo a la jubilación, que en esa época se establecía en la cláusula 148 del contrato colectivo petrolero. -... Agrego a sus señorías, el contenido de las cláusulas 137 y 148-II del contrato colectivo de trabajo de la industria petrolera, vigente en la emisión del fallo federal que nos ocupa. El tercer párrafo de la cláusula 137 contractual establecía: ... . A su vez la cláusula 148 fracción II consignó en su primer párrafo lo siguiente: ... . La redacción de estas cláusulas, son a las que alude el Tribunal Colegiado en su resolución, en el cual indica como aspecto básico, que la redacción del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, permite a las Juntas responsables, aumentar el grado de incapacidad hasta la que corresponde a la permanente y total. II. Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Penal del mencionado circuito, al resolver el amparo directo 386/2001-III, donde ostenté el carácter de tercera perjudicada, determinó los alcances del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, indicando que la facultad de la responsable se delimita a ampliar la indemnización, mas no el grado de incapacidad, por lo que tal asimilación no opera para otorgar la jubilación del trabajador, si éste no tiene una incapacidad directa señalada por los peritos. Sobre el particular el mencionado tribunal dijo: ... Como el Tribunal Colegiado hace mención del artículo 82-II del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para que sus señorías estén en condición de apreciar su redacción, me permito transcribirla en el párrafo en el que opera. ... Luego, al contrario de lo que estableció el Tribunal Único del Décimo Noveno Circuito, el tercer tribunal de la misma circunscripción, indicó que los efectos de la aplicación del artículo 493 se circunscriben exclusivamente al pago de indemnización, por lo que evidentemente en el caso existe una contradicción de criterios que merece ser resuelta por ese Alto Tribunal. III. El aspecto debatible en esta denuncia es específico a establecer si la asimilación que las autoridades laborales hacen con base al artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo tienen el efecto exclusivo de incrementar la indemnización correspondiente como lo señala el tercer tribunal, o pueden aumentar el grado de incapacidad como tajantemente lo hace el Primer Tribunal Colegiado. El que se diga, que la aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, es para efectos exclusivos del pago de la indemnización, desconoce que en el ordenamiento laboral no existe otra finalidad. Empero, la determinación de la Junta, implícitamente afecta el grado de incapacidad y el porcentaje que se señale para efectos de pago de indemnización, necesariamente trasciende a los aspectos secundarios de jubilación. Veamos: para nadie es desconocido que la jubilación no está contemplada en el artículo 123 constitucional y la misma tampoco se reglamenta en la Ley Federal del Trabajo, sino que, se consigna en los contratos colectivos de trabajo y en el caso específico del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y sus filiales, en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Al no estar prevista la jubilación como una prestación dentro de la Ley Federal del Trabajo es obvio que ninguna de sus normas hace referencia expresa a la misma. Partiendo de estas premisas debe quedar claro que la fijación del grado de incapacidad, relativa a las enfermedades o accidentes de trabajo, se contemplan dentro de la ley de la materia, para el efecto específico de pago de la indemnización, por no existir otro alcance diverso, con excepción de las prestaciones adicionales contempladas en el artículo 487 del código laboral. Así las cosas, puede verse de la redacción del artículo 492 de la Ley Federal del Trabajo que es el que faculta a las autoridades laborales, en correlación con la fracción XX del artículo 123 apartado ‘A’ de la Constitución General de la República, para fijar la incapacidad dentro de los parámetros establecidos en las fracciones contempladas en el artículo 514 del ordenamiento mencionado, estos grados de valuación se circunscriben exclusivamente al pago de la indemnización. Copio la parte relativa del artículo que así lo establece: ... Cuando en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, el legislador previó asimilar la incapacidad del actor hasta la que correspondiera a la permanente y total, cuando se detectara que el riesgo laboral produjo una incapacidad parcial que impide el desempeño de la profesión, tomando en consideración para ello la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producirle ingresos semejantes, para el efecto del pago de indemnización, es obvio, que se refiere al único aspecto que se contempla en la Ley Federal del Trabajo, pero tal asimilación, impide que con posterioridad se reclame el pago de una indemnización adicional cuando la Junta estableció la permanente y total equiparable. Más claro con un ejemplo: si un trabajador que cuenta con diez años de servicio, sufre un accidente, que le produce una incapacidad parcial permanente, que le impide el desempeño de su profesión, que para la Junta es relevante y le imposibilita el desempeño de un puesto similar que le permita ingresos semejantes, es beneficiado con la simulación del grado de incapacidad para efectos de pago de indemnización hasta la que corresponde a la permanente y total, se entendería, que éste alcanza para efectos adicionales contemplados en los contratos colectivos de trabajo o en el reglamento del personal de confianza, cuya redacción es similar a la del pacto colectivo, en la cual se originan las resoluciones contrarias. Es así, porque constituiría una aberración que se ordenara al patrón que le cubrió la indemnización por incapacidad permanente y total, que lo reubicara en otro puesto con base en el artículo 499 de la Ley Federal del Trabajo. Y más inocuo resultaría, que dicho trabajador en el puesto donde se encontrara reubicado, sufriera un accidente laboral que le ocasionara una severa incapacidad permanente, que no pudiera indemnizársele, en razón a que esta circunstancia ya fue colmada por el patrón, considerando que el artículo 494 del ordenamiento laboral impide que el empleador cubra una incapacidad mayor a la permanente y total. Con el criterio que el entonces Tercer Tribunal Colegiado manejó, con todo respeto, pudiera darse el supuesto invocado en el ejemplo. Lo cierto es que, la asimilación que la responsable hace con base en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, conlleva la equiparación al grado de incapacidad, para los efectos de indemnización que prevé la ley y para cualquier otro aspecto contemplado en las condiciones de trabajo pactadas en los contratos colectivos o en los reglamentos para el personal de confianza como en el caso. En esa tesitura, esa Segunda Sala, deberá considerar los argumentos que se exponen, para el efecto de establecer lo conducente."
