AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de febrero del año dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido el diecisiete de noviembre de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito hicieron del conocimiento del presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión número 208/2006 y el emitido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado de ese circuito, actualmente Primero en Materias Penal y de Trabajo, al resolver los recursos de queja números 25/2003-III y 26/2003-III.
SEGUNDO. En auto de veintiuno de noviembre de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió formar el expediente "varios" y remitir el escrito de denuncia de contradicción de tesis y sus anexos a la Segunda Sala de este órgano jurisdiccional para sus efectos.
TERCERO. En acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil seis, la presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por denunciada la contradicción de tesis registrándola con el número de expediente 212/2006-SS; determinó que la Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción; dio vista al procurador general de la República para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que designara, dentro del plazo de treinta días, expusiera su parecer si lo estimaba conveniente y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados relacionados en la contradicción los disquetes que contengan las resoluciones dictadas en los expedientes de sus índices.
En posterior proveído de cuatro de diciembre de dos mil seis, se turnó el asunto al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para que formulara proyecto de resolución.
En auto de dos de enero de dos mil siete, se returnó el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Finalmente, por auto de veintitrés de enero de dos mil siete, se tuvo por presentado el escrito del agente del Ministerio Público designado para intervenir en el asunto, manifestando su opinión en los términos del pedimento que se agregó a los autos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, aprobado el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quienes están facultados para hacerlo en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, denunciante de la presente contradicción, al resolver el amparo en revisión laboral 208/2006, el cinco de octubre de dos mil seis, son las que a continuación se transcriben:
Amparo en revisión 208/2006.
"SEXTO. Antes de examinar las consideraciones sustento de la sentencia combatida, así como de los agravios formulados en su contra, resulta indispensable hacer las siguientes precisiones:
"El once de mayo del año en curso Simón Gama García y Martín Valladares Ledezma, a través de su representante, Joel Vicente Flores Sarno, presentaron demanda de amparo indirecto en la cual patentizaron su deseo de obtener la protección de la Justicia Federal, en razón de que consideraron que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con su proceder, causa menoscabo a sus garantías de legalidad y certeza jurídica, contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque desatiende lo resuelto en el juicio laboral donde obtuvieron fallo a su favor.
"Dicha secretaría, según arguyeron, viola también lo preceptuado en los dispositivos 685 y 735 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios de celeridad jurídica e inmediatez procesal. Así también, vulnera el dispositivo 33 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que establece la obligación del Gobierno Estatal de cumplir con los laudos ejecutoriados en los términos que hayan sido dictados por el Tribunal de Arbitraje respectivo.
"Así también, imputaron al titular de dicha entidad el quebrantamiento en su perjuicio del artículo 17 constitucional, en virtud de que el mencionado dispositivo instituye que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados por las leyes, y que deberán emitir sus resoluciones de manera completa e imparcial; por ello, si el numeral 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, establece el deber de acatar y cumplir con una determinación jurisdiccional en la que se determina un crédito laboral, y dicho funcionario es contumaz al respecto, luego, es indiscutible que infringe garantías constitucionales.
"De lo anterior se aprecia claramente que:
"I. La impugnación se enderezó contra actos de autoridad que dichos quejosos consideran conculcatorios de garantías individuales.
"II. Los promoventes de amparo se dirigen a su contraparte como autoridad responsable.
"III. El escrito se dirigió a un Juez de Distrito.
"IV. Los fundamentos invocados para la procedencia son los artículos 1o., 3o. y 116 de la Ley de Amparo.
"El quince de mayo de dos mil seis, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, admitió la demanda de garantías, requirió informe justificado a la Secretaría de Finanzas y señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional (fojas 9 a 12).
"Por auto de cinco de julio de dos mil seis, se tuvo a los impetrantes por señalando también (sic) como autoridad responsable a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que se le solicitó su informe justificado (folios 148 y 149).
"Al resolver en definitiva, el juzgador federal analizó la causa de improcedencia hecha valer por las autoridades señaladas como responsables, consistente en que no cuentan con tal carácter para los efectos del juicio de garantías, pues no actúan con imperio o con la potestad que les da la investidura pública, sino como parte. Sobre el particular, desestimó la causa de improcedencia porque a su juicio, sí tienen el carácter que se les confiere por parte de los quejosos, por ello, se avocó al examen del fondo del asunto y determinó otorgar la tutela federal impetrada.
"Este Tribunal Constitucional no comulga con la consideración adoptada por el Juez Segundo de Distrito, por ende, declara que son esencialmente fundados los motivos de agravio que se hacen valer, en cuanto se alega que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o. y 11 de la Ley de Amparo, porque los recurrentes no cuentan con el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, máxime que dicho diferendo es congruente con las consideraciones vertidas al resolver los diversos recursos de revisión 218/2004-4o. y 209/2005.
"Efectivamente, en concepto de este órgano colegiado, las Secretarías de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, no tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre los entes de referencia y los actores del juicio laboral de donde emana el acto controvertido en el juicio de amparo que aquí se revisa.