SEGUNDO. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil cinco, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contradicción de tesis con el número 186/2005-SS y solicitó a los presidentes de los citados Tribunales Colegiados, enviaran a la presidencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación copias certificadas de las ejecutorias dictadas en sus respectivos expedientes.
Mediante diverso proveído de seis de diciembre de dos mil cinco, la Segunda Sala tuvo por recibidos los oficios 7247/2005, 7868/2005 y 4801/2005; de dichos oficios se advierte que la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, informa que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del mismo circuito, le envió el amparo directo 343/1988, al corresponderle la materia laboral por lo que aceptó la competencia y ordenó registrar el mencionado amparo directo con el número 642/2005-I; habiéndose recibido las copias certificadas de las resoluciones solicitadas, el presidente de este órgano colegiado declaró competente a la Sala para conocer de la denuncia de contradicción y ordenó dar a conocer el acuerdo al procurador general de la República, remitiéndole copia de las constancias que integran el expediente.
Mediante proveído de once de enero de dos mil seis, se turnaron los autos a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para la formulación del proyecto respectivo.
El agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento número DGC/DCC/102/2006 en el sentido de que se declare inexistente la contradicción de tesis denunciada.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia laboral, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la denunció Alejandra Salazar Salinas en su carácter de tercera perjudicada en el amparo directo 386/2001-III del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del citado circuito, quien resolvió uno de los criterios que se denuncia como contradictorio.
TERCERO. A fin de poder determinar sobre la existencia de la contradicción de criterios, resulta necesario tener en cuenta los antecedentes y consideraciones fundamentales que provienen de cada una de las ejecutorias que participan en el presente asunto.
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del citado circuito, al resolver el amparo directo 386/2001-III destacó como antecedentes, que en el juicio laboral la actora demandó, entre otras prestaciones, el reconocimiento de que a consecuencia del accidente de trabajo que sufrió al servicio de la demandada le han quedado secuelas inhabilitantes que le hacen perder sus facultades o aptitudes laborales que la incapacitan en forma total y permanentemente para las labores que realiza aun cuando para ello se aplique el contenido del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo y la aplicación de la cláusula 134, fracción II, del contrato colectivo de trabajo y, consecuentemente, su jubilación al porcentaje que le corresponde dada su antigüedad.
La Junta responsable resolvió que el accidente de la actora fue consecuencia de un riesgo de trabajo sufrido al servicio de la demandada y, por tanto, con base al dictamen rendido por el perito de la actora le corresponde un 40% de incapacidad y con aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, un 70% de incapacidad, así como una indemnización en términos de las cláusulas 128 y 129 contractuales en un 70% con base al salario acreditado; por lo que hace a la aplicación de la cláusula 82, fracción II, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, resulta procedente, ya que la actora tiene un 70% de incapacidad y dada la antigüedad le corresponde un 64% de jubilación.
El laudo emitido fue impugnado por la parte demandada y el Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 386/2001-III, en cuanto al posible punto de contradicción que se denuncia emitió las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por Petróleos Mexicanos a través de su apoderado legal, en parte son infundados, y en otra fundados. ... En el segundo concepto de discrepancia la empresa quejosa aduce que la responsable pasó por alto los principios de congruencia, fundamentación y motivación, previstos en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al considerar aplicable, para fines indemnizatorios y jubilatorios, el artículo 493 del citado ordenamiento legal; además de que la incapacidad de la actora, hoy tercera perjudicada, debió valuarse en un cuarenta por ciento, tal como lo estimó su propio perito, resulta fundado. Lo anterior es así, toda vez que el tribunal del trabajo indebidamente consideró para fines indemnizatorios y jubilatorios el dispositivo 493 del código laboral, dado que dicho numeral literalmente establece: ‘Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, tomando en cuenta la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de producir ingresos semejantes.’. De una correcta exégesis del contenido de esa norma se obtiene la convicción de que la misma solamente faculta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para aumentar la indemnización de que se trata hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, para lo cual previamente debe determinarse lo siguiente: 1. La existencia de una incapacidad parcial; y, 2. Que dicha incapacidad consista en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión u oficio habituales. Pero además, para ejercer esa facultad potestativa debe tomarse en cuenta: a) La importancia de la profesión; y, b) La posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes. Ahora bien, de lo que establece el aludido dispositivo en el sentido de que ‘... la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total ...’ sólo se deduce que al trabajador que a consecuencia de un riesgo de trabajo se le detecte una incapacidad permanente, sea total o parcial, tendrá derecho a una indemnización, pero de modo alguno puede inferirse que con base en él pueda aumentarse el grado de incapacidad, ya que únicamente autoriza a quien resuelve, a incrementar la cuantía de la indemnización que corresponda, a la de una incapacidad parcial permanente. Por tanto, como puede apreciarse, el precepto 493 de la Ley Federal de Trabajo, únicamente otorga a la Junta de Conciliación y Arbitraje, la facul
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20042-238db48a/incapacidad-parcial-permanente-el-articulo-493-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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