"Para sustentar esa conclusión es oportuno transcribir el artículo 103 constitucional, y los diversos 1o., fracción I, 11 y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen: (se transcriben).
"Ninguno de los anteriores preceptos define el término de ‘autoridad’ para los efectos del juicio de amparo, de ahí que haya que acudir a los criterios que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como, por ejemplo, el establecido por el Pleno del referido órgano colegiado en la tesis aislada P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que dice:
"‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: «AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término <autoridades> para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.», cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.’
"Por su parte la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en cuanto a las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del amparo, la tesis aislada 2a. CCIV/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del tenor literal siguiente:
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.’
"La misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la diversa tesis aislada 2a. XXXVI/99 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, que dice:
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.’
"De los anteriores criterios dimana que, para establecer con claridad cuándo un ente público tiene el carácter de autoridad, habrá que atender a la existencia de una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que da a tal entidad una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, por los que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten el ámbito legal del particular, y que para la emisión de tales actos no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales, ni precise el consenso de la voluntad del afectado.
"Por ello, se colige con toda precisión que el ente de quien se reclamen actos presumiblemente violatorios de garantías, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación, regidas por el derecho público, y que afecten el ámbito jurídico del gobernado, lo que a juicio del Pleno de este tribunal, en el caso, no acontece.
"En ese tenor, como lo señalan las recurrentes en su pliego de agravios, para ser autoridad responsable en el juicio de amparo, resulta necesario actuar con un poder de imperio que confiera a los actos las características de unilateralidad e imperatividad, por tanto, no se estima que las Secretarías de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado cuenten con tal carácter.
"Como ya se dijo, las relaciones jurídicas pueden ser de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.
"Ciertamente, las relaciones de coordinación son las suscitadas entre los particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, en esta relación los interesados deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley.
"Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los beneficios para resolver los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ese motivo, la Carta Magna establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.
"Por último, las de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del Estado, en las que actúan en un plano de igualdad, y se rigen también por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
"A título ilustrativo, se estima pertinente invocar el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, tesis 2a./J. 49/2001, página 426, que a la letra dice:
"‘PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis 2a. XXXVI/99, de rubro: «AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.», conforme a la cual, se sostuvo que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado; y que tales parámetros resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Por consiguiente, los laudos que emite la Procuraduría Federal del Consumidor, en su calidad de árbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien es cierto que actúa por voluntad de las partes, también lo es que ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente público establece una relación de supra a subordinación con los particulares que se someten voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuestión debatida entre consumidor y proveedor, de manera unilateral crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de éstos, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado.’
"Así las cosas, de la demanda de amparo génesis de este recurso se advierte claramente (sic) los quejosos señalaron como acto reclamado:
"‘... la omisión del secretario de Finanzas al dejar de cubrir a los trabajadores quejosos el crédito laboral derivado del expediente 15/2002.’
"Por su parte, las autoridades señaladas como responsables, al rendir su informe justificado, hicieron valer como causa de improcedencia la contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o. y 11 de la Ley de Amparo, para lo cual se sustentaron, esencialmente, en que no actúan como autoridades con imperio o con la potestad que les da la investidura pública, sino como parte, por lo que no pueden tener el carácter que se les atribuye.
"Debido a ello, el Juez a quo, previo a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la apuntada omisión, procedió a estudiar si la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración del Gobierno de esta entidad federativa cuentan o no con el carácter de autoridades responsables, tal como lo sostenía la parte quejosa.
"Al respecto, determinó que sí les asiste el carácter señalado, para lo cual partió de las siguientes premisas.
"Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se debe considerar autoridad para los efectos del juicio de amparo, a todo aquel ente que, con fundamento en una norma legal, a través de un acto unilateral, extingue una situación jurídica que atenta contra la esfera legal del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni obtener el consenso del afectado, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad (sin precisar en qué fechas ni en cuáles criterios).
"Un ente público puede actuar con imperio o poder para imponer su voluntad al gobernado, o bien, sin poder y su voluntad es consensada con el particular.
"El artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, dispone que la Secretaría de Finanzas se (sic) atenderá a la resolución que dicte el Tribunal de Arbitraje para ordenar el pago de sueldos, indemnizaciones y demás prestaciones que se deriven de la misma, y dichas resoluciones deberán ser cumplidas dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación.
"Resulta inconcuso que el secretario de Finanzas sí tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues la fuente de su potestad deriva de la ley, en específico, del ordenamiento legal y precepto antes mencionados.
"Si el acto reclamado consiste en la omisión de pagar diversas cantidades, derivadas del laudo condenatorio dictado por el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado en el juicio administrativo laboral 15/2002, a la Secretaría de Finanzas le corresponde efectuar dichos pagos.
"Igual conclusión se adopta por cuanto hace a la Secretaría de Administración, toda vez que el secretario de Finanzas al rendir su informe justificado, manifestó que a dicha entidad le corresponde emitir el recibo de pago inherente a fin de expedir el cheque para la liberación del recurso requerido.
"Y es que, se reitera, se difiere de lo estimado por el Juez de amparo, porque las Secretarías de Gobierno aludidas no realizaron actos que se puedan considerar como de los contenidos en la hipótesis legal establecida por el dispositivo 11 de la Ley de Amparo, ya que no existe una relación de subordinación, porque la presencia de esas dependencias en el juicio laboral de origen, que constituye una relación de coordinación entre el quejoso y la demandada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien tiende a ser el órgano dependiente del Gobierno del Estado, encargado de la administración de sus finanzas, y a quien le corresponde ordenar el pago de sueldos, indemnizaciones y demás prestaciones que se deriven de los laudos de acuerdo con el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, pero ello no implica que actúe con poder de imperio de manera unilateral y coercitiva.
"Para clarificar lo precedentemente enunciado es necesario volver a transcribir el cardinal 11 de la Ley de Amparo e insertar también el 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que dicen:
"‘Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado.’
"‘Artículo 118. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje se tomarán por mayoría de votos de los representantes y el voto de los ausentes se sumarán al del presidente; cuando se trate de conflictos colectivos, además del presidente se requerirá la presencia de uno de los representantes por lo menos. La resolución deberá ser cumplida dentro de los quince días hábiles a partir de su notificación. La Secretaría de Finanzas se atendrá a ella para ordenar el pago de sueldos, indemnizaciones y demás prestaciones que se deriven de la misma, de acuerdo a la plantilla de ejecución de pago que se presente al efecto. El Tribunal de Arbitraje no podrá condenar al pago de costas.’
"Del último numeral transcrito se obtiene, en la parte que aquí interesa, que:
"La resolución que emita el Tribunal de Arbitraje deberá ser cumplida dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de su notificación.
"La Secretaría de Finanzas queda vinculada con el laudo que se dicte, pues se atenderá a éste para el pago de la indemnización y demás prestaciones que se deriven de la misma.
"Dicho pago será de conformidad con la plantilla respectiva de ejecución que se presente para tal efecto.
"Si lo anterior es así, es claro que la conducta omisiva que (sic) peticionario de garantías le atribuye a la Secretaría de Finanzas del Estado, no se deduce de un actuar soberano, unilateral y autónomo de ese órgano del Gobierno Estatal, porque dentro de las facultades soberanas de la dependencia en comento, no se encuentra la de decidir si paga o no la cantidad resultante del laudo condenatorio; sino más bien, se encuentra constreñida por el imperativo legal últimamente transcrito a atenderse a la resolución emitida por el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, para ordenar el pago de la indemnización que los quejosos dicen haber obtenido, es decir, a la Secretaría de Finanzas no le es permisible desatender un laudo (condenatorio) con el cual, por disposición de la ley, está obligada a ordenar su pago.
"Todavía más, el artículo 25, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, señala:
"‘Artículo 25. A la Secretaría de Finanzas, además de las atribuciones que le asignan las disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"‘...
"‘XXII. Efectuar los pagos autorizados con cargo al presupuesto de egresos, y los demás que conforme a las leyes, convenios, contratos y demás disposiciones legales deban realizarse.’
"Lo anterior corrobora la obligación que la Secretaría de Finanzas tiene de efectuar los pagos que conforme a las disposiciones legales deban realizarse, como en la especie, el previsto por el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del estado (sic) de Tamaulipas antes transcrito.
"Y si, como es el caso, en el juicio de amparo se reclamó de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la omisión de entregar el monto por concepto de condena decretada en el laudo, la inobservancia de éste por aquélla no significa que emane de su actividad soberana de supra a subordinación para con los quejosos en dicho juicio.
"Aun cuando el proceder que califica de contumaz pudiera afectarle, esa circunstancia, por sí sola, es insuficiente para afirmar que dicha secretaría tenga el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
"Igual determinación corresponde adoptar en cuanto a la Secretaría de Administración, porque su intervención en el juicio constitucional derivó de lo manifestado por la Secretaría de Finanzas, en cuanto a que, en su caso, a esa dependencia es a quien le corresponde expedir el recibo de pago.
"Así, resulta incuestionable que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 1o. y 11 de la Ley de Amparo, por lo que procede revocar la sentencia que se revisa y decretar el sobreseimiento del juicio.
"Tal como se indicó, el criterio que se acoge ha sido reiterado por este órgano de control constitucional, pues así se advierte de los diversos amparos en revisión 218/2004-4o. (sesión de diez de septiembre de dos mil cuatro) y 209/2005 (sesión de veinticinco de febrero de dos mil cinco), en este último, inclusive, se sostuvo la necesidad de hacer la denuncia de contradicción de tesis correspondiente, toda vez que nuestro criterio se contrapone con el sustentado por el anterior Tercer Tribunal Colegiado de este circuito judicial, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20098-3b952ee4/autoridad-para-efectos-del-juicio-de-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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